Monsanto, Dow y Pioneer lo sembrarán en Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila.
Angélica Enciso y Matilde Pérez Publicado: 21/10/2009 17:58
En conferencia de prensa, Juan Rafael Elvira, secretario de Medio Ambiente, y Enrique Sánchez, titular de Senasica. Notimex
México, DF. Hasta ahora se han entregado 15 permisos de cultivo experimental de maíz transgénico a las empresas Monsanto, Dows y Pioneer para realizarse en campos de Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, informó Juan Elvira, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En conferencia de prensa acompañado por el titular de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), defendió el otorgamiento de las autorizaciones: “no somos solapadores y esto se hace con la mayor de las responsabilidades".
Al preguntarles a Elvira Quesada y Enrique Sánchez Cruz sobre la ubicación de los predios donde se llevará a cabo esta práctica, únicamente atinaron a decir que dichos datos se pueden consultar por Internet.
En riesgo, un bien público más importante que el petróleo: científica
El otorgamiento tales permisos por parte del gobierno suscitó entre especialistas en la materia reacciones en contra. Para Elena Alvarez Buylla, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el Ejecutivo no puede ocultar que la autorización para la siembra experimental de maíz transgénico favorece a Monsanto; es una decisión que indigna a la comunidad científica.
En conferencia de prensa asentó que se pone en riesgo un bien público más importante que el petróleo; “espero que el titular de Semarnat renuncie porque se dejó presionar por los agentes de esa empresa y no atendió los argumentos científicos”.
miércoles, 21 de octubre de 2009
EL SME Y EL CINISMO DE CÓRDOVA
El SME y el cinismo de Córdova
El conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y la liquidación de Luz y Fuerza del Centro están plagados de cinismo y clasismo de los gobiernos de derecha. Todos los secretarios participan en este coro. La aportación al cinismo del secretario de Salud, José Ángel Córdova, fue recomendar a los trabajadores aplicar (sic) al Seguro Popular ante la pérdida de los servicios del IMSS a causa de su ilegal despido.
Es una propuesta desvergonzada porque Córdova sabe que los servicios médicos prestados por el Seguro Popular están muy por debajo de la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad del IMSS. Es más, prácticamente todos los tratamientos de alto costo no están en el Seguro Popular. No está el infarto del miocardio, no está el accidente vascular, no están la mayoría de los cánceres, no están todas las complicaciones de la diabetes, no están los accidentes graves y muchos padecimientos más. En cambio el doctor no propuso cancelar el seguro privado de los altos funcionarios de su secretaría para que se atiendan en el ISSSTE. Las convicciones clasistas quedan al descubierto. ¿Cómo van a atenderse con los trabajadores los altos funcionarios si somos mejores y nuestras vidas valen más?
En su afán ahorrador, Córdova ha presentado una modificación a la ley para que se disminuyan los recursos transferidos al Seguro Popular. Alega que estas transferencias se calculaban sobre la base de 4.3 personas por familia pero sólo son 3 personas en promedio. Si se aprueba la iniciativa de modificación se transferirán recursos estrictamente para el número de personas afiliadas. Esto significa una reducción en un tercio del presupuesto anterior a pesar de que nunca fue suficiente para cumplir sus obligaciones.
Contrario a lo que se dice, la lucha del SME es por el cumplimiento de la ley y por los derechos sociales garantizadas por ella.
secretariasaludgl@gmail.com
El conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y la liquidación de Luz y Fuerza del Centro están plagados de cinismo y clasismo de los gobiernos de derecha. Todos los secretarios participan en este coro. La aportación al cinismo del secretario de Salud, José Ángel Córdova, fue recomendar a los trabajadores aplicar (sic) al Seguro Popular ante la pérdida de los servicios del IMSS a causa de su ilegal despido.
Es una propuesta desvergonzada porque Córdova sabe que los servicios médicos prestados por el Seguro Popular están muy por debajo de la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad del IMSS. Es más, prácticamente todos los tratamientos de alto costo no están en el Seguro Popular. No está el infarto del miocardio, no está el accidente vascular, no están la mayoría de los cánceres, no están todas las complicaciones de la diabetes, no están los accidentes graves y muchos padecimientos más. En cambio el doctor no propuso cancelar el seguro privado de los altos funcionarios de su secretaría para que se atiendan en el ISSSTE. Las convicciones clasistas quedan al descubierto. ¿Cómo van a atenderse con los trabajadores los altos funcionarios si somos mejores y nuestras vidas valen más?
En su afán ahorrador, Córdova ha presentado una modificación a la ley para que se disminuyan los recursos transferidos al Seguro Popular. Alega que estas transferencias se calculaban sobre la base de 4.3 personas por familia pero sólo son 3 personas en promedio. Si se aprueba la iniciativa de modificación se transferirán recursos estrictamente para el número de personas afiliadas. Esto significa una reducción en un tercio del presupuesto anterior a pesar de que nunca fue suficiente para cumplir sus obligaciones.
Contrario a lo que se dice, la lucha del SME es por el cumplimiento de la ley y por los derechos sociales garantizadas por ella.
secretariasaludgl@gmail.com
LEVANTA DEDOS COAHUILENSES TRAIDORES
Listas de diputados que votaron a favor del nuevo aumento de 16% al IVA y le dieron la espalda al pueblo coahuilenses y a México. Los que se olvidaron de sus promesas de campaña:
los diputados priistas coahuilenses: blanca nieves, el principe y los 7 enanos.
quien es blanca nieves, el principe y los 7 enanos?, cada quien saque sus conclusiones
Fernández Aguirre Héctor Dtto. 6
Flores Escalera Hilda Esthela Circ. 2
Franco López Héctor Dtto. 7
Martínez González Hugo Héctor Dtto. 2
Medina Ramírez Tereso Circ. 2
Moreira Valdez Rubén Ignacio Dtto. 4
Riquelme Solís Miguel Ángel Dtto. 5
Sánchez de la Fuente Melchor Dtto. 3
Saracho Navarro Francisco Dtto. 1
Estos perdieron pero votaron como si hubieran sido elegidos:
Nueva alianza
Martinez Pe?a Elsa Maria
PAN
Vives Preciado Tomasa
Ramírez Rangel Jesús
RCG FELÍZ!!!!
los diputados priistas coahuilenses: blanca nieves, el principe y los 7 enanos.
quien es blanca nieves, el principe y los 7 enanos?, cada quien saque sus conclusiones
Fernández Aguirre Héctor Dtto. 6
Flores Escalera Hilda Esthela Circ. 2
Franco López Héctor Dtto. 7
Martínez González Hugo Héctor Dtto. 2
Medina Ramírez Tereso Circ. 2
Moreira Valdez Rubén Ignacio Dtto. 4
Riquelme Solís Miguel Ángel Dtto. 5
Sánchez de la Fuente Melchor Dtto. 3
Saracho Navarro Francisco Dtto. 1
Estos perdieron pero votaron como si hubieran sido elegidos:
Nueva alianza
Martinez Pe?a Elsa Maria
PAN
Vives Preciado Tomasa
Ramírez Rangel Jesús
RCG FELÍZ!!!!
JURISTAS DEMANDAN A DIPUTADOS PRESENTAR CONTROVERSIA POR LYFC
Campos Linas sostuvo que los litigantes no pueden permanecer indiferentes ante los atropellos a la legalidad, y ante la nueva burla que representan los ofrecimientos a los empleados electricistas para estudiar inglés, "como si se tratara de enviarlos de ilegales o colocarlos como botones de los hoteles de lujo".
Destacó que la actitud del gobierno, de pretender suprimir los derechos de los trabajadores mediante un decreto y aplastar a un sindicato, "golpea el principio básico de la estabilidad en el empleo y con ello se comienza a demoler el carácter social y tutelar de nuestro derecho al trabajo
Cerca de 500 litigantes laborales, del Frente Amplio de Abogados en Defensa del SME piden revisar la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido injustificado de trabajadores
Julián Sánchez
El Universal Ciudad de México Miércoles 21 de octubre de 2009 14:49
Cerca de 500 litigantes laborales, del Frente Amplio de Abogados en Defensa del SME, acordaron presentar este jueves un documento con las bases jurídicas que obligan a la Cámara de Diputados a presentar una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), así como el despido injustificado de trabajadores.
Durante un foro encabezado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Jesús Campos Linas, se estableció preparar una denuncia penal en contra del presidente Felipe Calderón, por considerar que traicionó a la patria y violó el artículo 123 constitucional, así como los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia laboral. ".
Argumentó que en una lectura al artículo 73, fracción décima de la Carta Magna, se confirma que es facultad exclusiva del Congreso legislar en materia de energía.
Por ello, insistió, el referido decreto constituye una injustificada invasión de las facultades del Congreso por parte del Ejecutivo federal y por lo mismo se encuentra afectado de nulidad.
El maestro emérito de la UNAM, Alfredo Sánchez Alvarado, dijo por su parte que "un señor que tuvo la osadía de entrar por atrás al Congreso de la Unión, llegó porque le era urgente protestar y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan".
Sin embargo, continuó, se vea de cualquier óptica, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro se lesionó el derecho de los trabajadores y se atentó contra la libertad sindical.
El doctor constitucionalista, Raúl Jiménez Vázquez, habló sobre la invalidez jurídica del decreto de extinción de LyFC y argumentó que para poder haber llevado este decreto se debió haber observado las mismas formalidades jurídicas inherentes al proceso de su creación y normalidad.
Dijo que primero se tuvo que promover la derogación del artículo cuarto transitorio de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y después abrogar el decreto presidencial de l994.
Por tanto, resaltó, el decreto del 11 de octubre de 2009 está en conflicto con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley emitida formal por el Congreso.
Este principio se prevé en el artículo 89 constitucional y "al no haberse promovido la derogación del artículo cuarto es evidente que el Ejecutivo federal usurpó, invadió, sin causa o motivo jurídico las facultades del Congreso de la Unión".
Por ello, señaló que hubo un desvío de poder del jefe del Ejecutivo al decretar la extinción de LyFC, lo cual está previsto en el artículo tercero, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ahí se marca que el acto administrativo, incluyendo reglamentos y decretos, debe cumplir con la finalidad de interés público, sin que pueda perseguirse otros fines distintos.
Por ello, hay argumentos jurídicos para presentar una controversia constitucional para echar abajo el decreto de extinción de LyFC.
El jurista Luis Javier Garrido Plata, planteó un juicio político contra el presiente Felipe Calderón, por el delito de indebido ejercicio del servicio público, toda vez que teniendo conocimiento de que se está causando un grave daño a los intereses o patrimonio de una entidad no informó al superior o no lo invalidó, pues en el decreto se expresa que la situación de la empresa era de conocimiento desde años antes
Destacó que la actitud del gobierno, de pretender suprimir los derechos de los trabajadores mediante un decreto y aplastar a un sindicato, "golpea el principio básico de la estabilidad en el empleo y con ello se comienza a demoler el carácter social y tutelar de nuestro derecho al trabajo
Cerca de 500 litigantes laborales, del Frente Amplio de Abogados en Defensa del SME piden revisar la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido injustificado de trabajadores
Julián Sánchez
El Universal Ciudad de México Miércoles 21 de octubre de 2009 14:49
Cerca de 500 litigantes laborales, del Frente Amplio de Abogados en Defensa del SME, acordaron presentar este jueves un documento con las bases jurídicas que obligan a la Cámara de Diputados a presentar una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), así como el despido injustificado de trabajadores.
Durante un foro encabezado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Jesús Campos Linas, se estableció preparar una denuncia penal en contra del presidente Felipe Calderón, por considerar que traicionó a la patria y violó el artículo 123 constitucional, así como los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia laboral. ".
Argumentó que en una lectura al artículo 73, fracción décima de la Carta Magna, se confirma que es facultad exclusiva del Congreso legislar en materia de energía.
Por ello, insistió, el referido decreto constituye una injustificada invasión de las facultades del Congreso por parte del Ejecutivo federal y por lo mismo se encuentra afectado de nulidad.
El maestro emérito de la UNAM, Alfredo Sánchez Alvarado, dijo por su parte que "un señor que tuvo la osadía de entrar por atrás al Congreso de la Unión, llegó porque le era urgente protestar y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan".
Sin embargo, continuó, se vea de cualquier óptica, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro se lesionó el derecho de los trabajadores y se atentó contra la libertad sindical.
El doctor constitucionalista, Raúl Jiménez Vázquez, habló sobre la invalidez jurídica del decreto de extinción de LyFC y argumentó que para poder haber llevado este decreto se debió haber observado las mismas formalidades jurídicas inherentes al proceso de su creación y normalidad.
Dijo que primero se tuvo que promover la derogación del artículo cuarto transitorio de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y después abrogar el decreto presidencial de l994.
Por tanto, resaltó, el decreto del 11 de octubre de 2009 está en conflicto con el principio de subordinación de la norma secundaria a la ley emitida formal por el Congreso.
Este principio se prevé en el artículo 89 constitucional y "al no haberse promovido la derogación del artículo cuarto es evidente que el Ejecutivo federal usurpó, invadió, sin causa o motivo jurídico las facultades del Congreso de la Unión".
Por ello, señaló que hubo un desvío de poder del jefe del Ejecutivo al decretar la extinción de LyFC, lo cual está previsto en el artículo tercero, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ahí se marca que el acto administrativo, incluyendo reglamentos y decretos, debe cumplir con la finalidad de interés público, sin que pueda perseguirse otros fines distintos.
Por ello, hay argumentos jurídicos para presentar una controversia constitucional para echar abajo el decreto de extinción de LyFC.
El jurista Luis Javier Garrido Plata, planteó un juicio político contra el presiente Felipe Calderón, por el delito de indebido ejercicio del servicio público, toda vez que teniendo conocimiento de que se está causando un grave daño a los intereses o patrimonio de una entidad no informó al superior o no lo invalidó, pues en el decreto se expresa que la situación de la empresa era de conocimiento desde años antes
IMPUESTOS PARA LA POBLACIÓN, BENEFICIOS PARA LAS TELEVISORAS
Jesusa Cervantes
Y mientras la población en general deberá pagar nuevos impuestos y encarar incrementos en todos sus insumos, a los grandes empresarios del ramo de las telecomunicaciones, como las televisoras, se les dispensará el total del pago de sus obligaciones fiscales. Por ejemplo, en el 2010, luego de licitar las nuevas concesiones de fibra óptica a las grandes televisoras para que puedan ofrecer el "triple y total play" --servicios de voz, datos y audio, y a través del cual el gobierno federal pretende obtener un ingreso de 45 mil millones de pesos--, a éstas no se les cobrará un solo peso en el primer año y, en el siguiente lustro, sólo se les exigirá el pago de pequeños porcentajes, y nunca el ciento por ciento del valor de ese derecho.
SI LOS ELECTRICISTAS NO USAN LA FUERZA DE MASAS POR MIEDO, LES BAJARÁN HASTA LOS PANTALONES
Pedro Echeverría V.
1. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –institución de salud que desde 1943 debería estar al servicio de los trabajadores- retiró la atención médica y todos los servicios a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), denunció el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sostuvo que ayer mismo solicitó una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que ni siquiera se atiende a empleados que recibían tratamientos especiales, como diálisis y hemodiálisis, por lo que se ha puesto en riesgo su salud y su vida. ¿Espera acaso el SME, con 42 mil cesados, que el gobierno antiobrero los mate lentamente de hambre? ¿Qué esperan para bloquear instituciones con el apoyo de otras fuerzas de trabajadores? El gobierno sabe que golpeando debilita y en el llamado “diálogo” puede imponerse.
2. ¿Olvidan los del SME que esta es una dictadura de clase, de grandes empresarios y gobierno hoy encabezados por el PAN del ilegítimo Calderón? ¿Les cabe todavía en la mente, como obreros, la ingenuidad que les haga pensar el que el presidente Calderón, el secretario de Gobernación o el del Trabajo, se conduelan y den pasos atrás retirando el decreto de desaparición de la empresa? ¿Siguen creyendo en que la virgen de Guadalupe o los santos reyes serán superiores a los poderosos intereses de Calderón y las transnacionales que buscan la inmediata privatización de toda la energía eléctrica y el petróleo? ¿Qué esperan para amarrar acuerdos con los lópezobradoristas, la APPO, la CNTE, incluso el EZLN para bloquear instituciones como preparativos para la huelga nacional? ¿O están esperando hacer más ridículos en las “mesas de diálogo”?
3. ¡Coño!, no olviden que la violencia nunca la ejercen los trabajadores sino los poderosos para seguir dominando. Violencia no es cuando el pueblo se defiende de las autoridades o del poder con movimientos masivos, con bloqueos, cuando se pintan protestas en las paredes, cuando se usan palos, piedras, resorteras, incluso Molotov; violencia es cuando la autoridad del gobierno y del Estado manda a la policía a desbaratar con salvajismo las protestas; violencia es cuando para impedir el paso de las protestas y evitarlas, lanzan gases lacrimógenos, manguerazos de agua, perros y balas contra las masas descontentas e indignadas; violencia de Estado es cuando se mantiene al pueblo en la miseria, el desempleo y el hambre. Violencia es cuando las cárceles están llenas de gente pobre y miserable y se amasan riquezas por unos cuantos ricos.
4. El pueblo se manifiesta, protesta, menta madres para desahogarse ante la explotación y opresión que sufre a diario del poder; sin embargo los violentos siempre han sido los policías y soldados que por órdenes superiores acordonan a los manifestantes, golpean a los más combativos, los aprehenden, los macanean y patean con odio, les lanzan a sus perros de caza e incluso los asesinan. Los gobiernos y los tontos repiten que sería mejor que los que protestan se quedaran en sus casas para no ser reprimidos, que no se manifiesten y así dejar las soluciones en las manos de los gobiernos y los empresarios. ¿Se había oído acaso mayor cinismo y desvergüenza? En algunos países como en Japón y otros asiáticos los manifestantes han comenzado a defenderse llevando palos, piedras, máscaras antigases y resorteras. Quizá ha llegado el tiempo de hacer lo mismo.
5. En las marchas de protesta siempre salen muchos descalabrados, encarcelados y algunos asesinados por las llamadas “fuerzas del orden”. La brutalidad represiva aplicada por el gobernador en Jalisco, el tal Ramírez Acuña -hoy presidente panista de la Cámara de diputados y hace unos meses secretario de Gobernación- en mayo de 2004 contra miles de jóvenes manifestantes, dicen, “no tuvo madre”. El gobernador fascista del estado ordenó sin más la acción de la policía con un saldo de por lo menos 30 heridos y 90 detenidos, según los primeros informes de prensa. La medida fue "necesaria" ante la manifestación de jóvenes radicales, dijo el mandatario local, al tiempo que recriminaba: "Guadalajara no es el Zócalo para venir a hacer sus desmanes...". Los jóvenes encarcelados fueron tratados con la mayor violencia del poder.
6. ¿Pueden olvidarse acaso las brutales represiones contra los maestros y la APPO oaxaqueña de 2006, o la terrible revancha que desató Calderón y Peña Nieto contra los campesinos de San Salvador Atenco, donde se registraron vergonzosas violaciones contra periodistas extranjeros? Los trabajadores electricistas deben prepararse para una gran batalla con el apoyo de otras fuerzas sociales. La campaña de desprestigio y calumnias en los medios de información usando discursos de Calderón y otros funcionarios, en las iglesias y escuelas, están haciendo mucho daño. Si siguen confiando en la batalla jurídicas dentro de las instituciones es que para nada han servido las experiencias históricas. Es hoy que la gente está indignada y caliente o nunca y también el gobierno sabe de coyunturas y está alargando las cosas para enfriarlas.
7. Reuniones de análisis, acuerdos, brigadeos, manifestaciones y toma de instituciones; no hay otra salida. Lo contrario sería creer en promesas, hacerse ilusiones y alargar la lucha hasta el cansancio de los trabajadores. No se busca violentar las cosas sino sólo defendernos ante la violencia –esa sí- que ejerce el gobierno y el poder. No caer en entretenimientos como “discusión del presupuesto público”, la organización de una gran planta de abogados y en cosas particulares como la atención médica en el IMSS y demás. Necesitamos armar el gran movimiento de masas reuniendo a dirigentes de organizaciones amigas y brigadeando a los obreros y ciudadanos. Ninguna confianza a los enemigos tradicionales de los trabajadores. No olviden que los electricistas son organización vanguardia y lo que les suceda será determinante en la lucha en México.
pedroe@cablered.net.mx
1. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –institución de salud que desde 1943 debería estar al servicio de los trabajadores- retiró la atención médica y todos los servicios a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), denunció el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sostuvo que ayer mismo solicitó una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que ni siquiera se atiende a empleados que recibían tratamientos especiales, como diálisis y hemodiálisis, por lo que se ha puesto en riesgo su salud y su vida. ¿Espera acaso el SME, con 42 mil cesados, que el gobierno antiobrero los mate lentamente de hambre? ¿Qué esperan para bloquear instituciones con el apoyo de otras fuerzas de trabajadores? El gobierno sabe que golpeando debilita y en el llamado “diálogo” puede imponerse.
2. ¿Olvidan los del SME que esta es una dictadura de clase, de grandes empresarios y gobierno hoy encabezados por el PAN del ilegítimo Calderón? ¿Les cabe todavía en la mente, como obreros, la ingenuidad que les haga pensar el que el presidente Calderón, el secretario de Gobernación o el del Trabajo, se conduelan y den pasos atrás retirando el decreto de desaparición de la empresa? ¿Siguen creyendo en que la virgen de Guadalupe o los santos reyes serán superiores a los poderosos intereses de Calderón y las transnacionales que buscan la inmediata privatización de toda la energía eléctrica y el petróleo? ¿Qué esperan para amarrar acuerdos con los lópezobradoristas, la APPO, la CNTE, incluso el EZLN para bloquear instituciones como preparativos para la huelga nacional? ¿O están esperando hacer más ridículos en las “mesas de diálogo”?
3. ¡Coño!, no olviden que la violencia nunca la ejercen los trabajadores sino los poderosos para seguir dominando. Violencia no es cuando el pueblo se defiende de las autoridades o del poder con movimientos masivos, con bloqueos, cuando se pintan protestas en las paredes, cuando se usan palos, piedras, resorteras, incluso Molotov; violencia es cuando la autoridad del gobierno y del Estado manda a la policía a desbaratar con salvajismo las protestas; violencia es cuando para impedir el paso de las protestas y evitarlas, lanzan gases lacrimógenos, manguerazos de agua, perros y balas contra las masas descontentas e indignadas; violencia de Estado es cuando se mantiene al pueblo en la miseria, el desempleo y el hambre. Violencia es cuando las cárceles están llenas de gente pobre y miserable y se amasan riquezas por unos cuantos ricos.
4. El pueblo se manifiesta, protesta, menta madres para desahogarse ante la explotación y opresión que sufre a diario del poder; sin embargo los violentos siempre han sido los policías y soldados que por órdenes superiores acordonan a los manifestantes, golpean a los más combativos, los aprehenden, los macanean y patean con odio, les lanzan a sus perros de caza e incluso los asesinan. Los gobiernos y los tontos repiten que sería mejor que los que protestan se quedaran en sus casas para no ser reprimidos, que no se manifiesten y así dejar las soluciones en las manos de los gobiernos y los empresarios. ¿Se había oído acaso mayor cinismo y desvergüenza? En algunos países como en Japón y otros asiáticos los manifestantes han comenzado a defenderse llevando palos, piedras, máscaras antigases y resorteras. Quizá ha llegado el tiempo de hacer lo mismo.
5. En las marchas de protesta siempre salen muchos descalabrados, encarcelados y algunos asesinados por las llamadas “fuerzas del orden”. La brutalidad represiva aplicada por el gobernador en Jalisco, el tal Ramírez Acuña -hoy presidente panista de la Cámara de diputados y hace unos meses secretario de Gobernación- en mayo de 2004 contra miles de jóvenes manifestantes, dicen, “no tuvo madre”. El gobernador fascista del estado ordenó sin más la acción de la policía con un saldo de por lo menos 30 heridos y 90 detenidos, según los primeros informes de prensa. La medida fue "necesaria" ante la manifestación de jóvenes radicales, dijo el mandatario local, al tiempo que recriminaba: "Guadalajara no es el Zócalo para venir a hacer sus desmanes...". Los jóvenes encarcelados fueron tratados con la mayor violencia del poder.
6. ¿Pueden olvidarse acaso las brutales represiones contra los maestros y la APPO oaxaqueña de 2006, o la terrible revancha que desató Calderón y Peña Nieto contra los campesinos de San Salvador Atenco, donde se registraron vergonzosas violaciones contra periodistas extranjeros? Los trabajadores electricistas deben prepararse para una gran batalla con el apoyo de otras fuerzas sociales. La campaña de desprestigio y calumnias en los medios de información usando discursos de Calderón y otros funcionarios, en las iglesias y escuelas, están haciendo mucho daño. Si siguen confiando en la batalla jurídicas dentro de las instituciones es que para nada han servido las experiencias históricas. Es hoy que la gente está indignada y caliente o nunca y también el gobierno sabe de coyunturas y está alargando las cosas para enfriarlas.
7. Reuniones de análisis, acuerdos, brigadeos, manifestaciones y toma de instituciones; no hay otra salida. Lo contrario sería creer en promesas, hacerse ilusiones y alargar la lucha hasta el cansancio de los trabajadores. No se busca violentar las cosas sino sólo defendernos ante la violencia –esa sí- que ejerce el gobierno y el poder. No caer en entretenimientos como “discusión del presupuesto público”, la organización de una gran planta de abogados y en cosas particulares como la atención médica en el IMSS y demás. Necesitamos armar el gran movimiento de masas reuniendo a dirigentes de organizaciones amigas y brigadeando a los obreros y ciudadanos. Ninguna confianza a los enemigos tradicionales de los trabajadores. No olviden que los electricistas son organización vanguardia y lo que les suceda será determinante en la lucha en México.
pedroe@cablered.net.mx
Nació la hija de Humberto Moreira y su esposa Vanessa
Saltillo, Coahuila.- Esta mañana, a las 7:55 a.m., nació la hija del gobernador Humberto Moreira Valdés y su esposa, señora Vanessa Guerrero, según confirmó el Coordinador de Comunicación Social David Aguillón Rosales.
Al nacer, la niña pesó 3 kilos con 340 gramos y midió 51 centímetros. Foto Archivo/Vanguardia
Tanto la niña como la señora Vanessa se encuentran en pefectas condiciones de salud.Desde semanas anteriores el gobernador y su esposa habían dado a conocer que la pequeña llevará por nombre Vanessa Lucía.Al nacer, la niña pesó 3 kilos con 340 gramos y midió 51 centímetros.Los padrinos de Vanessa Lucía, según se había dado a conocer, serán el empresario periodístico de origen coahuilense Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario del periódico El Universal, y su esposa, señora Perla Díaz.
EN SAN ANTONIO...POR QUE AQUI NO???
Al nacer, la niña pesó 3 kilos con 340 gramos y midió 51 centímetros. Foto Archivo/Vanguardia
Tanto la niña como la señora Vanessa se encuentran en pefectas condiciones de salud.Desde semanas anteriores el gobernador y su esposa habían dado a conocer que la pequeña llevará por nombre Vanessa Lucía.Al nacer, la niña pesó 3 kilos con 340 gramos y midió 51 centímetros.Los padrinos de Vanessa Lucía, según se había dado a conocer, serán el empresario periodístico de origen coahuilense Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario del periódico El Universal, y su esposa, señora Perla Díaz.
EN SAN ANTONIO...POR QUE AQUI NO???
Mapuches declaran la guerra a Estado chileno
La supuesta muerte de un indígena a manos de la policía desató la violencia en la zona de la Araucanía; los indígenas rompieron el diálogo y anunciaron el inicio de hostilidades contra el gobierno
Foto: Especial
Pese a los esfuerzos del gobierno por frenar la violencia en la zona indígena del sur del país, los incidentes no se detienen y una agrupación mapuche radical declaró la guerra al estado chileno.
La Coordinadora Arauco-Malleco, el grupo mapuche más violento, se responzabilizó de las últimas acciones violentas y advirtió que rompió ''todo diálogo con la república de Chile y le declaramos la guerra''.
Varios dirigentes de esa agrupación están detenidos y algunos cumplen condenas por anteriores ataques a agricultores y a vehículos. Esta semana cinco de ellos fueron formalizados por una ley antiterrorista.
El gobierno calificó de ''delirante'' la declaración de guerra de la coordinadora.
Los mapuches, unos 650 mil en total, son la principal etnia del país y los que no han emigrado a las ciudades, principalmente a Santiago, viven en comunidades muy pobres que trabajan pequeños predios. Su principal reivindicación es la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas durante la colonización, hace más de un siglo.
Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre la presunta muerte de un manifestante mapuche durante un enfrentamiento la madrugada del martes con policías que acudieron a reprimir un atentado con bombas incendiarias a un camión maderero.
Dirigentes mapuches informaron de la muerte de un comunero, pero sin identificarlo ni mostrar su cuerpo. Las autoridades tampoco han podido confirmar la versión.
Los mapuches se quejan de la violencia que emplearía la policía. La jefatura policial expulsó de las filas la víspera a un carabinero que fue mostrado en un video golpeando a un indígena que era llevado detenido por otros policías. Otro carabinero se encuentra procesado por la muerte de un joven mapuche hace unos meses.
El activista indigenista José Aylwin, hijo del ex presidente Patricio Aylwin, comentó que la acción represiva policial ''alimenta la espiral de violencia''.
El gobierno no ha logrado impedir la acción de los grupos indígenas más radicales, pese a su anuncio que antes de concluir en marzo su gestión entregará otras 33 mil hectáreas a los mapuches. Y de que marginará de ese beneficio a los sectores identificados como violentos.
La Corte Suprema, en una inédita expresión pública, manifestó la víspera su preocupación por la escalada de violencia en la zona indígena.
El fiscal Francisco Ljubetic, de La Araucanía, como se denomina las provincias sureñas pobladas por mapuches, confirmó que dirigentes indígenas más radicales han estado en Colombia, presuntamente en contacto con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , donde ''algún entrenamiento han tenido''.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, designado por la presidenta Michelle Bachelet para encargarse del ''conflicto mapuche'', declaró este miércoles que los incidentes de violencia si bien son espectaculares, ''son restringidos'' y descartó la existencia en la zona de un grupo armado extranjero.
Foto: Especial
Pese a los esfuerzos del gobierno por frenar la violencia en la zona indígena del sur del país, los incidentes no se detienen y una agrupación mapuche radical declaró la guerra al estado chileno.
La Coordinadora Arauco-Malleco, el grupo mapuche más violento, se responzabilizó de las últimas acciones violentas y advirtió que rompió ''todo diálogo con la república de Chile y le declaramos la guerra''.
Varios dirigentes de esa agrupación están detenidos y algunos cumplen condenas por anteriores ataques a agricultores y a vehículos. Esta semana cinco de ellos fueron formalizados por una ley antiterrorista.
El gobierno calificó de ''delirante'' la declaración de guerra de la coordinadora.
Los mapuches, unos 650 mil en total, son la principal etnia del país y los que no han emigrado a las ciudades, principalmente a Santiago, viven en comunidades muy pobres que trabajan pequeños predios. Su principal reivindicación es la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas durante la colonización, hace más de un siglo.
Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre la presunta muerte de un manifestante mapuche durante un enfrentamiento la madrugada del martes con policías que acudieron a reprimir un atentado con bombas incendiarias a un camión maderero.
Dirigentes mapuches informaron de la muerte de un comunero, pero sin identificarlo ni mostrar su cuerpo. Las autoridades tampoco han podido confirmar la versión.
Los mapuches se quejan de la violencia que emplearía la policía. La jefatura policial expulsó de las filas la víspera a un carabinero que fue mostrado en un video golpeando a un indígena que era llevado detenido por otros policías. Otro carabinero se encuentra procesado por la muerte de un joven mapuche hace unos meses.
El activista indigenista José Aylwin, hijo del ex presidente Patricio Aylwin, comentó que la acción represiva policial ''alimenta la espiral de violencia''.
El gobierno no ha logrado impedir la acción de los grupos indígenas más radicales, pese a su anuncio que antes de concluir en marzo su gestión entregará otras 33 mil hectáreas a los mapuches. Y de que marginará de ese beneficio a los sectores identificados como violentos.
La Corte Suprema, en una inédita expresión pública, manifestó la víspera su preocupación por la escalada de violencia en la zona indígena.
El fiscal Francisco Ljubetic, de La Araucanía, como se denomina las provincias sureñas pobladas por mapuches, confirmó que dirigentes indígenas más radicales han estado en Colombia, presuntamente en contacto con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , donde ''algún entrenamiento han tenido''.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, designado por la presidenta Michelle Bachelet para encargarse del ''conflicto mapuche'', declaró este miércoles que los incidentes de violencia si bien son espectaculares, ''son restringidos'' y descartó la existencia en la zona de un grupo armado extranjero.
HUBIERA SIDO FDZ. NOROÑA, YA ESTUBIERAN ESCANDALIZADOS
A Fernandez Noroña por que habla con la verdad le dicen revoltoso, corriente, naco etc......los otros solo pierden el control
Ayer en la cámara de diputados Oscar Levín Coppel, presidente de la Condusef en el gobierno de Vicente Fox, perdió el control y se acercó a los perredistas para espetarles: “¡Toda la noche nos han llenado de mierda!”
“Ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones!”
Veamos quien es tan distinguido diputado priista, que a vivido comodamente del erario público, solo 2 detallitos:
Óscar Levín debe tener sentimientos encontrados. La llegada de su sobrino a Pemex, afectará, si se mantiene un mínimo de ética, a su hijo.
La llegada de Juan José Suárez Coppel a la dirección de Pemex, debió haber sido motivo de regocijo en la familia de Óscar Levín Coppel, el diputado priista muy cercano a Beatriz Paredes, quien ha sido testigo de la restauración de su sobrino a la cima de la empresa de donde salió hace algunos años con la cola entre las patas. Pero no será tan sencillo. En la actualidad, Esteban Levín, su hijo, es el director de Finanzas de Pemex, por lo cual, de manera natural, se daría un conflicto de interés. Ya se sabe que Suárez Coppel es refractario a estas sutilezas, pero dos primos hermanos manejando las finanzas de una empresa pública, parece demasiado.
México D.F. Jueves 12 de diciembre de 2002
Capital
Opera allí una discoteca investigada por autoridades del GDF y la Benito Juárez
Hijo de Levín Coppel pagó $1.15 por inmueble con valor artístico (un peso quince centavos, leyó ud. bien)
En una operación triangulada Arrendadora Banorte compró en $2 millones 60 mil al DDF, que encabezaba Oscar Espinosa, la propiedad perteneciente a Servicios de Transportes Eléctricos
ELIA BALTAZAR
Propiedad del hijo del diputado federal priísta Oscar Levín Coppel, la discoteca Rouge, ubicada en la colonia San José Insurgentes, es objeto de investigación por las autoridades capitalinas y la delegación Benito Juárez, debido a diversas irregularidades detectadas no sólo en su funcionamiento, sino en la adquisición misma del inmueble, que el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene catalogado como de valor artístico, según el oficio 225-C/106 emitido por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble.
El inmueble, que hasta 1994 perteneció a la Dirección General de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, pasó a ser propiedad de Esteban Levín Balcells y su socio Samuel Kreimerman, en una operación de compraventa triangulada en la que participó como intermediaria Arrendadora Banorte, según consta en el expediente de escrituras del Registro Público de la Propiedad (RPP).
Una ganga
Banorte pagó a la Dirección General de Servicio de Transportes Eléctricos, entonces a cargo de Manuel Lozano Jiménez, un precio de 2 millones 60 mil pesos por el inmueble -de mil 72.50 metros cuadrados-. La arrendadora lo vendió a su vez a Levín Balcells y Kreimerman en un peso 15 centavos, en 1996, según se asienta en la inscripción de propiedad del RPP.
En la información contenida en la escritura número 16 mil 958, elaborada el 15 de mayo de 1996, ante el notario Alfredo Caso Barrera Vázquez, se advierte que el contrato de compraventa se llevó a cabo entre "la parte vendedora (Arrendadora Banorte), representada por Arturo Moctezuma Hurtado y Federico de la Cruz Martínez", y compradora, representada por Inmobiliaria LK, propiedad de Samuel Kreimerman Dychter y Esteban Levín Balcells, quienes "adquieren el predio descrito", con "valor de $1.15 MN. (un peso 15/100 quince centavos MN)".
La investigación en torno de la discoteca Rouge, con domicilio en la calle Félix Parra 5, esquina con Río Mixcoac -objeto de inconformidad de vecinos y autoridades- partió de la diversas acciones jurídicas que emprendió la delegación Benito Juárez para su clausura, que no ha podido concretar, pues un juez federal otorgó un amparo contra la acción de la autoridad y obligó el retiro de sellos que en su momento colocaron las autoridades delegacionales.
Las irregularidades administrativas detectadas por la delegación Benito Juárez se remontan a la compra misma del inmueble, por Arrendadora Banorte, al entonces Departamento del Distrito Federal, a cargo del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, en 1994.
Aunque el registro de la escritura se presentó en octubre de aquel año, desde el 14 de junio de 1994 la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica modificó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, para cambiar el uso de suelo del predio donde actualmente se ubica la discoteca Rouge, que pasó de habitacional a restaurante con venta de bebidas alcohólicas.
Según consta en el historial del RPP, arrendadora Banorte adquirió el inmueble de Félix Parra y de inmediato lo rentó a Levín y Kreimerman, que en noviembre de 1994 solicitaron la licencia de funcionamiento para la apertura del restaurante bar La Cima y posteriormente ampliaron la solicitud para convertirla en discoteca.
Fue Enrique Jackson, entonces secretario general de Gobierno, quien se manifestó a favor del permiso administrativo para que La Cima operara como discoteca. En noviembre de 1994, el lugar había adquirido ya la licencia de funcionamiento 1267, firmada por el entonces delegado en Benito Juárez, José Ramón Martel López.
Ya en 1996, luego de adquirido el predio por Levín y Kreimerman a Arrendadora Banorte, La Cima cambió su razón social y se convirtió en Lumina. La Operadora Secc SA de CV obtuvo la licencia de funcionamiento por medio de su representante legal Manuel Jiménez Dávila, firmada por la entonces titular en Benito Juárez, Esperanza Gómez Mont.
De 1994 a 1996 se realizaron cuatro verificaciones del lugar y en ninguna se advirtieron irregularidades en su operación. Sólo en julio de 2000 el entonces subdelegado Jurídico y de Gobierno, Edgar Sánchez Ramírez, emitió la resolución mediante la cual se ordenó aplicar multa y clausura temporal al establecimiento que ya entonces se conocía como La Estación. La clausura, sin embargo, no se ejecutó en tiempo y dejó de tener efecto.
En marzo de 2001, la administración que encabeza José Espina ordenó la verificación de la discoteca, que en ese momento se encontraba cerrada y con sellos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así comenzaron las indagatorias en torno del inmueble por parte de las autoridades delegacionales y la batalla jurídica por la clausura definitiva de la ahora discoteca Rouge. El primero de marzo de 2002, las autoridades de la demarcación intentaron clausurar el lugar, lo que no consiguieron por la oposición del encargado y socio del inmueble, Carlos Flores Ceja.
Una casa de cultura, el objetivo
El representante legal de la discoteca solicitó entonces un amparo ante el juez octavo de distrito en contra de la clausura. Dado que la suspensión provisional les fue rechazada, los dueños del inmueble interpusieron una queja contra la resolución.
El 13 de marzo, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió en contra de la resolución del juez octavo, concedió a la discoteca la suspensión provisional y ordenó que la delegación retirara los sellos de clausura de la discoteca para que siguiera operando.
La delegación entonces presentó un recurso de queja contra la decisión del tribunal, que rechazó el recurso de las autoridades, y el 3 de abril concedió la suspensión definitiva y ordenó a las autoridades el retiro definitivo de los sellos de clausura.
Las autoridades, en tanto, comenzaron un procedimiento para la revocación definitiva de la licencia de funcionamiento de la discoteca, ante las peticiones de vecinos que han apoyado la decisión de cerrar definitivamente ese negocio y convertir el local en casa de cultura. Esta petición ya llegó a manos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
Ayer en la cámara de diputados Oscar Levín Coppel, presidente de la Condusef en el gobierno de Vicente Fox, perdió el control y se acercó a los perredistas para espetarles: “¡Toda la noche nos han llenado de mierda!”
“Ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones!”
Veamos quien es tan distinguido diputado priista, que a vivido comodamente del erario público, solo 2 detallitos:
Óscar Levín debe tener sentimientos encontrados. La llegada de su sobrino a Pemex, afectará, si se mantiene un mínimo de ética, a su hijo.
La llegada de Juan José Suárez Coppel a la dirección de Pemex, debió haber sido motivo de regocijo en la familia de Óscar Levín Coppel, el diputado priista muy cercano a Beatriz Paredes, quien ha sido testigo de la restauración de su sobrino a la cima de la empresa de donde salió hace algunos años con la cola entre las patas. Pero no será tan sencillo. En la actualidad, Esteban Levín, su hijo, es el director de Finanzas de Pemex, por lo cual, de manera natural, se daría un conflicto de interés. Ya se sabe que Suárez Coppel es refractario a estas sutilezas, pero dos primos hermanos manejando las finanzas de una empresa pública, parece demasiado.
México D.F. Jueves 12 de diciembre de 2002
Capital
Opera allí una discoteca investigada por autoridades del GDF y la Benito Juárez
Hijo de Levín Coppel pagó $1.15 por inmueble con valor artístico (un peso quince centavos, leyó ud. bien)
En una operación triangulada Arrendadora Banorte compró en $2 millones 60 mil al DDF, que encabezaba Oscar Espinosa, la propiedad perteneciente a Servicios de Transportes Eléctricos
ELIA BALTAZAR
Propiedad del hijo del diputado federal priísta Oscar Levín Coppel, la discoteca Rouge, ubicada en la colonia San José Insurgentes, es objeto de investigación por las autoridades capitalinas y la delegación Benito Juárez, debido a diversas irregularidades detectadas no sólo en su funcionamiento, sino en la adquisición misma del inmueble, que el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene catalogado como de valor artístico, según el oficio 225-C/106 emitido por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble.
El inmueble, que hasta 1994 perteneció a la Dirección General de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, pasó a ser propiedad de Esteban Levín Balcells y su socio Samuel Kreimerman, en una operación de compraventa triangulada en la que participó como intermediaria Arrendadora Banorte, según consta en el expediente de escrituras del Registro Público de la Propiedad (RPP).
Una ganga
Banorte pagó a la Dirección General de Servicio de Transportes Eléctricos, entonces a cargo de Manuel Lozano Jiménez, un precio de 2 millones 60 mil pesos por el inmueble -de mil 72.50 metros cuadrados-. La arrendadora lo vendió a su vez a Levín Balcells y Kreimerman en un peso 15 centavos, en 1996, según se asienta en la inscripción de propiedad del RPP.
En la información contenida en la escritura número 16 mil 958, elaborada el 15 de mayo de 1996, ante el notario Alfredo Caso Barrera Vázquez, se advierte que el contrato de compraventa se llevó a cabo entre "la parte vendedora (Arrendadora Banorte), representada por Arturo Moctezuma Hurtado y Federico de la Cruz Martínez", y compradora, representada por Inmobiliaria LK, propiedad de Samuel Kreimerman Dychter y Esteban Levín Balcells, quienes "adquieren el predio descrito", con "valor de $1.15 MN. (un peso 15/100 quince centavos MN)".
La investigación en torno de la discoteca Rouge, con domicilio en la calle Félix Parra 5, esquina con Río Mixcoac -objeto de inconformidad de vecinos y autoridades- partió de la diversas acciones jurídicas que emprendió la delegación Benito Juárez para su clausura, que no ha podido concretar, pues un juez federal otorgó un amparo contra la acción de la autoridad y obligó el retiro de sellos que en su momento colocaron las autoridades delegacionales.
Las irregularidades administrativas detectadas por la delegación Benito Juárez se remontan a la compra misma del inmueble, por Arrendadora Banorte, al entonces Departamento del Distrito Federal, a cargo del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, en 1994.
Aunque el registro de la escritura se presentó en octubre de aquel año, desde el 14 de junio de 1994 la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica modificó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, para cambiar el uso de suelo del predio donde actualmente se ubica la discoteca Rouge, que pasó de habitacional a restaurante con venta de bebidas alcohólicas.
Según consta en el historial del RPP, arrendadora Banorte adquirió el inmueble de Félix Parra y de inmediato lo rentó a Levín y Kreimerman, que en noviembre de 1994 solicitaron la licencia de funcionamiento para la apertura del restaurante bar La Cima y posteriormente ampliaron la solicitud para convertirla en discoteca.
Fue Enrique Jackson, entonces secretario general de Gobierno, quien se manifestó a favor del permiso administrativo para que La Cima operara como discoteca. En noviembre de 1994, el lugar había adquirido ya la licencia de funcionamiento 1267, firmada por el entonces delegado en Benito Juárez, José Ramón Martel López.
Ya en 1996, luego de adquirido el predio por Levín y Kreimerman a Arrendadora Banorte, La Cima cambió su razón social y se convirtió en Lumina. La Operadora Secc SA de CV obtuvo la licencia de funcionamiento por medio de su representante legal Manuel Jiménez Dávila, firmada por la entonces titular en Benito Juárez, Esperanza Gómez Mont.
De 1994 a 1996 se realizaron cuatro verificaciones del lugar y en ninguna se advirtieron irregularidades en su operación. Sólo en julio de 2000 el entonces subdelegado Jurídico y de Gobierno, Edgar Sánchez Ramírez, emitió la resolución mediante la cual se ordenó aplicar multa y clausura temporal al establecimiento que ya entonces se conocía como La Estación. La clausura, sin embargo, no se ejecutó en tiempo y dejó de tener efecto.
En marzo de 2001, la administración que encabeza José Espina ordenó la verificación de la discoteca, que en ese momento se encontraba cerrada y con sellos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así comenzaron las indagatorias en torno del inmueble por parte de las autoridades delegacionales y la batalla jurídica por la clausura definitiva de la ahora discoteca Rouge. El primero de marzo de 2002, las autoridades de la demarcación intentaron clausurar el lugar, lo que no consiguieron por la oposición del encargado y socio del inmueble, Carlos Flores Ceja.
Una casa de cultura, el objetivo
El representante legal de la discoteca solicitó entonces un amparo ante el juez octavo de distrito en contra de la clausura. Dado que la suspensión provisional les fue rechazada, los dueños del inmueble interpusieron una queja contra la resolución.
El 13 de marzo, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió en contra de la resolución del juez octavo, concedió a la discoteca la suspensión provisional y ordenó que la delegación retirara los sellos de clausura de la discoteca para que siguiera operando.
La delegación entonces presentó un recurso de queja contra la decisión del tribunal, que rechazó el recurso de las autoridades, y el 3 de abril concedió la suspensión definitiva y ordenó a las autoridades el retiro definitivo de los sellos de clausura.
Las autoridades, en tanto, comenzaron un procedimiento para la revocación definitiva de la licencia de funcionamiento de la discoteca, ante las peticiones de vecinos que han apoyado la decisión de cerrar definitivamente ese negocio y convertir el local en casa de cultura. Esta petición ya llegó a manos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
Imponen PRI-AN su plan tributario
El paquete económico seguía debatiéndose esta madrugada
La aplanadora PRI-PAN se impone en San Lázaro
La toma de la tribuna por PT y PRD no pudo detener a los aliados
Legisladoras de AN recuperaron la tribuna; abajo, Fernández Noroña retira el escudo nacional">
Foto Francisco Olvera
Enrique Méndez y Roberto Garduño
La demanda de 16 diputados del PT y del PRD por echar abajo los impuestos aprobados por la Comisión de Hacienda la madrugada del martes, retrasó el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para votar la ley de ingresos y el paquete fiscal 2010. Después de la medianoche, y luego de dos recesos, arrancó el debate en el cual Alejandro Encinas expresó su rechazo tajante a nuevos gravámenes y al aumento del IVA a 16 por ciento y a 30 por ciento al ISR, acordados por el PRI y Hacienda.
“No estamos de acuerdo porque se dejaron intocados los privilegios de las grandes empresas y hoy un trabajador con más de 6 mil pesos de salario pagará 8 por ciento más, y los empresarios sólo 1.6 por ciento de sus grandes ganancias”, reprochó.
El proceso para sacar avante la aplicación de más gravámenes, impulsados por la Secretaría de Hacienda y el PAN, y avalados por el PRI, se convirtió desde el lunes en el más tortuoso desde 1997, año el que el tricolor perdió la mayoría y con ello las votaciones a modo en el Congreso.
El avasallamiento que aplicaron el PRI y el PAN en la Comisión de Hacienda contra PRD, PVEM, PT, Convergencia y Nueva Alianza, al acompañar la propuesta de Felipe Calderón con la que se establecen más impuestos, generó el descontento de esas fuerzas políticas que reclamaron el riesgo en que se coloca a la población al exigirle más tributación.
Y fue la bancada del Partido del Trabajo, que el lunes había decidido tomar la tribuna para protestar contra los nuevos gravámenes, la que anticipó el paso y, desde las tres de la tarde, evitó que continuara la sesión ordinaria. El presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez Acuña, abrió un primer receso, que concluyó hasta las 23:08, cuando se reanudó la sesión entre gritos de los petistas: “¡PRI y PAN verdugos del pueblo!”
También, el PRI jugó con una variante en la Comisión de Hacienda durante la madrugada del martes, al presionar a los perredistas Armando Ríos Piter, Guadalupe Acosta Naranjo, Vidal Llerenas, José Narro y su asesor Juan Guerra Ochoa, para que en el debate de los dictámenes dejaran de cuestionar los amarres que el tricolor había aceptado con el gobierno de Felipe Calderón para subir a 16 por ciento la tasa del IVA, entre otros incrementos.
Llegó a tal extremo el enojo de los priístas, que a las cinco de la mañana de ayer, antes de iniciar la discusión en torno al artículo 244-E de la ley federal de derechos –que favorece a las empresas de telecomunicaciones–, Oscar Levín Coppel, presidente de la Condusef en el gobierno de Vicente Fox, perdió el control y se acercó a los perredistas para espetarles: “¡Toda la noche nos han llenado de mierda!”
El exabrupto de Levín se repitió cuando su compañero Sebastián Lerdo de Tejada se reservó el artículo 3 de la ley de ingresos para dejar en cero pesos el techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal. Levín se acercó de nuevo a los perredistas, y cuando Juan Guerra intentó saludarlo de mano, el priísta se echó atrás y le dijo: “Ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones!”
El PRI abrió un segundo flanco con el PRD porque, de aprobarse su propuesta de cero endeudamiento para la capital, se frenarían obras como la de la línea 12 del Metro, ampliación y mantenimiento de la red de agua, entre otras.
De inmediato, el presidente del PRD, Jesús Ortega, y el coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas, calificaron de inaceptable la propuesta del PRI. Tras un receso en la comisión, Lerdo de Tejada reculó y en acuerdo con Roberto Gil, del PAN, propuso que el techo de endeudamiento quedara en 5 mil millones.
En esas condiciones, el PRD decidió participar en el debate de los ocho dictámenes aprobados en la Comisión de Hacienda y, después de la toma de la tribuna, la dirigencia del sol azteca emitió un comunicado para aclarar que decidió no participar en esas acciones.
“Es necesaria esta definición debido a que un grupo de diputados tomó la tribuna y, quienes siendo parte del PRD participaron en esta acción, lo están haciendo estrictamente a título personal y al margen del acuerdo antes expuesto”, aseguró.
Decretado el receso, los representantes del PT comenzaron a desplegar pancartas y pegaron mantas en las paredes del recinto y en la tribuna, en las que se leía: “¡Calderón, eres el verdadero peligro para México!”, “No más privilegios fiscales a los protegidos del PRIAN”, y “PRI y PAN verdugos del pueblo”.
Óscar González Yáñez (PT) explicó que la determinación de ocupar pacíficamente la tribuna obedeció a que ni la presidencia de la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda entregaron la información requerida de manera urgente sobre las 400 grandes empresas que pagan mínimos impuestos. “Para retirarnos solicitamos que nos entreguen los documentos. El lunes lo decidimos. Somos los diputados más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que él encabeza. Pero el acuerdo era ocupar la tribuna cuando iniciara el debate fiscal, no antes”.
Se acercaba la medianoche y la preocupación de muchos diputados se acrecentó por el cercano vencimiento del plazo constitucional para aprobar la ley de ingresos, y los diputados del PT y los pocos del PRD mantenían su protesta.
A las 23 horas, un grupo de diputados panistas formó una valla al pie de la tribuna, donde se instaló una mesa desde la que, 8 minutos después, Ramírez Acuña reinició la sesión. En medio del griterío de los petistas, que mostraron un fotomontaje de la roqueseñal con las imágenes de Calderón, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, el panista presentó una modificación al orden del día para dar entrada al paquete fiscal e iniciar su discusión. Aclaró en cuatro ocasiones que la sesión correspondía a la del 20 de octubre, y de ahí implícitamente se aplicó la figura de reloj parlamentario, de tiempo indefinido.
Se presentó el dictamen de la ley de derechos en materia del régimen fiscal de Pemex, y se pidió a los grupos presentar oradores. Pero era tal la confusión por los gritos de “¡no más impuestos!” de los petistas, y la escasa capacidad para dar forma a la sesión, que Ramírez Acuña, en consulta con los coordinadores, se vio obligado a decretar un nuevo receso a las 23:23.
Francisco Rojas, coordinador del PRI, advirtió que la falta de condiciones para sesionar podría obligar al retiro de los diputados, y si no se aprobaba la ley de ingresos sería responsabilidad “de quienes tomaron la tribuna por la fuerza”.
Diez minutos después de la medianoche, un grupo de diputadas del Partido Acción Nacional sorprendió a los petistas y se hizo de la tribuna. Esto facilitó reiniciar la sesión. No obstante, los petistas insistieron en el repudio al alza de impuestos y el debate comenzó a las 00:20 desde las curules.
PRI PVEM y PANAL No Registran A Nadie Y 'Se Lavan Las Manos' Frente Al Paquete Fiscal 2010
PRD Votara En Contra Del Aumento De Impuestos Del Paquete Fiscal 2010
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Enrique Méndez y Roberto Garduño
La demanda de 16 diputados del PT y del PRD por echar abajo los impuestos aprobados por la Comisión de Hacienda la madrugada del martes, retrasó el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para votar la ley de ingresos y el paquete fiscal 2010. Después de la medianoche, y luego de dos recesos, arrancó el debate en el cual Alejandro Encinas expresó su rechazo tajante a nuevos gravámenes y al aumento del IVA a 16 por ciento y a 30 por ciento al ISR, acordados por el PRI y Hacienda.
“No estamos de acuerdo porque se dejaron intocados los privilegios de las grandes empresas y hoy un trabajador con más de 6 mil pesos de salario pagará 8 por ciento más, y los empresarios sólo 1.6 por ciento de sus grandes ganancias”, reprochó.
El proceso para sacar avante la aplicación de más gravámenes, impulsados por la Secretaría de Hacienda y el PAN, y avalados por el PRI, se convirtió desde el lunes en el más tortuoso desde 1997, año el que el tricolor perdió la mayoría y con ello las votaciones a modo en el Congreso.
El avasallamiento que aplicaron el PRI y el PAN en la Comisión de Hacienda contra PRD, PVEM, PT, Convergencia y Nueva Alianza, al acompañar la propuesta de Felipe Calderón con la que se establecen más impuestos, generó el descontento de esas fuerzas políticas que reclamaron el riesgo en que se coloca a la población al exigirle más tributación.
Y fue la bancada del Partido del Trabajo, que el lunes había decidido tomar la tribuna para protestar contra los nuevos gravámenes, la que anticipó el paso y, desde las tres de la tarde, evitó que continuara la sesión ordinaria. El presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez Acuña, abrió un primer receso, que concluyó hasta las 23:08, cuando se reanudó la sesión entre gritos de los petistas: “¡PRI y PAN verdugos del pueblo!”
También, el PRI jugó con una variante en la Comisión de Hacienda durante la madrugada del martes, al presionar a los perredistas Armando Ríos Piter, Guadalupe Acosta Naranjo, Vidal Llerenas, José Narro y su asesor Juan Guerra Ochoa, para que en el debate de los dictámenes dejaran de cuestionar los amarres que el tricolor había aceptado con el gobierno de Felipe Calderón para subir a 16 por ciento la tasa del IVA, entre otros incrementos.
Llegó a tal extremo el enojo de los priístas, que a las cinco de la mañana de ayer, antes de iniciar la discusión en torno al artículo 244-E de la ley federal de derechos –que favorece a las empresas de telecomunicaciones–, Oscar Levín Coppel, presidente de la Condusef en el gobierno de Vicente Fox, perdió el control y se acercó a los perredistas para espetarles: “¡Toda la noche nos han llenado de mierda!”
El exabrupto de Levín se repitió cuando su compañero Sebastián Lerdo de Tejada se reservó el artículo 3 de la ley de ingresos para dejar en cero pesos el techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal. Levín se acercó de nuevo a los perredistas, y cuando Juan Guerra intentó saludarlo de mano, el priísta se echó atrás y le dijo: “Ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones!”
El PRI abrió un segundo flanco con el PRD porque, de aprobarse su propuesta de cero endeudamiento para la capital, se frenarían obras como la de la línea 12 del Metro, ampliación y mantenimiento de la red de agua, entre otras.
De inmediato, el presidente del PRD, Jesús Ortega, y el coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas, calificaron de inaceptable la propuesta del PRI. Tras un receso en la comisión, Lerdo de Tejada reculó y en acuerdo con Roberto Gil, del PAN, propuso que el techo de endeudamiento quedara en 5 mil millones.
En esas condiciones, el PRD decidió participar en el debate de los ocho dictámenes aprobados en la Comisión de Hacienda y, después de la toma de la tribuna, la dirigencia del sol azteca emitió un comunicado para aclarar que decidió no participar en esas acciones.
“Es necesaria esta definición debido a que un grupo de diputados tomó la tribuna y, quienes siendo parte del PRD participaron en esta acción, lo están haciendo estrictamente a título personal y al margen del acuerdo antes expuesto”, aseguró.
Decretado el receso, los representantes del PT comenzaron a desplegar pancartas y pegaron mantas en las paredes del recinto y en la tribuna, en las que se leía: “¡Calderón, eres el verdadero peligro para México!”, “No más privilegios fiscales a los protegidos del PRIAN”, y “PRI y PAN verdugos del pueblo”.
Óscar González Yáñez (PT) explicó que la determinación de ocupar pacíficamente la tribuna obedeció a que ni la presidencia de la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda entregaron la información requerida de manera urgente sobre las 400 grandes empresas que pagan mínimos impuestos. “Para retirarnos solicitamos que nos entreguen los documentos. El lunes lo decidimos. Somos los diputados más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que él encabeza. Pero el acuerdo era ocupar la tribuna cuando iniciara el debate fiscal, no antes”.
Se acercaba la medianoche y la preocupación de muchos diputados se acrecentó por el cercano vencimiento del plazo constitucional para aprobar la ley de ingresos, y los diputados del PT y los pocos del PRD mantenían su protesta.
A las 23 horas, un grupo de diputados panistas formó una valla al pie de la tribuna, donde se instaló una mesa desde la que, 8 minutos después, Ramírez Acuña reinició la sesión. En medio del griterío de los petistas, que mostraron un fotomontaje de la roqueseñal con las imágenes de Calderón, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, el panista presentó una modificación al orden del día para dar entrada al paquete fiscal e iniciar su discusión. Aclaró en cuatro ocasiones que la sesión correspondía a la del 20 de octubre, y de ahí implícitamente se aplicó la figura de reloj parlamentario, de tiempo indefinido.
Se presentó el dictamen de la ley de derechos en materia del régimen fiscal de Pemex, y se pidió a los grupos presentar oradores. Pero era tal la confusión por los gritos de “¡no más impuestos!” de los petistas, y la escasa capacidad para dar forma a la sesión, que Ramírez Acuña, en consulta con los coordinadores, se vio obligado a decretar un nuevo receso a las 23:23.
Francisco Rojas, coordinador del PRI, advirtió que la falta de condiciones para sesionar podría obligar al retiro de los diputados, y si no se aprobaba la ley de ingresos sería responsabilidad “de quienes tomaron la tribuna por la fuerza”.
Diez minutos después de la medianoche, un grupo de diputadas del Partido Acción Nacional sorprendió a los petistas y se hizo de la tribuna. Esto facilitó reiniciar la sesión. No obstante, los petistas insistieron en el repudio al alza de impuestos y el debate comenzó a las 00:20 desde las curules.
PRI PVEM y PANAL No Registran A Nadie Y 'Se Lavan Las Manos' Frente Al Paquete Fiscal 2010
PRD Votara En Contra Del Aumento De Impuestos Del Paquete Fiscal 2010
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