LAS RAICES DEL CONFLICTO EN COPALA

PROCESO
María Dolores París Pombo*
MÉXICO, D.F., 3 de mayo.- El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.

La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.

Como en muchas zonas del país, en la triqui han reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y existe un verdadero clima de terror.

A pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la Ubisort. Estas agrupaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades, ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes.

En septiembre de 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca, que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese mismo año recibió también del Programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que, a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo con sus propias prioridades.

El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las élites priistas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el hoy exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con el gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en el área. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.

El aislamiento del conflicto en la región triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados –bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos– a participar en las movilizaciones e incluso en los choques armados. Además de disponer de recursos millonarios, las agrupaciones de la zona triqui están poderosamente armadas, y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la Ubisort denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK-47 y R-15 y cientos de cartuchos, procedentes de Santiago Juxtlahuaca.

Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, así como la cobertura que hacen muchos medios de comunicación sobre los asesinatos y masacres en las regiones indígenas, enfocan siempre el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…

Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, el mito del triqui violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y, sobre todo, de los medios de comunicación. Las élites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui, que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.

Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en el área. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de 10 personas en un poblado triqui, San Miguel Copala, enmedio de una disputa entre el MULT y la Ubisort por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el municipio autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del municipio autónomo), cometido por un miembro de la Ubisort plenamente identificado por la comunidad.

Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Cuando se sabía del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola –originario de Finlandia–, y mientras que varias personas –entre ellas un belga y un italiano– seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región, y expresaba su determinación de investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.

El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, quien tras haber amenazado con la afirmación de que detendría a toda costa la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo.

Pero ese cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gestión sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad.
*Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.

ASIMETRÍAS

03 mayo 2010
ffponte@gmail.com
La Silla Desocupada
Por Fausto Fernández Ponte

“A nuestros colegas, incluyendo los emboscados les falta saber en dónde se metieron; no tienen idea del conflicto que se vive en Oaxaca,
una disputa que alcanza a los expresidentes”.
José Luis Camacho López.
I
No hay gobierno en México. Y como dijo hace poco más de un año Lorenzo Servitje, el patriarca del monopolio ideológico del pan de caja y chatarrita pseudo alimentaria conexa, la administración pública actual, la calderonista, ya se acabó.
El tema es atañedero a la miríada de manifestaciones de anarquía y caos y de vacío de poder formal –el constitucional— y la emergencia de muchos poderes y subpoderes fácticos locales o regionales, en un proceso de balcanización de hecho.
En ese proceso de balcanización se insertarían las actividades de los 40 y picos grupos armados paramilitares que operan en el territorio del Estado mexicano, particularmente en las entidades federadas del sur del territorio nacional.
Ello sugiere, si no es que plantea explícitamente, que no existe un poder político cabalmente funciona responsable de hecho y de derecho –éste último socavado y desplazado por lo ostensiblemente fáctico de aquél que muestre atributo cohesionador.
La emboscada a la caravana de observadores –en realidad, veedores con cierto alcance implícito de oidores-- de Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia y México y periodistas mexicanos de la revista Contralínea confirman la existencia de la oquedad.
II
Esa oquedad parece insondable. Un sátrapa de poca monta, el gobernador de del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, personaje de siniestra laya y corrupta vena, empeñado en destruir un municipio autónomo propicia la emboscada a los observadores.
La autoría intelectual y material de esa emboscada es atribuida por fuentes periodísticas a cierta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, de corte paramilitar cuyo execrable quehacer es fomentado por el sátrapa Ruiz.
El uso de fuerza paramilñitar como herramienta de represión y desestabilización de un orden sociopolítico dado en varias regiones de México --en particular el sur y el Sureste-- es una expresión de la cultura del poder político de vertiente priísta.
Son, pues, los paramilitares, brazos armados funcionales aunque informales –es decir, irregulares-- típicos de la práctica de los grupos de choque y “porros” del Partido Revoluciuonario Institucional y el “ismo” priísta.
Así, la huella dactilar de de los perpetradores de esa emboscada corresponde al grupo paramilitar señalado, aunque bien pudiere haber sido el diseño y la operación de algún ente afín y similar que, como muchos más, también actúan en la impunidad.
III
Esto nos lleva al trasunto del epígrafe de la entrega de hoy, atribuida al señor Camacho López, quien es un politólogo y periodista distinguido como director del diario El Día, en sus tiempos vocero de un sentir popular de la izquierda política.
En una misiva, don José Luis señala, más allá de lo consignado en el epígrafe, que los periodistas secuestrados por los paramilitares que operan en Oaxaca bien pudieron haber sido la proverbial “carne de cañón” de un grupo de interés dado.
La entrega anterior, en la que se abordó éste tema de la emboscada, ha causado varias reacciones, además de la del señor Camacho López. Las leyentes María Reyes y Fátima Gómez Albizu señalaron cierto aspectos del tratamiento del asunto que se comenta.
La señora Reyes, por ejemplo, contribuyó acorregir cierta imprecisión en la entrega anterior, acerca de la identidad del grupo paramiliitar al que se le atribuye la emboscada a la caravana internacional de observadores de derechos humanos.
Y a doña Fátima se le agradece también su aportación a la misma entrega: “Los paramilitares surgen cuando los gobiernos carecen de salidas políticas viables a un entorno de crisis de gobernabilidad; no sabemos quién gobierna en México”.
Ello inspira una interrogante conturbadora: ¿Quién está al mando aquí? O, formulado de otro jaez: ¿Manda el titular del Poder Ejecutivo? ¿O los miembros del Poder Legislativo? ¿El Ejército Mexicano? O, al parecer, nadie. La silla está desocupada.
ffponte@gmail.com

EDITORIAL DE DIARIO LIBERTAD

El primero de Mayo.

La conmemoración del sacrificio de los Mártires de Chicago –realizada en todo el mundo, menos en aquella urbe -ni en Estados Unidos, excepto por los mexicanos allá- tiene hoy un significado ajeno a lo celebratorio y sí reivindicador. Y es que en todo el mundo –México incluido y, por ello, nuestro ámbito inmediato que es el sureste de México— los trabajadores vivimos en condiciones sin precedente que, guardada la proporción en la dialéctica del pasado y el presente, no existían. El pasado, para situar un marco histórico, se remonta a los inicios de la llamada Revolución Industrial, que es el período comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. En ese lapso, los contrastes eran lacerantes. La Revolución Industrial –iniciada en Inglaterra primero y, luego, en el resto de Europa Occidental y, más tarde, trasladada a EU-- fue el cúmulo de cambios socioeconómicos, tecnológicos y culturales sin precedentes en la humanidad. En ese proceso de transformaciones –su antecedente inmediato fue el neolítico-- surgieron pensadores cuyas ideas, difundidas en libros y periódicos, le dieron exégesis y sentido históricista a lo ocurrente. Esos pensadores (Marx, Engels, etc.) siguen vigentes. En ese contexto ocurrió la matanza en Chicago, un día 3 de mayo de 1886. El primer día de ese mismo mes había entrado en vigor la demanda planteada por los huelguistas chiucaguenses de que las de jornada laboral fuesen de ocho horas. Destacaron en ese movimiento los dirigentes Albert Parsons y August Spies --éste último, dirigía un periódico laborista--. Los caídos en Chicago son recordados desde entonces anualmente en el mundo como Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo. Por ese entonces, Las jornadas laborales eran de 12 a 16 horas, sin que los trabajadores –que creaban riqueza y plusvalía con sus esfuerzos y que otros se apropiaban- tuvieren derecho a ninguna prestación. Ni día de descanso ni vacaciones. Hoy, a casi 115 años después de la matanza de Chicago, los trabajadores en casi todo el mundo viven en general en malas condiciones. En México, los trabajadores han visto sus derechos conculcados y violados, de allí que la celebración haya sido protestaria. En México prevalece, desde luego, la jornada de ocho horas –es una gran conquista social--, pero otros derechos reconocidos por la ley son violados, mermados, menguados de hecho. El derecho al empleo digno, por ejemplo, es conculcado. El desempleo en nuestro país ha alcanzado índices elevados históricos, pues nunca antes habían sido tan altos en números duros y en términos porcentuales en el contexto de la población económicamente activa. Ese desempleo es un vector mayor de pobreza. Y no sólo eso. Además de vector mayor de pobreza es una expresión de injusticia social brutal. En un entorno así, el poder político panista, priísta, et al del Estado mexicano promueve legislación que nos haría volver al siglo XIX o más atrás. Así, la celebración del Día Internacional el Trabajo adquirió peculiaridades de una lucha no sólo por conservar las conquistas laborales, sino por impedir, mediante la manifestación pública protestaria, perderlas parcial o totalmente. ¿Por qué un estado como el mexicano, nacido (al menos oficialmente) de un proceso revolucionario actúa contra los trabajadores que, en realidad, somos todos los que nos vemos forzados a mal vender nuestra fuerza de trabajo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es, a nuestro ver, lisa y llana: el hombre es el depredador principal del hombre. Locke, precursor del contractualismo social que después detalló Rousseau, decía que el lobo del humano es el humano mismo. Pero más allá de lo filosófico, esas interrogantes tienen respuestas más prácticas. La naturaleza depredadora humana se manifiesta en ambiciones de poder, riqueza y oportunismo alevoso y ventajoso –premeditado-- e impune; despojar al más débil. Ello induce a un individuo a apropiarse de las riquezas que crea otro. Esa apropiación ocurre bajo guisas legales (y en no pocos casos, francamente leguleyas) y sofistas y pseudo legales e inmorales. A los que se oponen se le reprime, como hoy en México. Para ello, ese hombre depredador crea formas de organización económica que, como la prevaleciente en México, son abiertamente antisociales –anti usted, Lector-- y marcos jurídicos a modo. El Estado mexicano no garantiza hoy los derechos de nadie.

LUCHAR POR OTRO MUNDO EMPIEZA POR EVITAR DIVISIONES ENTRE POBRES: GONZALEZ CASANOVA

En busca de otros caminos

Pablo González Casanova, el belga Francois Houtart y la china Lau Kin Chi participaron en el panel inaugural del Foro Social Mundial Temático: Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, que ayer dio comienzo en el Zócalo de la ciudad de México. En las primeras ponencias se habló del fracaso de la globalización y, en el caso de México, de la ofensiva contra sindicatos, del ataque a los defensores de derechos humanos y de la militarización del país con el

pretexto del combate al narcotráfico. foto Cristina Rodriguez

Enrique Méndez y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Lunes 3 de mayo de 2010, p. 17

Pablo González Casanova afirmó que la construcción de un mundo diferente no será posible sin antes definir dos ejes: que el capitalismo no solucionará los problemas del planeta y que las organizaciones y luchadores deben incluir a todos los pobres de la tierra y a los que están con ellos, aún los que han sido diabolizados por la izquierda institucional.

De otra manera, alertó, nos pasaremos hablando la vida de otro mundo posible, hasta que el imperialismo de varias cabezas acabe con el mundo en que vivimos y la tierra que habitamos.

El doctor González Casanova intervino ayer en el panel inaugural del foro social mundial temático Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles, en el Zócalo capitalino. Ahí invitó a asumir con urgencia la necesidad de definir un proyecto común de quienes luchan por otro mundo.

Manifestar nuestros puntos de unión, formular proyectos de acción conjunta e inmediata en torno a ellos, el respeto cabal, el respeto total a la autonomía de los participantes, individuales y colectivo. Debemos definir acciones concretas con fuerzas concretas, que están luchando por la paz, la justicia y la libertad. Definiendo a esas fuerzas nos definiremos nosotros, delineó en el panel denominado En defensa de la humanidad.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador de La Jornada expuso que se trata de un reto urgente y vital, porque no se puede esperar a que el capitalismo modifique sus prácticas. Hagamos todo lo posible para concretarla. Empecemos a pensar en la intimidad de nuestra conciencia de cómo actuar, qué hacer y hacerlo, convocó.

González Casanova presentó una lista de lo que no se puede esperar del capital: “Es ingenuo pensar que el capitalismo resolverá los problemas de la tierra, de los pobres y empobrecidos; que ayudará al desarrollo de los países del mundo; que controlará la crisis financiera y del desempleo; que el Estado social y el desarrollista se van a imponer como nuevas formas de política social y económica del capitalismo occidental.

Es ingenuo pensar que el capitalismo respetará la democracia y la soberanía de los países más o menos subdesarrollados y las democracias; que acabará con el analfabetismo y la miseria, las pandemias y las epidemias, las hambrunas y los pueblos hambrientos, los enfermos sin médicos y sin medicinas, los jóvenes sin empleos y sin escuelas, las familias sin techos, sin servicios y sin basura.

En el panel Justicia contra la impunidad, la indígena Susana Cruz lamentó que en México el gobierno finalmente acostumbró a los pobres a sólo estirar la mano y no trabajar. Nos engañan con un dulce para callarnos la boca y no pidamos trabajo, progreso ni estudios.

Pero también, dijo, los hombres y las mujeres tienen miedo de cuestionar las políticas gubernamentales.

Relató: En mi pueblo de San Ildefonso, Hidalgo, me preguntan que cómo puedo ir en contra del gobierno. Porque muchos prefieren la bolsa de despensa con un arroz más quebradizo que la arena, o recibir mil pesos el día de las elecciones. Pero el gobierno nos está tanteando, facilitándonos las cosas, haciéndonos irresponsables.

Por eso ella se dedica a organizar rifas, vender cosas y en un caso extremo a pedir a sus familiares que la ayuden con diez o 20 pesos para trasladarse a Pachuca o la ciudad de México y participar en foros donde expresarse y escuchar.

Alejandra López, del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, y Soledad Ortiz, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, llamaron en el panel de derechos humanos a que el foro social se pronuncie por el esclarecimiento del asesinato de Alberta Cariño, en San Juan Copala, Oaxaca.

Soledad Ortiz atribuyó el ataque a la caravana de paz a una política de terror del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, para sembrar el miedo, para que la gente no salga a decidir su voto en la elección para gobernador.

El foro social resultó además una oportunidad para el despliegue del ingenio en formas alternativas de generación de energía, como el aprovechamiento del sol para cocinar y calentar agua, del aprovechamiento de residuos, la producción de alimentos y reducir la contaminación.