REFORMA POLÍTICA

Pablo Gómez
19 febrero 2010
pgomez@milenio.com
La reforma política no es la más urgente, sino la económica, lo cual no significa que aquélla sea prescindible en este momento. El PRD, el PT y Convergencia han presentado al Congreso una plataforma de cambios constitucionales en esa materia. No se trata de una respuesta a la iniciativa de Calderón, sino de una recopilación de planteamientos realizados durante muchos años.
Referendo facultativo popular, plebiscito, revocación de mandato, candidaturas independientes —con financiamiento público y acceso a medios de comunicación—, iniciativa popular son propuestas de nuevos derechos ciudadanos que han sido reivindicados a través de décadas perdidas, pero siempre negados por la clase política que monopoliza las decisiones.
Se trata también de una nueva forma de ubicar al Congreso en la cúspide de las decisiones ordinarias de la República: ratificación parlamentaria de los secretarios de Estado; juicio político operante en procedimiento sumario para los altos funcionarios de la Federación; acción penal de parte de la Auditoria Superior de la Federación y los órganos fiscalizadores locales; apertura de procesos penales para los funcionarios que gozan de inmunidad (“fuero”); completa independencia del Ministerio Público respecto del Ejecutivo tanto de la Federación como de las entidades federativas; aprobación parlamentaria del Plan Nacional de Desarrollo; comisiones investigadoras de las cámaras sobre asuntos de interés público y capacidad de las mismas para hacer comparecer obligatoriamente a cualquier persona bajo protesta de decir verdad. Prohibición a los gobernantes para la compra de tiempos en radio y televisión.
En cuanto a la integración del Congreso, se plantea que los diputados y senadores sean elegidos bajo el principio de representación proporcional en 32 circunscripciones electorales, una por cada entidad federativa y, además, una lista nacional que compense las desproporciones del sistema.
En cuanto al presupuesto de egresos, se plantea resolver el problema del inexistente pero exigido veto presidencial mediante un sistema de observaciones del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Asimismo, se plantea que si no hay presupuesto aprobado se mantenga en vigor el del año precedente pero sin que el Ejecutivo pueda manipularlo a su antojo. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios podrían presentar una iniciativa preferente, la cual, si no es dictaminada en comisiones dentro de un plazo fijo, se deberá votar directamente en el pleno de la cámara de origen y, de ser aprobada, en la colegisladora. Las iniciativas populares serían siempre de carácter preferente.
Se escribe rápido este apretadísimo resumen, pero alberga reformas que modificarían la manera de gobernar y ampliarían los derechos de la ciudadanía. Se trata del proyecto más ambicioso desde la pequeña apertura del Congreso y los medios en 1978. Es una redistribución del poder en la que el Ejecutivo se vería disminuido para que ciudadanos y representantes populares adquieran mayor capacidad de decisión. Pero, ¿por qué?
Las soluciones en México ya no dependen del Presidente de la República y los gobernadores. Esos tiempos se han ido. El Ejecutivo fracasó como tutor del Ministerio Público; la auditoría se quedó en simple catálogo de observaciones; el Congreso en realidad no puede tomar conocimiento de nada para asumir sus decisiones; el presupuesto es manipulado al gusto del Ejecutivo; el Estado corrupto no pudo ser remontado. Mientras, los ciudadanos tampoco ganaron nuevos derechos para decidir. Hoy se presenta una iniciativa para responder a esas asignaturas reprobadas por un régimen político que se proclama democrático pero que sigue centralizando el poder formal en unas cuantas personas (los integrantes del Ejecutivo de la Federación y de las entidades), las cuales se echan entre sí las culpas de las insuficiencias y errores cometidos. Peor aún es que el Ejecutivo acusa al Congreso de lo que no puede resolver cuando éste no tiene capacidad legal ni siquiera para investigar la actuación de aquel Ejecutivo que le culpa.
Dar poder de decisión a los ciudadanos y a sus representantes es, hoy, una tarea que deberíamos acometer.
pgomez@milenio.com