REVISTA FORTUNA
Erika Ramírez
Sección: Finanzas
La Secretaría de Salud y Banobras pagan más de 60 millones de pesos por servicios de “asesoría” en la privatización del sistema de salud nacional. Compañías extranjeras son contratadas para respaldar el modelo de financiamiento Proyecto de Prestación de Servicios, con el cual el gobierno entrega hospitales y servicios a la iniciativa privada. Las consultorías Currie & Brown y White & Case se embolsan 29 millones 145 mil 596 pesos por justificar la realización de proyectos fracasados en Europa.
La Secretaría de Salud (Ssa) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contratan servicios de consultoría por más de 60 millones de pesos, para respaldar la “privatización” del sistema de salud en México. Entre las firmas se encuentran las trasnacionales Currie & Brown, de origen inglés, y la estadunidense White & Case, que obtuvieron casi el 50 por ciento del dinero. Desde la administración de Vicente Fox se comprometieron recursos por 61 millones 885 mil 139 pesos, con ocho consultorías, para que avalaran el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). El esquema financiero se basa en la firma de contratos multianuales entre el gobierno federal y la iniciativa privada para la construcción de hospitales, tramos carreteros y universidades, sin que el Estado tenga el control total de las obras. De acuerdo con una línea de investigación que lleva a cabo la “Secretaría de Salud” del llamado “gobierno legítimo de México”, a cargo de Asa Cristina Laurell, los PPS han fracasado económica, social y laboralmente en los sistemas sanitarios de España e Inglaterra. En el sector salud, el gobierno federal ya ha entregado más de 7 mil millones de pesos (revista Contralínea, periodismo de investigación, número 122) para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y del Bajío (León, Guanajuato). Las compañías ganadoras, Infraestructura Hospitalaria del Noreste y Acciona, están relacionadas con los partidos políticos de derecha en México y España: el Partido Acción Nacional y el Partido Popular. La Ssa, actualmente encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, ha anunciado que el esquema de inversión público-privado está trazado para los 10 HRAE, que al año 2012 podrían detonar en una deuda de más de 40 mil millones de pesos, con sus respectivos intereses.
El gasto
Para la asignación de recursos, el gobierno federal utilizó 17 millones 62 mil 581 pesos del capital del Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), que opera Banobras. En tanto que del presupuesto asignado a la Ssa fueron empleados 44 millones 882 mil 558 pesos. El Finfra fue creado el 7 de diciembre de 1995 para apoyar “temporalmente” proyectos nuevos dedicados, directa o indirectamente, a actividades productivas. Establece en sus Reglas de operación que podrá apoyar, cuando así se requiera, la elaboración de contratos, convenios, estudios y documentos de carácter legal, técnico, socioeconómico y financiero, mediante la contratación de especialistas. Ambas instituciones fueron asesoradas para instrumentar los PPS por las empresas extranjeras Currie & Brown International Limited y White & Case. De las empresas y bufetes de capital nacional se negoció con Mancera, Ernest & Young; Forma y Concepto; Imagen, Mantenimiento y Arquitectura; Desarrollo, Tecnología y Planeación; Bufete de Arquitectos y Urbanistas, y Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas.
Las firmas
Currie & Brown fue la que más ganancias obtuvo. Es la encargada de asesorar todos los PPS que pretende instrumentar la Ssa. Según el contrato DGDIF/DEEF/S/AD/002/2005, se le asignaron 20 millones 998 mil 996 pesos, con vigencia del 5 de abril de 2005 al 31 de diciembre del mismo año. La compañía inglesa fue representada en México por David Arthur Broomer. Mientras, por parte de la institución pública, los responsables de celebrar el contrato fueron los directores generales de Desarrollo de la Infraestructura Física, Arturo Pérez Estrada; de Evaluación de Proyectos, Carlos Eduardo Mar Pérez; de Evaluación Económica Financiera y Evaluación Técnica-Jurídica, Orso Nunez Ruiz, y el director general adjunto de Evaluación y Proyectos, Carlos Juan Aguilera Flores. El compromiso que signaron corresponde a la realización de servicios consistentes en asesoría especializada, coordinación, supervisión e integración de las actividades y productos requeridos para el desarrollo e instrumentación de los proyectos de HRAE. Información de Currie & Brown indica que “la participación de los sectores público y privado es vital para expandir la infraestructura económica y social que requiere el desarrollo sostenido del país”. Le sigue White & Case con 8 millones 146 mil pesos, provenientes del presupuesto de la Ssa, para prestar asesoría legal para el desarrollo e instrumentación de los HRAE en Acapulco, Culiacán, Chihuahua, Ecatepec, Querétaro, Tampico y Torreón. El contrato DGDIF/DGAEP/DEEF/S/I/004/009/2005 fue convenido para realizarlo del 23 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de ese año. Mancera, representado por Gabriel Mancera Arrigunaga, ganó 7 millones 769 mil 597 pesos. El pago fue cubierto mediante recursos del Finfra, para los estudios de factibilidad, costo-beneficio social, estructuración técnica, financiera y asesoría jurídica de los PPS. Bufete de Arquitectos y Urbanistas fue el encargado de proporcionar a la Ssa asesoría técnicafinanciera, lo que significó un costo de 6 millones 114 mil 550 pesos. Así lo indica el documento DG- DIF/DGAEP/DEEF/S/I/001/006/2005, que tuvo una duración de 221 días, a partir del 23 de mayo de 2005. Desarrollo, Tecnología y Planeación pactó con la Ssa el pago de 4 millones 945 mil pesos para la prestación de servicios de asesoría técnica financiera de los HRAE de Ecatepec y Tamaulipas. Más de 9 millones de pesos se los llevaron otras dos empresas mexicanas. De la Ssa, Imagen, Mantenimiento y Arquitectura recibió 4 millones 617 mil 412, por la asesoría técnico-financiera para los HRAE de Querétaro y Acapulco. Forma y Concepto obtuvo del Finfra 4 millones 292 mil 986 pesos por la asesoría, participación revisión y supervisión de los PPS. En tanto, el despacho Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas, representada por Gabriel Navarrete Alcaraz y Michell Nader Schekaiban, fue contratado por 4 millones 999 mil 998 pesos, para la prestación de servicios en asesoría legal, que respaldara los “programas piloto” de los PPS.
Proyecto mexicano
El 23 de marzo de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, y la Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo), bajo el mando de Francisco Barrio Terrazas, hicieron oficial la aprobación de los PPS. Los argumentos fueron: “Optimizar el gasto público federal y encausar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de desarrollo que se requieren en el país y que, por razones presupuestales, el gobierno federal está impedido para efectuar directamente”. Los contratos, de los que tiene copia Fortuna, indican que los proyectos son considerados por el gobierno federal como “programas piloto”, en razón de que no se tienen antecedentes al respecto. Ésta fue la justificación para que se contrataran consultorías de “prestigio internacional” que hayan participado en la instrumentación de los PPS en otros países. Asa Cristina Laurell asegura en entrevista que la entrega de los proyectos a la iniciativa privada es un gasto excesivo, pues un hospital del mismo tipo podría significar el pago de 500 millones de pesos bajo el control total de la administración pública. La exsecretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, critica que los argumentos para entregar los servicios de salud a las empresas se sustenten en un problema de liquidez, pues el Seguro Popular tiene un fideicomiso para gastos catastróficos e infraestructura, que a finales de 2008 contaba con 14 mil millones de pesos de superávit. Con ese presupuesto, dice, “se pudieron edificar 28 hospitales de la misma magnitud en todo el país”.
“Desarrollo” institucional
De acuerdo con el documento Desarrollo de infraestructura en salud 2007-2012, presentado en agosto de 2008 por el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, la dependencia tiene proyectada una inversión pública-privada para la construcción de 10 HRAE en el país, mediante el esquema de los PPS. El plan de la Ssa indica que mientras los PPS del Bajío (León Guanajuato) y Ciudad Victoria (Tamaulipas) están en operación y desarrollo, los de Querétaro, Torreón, Culiacán, Acapulco y Chihuahua se encuentran en vías de autorización; el de Ixtapaluca (Estado de México), en proceso de licitación; y los de Cancún y Mexicali se encuentran en estudio. Información de la SHCP dice que los PPS corresponden al modelo de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI), “un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y privado”, que se comenzó a desarrollar en el Reino Unido a partir de 1992. “En los proyectos PFI, el sector público firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios”, indica la SHCP en su página de internet. A cambio de los servicios, explica la SHCP, el inversionista recibe un pago registrado como “gasto corriente” por el gobierno federal, y tiene “prioridad” en el proceso de presupuestación. Asa Cristina Laurell, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de 1988 a 2001, asegura que éste es el inicio de un proyecto de privatización de los servicios de salud, que responde a las recomendaciones del Banco Mundial para incluir al sector privado en la prestación de servicios sanitarios y, también, en la administración de los recursos. Se solicitó entrevista con el titular de la Ssa, Córdova Villalobos, y con las empresas Currie & Brown, White & Case, Mancera, Bufete de Arquitectos y Urbanistas, Imagen Mantenimiento y Arquitectura; sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta. Vanessa Franyutti, asesora legal de los PPS por el despacho Jauregui, justifica a estos proyectos como “benevolentes”. Asegura que el esquema abarata la construcción de obra pública con mayor calidad. Respecto de los eñalamientos de la privatización del sistema de salud, indica que son “una tontería”.
La semana pasada murió el esposo de una compañera por falta de atención médica en el Hospital del ISSTE de Saltillo y nadie se hace responsable pues desde hace 6 meses no hay Director en dicho hospital, pero tampoco hay medicamentos, ni quirófanos, ni....
A los jodidos los atienden ahí, la alta burocracia en hospitales privados, para eso son los seguros de gastos médicos que les paga el pueblo.
La privatización silenciosa de la salud, sin duda alguna.
sábado, 7 de noviembre de 2009
PLAN B ¿POLÍTICOS ASESINOS?
Por Lydia Cacho
05 noviembre 2009
No, ni este país, ni usted, ni yo nos merecemos la estrategia implantada por el grupo de élite del municipio más rico de México: Monterrey. Reunieron fondos para la creación de grupos paramilitares cuya misión sería comenzar una “limpieza social de criminales”; trajeron a dos expertos en seguimiento de inteligencia, contraespionaje y tortura que fueron contratados formalmente. Uno de ellos es un chiíta especialista en entrenar francotiradores, otro un ex agente del Mossad israelí.
Bajo las narices del presidente Calderón han imitado las mismas estrategias que la derecha recalcitrante implantó en Colombia y por las cuales la sociedad, y paradójicamente, las mismas élites siguen pagando caro.
Esto no es un juego de niños, el alcalde Maurico Fernández Garza ha declarado que él es la ley e irá más allá de sus facultades para combatir al crimen organizado. Esta brabuconería es el detonante de una fascinación por hacer de la violencia y el asesinato un instrumento de Estado.
Es comprensible la desesperación de una parte de la sociedad ante el ambiente de inestabilidad social y terror causado por la guerra antinarco; pero resulta éticamente inaceptable que los políticos y empresarios utilicen recursos públicos y privados para hacer justicia como si este país fuera un circo romano. No lo somos. Somos una patria adolorida por el derramamiento de sangre, por la corrupción endémica del sistema político, pero también somos un país lleno de posibilidades, con millones de personas buenas y honestas capaces de dar la vida para generar un cambio social.
La perversidad de estos grupos que han creado comandos ilícitos debe ser evidenciada; nutren la ira de la sociedad argumentando la necesidad de justicia. Pero la justicia no se alcanza desde la ilegalidad, sino con procesos sociales que transforman a las personas y a las instituciones: muchos de ellos ya han comenzado a tomar forma, serán lentos pero darán frutos.
El peligro aumenta para toda la sociedad en la medida en que el corazón de México entre en guerra contra sí mismo ¿quién es el tribunal y cómo eligen a los culpables? Celebrar la muerte no sólo nos lleva a una fiesta de sangre, sino a la erradicación de la pequeña simiente de estado de derecho al que millones le hemos apostado durante décadas de movimientos de derechos humanos.
05 noviembre 2009
No, ni este país, ni usted, ni yo nos merecemos la estrategia implantada por el grupo de élite del municipio más rico de México: Monterrey. Reunieron fondos para la creación de grupos paramilitares cuya misión sería comenzar una “limpieza social de criminales”; trajeron a dos expertos en seguimiento de inteligencia, contraespionaje y tortura que fueron contratados formalmente. Uno de ellos es un chiíta especialista en entrenar francotiradores, otro un ex agente del Mossad israelí.
Bajo las narices del presidente Calderón han imitado las mismas estrategias que la derecha recalcitrante implantó en Colombia y por las cuales la sociedad, y paradójicamente, las mismas élites siguen pagando caro.
Esto no es un juego de niños, el alcalde Maurico Fernández Garza ha declarado que él es la ley e irá más allá de sus facultades para combatir al crimen organizado. Esta brabuconería es el detonante de una fascinación por hacer de la violencia y el asesinato un instrumento de Estado.
Es comprensible la desesperación de una parte de la sociedad ante el ambiente de inestabilidad social y terror causado por la guerra antinarco; pero resulta éticamente inaceptable que los políticos y empresarios utilicen recursos públicos y privados para hacer justicia como si este país fuera un circo romano. No lo somos. Somos una patria adolorida por el derramamiento de sangre, por la corrupción endémica del sistema político, pero también somos un país lleno de posibilidades, con millones de personas buenas y honestas capaces de dar la vida para generar un cambio social.
La perversidad de estos grupos que han creado comandos ilícitos debe ser evidenciada; nutren la ira de la sociedad argumentando la necesidad de justicia. Pero la justicia no se alcanza desde la ilegalidad, sino con procesos sociales que transforman a las personas y a las instituciones: muchos de ellos ya han comenzado a tomar forma, serán lentos pero darán frutos.
El peligro aumenta para toda la sociedad en la medida en que el corazón de México entre en guerra contra sí mismo ¿quién es el tribunal y cómo eligen a los culpables? Celebrar la muerte no sólo nos lleva a una fiesta de sangre, sino a la erradicación de la pequeña simiente de estado de derecho al que millones le hemos apostado durante décadas de movimientos de derechos humanos.
EL MIERCOLES TELEFONISTAS HARÁN PARO
Jesús Castro
07-Noviembre-2009
Medida es en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, afirma Francisco Hernández Juárez, líder nacional
El próximo miércoles, los trabajadores coahuilenses adheridos al Sindicato de Telefonistas se unirán a las protestas a nivel nacional, realizando un paro de labores en solidaridad con el sindicato de electricistas, dio a conocer su líder nacional, el diputado Francisco Hernández Juárez.
Durante su visita a Saltillo, el líder sindical dejó claro que su intención es invitar a mostrar la solidaridad de los coahuilenses para con el Sindicato Mexicano de Electricistas, durante las acciones que el resto de los sindicatos planean realizar la próxima semana.
“Porque consideramos que la actitud del Gobierno hacia el sindicato es ilegal, que no tenían ninguna justificación para hacer”, afirmó Hernández Juárez, quien además espera que también se defina en la Cámara de Diputados si se impulsa una controversia constitucional para revertir la acción del Gobierno Federal en contra de los electricistas.
Explicó que como Luz y Fuerza del Centro se creó por medio de una ley que se promovió en la Cámara de Diputados, la cual facultó al Gobierno para crear esa empresa, ahora para liquidarle, el Gobierno debió haber pedido autorización al Congreso y emitir el decreto.
“Pero no lo hizo, porque sabía que el Congreso no iba a estar de acuerdo, y lo que hizo fue invadir la competencia del Congreso y actuar fuera de la ley”, manifestó, luego dijo que para realizar el cierre, tampoco se tomó en cuenta la Ley Federal del Trabajo.
Refirió que en dicha legislación está establecido que si una empresa ya no puede seguir debido a que está financieramente mal, tiene que presentar un conflicto de orden económico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ésta determinará si procede el problema, para luego declararse en quiebra y terminar con la relación laboral.
También que si la intención es pasar a manos de otra empresa, lo cual se llama “figura de patrón sustituto, la otra empresa asume la responsabilidad y prestaciones, no rompe el contrato y corres a todos los trabajadores. No uso ninguno de los mecanismos que la ley prevee.”, afirmó el entrevistado.
Por ello, los 70 mil agremiados telefonistas se unirán a las protestas de la próxima semana harán el resto de los sindicatos, para terminar con una mega marcha hacia el Zócalo.
Intimidación
Hernández Juárez habló también sobre una demanda que se implementó en contra del Sindicato de Telefonistas que él cree, es un tipo de intimidación hacia el gremio por brindar su apoyo al SME.
“Apareció de pronto por ahí una demanda que supuestamente están implementando en contra del sindicato. Es una demanda de un grupo de cinco disidentes, pero la Secretaría del Trabajo le dio entrada como si fuera presentada por la mitad del sindicato”, manifestó.
Sin embargo, dijo que no retirarán su apoyo porque el resto de los sindicatos se sienten amenazados por esa medida del Gobierno. Luego concretó, “nos están mandando la señal de que seguramente nos puede pasar lo mismo si nos solidarizamos con el sindicato de electricistas”.
Paro cívico nacional, bájale al switch de la 7.30pm a las 9:30pm este próximo 11 de Nov.
07-Noviembre-2009
Medida es en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, afirma Francisco Hernández Juárez, líder nacional
El próximo miércoles, los trabajadores coahuilenses adheridos al Sindicato de Telefonistas se unirán a las protestas a nivel nacional, realizando un paro de labores en solidaridad con el sindicato de electricistas, dio a conocer su líder nacional, el diputado Francisco Hernández Juárez.
Durante su visita a Saltillo, el líder sindical dejó claro que su intención es invitar a mostrar la solidaridad de los coahuilenses para con el Sindicato Mexicano de Electricistas, durante las acciones que el resto de los sindicatos planean realizar la próxima semana.
“Porque consideramos que la actitud del Gobierno hacia el sindicato es ilegal, que no tenían ninguna justificación para hacer”, afirmó Hernández Juárez, quien además espera que también se defina en la Cámara de Diputados si se impulsa una controversia constitucional para revertir la acción del Gobierno Federal en contra de los electricistas.
Explicó que como Luz y Fuerza del Centro se creó por medio de una ley que se promovió en la Cámara de Diputados, la cual facultó al Gobierno para crear esa empresa, ahora para liquidarle, el Gobierno debió haber pedido autorización al Congreso y emitir el decreto.
“Pero no lo hizo, porque sabía que el Congreso no iba a estar de acuerdo, y lo que hizo fue invadir la competencia del Congreso y actuar fuera de la ley”, manifestó, luego dijo que para realizar el cierre, tampoco se tomó en cuenta la Ley Federal del Trabajo.
Refirió que en dicha legislación está establecido que si una empresa ya no puede seguir debido a que está financieramente mal, tiene que presentar un conflicto de orden económico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y ésta determinará si procede el problema, para luego declararse en quiebra y terminar con la relación laboral.
También que si la intención es pasar a manos de otra empresa, lo cual se llama “figura de patrón sustituto, la otra empresa asume la responsabilidad y prestaciones, no rompe el contrato y corres a todos los trabajadores. No uso ninguno de los mecanismos que la ley prevee.”, afirmó el entrevistado.
Por ello, los 70 mil agremiados telefonistas se unirán a las protestas de la próxima semana harán el resto de los sindicatos, para terminar con una mega marcha hacia el Zócalo.
Intimidación
Hernández Juárez habló también sobre una demanda que se implementó en contra del Sindicato de Telefonistas que él cree, es un tipo de intimidación hacia el gremio por brindar su apoyo al SME.
“Apareció de pronto por ahí una demanda que supuestamente están implementando en contra del sindicato. Es una demanda de un grupo de cinco disidentes, pero la Secretaría del Trabajo le dio entrada como si fuera presentada por la mitad del sindicato”, manifestó.
Sin embargo, dijo que no retirarán su apoyo porque el resto de los sindicatos se sienten amenazados por esa medida del Gobierno. Luego concretó, “nos están mandando la señal de que seguramente nos puede pasar lo mismo si nos solidarizamos con el sindicato de electricistas”.
Paro cívico nacional, bájale al switch de la 7.30pm a las 9:30pm este próximo 11 de Nov.
ESYE 11 DE NOVIEMBRE: ¡¡¡TODAS Y TODOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PARO NACIONAL!!!
El golpe autoritario del gobierno contra el Sindicato Mexicano de Electricistas es un golpe contra la Constitución, la legalidad y los más elementales derechos humanos y laborales; es la culminación de toda una nueva ola de ataques contra la población, como el alza de impuestos, para hacernos pagar como siempre las consecuencias de la crisis económica, y para destruir toda forma de resistencia y organización independiente.
Por eso, participa en el Paro Cívico Nacional del 11 de noviembre, porque apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas es defender tu propio derecho al trabajo y a una vida digna, y porque ya es hora de protestar por todos los agravios del gobierno contra el pueblo trabajador.
Rechacemos las medidas autoritarias del gobierno federal que para golpear al SME cierra inconstitucionalmente una empresa pública. ¡No dejemos que hagan del patrimonio de todas y todos una ganancia privada!
Para beneficiar a los empresarios que lo encumbraron en el poder, Felipe Calderón pretende que seamos las y los trabajadores quienes paguemos los costos de la crisis que ellos provocaron. Paremos esta nueva embestida contra el pueblo: NO MAS IMPUESTOS para que sigan siendo, ellos sí, los verdaderos privilegiados de este país mientras millones vivimos en la miseria y el desempleo.
Detengamos la brutal campaña de mentiras que dicen en los periódicos, la radio y la televisión, cuyos dueños se benefician del golpe al SME. Somos trabajadores luchando por nuestra fuente laboral, nuestros derechos; el derecho de nuestros hijos a la salud y a la educación. No te dejes engañar por quienes servilmente justifican a un gobierno totalmente contrario a los intereses de México y sus ciudadanos. Con el Paro Nacional divulguemos la verdad.
Participa con tus propias demandas, hay muchas formas de hacerlo:
Haz falta colectiva o con tus compañeros para tu centro de trabajo; sal a la calle a manifestarte, reparte volantes, escribe consignas en el transporte público y las paredes, envía correos de protesta a las autoridades, difunde los planteamientos del SME y contra el alza de impuestos, llama a las estaciones de radio y a los periódicos; coloca carteles con consignas en favor del SME, contra el autoritarismo del gobierno y por tus propias reivindicaciones.
Apaga la luz de 19.30 a las 21:30 horas. Inventa tu propia forma de manifestarte, pero ¡¡¡HAZLO!!
Ayer fueron los mineros, Hoy son los electricistas, mañana podrías ser tú
¡Todos y Todas al Paro Cívico Nacional!
NO AVALAR FIN DEL NEXO LOABORAL LUZ Y FUERZA-SME, ORDEN A LA JFCA.
BRAVO!!!, BRAVO!!!, BRAVO!!!!!
Luego de que la juez Guillermina Coutiño –en la imagen, captada en el Palacio Federal de Justicia de San Lázaro– concedió ayer la suspensión definitiva al SME, deberá dictaminar si es constitucional el decreto presidencial que ordenó liquidar Luz y Fuerza del Centro Foto José Antonio López
Los abogados Néstor y Carlos de Buen y Raúl Carrancá escuchan el fallo de la juez federal Guillermina Coutiño Mata, en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar
Luego de que la juez Guillermina Coutiño –en la imagen, captada en el Palacio Federal de Justicia de San Lázaro– concedió ayer la suspensión definitiva al SME, deberá dictaminar si es constitucional el decreto presidencial que ordenó liquidar Luz y Fuerza del Centro Foto José Antonio LópezLa suspensión otorgada al gremio incluye la no validación de liquidaciones, dice De Buen
La autoridad deberá esperar a que la juez Coutiño se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto de extinción
Responsabilidad penal de Lozano si manipula alcances del fallo, advierte el abogado
La autoridad deberá esperar a que la juez Coutiño se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto de extinción
Responsabilidad penal de Lozano si manipula alcances del fallo, advierte el abogado
Los abogados Néstor y Carlos de Buen y Raúl Carrancá escuchan el fallo de la juez federal Guillermina Coutiño Mata, en el juzgado primero de distrito del centro auxiliarFoto José Antonio López
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Sábado 7 de noviembre de 2009, p. 3
La juez federal Guillermina Coutiño Mata concedió anoche una suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el SME.
Después de una larga jornada de trabajo que se desarrolló entre protestas de unos 3 mil electricistas apostados afuera del juzgado, el fallo emitido por la noche ordena a la JFCA esperar a que la misma juez se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del ordenamiento presidencial que liquidó la empresa el pasado 11 de octubre.
Cerca de las 22:15 horas, el laboralista Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, recibió la notificación en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, adonde un nutrido grupo de electricistas acudió a manifestarse desde las 11 de la mañana.
En entrevista con La Jornada, minutos después de conocer los alcances del fallo judicial, De Buen sostuvo que se trata de una resolución muy importante que oxigena el movimiento sindical.
“La juez –dijo– concedió la suspensión definitiva en vía de amparo para dos efectos: que la junta se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa y que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo”, detalló.
El abogado reconoció que Coutiño Mata no otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades dejen de presionar a los trabajadores y de animarlos a que acepten su liquidación, lo que explica el motivo por el cual anoche, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dio una conferencia de prensa para exhortar a los electricistas a que acudan a cobrar su liquidación.
Carlos de Buen añadió: si bien es cierto que nos negaron la suspensión respecto al punto b (para que se detenga la manipulación y presión contra los electricistas), el caso no está perdido y vamos a irnos a la revisión ante un tribunal colegiado.
Agregó que a partir de esta suspensión definitiva, cualquier liquidación es nula. Si la junta federal no se abstiene de aprobar los convenios de liquidación de los trabajadores y, por el contrario, les brinda su aval y aprueba alguno de ellos, estará violando esta suspensión, lo que es motivo suficiente para fincar responsabilidades penales a la autoridad laboral.
Expresó que si el secretario del Trabajo está negando que la juez también concedió la suspensión definitiva para este efecto (la JFCA no puede reconocer los convenios de liquidación) y si manipula los alcances de esta suspensión para obtener la aprobación a los pagos de liquidaciones, también estará violando la suspensión.
Asimismo, precisó que a partir de la existencia de la suspensión definitiva, que sucederá cuando un trabajador decida cobrar su indemnización antes de que la juez Coutiño resuelva sobre el fondo del amparo, es decir, si, efectivamente, como alega el SME, fue inconstitucional el decreto de extinción de LFC.
Por ejemplo, si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda (SAE) convence al trabajador, y éste se liquida, sería un convenio privado, y ya veremos si el día de mañana se puede echar abajo o no, indicó.
Pero cuando van a la JFCA, que eso es al mismo tiempo, y ésta aprueba esa terminación de trabajo, el organismo estaría violando la suspensión, dijo.
El litigante rechazó que los electricistas que ya recibieron su finiquito carezcan de alguna posibilidad de reinstalarse en su puesto de labores en caso de que el SME gane el amparo de fondo y se reabra LFC.
De ninguna manera están desprotegidos jurídicamente los trabajadores que ya recibieron su liquidación. En la demanda que presentamos este viernes ante la JFCA estamos pidiendo la nulidad de todas las liquidaciones, y si nos dan la razón, quedarán sin efecto, aseguró.
Ayer, cerca del mediodía comenzó en el juzgado primero auxiliar la celebración de la audiencia incidental del juicio. En ella, la juez Coutiño informó a los presentes –Martín Esparza y su cuerpo de abogados, por un lado; funcionarios y agentes del Ministerio Público, por otro– que el cuarto tribunal colegiado en materia laboral respaldó su resolución de la semana pasada (la suspensión provisional).
Después de escuchar a los defensores del SME y de anexar al expediente incidental un escrito de argumentos de las dependencias federales involucradas en el litigio, entre ellas el SAE, la juez dio por concluida la diligencia de recepción de pruebas.
Antes de retirarse a su oficina, la juzgadora aseguró a quienes atestiguaron la audiencia que emitirá el fallo definitivo después de analizar los alegatos expuestos por las partes del litigio.
Les puedo garantizar que resolveré sin ninguna presión de por medio, sostuvo.
En ese contexto, cerca de 3 mil trabajadores –de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal– se manifestaron ayer afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, a partir de las 11 de la mañana. Algunos permanecieron ahí hasta las 22 horas en espera de la resolución definitiva de la juez.
Mientras se realizó la audiencia incidental del litigio, miles de electricistas gritaban consignas contra el gobierno federal desde las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, donde se ubica el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, a cargo de Coutiño Mata.
¡Ay carajo!, sí son muchos, expresó sorprendido un secretario de acuerdos del juzgado cuando escuchó a los trabajadores que coreaban: ¡SME, no estás solo; Martín, no estás solo.
Una vez concluida la audiencia, el líder de los electricistas, Martín Esparza, flanqueado por sus abogados, acompañó a los miles de trabajadores que se apostaron frente a la Cámara de Diputados.
Sí se puede: Raúl Carrancá
Ante los manifestantes, Raúl Carrancá sostuvo: se puede, se ha podido y se podrá; yo como abogado les quiero decir que me siento absolutamente confiado en que la resolución de la autoridad judicial nos va a favorecer. Sería una incongruencia, una contradicción, que la justicia federal, con las pruebas que se entregaron, dijera no (a la suspensión definitiva).
Entre los trabajadores que hicieron uso de la palabra durante el mitin frente al Palacio de Justicia destacó un electricista que lanzó la siguiente advertencia a Guillermina Coutiño: se lo decimos claramente, señora juez: en sus manos está nuestro futuro. En usted confiamos. No se venda ni se doble.
La juez federal Guillermina Coutiño Mata concedió anoche una suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el SME.
Después de una larga jornada de trabajo que se desarrolló entre protestas de unos 3 mil electricistas apostados afuera del juzgado, el fallo emitido por la noche ordena a la JFCA esperar a que la misma juez se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del ordenamiento presidencial que liquidó la empresa el pasado 11 de octubre.
Cerca de las 22:15 horas, el laboralista Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, recibió la notificación en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, adonde un nutrido grupo de electricistas acudió a manifestarse desde las 11 de la mañana.
En entrevista con La Jornada, minutos después de conocer los alcances del fallo judicial, De Buen sostuvo que se trata de una resolución muy importante que oxigena el movimiento sindical.
“La juez –dijo– concedió la suspensión definitiva en vía de amparo para dos efectos: que la junta se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa y que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo”, detalló.
El abogado reconoció que Coutiño Mata no otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades dejen de presionar a los trabajadores y de animarlos a que acepten su liquidación, lo que explica el motivo por el cual anoche, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dio una conferencia de prensa para exhortar a los electricistas a que acudan a cobrar su liquidación.
Carlos de Buen añadió: si bien es cierto que nos negaron la suspensión respecto al punto b (para que se detenga la manipulación y presión contra los electricistas), el caso no está perdido y vamos a irnos a la revisión ante un tribunal colegiado.
Agregó que a partir de esta suspensión definitiva, cualquier liquidación es nula. Si la junta federal no se abstiene de aprobar los convenios de liquidación de los trabajadores y, por el contrario, les brinda su aval y aprueba alguno de ellos, estará violando esta suspensión, lo que es motivo suficiente para fincar responsabilidades penales a la autoridad laboral.
Expresó que si el secretario del Trabajo está negando que la juez también concedió la suspensión definitiva para este efecto (la JFCA no puede reconocer los convenios de liquidación) y si manipula los alcances de esta suspensión para obtener la aprobación a los pagos de liquidaciones, también estará violando la suspensión.
Asimismo, precisó que a partir de la existencia de la suspensión definitiva, que sucederá cuando un trabajador decida cobrar su indemnización antes de que la juez Coutiño resuelva sobre el fondo del amparo, es decir, si, efectivamente, como alega el SME, fue inconstitucional el decreto de extinción de LFC.
Por ejemplo, si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda (SAE) convence al trabajador, y éste se liquida, sería un convenio privado, y ya veremos si el día de mañana se puede echar abajo o no, indicó.
Pero cuando van a la JFCA, que eso es al mismo tiempo, y ésta aprueba esa terminación de trabajo, el organismo estaría violando la suspensión, dijo.
El litigante rechazó que los electricistas que ya recibieron su finiquito carezcan de alguna posibilidad de reinstalarse en su puesto de labores en caso de que el SME gane el amparo de fondo y se reabra LFC.
De ninguna manera están desprotegidos jurídicamente los trabajadores que ya recibieron su liquidación. En la demanda que presentamos este viernes ante la JFCA estamos pidiendo la nulidad de todas las liquidaciones, y si nos dan la razón, quedarán sin efecto, aseguró.
Ayer, cerca del mediodía comenzó en el juzgado primero auxiliar la celebración de la audiencia incidental del juicio. En ella, la juez Coutiño informó a los presentes –Martín Esparza y su cuerpo de abogados, por un lado; funcionarios y agentes del Ministerio Público, por otro– que el cuarto tribunal colegiado en materia laboral respaldó su resolución de la semana pasada (la suspensión provisional).
Después de escuchar a los defensores del SME y de anexar al expediente incidental un escrito de argumentos de las dependencias federales involucradas en el litigio, entre ellas el SAE, la juez dio por concluida la diligencia de recepción de pruebas.
Antes de retirarse a su oficina, la juzgadora aseguró a quienes atestiguaron la audiencia que emitirá el fallo definitivo después de analizar los alegatos expuestos por las partes del litigio.
Les puedo garantizar que resolveré sin ninguna presión de por medio, sostuvo.
En ese contexto, cerca de 3 mil trabajadores –de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal– se manifestaron ayer afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, a partir de las 11 de la mañana. Algunos permanecieron ahí hasta las 22 horas en espera de la resolución definitiva de la juez.
Mientras se realizó la audiencia incidental del litigio, miles de electricistas gritaban consignas contra el gobierno federal desde las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, donde se ubica el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, a cargo de Coutiño Mata.
¡Ay carajo!, sí son muchos, expresó sorprendido un secretario de acuerdos del juzgado cuando escuchó a los trabajadores que coreaban: ¡SME, no estás solo; Martín, no estás solo.
Una vez concluida la audiencia, el líder de los electricistas, Martín Esparza, flanqueado por sus abogados, acompañó a los miles de trabajadores que se apostaron frente a la Cámara de Diputados.
Sí se puede: Raúl Carrancá
Ante los manifestantes, Raúl Carrancá sostuvo: se puede, se ha podido y se podrá; yo como abogado les quiero decir que me siento absolutamente confiado en que la resolución de la autoridad judicial nos va a favorecer. Sería una incongruencia, una contradicción, que la justicia federal, con las pruebas que se entregaron, dijera no (a la suspensión definitiva).
Entre los trabajadores que hicieron uso de la palabra durante el mitin frente al Palacio de Justicia destacó un electricista que lanzó la siguiente advertencia a Guillermina Coutiño: se lo decimos claramente, señora juez: en sus manos está nuestro futuro. En usted confiamos. No se venda ni se doble.
¿SE PUEDE TENER ABSOLUTAMENTE CONCIENCIA TRANQUILA?
Enrique Dussel*
Desde el más alto nivel del Estado mexicano se ha expresado que, ante la decisión política de dejar sin trabajo a 44 mil empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se tiene sin embargo absolutamente conciencia tranquila (La Jornada, 14.10.2009). Desearía reflexionar sobre dicho enunciado desde un punto de vista preciso y estrictamente ético, y muy especialmente porque el funcionario se presenta públicamente como cristiano (y por ello nos viene a la memoria el siguiente texto de un conocido pensador alemán, cuando escribe que la crítica está en su perfecto derecho cuando obliga al Estado o al que “profesa la Biblia como su doctrina en oponerle [a su decisión] las palabras de la Sagrada Escritura, [porque] cae en una dolorosa contradicción […] cuando se enfrenta con aquellas máximas del Evangelio que no sólo no acata, sino que no puede tampoco acatar”1). Mi reflexión se dirige entonces a un amplio público, sean ciudadanos que adoptan posiciones de derecha o de izquierda, aunque argumento principalmente para aquellos que opinan que en política hay principios normativos.
En primer lugar, el corto enunciado habla de absolutamente, o en absoluto. Desde ya debemos indicar que ninguna decisión práctica o política puede ser absoluta en el sentido de cierta. Es decir, la finitud humana y la complejidad prácticamente infinita de toda decisión concreta política impide como un imposible afirmar que sea absolutamente cierta (y ni siquiera puede ser cierta, a la manera de una conclusión matemática, y no porque sea insuficiente o errada sino, simplemente, por su imponderable complejidad). Toda decisión práctica, ética, política por ello puede ser, en el mejor de los casos, efectuada con pretensión de justicia. La palabra pretensión (claim, en inglés; Anspruch, en alemán, y tal como lo ha expuesto K.O. Apel o J. Habemas) indica exactamente que la verdad de los juicios o decisiones prácticas pueden, cuando son honestas, cumplir con las exigencias o los principios estipulados por la moral, pero que nunca pueden alcanzar el grado de certeza de algunas explicaciones científicas (que de todas maneras son falsables), de una verdad inapelable. Si alguien demuestra razonablemente lo contrario de lo decidido con pretensión de justicia, el justo debe corregir el juicio ante el mejor argumento, y permanece por ello en la pretensión de justicia (pero sabiendo que a corto o largo plazo puede demostrarse nuevamente la injusticia de la misma corrección)2. La Biblia, que el mandatario afirma como cristiano como su doctrina, recuerda que el justo peca siete veces por día. Y es justo, porque sabe de su finitud y reconoce con conciencia su pecado cuando se lo reprochan justamente. El injusto, en cambio, no peca nunca, porque tiene ceguera valorativa (diría Max Scheler) ante el efecto negativo de su acto injusto. Es entonces desmesurado y falso que una conciencia pueda estar absolutamente tranquila, o está indicando, simplemente, que no se tiene conciencia moral de lo que se hace, y se dice.
En segundo lugar, la conciencia de la que se habla no es conciencia cognitiva (en alemán Bewusstsein), sino conciencia moral (Gewissen). Los griegos la desconocieron; los egipcios desde hace 45 siglos la describieron en el mito de Osiris, que era un dios que conocía todos los actos humanos, aun los más secretos, y que en el día del juicio final –parte del mito egipcio después recibido por judíos, cristianos y musulmanes–, recordaba a cada uno las injusticias cometidas en su vida3. El actor egipcio de un acto se veía visto por el dios (era ya la conciencia moral que juzga el acto, que lo recrimina o aprueba). La conciencia moral para Tomás de Aquino era una facultad de la razón práctica que aplicaba (applicatio, en latín) los principios universales éticos al caso concreto que la decisión elige (una elección querida y un querer juzgado, decía el Aquinate). Freud le denominó el Super-yo (Ueber-Ich), que remuerde como culpabilidad (que cuando es patológica hay que superarla, pero cuando es justa hay que tenerla en consideración; perder toda culpabilidad puede ser efecto de una insensibilidad moral propia de los cínicos, en su sentido cotidiano). De manera que la conciencia moral puede considerar positiva o meritoriamente una decisión o un acto, o puede reprochar culpablemente un acto injusto.
En ambos casos, sin embargo, nunca se tiene absoluta tranquilidad; es decir, nunca nadie puede estar seguro, tranquilo de la bondad del acto realizado, de que sea ética y objetivamente verdadero (con verdad práctica), ya que por naturaleza toda decisión moral o política es incierta (por la finitud humana, y por la complejidad de las situaciones concretas, complejas). Hasta un Francisco de Asís (tan ponderado por el pensador marxista Antonio Negri, que termina su libro Imperio hablando de aquel ejemplar cristiano medieval, amante de los pobres y siendo él mismo heroicamente pobre) en su lecho de muerte estaba atormentado (nada tranquilo entonces) imaginando el juicio final y temiendo por todas las faltas cometidas en su vida ante su conciencia moral sensible y exigente que se había formado. Nadie puede ante una decisión en la que 44 mil personas pierden su empleo, parte de su vida, no estar animado de un profundo temor y temblor, como diría S. Kierkegaard, el gran pensador danés. Alguien, como Agamenón, el rey que se lanza a la conquista de Troya, se angustia ante el designio trágico griego de tener que inmolar a su hija Ifigenia, que el destino tremendo le obligaba. Pero el mismo Agamenón no tenía la conciencia tranquila al cumplir la voluntad de los dioses, sino que lloraba y gemía por la responsabilidad que afrontaba irremediablemente por ser rey, más allá de su deseo y de su amor paterno por su hija (¿No debería amar con amor de padre a sus hijos el representante que sabe que ha sido elegido para cumplir con la satisfacción de las necesidades de su pueblo, es decir, de los 44 mil miembros del SME?). Aún en el caso que debiera hacerlo hubo de medir sus palabras para que la frialdad de su conciencia no se manifestara en público con la dureza del acero del victimario (y no del amor de Abraham, que no mató a su hijo Isaac, aunque así no cumplía la ley de los semitas que le obligaba, como a Agamenón, a inmolar a su primogénito). ¡Cuánta distancia entre el Abraham de la Biblia que por amor a su hijo no cumplió la ley que le mandaba inmolarlo, al Agamenón que por amor a la ley mató a su hija pero gimiendo y llorando, y a nuestro presente ingrato cuando se deja sin trabajo a ciudadanos con conciencia tranquila! Es la futilidad del mal de la que habla Hannah Arendt, en referencia a la insensibilidad ante sus víctimas de aquel militar alemán que asesinó tantos judíos mostrando indiferencia cuando fue juzgado en Jerusalén.
El que se presenta como cristiano y contradice la Biblia escandaliza. Y dice el fundador del cristianismo (que al menos para el cristiano debe tener sentido): “Y al que escandalice a uno de esos pequeños […] sería mejor que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar” (Marcos 9, 41). ¡Ciertamente, duras palabras!
Escribo esto con el espíritu respetuoso tal como lo hacía Bartolomé de Las Casas, que indicaba al Emperador Carlos V que corría peligro su persona en el día del Juicio (que para el cristiano tiene sentido) por las injusticias que había cometido con los indígenas americanos; porque “para que una enajenación pueda ser legítima –escribía Bartolomé– se requiere el consentimiento (consensus) de todos los interesados”4 (y esto no acontecía en las encomiendas de los quechuas del Perú ni en el caso presente). Y lo escribo porque creo que las decisiones políticas pueden enmendarse. Ya que, en efecto, como los califas y sultanes musulmanes, los reyes del siglo XVI español organizaban disputas filosóficas y teológicas (como la de 1550 en Valladolid, entre Ginés de Sepúlveda y el nombrado Bartolomé sobre el derecho a la conquista) para poder formarse personalmente un juicio ético-político, normativo, ecuánime, justo, sobre una situación concreta compleja, que sin embargo no libraba a esos reyes de los profundos remordimientos y reproches que le lanzaba su conciencia que nunca estaba segura de no ser culpable.
* Filósofo.
1. La cuestión judía (MEW, 1, 359).
2. Toda decisión válida es sin embargo falible, y esto nada tiene que ver con el relativismo.
3. Véase mi obra Política de la Liberación, vol. 1, [7].
4. De regia potestae, II, xxiii, 1.
http://www.enriquedussel.org/
Desde el más alto nivel del Estado mexicano se ha expresado que, ante la decisión política de dejar sin trabajo a 44 mil empleados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se tiene sin embargo absolutamente conciencia tranquila (La Jornada, 14.10.2009). Desearía reflexionar sobre dicho enunciado desde un punto de vista preciso y estrictamente ético, y muy especialmente porque el funcionario se presenta públicamente como cristiano (y por ello nos viene a la memoria el siguiente texto de un conocido pensador alemán, cuando escribe que la crítica está en su perfecto derecho cuando obliga al Estado o al que “profesa la Biblia como su doctrina en oponerle [a su decisión] las palabras de la Sagrada Escritura, [porque] cae en una dolorosa contradicción […] cuando se enfrenta con aquellas máximas del Evangelio que no sólo no acata, sino que no puede tampoco acatar”1). Mi reflexión se dirige entonces a un amplio público, sean ciudadanos que adoptan posiciones de derecha o de izquierda, aunque argumento principalmente para aquellos que opinan que en política hay principios normativos.
En primer lugar, el corto enunciado habla de absolutamente, o en absoluto. Desde ya debemos indicar que ninguna decisión práctica o política puede ser absoluta en el sentido de cierta. Es decir, la finitud humana y la complejidad prácticamente infinita de toda decisión concreta política impide como un imposible afirmar que sea absolutamente cierta (y ni siquiera puede ser cierta, a la manera de una conclusión matemática, y no porque sea insuficiente o errada sino, simplemente, por su imponderable complejidad). Toda decisión práctica, ética, política por ello puede ser, en el mejor de los casos, efectuada con pretensión de justicia. La palabra pretensión (claim, en inglés; Anspruch, en alemán, y tal como lo ha expuesto K.O. Apel o J. Habemas) indica exactamente que la verdad de los juicios o decisiones prácticas pueden, cuando son honestas, cumplir con las exigencias o los principios estipulados por la moral, pero que nunca pueden alcanzar el grado de certeza de algunas explicaciones científicas (que de todas maneras son falsables), de una verdad inapelable. Si alguien demuestra razonablemente lo contrario de lo decidido con pretensión de justicia, el justo debe corregir el juicio ante el mejor argumento, y permanece por ello en la pretensión de justicia (pero sabiendo que a corto o largo plazo puede demostrarse nuevamente la injusticia de la misma corrección)2. La Biblia, que el mandatario afirma como cristiano como su doctrina, recuerda que el justo peca siete veces por día. Y es justo, porque sabe de su finitud y reconoce con conciencia su pecado cuando se lo reprochan justamente. El injusto, en cambio, no peca nunca, porque tiene ceguera valorativa (diría Max Scheler) ante el efecto negativo de su acto injusto. Es entonces desmesurado y falso que una conciencia pueda estar absolutamente tranquila, o está indicando, simplemente, que no se tiene conciencia moral de lo que se hace, y se dice.
En segundo lugar, la conciencia de la que se habla no es conciencia cognitiva (en alemán Bewusstsein), sino conciencia moral (Gewissen). Los griegos la desconocieron; los egipcios desde hace 45 siglos la describieron en el mito de Osiris, que era un dios que conocía todos los actos humanos, aun los más secretos, y que en el día del juicio final –parte del mito egipcio después recibido por judíos, cristianos y musulmanes–, recordaba a cada uno las injusticias cometidas en su vida3. El actor egipcio de un acto se veía visto por el dios (era ya la conciencia moral que juzga el acto, que lo recrimina o aprueba). La conciencia moral para Tomás de Aquino era una facultad de la razón práctica que aplicaba (applicatio, en latín) los principios universales éticos al caso concreto que la decisión elige (una elección querida y un querer juzgado, decía el Aquinate). Freud le denominó el Super-yo (Ueber-Ich), que remuerde como culpabilidad (que cuando es patológica hay que superarla, pero cuando es justa hay que tenerla en consideración; perder toda culpabilidad puede ser efecto de una insensibilidad moral propia de los cínicos, en su sentido cotidiano). De manera que la conciencia moral puede considerar positiva o meritoriamente una decisión o un acto, o puede reprochar culpablemente un acto injusto.
En ambos casos, sin embargo, nunca se tiene absoluta tranquilidad; es decir, nunca nadie puede estar seguro, tranquilo de la bondad del acto realizado, de que sea ética y objetivamente verdadero (con verdad práctica), ya que por naturaleza toda decisión moral o política es incierta (por la finitud humana, y por la complejidad de las situaciones concretas, complejas). Hasta un Francisco de Asís (tan ponderado por el pensador marxista Antonio Negri, que termina su libro Imperio hablando de aquel ejemplar cristiano medieval, amante de los pobres y siendo él mismo heroicamente pobre) en su lecho de muerte estaba atormentado (nada tranquilo entonces) imaginando el juicio final y temiendo por todas las faltas cometidas en su vida ante su conciencia moral sensible y exigente que se había formado. Nadie puede ante una decisión en la que 44 mil personas pierden su empleo, parte de su vida, no estar animado de un profundo temor y temblor, como diría S. Kierkegaard, el gran pensador danés. Alguien, como Agamenón, el rey que se lanza a la conquista de Troya, se angustia ante el designio trágico griego de tener que inmolar a su hija Ifigenia, que el destino tremendo le obligaba. Pero el mismo Agamenón no tenía la conciencia tranquila al cumplir la voluntad de los dioses, sino que lloraba y gemía por la responsabilidad que afrontaba irremediablemente por ser rey, más allá de su deseo y de su amor paterno por su hija (¿No debería amar con amor de padre a sus hijos el representante que sabe que ha sido elegido para cumplir con la satisfacción de las necesidades de su pueblo, es decir, de los 44 mil miembros del SME?). Aún en el caso que debiera hacerlo hubo de medir sus palabras para que la frialdad de su conciencia no se manifestara en público con la dureza del acero del victimario (y no del amor de Abraham, que no mató a su hijo Isaac, aunque así no cumplía la ley de los semitas que le obligaba, como a Agamenón, a inmolar a su primogénito). ¡Cuánta distancia entre el Abraham de la Biblia que por amor a su hijo no cumplió la ley que le mandaba inmolarlo, al Agamenón que por amor a la ley mató a su hija pero gimiendo y llorando, y a nuestro presente ingrato cuando se deja sin trabajo a ciudadanos con conciencia tranquila! Es la futilidad del mal de la que habla Hannah Arendt, en referencia a la insensibilidad ante sus víctimas de aquel militar alemán que asesinó tantos judíos mostrando indiferencia cuando fue juzgado en Jerusalén.
El que se presenta como cristiano y contradice la Biblia escandaliza. Y dice el fundador del cristianismo (que al menos para el cristiano debe tener sentido): “Y al que escandalice a uno de esos pequeños […] sería mejor que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar” (Marcos 9, 41). ¡Ciertamente, duras palabras!
Escribo esto con el espíritu respetuoso tal como lo hacía Bartolomé de Las Casas, que indicaba al Emperador Carlos V que corría peligro su persona en el día del Juicio (que para el cristiano tiene sentido) por las injusticias que había cometido con los indígenas americanos; porque “para que una enajenación pueda ser legítima –escribía Bartolomé– se requiere el consentimiento (consensus) de todos los interesados”4 (y esto no acontecía en las encomiendas de los quechuas del Perú ni en el caso presente). Y lo escribo porque creo que las decisiones políticas pueden enmendarse. Ya que, en efecto, como los califas y sultanes musulmanes, los reyes del siglo XVI español organizaban disputas filosóficas y teológicas (como la de 1550 en Valladolid, entre Ginés de Sepúlveda y el nombrado Bartolomé sobre el derecho a la conquista) para poder formarse personalmente un juicio ético-político, normativo, ecuánime, justo, sobre una situación concreta compleja, que sin embargo no libraba a esos reyes de los profundos remordimientos y reproches que le lanzaba su conciencia que nunca estaba segura de no ser culpable.
* Filósofo.
1. La cuestión judía (MEW, 1, 359).
2. Toda decisión válida es sin embargo falible, y esto nada tiene que ver con el relativismo.
3. Véase mi obra Política de la Liberación, vol. 1, [7].
4. De regia potestae, II, xxiii, 1.
http://www.enriquedussel.org/
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