Paramilitarismo

Carlos Fazio

A la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los casos más sonados en estos últimos meses de vértigo en México, son los de la comunidad mormona de Lebarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes “desechables” perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa.
En julio, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Lebarón por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una “policía comunitaria” provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para hacer justicia por propia mano llamó la atención, porque Chihuahua es la entidad más militarizada del país y está virtualmente en estado de sitio. En ese contexto, el 1º de septiembre un comando de cuatro hombres irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los ultimó con ráfagas de AK-47. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en un “semillero” de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados “desechables”. Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de “exterminio”.
El 29 de agosto, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a 10 jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Los sicarios llegaron al tradicional punto de reunión para adolescentes los fines de semana, y sin decir palabra dispararon sus AK-47 contra el grupo. En el lugar quedaron 95 casquillos. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por “escuadrones de la muerte”. Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron “mensajes” adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas de “ratas”.
Ambas matanzas reúnen elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de “jóvenes desechables” por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como “limpieza social”. Con un antecedente adicional: en mayo, un periódico capitalino entrevistó al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. El comando de ajusticiamiento privado actúa desde hace 12 años, y habría surgido del “hartazgo ciudadano” ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica.” Una justicia anónima, vengativa, extralegal. Según la fuente, a algunos “monstruos” los alcanza “Dios”. El método puede ser un tiro en la cabeza y “hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle” (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?

Más de 14 mil ejecutados desde que Calderón declaró la guerra al narco

°Según estadísticas, la mayoría de los asesinados son narcomenudistas de entre 20 y 30 años

°Preocupa a las autoridades que cada vez hay más mujeres y menores de edad entre las víctimas


Gustavo Castillo García

En el país suman más de 14 mil las personas ejecutadas de diciembre de 2006 –cuando el presidente Felipe Calderón anunció la guerra contra el crimen organizado– a agosto de este año.
Más de 70 por ciento de las víctimas tenían entre 20 y 35 años de edad, revelan informes que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Procuraduría General de la República han dado a conocer durante las reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional.
Fuentes de ambas instituciones indicaron a La Jornada que, según los análisis y estadísticas que han elaborado organismos de inteligencia del gobierno de Felipe Calderón, el mayor número de muertos eran narcomenudistas que operaban para alguna organización y cuya zona de control entró en disputa.
En ese contexto, según datos que ha obtenido la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, durante los interrogatorios a detenidos por tráfico de sustancias ilícitas, un narcomenudista gana entre 3 mil y 8 mil pesos mensuales, dependiendo de la zona y el tipo de droga que venda.
Los informes, de acuerdo con los datos proporcionados, refieren que desde hace unos años las organizaciones no se conforman con fichar a sus propios representantes, sino que también levantan y convencen, apoyándose incluso en amenazas de muerte, a narcomenudistas de otros grupos con el fin de que trabajen para ellos. Si no aceptan, simplemente los ejecutan.
El reporte de los órganos de inteligencia respecto del número de personas asesinadas por grupos criminales del primero de diciembre de 2006 al 31 de julio de este año fue de 14 mil 371, la mayor parte en Chihuahua, Durango, Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, estado de México, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León.
Tan sólo en los 31 días del mes pasado las estadísticas oficiales señalan que se documentaron más de 300 casos. Esta cifra todavía está en proceso de validación interinstitucional.
En esta administración federal, que lleva casi tres años, ya se superaron los 13 mil ejecutados que ocurrieron durante los seis años de la gestión de Vicente Fox Quesada.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, este año podría concluir como el que tuvo más ejecuciones de la reciente década, pues todo apunta a que se rebasarán los 5 mil asesinados por el crimen organizado de 2008, cuando el promedio de personas muertas por día fue de 13.6 .
En lo que va de este año se han contabilizado más de 4 mil 500 ejecuciones. El promedio diario de homicidios relacionados con la delincuencia organizada es de 18.5.
Uno de los datos que más preocupan a los organismos de inteligencia es que cada vez son más las mujeres y los menores que son asesinados por la delincuencia vinculada con el narcotráfico. Sólo de marzo a julio de este año en Sinaloa ocurrieron 40 ejecuciones de menores de edad. También durante los primeros ocho meses de este año se ha reportado en el país el homicidio de 215 mujeres.
Los grupos de mayor rivalidad
Según las fuentes consultadas, el mayor número de personas ejecutadas pertenecía a los cárteles del Golfo y Los Zetas, pues son los grupos que mayores rivalidades tienen con otras organizaciones, como son La Familia y el de Sinaloa. Al menos 300 fueron torturados.
De acuerdo con datos de la SSP federal, “uno de los principales ejes de la inseguridad y la violencia es el mercado de drogas (...) Sin un mercado de consumo de drogas no existiría el narcotráfico y la violencia producto de éste”.
Esa dependencia sostiene que el mercado de drogas contempla “el incremento de adictos”, pues esto “garantiza la continuidad y el crecimiento del mercado mismo”. Sus principales puntos de “distribución” son: prostíbulos, bares, zonas de apuestas ilegales, palenques de gallos, hipódromos y otros sitios donde se escenifican carreras de caballos. No menciona a los centros de enseñanza.
De acuerdo con estas mismas fuentes, las organizaciones criminales mantienen un “flujo permanente de nuevos cuadros para sustituir las bajas producto de los ajustes de cuentas en las mismas organizaciones, las ejecuciones entre grupos rivales y los muertos en enfrentamientos con las autoridades”.
Además, según la SSP federal, “en la actualidad algunos cárteles de la droga buscan fortalecer su operación mediante el control del hampa común (robos, secuestros, etcétera). Para ello han integrado grupos delictivos locales y regionales a niveles inferiores de su estructura para financiar sus operaciones e incrementar su control territorial”.

ROSENDO VILLARREAL RATON EN LO PUBLICO

Rosendo espiaba para el PAN y para Martha Sahagún

Por Redacción / El Heraldo de Saltillo +
Publicado: Septiembre 6, 2009
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Además de la presunción de haber participado en negocios ilícitos en PEMEX, como el robo de hidrocarburos a los ductos de la paraestatal, la caída de Rosendo Villarreal Dávila de la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos, está vinculada también a conductas impropias como el espionaje implementado por él valiéndose de los recursos de la empresa.
La revista Contralínea documentó que a finales de la administración de Vicente Fox, Rosendo puso al servicio de Martha Sahagún, las fuerzas de inteligencia de Pemex para investigar a Jesús González Schmal. En documentación que ha sido expuesta al público se consigna cómo la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, -que estaba bajo el mando de Rosendo Villarreal-, investigó al entonces diputado federal González Schmal, quien en ese momento tenía la encomienda del Congreso de investigar los delitos cometidos por los hermanos Bribiesca, hijos de la esposa del presidente.
Además, el pasado 27 de julio, la columna Oficio de Papel reveló que, en su calidad de administrador corporativo, Rosendo Villarreal utilizó los aparatos de inteligencia al interior de Pemex a favor del Partido Acción Nacional.
A través de la Gerencia de Telecomunicaciones, Villarreal Dávila tendría la capacidad técnica para intervenir los teléfonos y correos electrónicos de todo Pemex, con el objetivo de espiar por vía satélite a funcionarios y directivos del grupo que comanda Jesús Reyes Heroles. Rosendo buscaba la destitución de este último.
Rosendo Villarreal realizó prácticas de espionaje desde que fue alcalde de Saltillo en 1991, según denunció Conrado García Jamín, quien fuera su director de comunicación social y artífice de un sistema de intervención de teléfonos, escáneres y otros equipos de inteligencia puestos en marcha durante la gestión del panista.
IMPLICADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA
La Gerencia de Servicios de Seguridad Física que dependía directamente de Villarreal Dávila, según informaciones de la propia paraestatal, podría estar implicada no sólo en la ordeña de ductos sino en una red de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Las ganancias generadas por este negocio paralelo podrían superar los 20 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Información dada a conocer por Pemex tras el singular operativo revela que, "en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos".
De acuerdo con datos filtrados por la PGR a la prensa nacional, Villarreal Dávila estaría entre los altos funcionarios que ahora se investigan por su supuesta complicidad en ese ilícito.

Reflexiones: Juan Equis Pueblo.

Estas personas en sus negocios piden a sus empleados honestidad, transparencia y ejercen un control tiránico en el manejo de sus dineros e inclusive cuando tienen conocimiento de un robo
exciben a los presuntos y los denucian pidiendo un castigo ejemplar. Ponen personas que supervisen las labores de los empleados menores y estos los supervisores defienden los intereses de los Rosendos como perros y ocacionando el enfrentamiento entre trabajadores.
Que pasa cuando los Rosendos administran los dineros publico se les olvida como administran sus negocios la impunidad es la razón de que la delincuencia cometa ilícitos pues saben que no serán castigados, por lo que se vive una situación critica en el país siendo victimas de estos ilícitos funcionarios publico, empresarios no nadamas ciudadanos común y corriente tenemos el caso de el candidato a diputado de tabasco.