Álvaro Delgado
MÉXICO, D,F., 8 de febrero (apro).- La investidura que Felipe Calderón ostenta no le da derecho a la calumnia ni su ignorancia es atenuante para la infamia contra los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya memoria mancilló de manera vil.
Debe pedir perdón a las víctimas y a sus dolientes, pero también a la nación entera que ha sido ofendida.
Si no tiene valentía de ir a esa ciudad ensangrentada, emblema del fracaso de su parcial “guerra” contra el narcotráfico, que se retracte de la bajeza que cometió desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, donde se guarece con la tropa.
Pero que lo haga sin simulaciones: Que públicamente confiese a las madres y familiares de los jóvenes asesinados el sábado 30 de enero que fue una estupidez atribuir el crimen de Villas de Salvárcar a una rivalidad entre pandillas de las que, según él, formaban parte.
Porque con el mismo impudor que lo hizo Fernando Gómez Mont, el pendenciero secretario de Gobernación que este lunes ofreció en Juárez que habría una disculpa pública, Calderón no consideró siquiera la presunción de inocencia de los muchachos en su declaración emitida desde Japón, tres días después de los hechos.
“No sabemos qué haya ocurrido ahí: Si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes, o si esto refleja una lógica de pandillas o bandas criminales, que de suyo ya es una expresión de descomposición o de deterioro social muy preocupante.”
Así, para ese individuo, cualquiera de las dos variantes de esta ecuación arroja el mismo resultado: Los 16 jóvenes abatidos con balas de AK-47 y R-15, mientras disfrutaban carne asada en un domicilio particular, son criminales.
Aun si los muchachos hubiesen sido pandilleros, como los hay en cientos en tanto víctimas de la marginación, Calderón y Gómez Mont tampoco tienen derecho a justificar por ello la masacre, como lo ha hecho con al menos otras dos ocurridas en septiembre del año pasado, en las que fueron acribillados más de 30 adictos en dos centros de rehabilitación.
Por ello, tolerar no sólo el juvenicidio en Juárez sino la calumnia, sobre todo de quien se autodenomina jefe de Estado --ya se sabe que ilegítimamente--, implica convalidar el proceso de decadencia que sufre la nación, en la que, desde el poder, se han invertido los valores y las categorías, incluyendo las jurídicas.
Las víctimas pasan a ser delincuentes y los criminales gozan de un aura de santidad, algo inaceptable para quien tenga respeto por sí mismo. Menos aceptable es que la propia autoridad, con todo su poder, proceda contra inocentes sólo con afanes electorales o, por ineptitud, libere a bandoleros.
Y esto es lo que ha ocurrido en otro episodio de vergüenza del gobierno de Calderón: La liberación de 12 funcionarios y exfuncionarios de Michoacán que hace ocho meses --justo en el proceso electoral-- fueron capturados por fuerzas federales, exhibidos con vestimenta amarilla y sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada.
Ahora que están libres, el muy personalísimo representante de Calderón, Gómez Mont, regatea ya no sólo una disculpa a los acusados, sino la propia presunción de inocencia. La falta de pruebas, dice, no quiere decir que los liberados sean inocentes. ¡Vaya lógica de quien es, junto con Diego Fernández de Cevallos, de los litigantes más costosos de México!
Pero, además, ese talante de Gómez Mont es la confesión nítida de la ineptitud: Con todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos de las policías y procuraduría federales, así como los “soplones” del crimen organizado acogidos al programa de testigos protegidos, no fueron capaces de probar que esos funcionarios están coludidos con el crimen y, si lo están, los dejaron impunes.
¡Vaya papelazo!
En fin, qué se puede esperar de un gobierno encabezado por alguien que confunde la Biblia con la Constitución y asegura que en ésta se “habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, argumento principal para que, en complicidad con el clero, su gobierno pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la unión entre personas del mismo sexo.
¡Ya ni los más obtusos panistas ni sus jilgueros en los medios son capaces de defender tales aberraciones!
Apuntes
Que no se olvide: El gasolinazo, promovido por Calderón, es permanente: Apenas el sábado se produjo el cuarto aumento en poco más de un mes. Así, la Magna, la que más se consume en México, subió 8 centavos (costará ahora 7.96 pesos por litro), 4 la Premium (9.70) y 8 el diesel (8.32 pesos el litro)… La politiquería y la incompetencia que han arrojado tantas muertes en Juárez, no sólo los jóvenes, también se ha impuesto en el marco de las inundaciones en zonas del Valle de México. Calderón y su golpeador José Luis Luege maniobran para cachar votos. Estos ejemplares del PAN son los nuevos aliados del PRD…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
lunes, 8 de febrero de 2010
MÉXICO SA
México, paraíso para consorcios mineros
Cabilderos de la oligarquía
Daños ecológicos, deforestación, contaminación de cuencas y más
Carlos Fernández-Vega
Allá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor, en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente”.
Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus “cabilderos” –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos”, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se “incrementaron” a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).
Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).
De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.
“Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable”. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.
A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que “son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente”.
La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. “Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?
Las rebanadas del pastel
En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre “un desastre natural” y “una emergencia”, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario “ya dijo” que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que “vote” en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de “decir”, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que “ya dijo”. ¿Y? Así es: los legisladores tricolores también “dijeron” y ya ven.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Cabilderos de la oligarquía
Daños ecológicos, deforestación, contaminación de cuencas y más
Carlos Fernández-Vega
Allá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor, en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, “cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente”.
Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus “cabilderos” –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: “regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos”, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se “incrementaron” a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).
Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).
De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.
“Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable”. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.
A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que “son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente”.
La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. “Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen”. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?
Las rebanadas del pastel
En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre “un desastre natural” y “una emergencia”, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario “ya dijo” que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que “vote” en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de “decir”, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que “ya dijo”. ¿Y? Así es: los legisladores tricolores también “dijeron” y ya ven.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
EL ZIGZAGUEO ES FATAL EN POLÍTICA; NO HAY QUE MOVERSE NI SIQUIERA AL CENTRO: AMLO
Pide calma al pueblo, pues de todos modos “el cambio llegará” y será de abajo arriba
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 8 de febrero de 2010, p. 13
Zihuatanejo, Gro., 7 de febrero. Andrés Manuel López Obrador pidió “calma al pueblo”, porque de todos modos el cambio llegará, “pero ahora necesariamente tendrá que ser de abajo hacia arriba, y si no llega en 2012 de todos modos ya dejamos sembrada la semilla para seguir luchando hasta lograr el cambio, porque sólo el pueblo salva al pueblo”.
El tabasqueño fue recibido por unos 600 simpatizantes de los siete municipios de la Costa Grande de Guerrero, que abarrotaron un salón de eventos en este puerto. Antes, en entrevista, el ex candidato presidencial destacó la situación política en la entidad a un año de las elecciones para gobernador, y de lo peligroso que sería el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, en especial del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, si bien “no hace falta que regrese (Figueroa), porque los del PRI son iguales es como el caso de (Carlos) Salinas de Gortari, porque aplican el salinismo como política y los priístas de la entidad son sus alumnos”. Sostuvo que los priístas “quieren apoderarse de nuevo de Guerrero, y eso sería muy lamentable. Confío en la tradición de lucha de los guerrerenses es un pueblo amante de la libertad y la justicia, y un pueblo avispado que no se deja”.
Insistió en que no está de acuerdo con que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia se alíen con el PRI o Acción Nacional, que a su ver “son lo mismo. Yo no comparto una alianza, creo que la izquierda debe ser consecuente y anclarnos en lo que somos y no desdibujarnos, porque el zigzagueo en política es fatal, nada de movernos ni siquiera al centro, porque yo coincido con (Melchor) Ocampo: los moderados no son más que conservadores más despiertos”.
López Obrador reiteró que para resolver la violencia en México “hay que atacar las causas que originaron esta descomposición social; de entrada cambiar la política económica para que se generen empleos, y bienestar para la gente, y sobre todo atender a los jóvenes, a los que se les ha cerrado las puertas del trabajo y la educación.
“El problema fue que (Felipe Calderón) primero le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, y nos metió en una situación muy difícil. Hace unos días, después de tres años y 18 mil asesinatos, reconoció que se había equivocado”, precisó. Consideró que el hecho de que en lugar del Ejército Mexicano ahora se utilice a la Marina demuestra que “ha estado mal la estrategia, y Calderón es tan débil políticamente que ha abdicado a su responsabilidad, y eso ha dado pie a que se actúe más de la cuenta desde el extranjero, no queremos ser colonia de ningún país, incluso ya hasta los que lo impusieron (a Calderón) lo hicieron a un lado, ya se volvió deporte nacional criticarlo”.
Recordó que hace unos días envió un punto de vista al embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, “porque ya estaba declarando un día sí y el otro también sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos, porque somos un país independiente y soberano, y le mandé decir que no abusaran de la debilidad de Calderón”, y que “no estuvieran insinuando abiertamente con tanto desparpajo que la política de seguridad la estuvieran manejando en Estados Unidos”.
También insistió en que se bajen 50 por ciento los salarios de los servidores públicos, que se acabe con los privilegios; “es un gobierno mantenido y bueno para nada. El país ya no está para cambios cosméticos, para maquillaje y simulación, y para ello es fundamental organizar al pueblo”.
Posteriormente, reunido con perredistas de siete municipios de la Costa Grande que conforman los comités coordinadores municipales y seccionales del “gobierno legítimo”, dijo que “en este momento no es la cuestión electoral la que nos debe preocupar, sino cómo organizarnos para lograr el cambio pacífico y la transformación del país, pero ahora de abajo hacia arriba”.
Recordó que visitó 2 mil 38 municipios del país, incluidos 418 municipios indígenas de Oaxaca, y sostuvo que más de 15 mil ciudadanos dirigen los comités municipales del “gobierno legítimo”.
También pidió a los asistentes no creer lo que los medios de comunicación al servicio de Felipe Calderón dicen sobre la mejoría en la situación económica, pues “la crisis no es pasajera. Esto ya se perdió debido a tanta corrupción, ya no da para más, por eso es necesaria una renovación tajante de la vida pública, y el cambio será de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo”.
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 8 de febrero de 2010, p. 13
Zihuatanejo, Gro., 7 de febrero. Andrés Manuel López Obrador pidió “calma al pueblo”, porque de todos modos el cambio llegará, “pero ahora necesariamente tendrá que ser de abajo hacia arriba, y si no llega en 2012 de todos modos ya dejamos sembrada la semilla para seguir luchando hasta lograr el cambio, porque sólo el pueblo salva al pueblo”.
El tabasqueño fue recibido por unos 600 simpatizantes de los siete municipios de la Costa Grande de Guerrero, que abarrotaron un salón de eventos en este puerto. Antes, en entrevista, el ex candidato presidencial destacó la situación política en la entidad a un año de las elecciones para gobernador, y de lo peligroso que sería el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, en especial del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, si bien “no hace falta que regrese (Figueroa), porque los del PRI son iguales es como el caso de (Carlos) Salinas de Gortari, porque aplican el salinismo como política y los priístas de la entidad son sus alumnos”. Sostuvo que los priístas “quieren apoderarse de nuevo de Guerrero, y eso sería muy lamentable. Confío en la tradición de lucha de los guerrerenses es un pueblo amante de la libertad y la justicia, y un pueblo avispado que no se deja”.
Insistió en que no está de acuerdo con que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia se alíen con el PRI o Acción Nacional, que a su ver “son lo mismo. Yo no comparto una alianza, creo que la izquierda debe ser consecuente y anclarnos en lo que somos y no desdibujarnos, porque el zigzagueo en política es fatal, nada de movernos ni siquiera al centro, porque yo coincido con (Melchor) Ocampo: los moderados no son más que conservadores más despiertos”.
López Obrador reiteró que para resolver la violencia en México “hay que atacar las causas que originaron esta descomposición social; de entrada cambiar la política económica para que se generen empleos, y bienestar para la gente, y sobre todo atender a los jóvenes, a los que se les ha cerrado las puertas del trabajo y la educación.
“El problema fue que (Felipe Calderón) primero le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, y nos metió en una situación muy difícil. Hace unos días, después de tres años y 18 mil asesinatos, reconoció que se había equivocado”, precisó. Consideró que el hecho de que en lugar del Ejército Mexicano ahora se utilice a la Marina demuestra que “ha estado mal la estrategia, y Calderón es tan débil políticamente que ha abdicado a su responsabilidad, y eso ha dado pie a que se actúe más de la cuenta desde el extranjero, no queremos ser colonia de ningún país, incluso ya hasta los que lo impusieron (a Calderón) lo hicieron a un lado, ya se volvió deporte nacional criticarlo”.
Recordó que hace unos días envió un punto de vista al embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, “porque ya estaba declarando un día sí y el otro también sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos, porque somos un país independiente y soberano, y le mandé decir que no abusaran de la debilidad de Calderón”, y que “no estuvieran insinuando abiertamente con tanto desparpajo que la política de seguridad la estuvieran manejando en Estados Unidos”.
También insistió en que se bajen 50 por ciento los salarios de los servidores públicos, que se acabe con los privilegios; “es un gobierno mantenido y bueno para nada. El país ya no está para cambios cosméticos, para maquillaje y simulación, y para ello es fundamental organizar al pueblo”.
Posteriormente, reunido con perredistas de siete municipios de la Costa Grande que conforman los comités coordinadores municipales y seccionales del “gobierno legítimo”, dijo que “en este momento no es la cuestión electoral la que nos debe preocupar, sino cómo organizarnos para lograr el cambio pacífico y la transformación del país, pero ahora de abajo hacia arriba”.
Recordó que visitó 2 mil 38 municipios del país, incluidos 418 municipios indígenas de Oaxaca, y sostuvo que más de 15 mil ciudadanos dirigen los comités municipales del “gobierno legítimo”.
También pidió a los asistentes no creer lo que los medios de comunicación al servicio de Felipe Calderón dicen sobre la mejoría en la situación económica, pues “la crisis no es pasajera. Esto ya se perdió debido a tanta corrupción, ya no da para más, por eso es necesaria una renovación tajante de la vida pública, y el cambio será de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo”.
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