Es notorio como en el marco de la aprobación del paquete fiscal para 2010 , nungún medio , y ahora si , "sin honrrosas excepciones" ha querido resaltar y darle su justo valor a la batalla que dieron principalmente los diputados y senadores del PT , también los de convergencia y los perredistas más allegados a AMLO . Al hablar en términos generales de "los diputados y senadores " se llevan entre las patas a los únicos que se opusieron , esto es maquiavelico si concideramos que más del 80 % de la población no tiene acceso al canal del congreso . ¿que sucede?
Edmundo Erazo
Totalmente de acuerdo
martes, 3 de noviembre de 2009
MÉXICO SA
Corporativos deben al fisco 8 veces más de lo que se obtendrá por aumento del IVA
Cifras de la aberración
Carlos Fernández-Vega
En estos tiempos de anorexia fiscal, alud de impuesto a los causantes cautivos y shock de las finanzas públicas, surge ostentoso, provocador y verdaderamente abominable el proceder de los grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: al cierre del tercer trimestre del presente año, 60 de ellos acumularon 232 mil millones de pesos no pagados al fisco por concepto de impuestos diferidos, es decir, un monto casi ocho veces superior al que la Secretaría de Hacienda obtendría por el incremento a la tasa del IVA (de 15 a 16 por ciento) aprobado por los mismos legisladores que prometieron a sus electores no aumentarles la carga tributaria si los favorecían con el voto.
¿Qué hacer con un gobierno que exige un mayor sacrificio tributario a sus ciudadanos para (versión oficial) sacar del hoyo a las finanzas públicas, y paralelamente permite a los grandes corporativos no sólo eludir y evadir legalmente al fisco, sino que les concede gruesos créditos fiscales que suelen no saldarse? ¿Qué hacer con un país que ya no aguanta ese ritmo, ni a quienes lo imponen? Doscientos treinta y dos mil millones de pesos permanecen lejos, muy lejos de las arcas nacionales en medio de la peor crisis del México moderno (así le llaman), con el consentimiento de quienes están obligados, por ley a proteger los intereses nacionales. Resulta aberrante.
De acuerdo con sus propios balances financieros, al cierre del tercer trimestre de este agitadísimo año, 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones de pesos, un monto superior al presupuesto asignado a la educación pública en el país, o si se prefiere, casi seis veces mayor al subsidio que se canalizaba a Luz y Fuerza del Centro y que motivó al inquilino de Los Pinos (según la versión oficial) a decretar la extinción de esa paraestatal y dejar en la calle a 45 mil trabajadores.
La Jornada denunció ayer que el sector privado adeuda 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda. Pues bien: la mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicanas de Valores, donde de por sí no pagan impuestos. Los nombres de empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son más que conocidos: son los mismos que en los últimos 30 años han aparecido como usufructuarios del erario nacional, por medio de jugosos contratos, oportunos rescates, abundantes subsidios cambiarios, felices ganadores del circuito privatizador, etcétera, etcétera.
Lo primero que salta a la vista es el adeudo al fisco por impuestos diferidos de las empresas pertenecientes al hombre más rico de México y el tercero a nivel mundial: 70 mil 659.12 millones de pesos por ese concepto, distribuidos de la siguiente manera (todas las cifras son millones de pesos): Grupo Carso (4 mil 141.36), América Móvil (20 mil 540.06), Telecom (23 mil 284.72), Telmex (15 mil 417.16) y Telmex Internacional (7 mil 275.82).
Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano que se metió a especular con derivados y lo reventaron, que se le pasó la mano comprando cementeras aquí y allá, y que goza del crédito gubernamental para salir del hoyo, adeuda al fisco 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. En orden de importancia le sigue Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, Cananea y el embate contra los mineros: su presidente y dueño es Germán Larrea Mota Velasco, hombre Forbes igual que los dos anteriores, y el consorcio adeuda al fisco 11 mil 183.3 millones de pesos.
En esa tercia de magnates y sus consorcios se concentra casi 52 por ciento de los 232 mil millones de pesos que 60 corporativos adeudan al fisco mexicano (cierre del tercer trimestre de 2009) por concepto de impuestos diferidos. Pero hay más deudores, igual de conocidos que los citados. Por ejemplo, Grupo Modelo, la cervecera nacional con mayores exportaciones del vital líquido, le debe al SAT 8 mil 222.37 millones de pesos, mientras Coca-Cola Femsa adeuda 2 mil 205.12 millones y Bachoco –el de los huevos del ex gobernador de Sonora– mil 868.93 millones.
Televisa (exentada fiscalmente en la ley de ingresos 2010 para que participe a gusto en su nuevo negocio) debe al fisco 2 mil 284.4 millones de pesos en impuestos diferidos; Tv Azteca es más modesta: debe 254.23 millones, pero si se incorpora el negocio de los abonos chiquitos, Elektra, entonces el saldo fiscal crece a 3 mil 365 millones. Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro (ambos propiedad de Alberto Bailleres, otro de los Forbes mexicanos) conjuntamente adeudan al fisco 6 mil 124.14 millones; ICA (el consorcio beneficiario de las concesiones carreteras salinistas, el rescate zedillista y las nuevas concesiones calderonistas) adeuda 2 mil 351 millones de pesos en impuestos diferidos, mientras el Grupo Posadas no ha pagado mil 373.96 millones por el mismo concepto.
En materia de supermercados, Wal-Mart, la explotadora de mano de obra infantil por excelencia, debe al fisco 5 mil 252 millones de pesos, y Soriana (que no hace mucho se quedó con la cadena Gigante) adeuda 7 mil 508.94 millones por impuestos diferidos. En tiendas departamentales ya citamos a Palacio de Hierro, pero Liverpool no se queda atrás: debe 3 mil 977.7 millones de pesos por el concepto referido.
Kimberly (presidida por Claudio X. González Laporte, el mismo que propuso un impuesto de 3 o 4 por ciento a medicinas y alimentos, y que destacó la urgencia y necesidad de que los mexicanos pagaran más impuestos) adeuda al fisco mil 869. En el mismo tenor, Altos Hornos de México, que encabeza Alonso Ancira, no ha pagado 6 mil 666 millones en impuestos; Grupo Industrial Bimbo (de la siempre pía familia Servitje, la cual tiene para financiar campañas electorales, pero no para pagar sus obligaciones fiscales) debe mil 848.4 millones de pesos por impuestos diferidos; Grupo Alfa de Monterrey no ha pagado 3 mil 809.6 millones; el Grupo Aeroportuario del Centro-Norte debe mil 128.73; y Realtur, propiedad de Olegario Vázquez Raña –el favorito de la feliz pareja Vicente Fox-Marta Sahagún–, no ha pagado mil 302.24 millones.
Se acabó el espacio, pero mañana seguimos con nombres y montos, mientras los contribuyentes cautivos se acostumbran a saltarse una comida, o varias, según atinada recomendación de Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social.
Las rebanadas del pastel
Ayer en este espacio tanto se comentó de comer, engullir, deglutir, devorar y conexos (siempre en relación a los dineros públicos), que suponemos provocó el hambre de algún duende de imprenta, quien sin más decidió zamparse las rebanadas del pastel.
cfvmexico_sa@hotmail.com -
mexicosa@infinitum.com.mx
Cifras de la aberración
Carlos Fernández-Vega
En estos tiempos de anorexia fiscal, alud de impuesto a los causantes cautivos y shock de las finanzas públicas, surge ostentoso, provocador y verdaderamente abominable el proceder de los grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: al cierre del tercer trimestre del presente año, 60 de ellos acumularon 232 mil millones de pesos no pagados al fisco por concepto de impuestos diferidos, es decir, un monto casi ocho veces superior al que la Secretaría de Hacienda obtendría por el incremento a la tasa del IVA (de 15 a 16 por ciento) aprobado por los mismos legisladores que prometieron a sus electores no aumentarles la carga tributaria si los favorecían con el voto.
¿Qué hacer con un gobierno que exige un mayor sacrificio tributario a sus ciudadanos para (versión oficial) sacar del hoyo a las finanzas públicas, y paralelamente permite a los grandes corporativos no sólo eludir y evadir legalmente al fisco, sino que les concede gruesos créditos fiscales que suelen no saldarse? ¿Qué hacer con un país que ya no aguanta ese ritmo, ni a quienes lo imponen? Doscientos treinta y dos mil millones de pesos permanecen lejos, muy lejos de las arcas nacionales en medio de la peor crisis del México moderno (así le llaman), con el consentimiento de quienes están obligados, por ley a proteger los intereses nacionales. Resulta aberrante.
De acuerdo con sus propios balances financieros, al cierre del tercer trimestre de este agitadísimo año, 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones de pesos, un monto superior al presupuesto asignado a la educación pública en el país, o si se prefiere, casi seis veces mayor al subsidio que se canalizaba a Luz y Fuerza del Centro y que motivó al inquilino de Los Pinos (según la versión oficial) a decretar la extinción de esa paraestatal y dejar en la calle a 45 mil trabajadores.
La Jornada denunció ayer que el sector privado adeuda 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda. Pues bien: la mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicanas de Valores, donde de por sí no pagan impuestos. Los nombres de empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son más que conocidos: son los mismos que en los últimos 30 años han aparecido como usufructuarios del erario nacional, por medio de jugosos contratos, oportunos rescates, abundantes subsidios cambiarios, felices ganadores del circuito privatizador, etcétera, etcétera.
Lo primero que salta a la vista es el adeudo al fisco por impuestos diferidos de las empresas pertenecientes al hombre más rico de México y el tercero a nivel mundial: 70 mil 659.12 millones de pesos por ese concepto, distribuidos de la siguiente manera (todas las cifras son millones de pesos): Grupo Carso (4 mil 141.36), América Móvil (20 mil 540.06), Telecom (23 mil 284.72), Telmex (15 mil 417.16) y Telmex Internacional (7 mil 275.82).
Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano que se metió a especular con derivados y lo reventaron, que se le pasó la mano comprando cementeras aquí y allá, y que goza del crédito gubernamental para salir del hoyo, adeuda al fisco 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. En orden de importancia le sigue Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, Cananea y el embate contra los mineros: su presidente y dueño es Germán Larrea Mota Velasco, hombre Forbes igual que los dos anteriores, y el consorcio adeuda al fisco 11 mil 183.3 millones de pesos.
En esa tercia de magnates y sus consorcios se concentra casi 52 por ciento de los 232 mil millones de pesos que 60 corporativos adeudan al fisco mexicano (cierre del tercer trimestre de 2009) por concepto de impuestos diferidos. Pero hay más deudores, igual de conocidos que los citados. Por ejemplo, Grupo Modelo, la cervecera nacional con mayores exportaciones del vital líquido, le debe al SAT 8 mil 222.37 millones de pesos, mientras Coca-Cola Femsa adeuda 2 mil 205.12 millones y Bachoco –el de los huevos del ex gobernador de Sonora– mil 868.93 millones.
Televisa (exentada fiscalmente en la ley de ingresos 2010 para que participe a gusto en su nuevo negocio) debe al fisco 2 mil 284.4 millones de pesos en impuestos diferidos; Tv Azteca es más modesta: debe 254.23 millones, pero si se incorpora el negocio de los abonos chiquitos, Elektra, entonces el saldo fiscal crece a 3 mil 365 millones. Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro (ambos propiedad de Alberto Bailleres, otro de los Forbes mexicanos) conjuntamente adeudan al fisco 6 mil 124.14 millones; ICA (el consorcio beneficiario de las concesiones carreteras salinistas, el rescate zedillista y las nuevas concesiones calderonistas) adeuda 2 mil 351 millones de pesos en impuestos diferidos, mientras el Grupo Posadas no ha pagado mil 373.96 millones por el mismo concepto.
En materia de supermercados, Wal-Mart, la explotadora de mano de obra infantil por excelencia, debe al fisco 5 mil 252 millones de pesos, y Soriana (que no hace mucho se quedó con la cadena Gigante) adeuda 7 mil 508.94 millones por impuestos diferidos. En tiendas departamentales ya citamos a Palacio de Hierro, pero Liverpool no se queda atrás: debe 3 mil 977.7 millones de pesos por el concepto referido.
Kimberly (presidida por Claudio X. González Laporte, el mismo que propuso un impuesto de 3 o 4 por ciento a medicinas y alimentos, y que destacó la urgencia y necesidad de que los mexicanos pagaran más impuestos) adeuda al fisco mil 869. En el mismo tenor, Altos Hornos de México, que encabeza Alonso Ancira, no ha pagado 6 mil 666 millones en impuestos; Grupo Industrial Bimbo (de la siempre pía familia Servitje, la cual tiene para financiar campañas electorales, pero no para pagar sus obligaciones fiscales) debe mil 848.4 millones de pesos por impuestos diferidos; Grupo Alfa de Monterrey no ha pagado 3 mil 809.6 millones; el Grupo Aeroportuario del Centro-Norte debe mil 128.73; y Realtur, propiedad de Olegario Vázquez Raña –el favorito de la feliz pareja Vicente Fox-Marta Sahagún–, no ha pagado mil 302.24 millones.
Se acabó el espacio, pero mañana seguimos con nombres y montos, mientras los contribuyentes cautivos se acostumbran a saltarse una comida, o varias, según atinada recomendación de Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social.
Las rebanadas del pastel
Ayer en este espacio tanto se comentó de comer, engullir, deglutir, devorar y conexos (siempre en relación a los dineros públicos), que suponemos provocó el hambre de algún duende de imprenta, quien sin más decidió zamparse las rebanadas del pastel.
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BUENOS NEGOCIOS
Pedro Miguel
En un país en el que el precio del trabajo ha experimentado una depreciación sostenida durante casi tres décadas, resulta meritorio que un grupo de profesionistas sean capaces de mantener los niveles de sus percepciones y emolumentos, e incluso de mejorarlos, especialmente en época de crisis. Es eso precisamente lo que hicieron los gobernantes y legisladores panistas y priístas que han venido concibiendo, negociando, discutiendo, afinando y aprobando la Ley de Ingresos del año entrante. Lo bueno de detentar el poder es que desde él es posible tasar los honorarios correspondientes al oficio y cobrarlos directamente de las arcas nacionales sin necesidad de realizar trámites engorrosos.
Ciertamente, el cucharón con el que se sirven los presupuestos en Los Pinos y San Lázaro no incluye únicamente salarios, prestaciones, automóviles y choferes, teléfonos celulares, computadoras, masajes, seguros médicos, compras de corbatas y de calzones, boletos de avión (o aviones propios y rentados), restaurantes, misas de difuntos y borracheras; el dinero que estos eficientes profesionistas van a sacar de nuestros bolsillos servirá también para asignar, a quienes les lleguen al precio, contratos multimillonarios de servicios públicos. Imagínense qué porcentajes están dispuestos a pagar los tiburones internacionales por el correspondiente al servicio de la infraestructura de Luz y Fuerza, o por el que permita la explotación del triple play sobre los despojos de esa entidad paraestatal, ofrecida a los carroñeros como prueba de control y dominio presidencial. Los recursos para tales operaciones (que son sólo unos ejemplos de la alta competitividad lograda por la corrupción nacional) saldrán, a fin de cuentas, del alza de impuestos que acaban de recetarnos.
Otro buen negocio para tiempos de crisis es tener una gran empresa y no pagar los impuestos correspondientes. Como lo reconoció el propio Felipe Calderón hace unos días, bajo su desgobierno es posible hacer negocios, obtener utilidades, omitir las obligaciones fiscales correspondientes –o cubrirlas a tasa de ganga de 1.7 por ciento, cuando el común de los mortales paga el 28 o más–, eludir la cárcel, mantenerse en las secciones de sociales (y hasta en la nómina de invitados especiales a las recepciones y faramallas de Los Pinos) y ser señalado como ciudadano modelo, héroe de la productividad y prócer de la beneficencia.
Pero el mejor de todos es el negocio de permitir el anterior, es decir, el de ser funcionario público –presidente más bien ilegítimo, secretario de Hacienda, director del Servicio de Administración Tributaria o coyote menor–, hacerse el que la Virgen le habla cuando se trata de cumplir con el deber de cobrar los impuestos pertinentes a quienes se les deben favores políticos (¿Te acuerdas de la campañota en medios que te organicé en 2006? ¿Y quién crees que les pagó a los creativos que acuñaron aquello del peligro para México?) y ponerse a idear, en tiempos de trabajo pagados con el dinero de los contribuyentes reales, maneras de transferir a esos mismos contribuyentes reales el costo de las omisiones propias en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo.
Transacciones de esta clase, y otros, seguirán siendo posibles mientras la sociedad lo permita. Cabe suponer que en un momento próximo, a pesar de los aparatos mediáticos que han garantizado la cobertura de tales negocios, la mayor parte de la ciudadanía caerá en la cuenta de que éstos, además, son delitos y que no hay país que pueda darse el lujo de permitir, por tiempo indefinido, la comisión flagrante de violaciones a la ley. Y actuará en consecuencia.
navegaciones@yahoo.com
http://navegaciones.blogspot.com
En un país en el que el precio del trabajo ha experimentado una depreciación sostenida durante casi tres décadas, resulta meritorio que un grupo de profesionistas sean capaces de mantener los niveles de sus percepciones y emolumentos, e incluso de mejorarlos, especialmente en época de crisis. Es eso precisamente lo que hicieron los gobernantes y legisladores panistas y priístas que han venido concibiendo, negociando, discutiendo, afinando y aprobando la Ley de Ingresos del año entrante. Lo bueno de detentar el poder es que desde él es posible tasar los honorarios correspondientes al oficio y cobrarlos directamente de las arcas nacionales sin necesidad de realizar trámites engorrosos.
Ciertamente, el cucharón con el que se sirven los presupuestos en Los Pinos y San Lázaro no incluye únicamente salarios, prestaciones, automóviles y choferes, teléfonos celulares, computadoras, masajes, seguros médicos, compras de corbatas y de calzones, boletos de avión (o aviones propios y rentados), restaurantes, misas de difuntos y borracheras; el dinero que estos eficientes profesionistas van a sacar de nuestros bolsillos servirá también para asignar, a quienes les lleguen al precio, contratos multimillonarios de servicios públicos. Imagínense qué porcentajes están dispuestos a pagar los tiburones internacionales por el correspondiente al servicio de la infraestructura de Luz y Fuerza, o por el que permita la explotación del triple play sobre los despojos de esa entidad paraestatal, ofrecida a los carroñeros como prueba de control y dominio presidencial. Los recursos para tales operaciones (que son sólo unos ejemplos de la alta competitividad lograda por la corrupción nacional) saldrán, a fin de cuentas, del alza de impuestos que acaban de recetarnos.
Otro buen negocio para tiempos de crisis es tener una gran empresa y no pagar los impuestos correspondientes. Como lo reconoció el propio Felipe Calderón hace unos días, bajo su desgobierno es posible hacer negocios, obtener utilidades, omitir las obligaciones fiscales correspondientes –o cubrirlas a tasa de ganga de 1.7 por ciento, cuando el común de los mortales paga el 28 o más–, eludir la cárcel, mantenerse en las secciones de sociales (y hasta en la nómina de invitados especiales a las recepciones y faramallas de Los Pinos) y ser señalado como ciudadano modelo, héroe de la productividad y prócer de la beneficencia.
Pero el mejor de todos es el negocio de permitir el anterior, es decir, el de ser funcionario público –presidente más bien ilegítimo, secretario de Hacienda, director del Servicio de Administración Tributaria o coyote menor–, hacerse el que la Virgen le habla cuando se trata de cumplir con el deber de cobrar los impuestos pertinentes a quienes se les deben favores políticos (¿Te acuerdas de la campañota en medios que te organicé en 2006? ¿Y quién crees que les pagó a los creativos que acuñaron aquello del peligro para México?) y ponerse a idear, en tiempos de trabajo pagados con el dinero de los contribuyentes reales, maneras de transferir a esos mismos contribuyentes reales el costo de las omisiones propias en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo.
Transacciones de esta clase, y otros, seguirán siendo posibles mientras la sociedad lo permita. Cabe suponer que en un momento próximo, a pesar de los aparatos mediáticos que han garantizado la cobertura de tales negocios, la mayor parte de la ciudadanía caerá en la cuenta de que éstos, además, son delitos y que no hay país que pueda darse el lujo de permitir, por tiempo indefinido, la comisión flagrante de violaciones a la ley. Y actuará en consecuencia.
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