Acabo de recibir este correo de un habitante de Monterrey:
RE: Marines mexicanos.......Boinas verdes??? Orgullo de México
De un Artículo del Miami Herald
Favor de reenviar este documento a donde más puedan y “en particular a los Legisladores y a esa prensa que siempre nos resalta lo negativo”.
Hasta aquí todavía pensaba que por fín a esta persona ya le habia caido el veinte de lo que verdaderamente esta pasando es el país, pero al leer la primer linea del sig. parrafo se me empezó a revolver el estómago:
Gracias a Dios contamos con verdaderos hombres de principios.. mis respetos a estos próceres mexicanos.. adelante hermanos, cuentan con nuestro apoyo, espero que hombres como Uds. reemplacen por un buen rato a todos esos policías traidores, junto con sus jefes.
Y resulta que una facción del Congreso está preparando una iniciativa para poner una fecha límite al Ejército y la Marina, (mediados de 2011) para que se retiren de las calles y dejen de hacer labores de persecución a carteles de narcotraficantes.!!!!!!?????
Es para devolverle esa función a los diversos cuerpos de policía corruptos que tenemos. NO ENTIENDO ¡!!!!
Lo que debían hacer esos “Legisladores federales” es ponerle fecha a los cuerpos de policía para que sus superiores se responsabilicen de limpiar a esas cuevas de ladrones y traidores que tenemos.
No se acuerdan esos Diputados que el Chapulín colorado y Superman ya se jubilaron !! Con el ejército encerrado, quien protegerá a la ciudadanía de los Policías y de los malitos?
Sobre los hechos delictivos de ayer:
Tres movimientos, ejecutados en siete segundos bastaron a un hombre de la marina mexicana para someter al guardia personal del secretario estatal de Seguridad en Nuevo León.
Antes de 10 segundos el hombre civil, armado y preparado en la élite de la academia estatal estaba boca abajo, e inmóvil.
¿Quiénes son estos marinos mexicanos?
La respuesta está en un artículo del Miami Herald, publicado hace siete meses, en el que Donald Haran, periodista norteamericano relata el resultado de un proceso de capacitación al que fueron sometidos cerca de 500 elementos de la marina mexicana, en las instalaciones de la US Navy en la base naval de Florida.
“Estos marinos mexicanos son tan capaces, tan fuertes y disciplinados como los nortemericanos, orgullo de nuestras fuerzas armadas”, le dijo a Haran un alto funcionario de la Defensa norteamericana.
“Pero tienen algo más”, acota en el artículo, “Tienen la sangre guerrera de los aztecas, son irreductibles y tienen un gran corazón, una determinación que no he visto en otros hombres que han sido preparados”.
Y así volvieron a México, a replicar la capacitación, y a preparar a otros marines mexicanos.
Hoy, esa fuerza alcanza a millares de jóvenes cuya estatura promedio es de 1.85; que cuentan con la capacidad de tiro que tiene un francotirador del mejor nivel mundial, y están capacitados para el combate cuerpo a cuerpo hasta con 15 personas a la vez.
Tienen capacitación de sobrevivencia en condiciones adversas y manejan armamento del que todavía no tiene la defensa mexicana.
En Monterrey han dado golpes eficaces contra el crimen organizado, y suelen ser corteses con la población civil, su concepto de patriotismo es como el de los nobles soldados que encabezan la lucha contra el crimen organizado.
“Fueron preparados para esta batalla, para emplear Inteligencia de primer nivel y para aplicar tácticas precisas”, cita Haran al funcionario de la defensa norteamericana.
En la ciudad, el ciudadano parece maravillado por estos militares…
Los criminales tienen nuevas razones para temblar.
Saludos!!!
Aquí ya me dieron ganas de vomitar, pero me aguante y le repondí:
"Esos son sus próceres mexicanos??!!!, sabes que ( ), despues de leer tu correo que por un momento pense ya te había caido el veinte de lo que realmente este pasando en este país, me dieron ganas de vomitar.
No es gracias a Dios que se esten entrenando a mercenarios, es por gente como tú , encerrados en su mundito clase mediero de comodidad gracias a sus tarjetas de crédito, que no ve hacia donde nos van llevando.
Dios contento con mercenarios?... por favor!!!... cuanta soberbia!!!"
lunes, 15 de marzo de 2010
BOLETÍN DE PRESA DEL SME
A todos los Electricistas en Resistencia,
Salud:
Camaradas, una cita más con la Historia, estamos a punto de cumplir. Durante los 95 años de larga y fructífera existencia como Sindicato Mexicano de Electricistas, en diversos momentos nos hemos encontrado en difíciles y complejas encrucijadas, de todas ellas hemos salido adelante, nunca de manera sencilla ni fácil, pero siempre con dignidad y orgullo.
Este 16 de marzo del 2010, será uno de esos tiempos complicados y complejos, no exentos de dificultades y peligros, pero eso si seguros de que la templanza, la disciplina y la unidad de los Electricistas en Resistencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, nos sacará a flote y con la victoria.
Cumplir citas con la historia no son asuntos que cualquier organización o persona puedan decir, esas tareas solo lo pueden lograr aquellos, que se han templado en la lucha fragorosa con el enemigo de clase, como lo ha sido el SME a lo largo de sus Historia, y los Electricistas en Resistencia, que nos mantenemos en sus filas en los tiempos actuales.
En un país que se cae a pedazos, con una oligarquía neoliberal que ha tomado por asalto, reclutando, corrompiendo, sometiendo y poniendo bajo sus órdenes a todas las instituciones del viejo Estado Mexicano como los son: el Congreso de la Unión, con toda esa caterva de supuestos representantes populares llamados diputados y senadores; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con toda la cohorte de ministros, jueces y magistrados siempre serviles al gran capital; las Fuerzas Armadas y Policiacas, cuyos mandos han "logrado" sus ascensos y medallas, combatiendo, reprimiendo y sometiendo a su propio pueblo; los Partidos Políticos registrados, y todo el conjunto de esa costra putrefacta de políticos, más preocupados en mostrarse funcionales al Dinero, al Poder y a su "futuro" político, que a las angustias y sufrimientos de un empobrecido pueblo trabajador. Contando además, con esa yunta infernal que conforman la Alta Jerarquía de la Iglesia y los Medios de Comunicación, quienes mancomunadamente contribuyen a establecer un complejo sistema de control y dominación sobre la clase obrera y el pueblo, para evitar que se organice y luche.
Prácticamente nadie se ha salvado de sus garras, solo un puñado de electricistas, mineros, maestros, indígenas y una que otra organización social. Pero la rabia y la ira contra la clase dominante y su gobierno corren y se expresan por toda la geografía nacional, desorganizadas y sin canales de expresión, pero ahí están a la espera de que otros, con mayor organización salten a la lucha.
En nuestro caso, hemos recibido una furiosa ofensiva de esa oligarquía decadente y depredadora, desde el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el ilegal despido de los más de 44 mil electricistas hasta la bestial campaña mediática que nos colocó como "un peligro para México", pasando por las trampas legaloides del "poder judicial" para negarnos nuestros más elementales derechos constitucionales, legales y contractuales.
De un plumazo, Calderón y Lozano pretenden legalizar la extinción de LyFC y la desaparición del Contrato Colectivo de trabajo del SME, estos señores de horca y cuchillo imitando al dictador Porfirio Díaz intentan conculcar nuestros derechos dejándonos en la más absoluta indefensión. Ellos han venido por su revancha histórica, quieren cobrar la derrota de sus abuelos ideológicos y políticos castigando a los trabajadores de
Cananea y del SME, quienes con nuestras huelgas (1906 y 1916), movilizaciones y luchas hemos aportado las conquistas más importantes para el movimiento obrero de nuestra patria.
Ellos, pretenden concluir con la tarea comenzada por ese ejemplo de traición a la patria que es Carlos Salinas de Gortari, de entregar el Patrimonio Nacional al gran capital nacional y extranjero. Nosotros, estamos empeñados en defender y retornar esa Soberanía a sus verdaderos depositarios, la clase trabajadora y el pueblo. Ese es el verdadero conflicto, es la manifestación contundente de la lucha de clases que hoy existe en México.
Por eso, hoy no solo se trata de defender a LyFC y a nuestro empleo, además de trata de defender la Propiedad Colectiva y Social de todos los mexicanos, de defender la Soberanía Nacional sobre la Electricidad, el Petróleo, el Agua, la Educación Pública, la Seguridad Social, el Patrimonio Cultural y Arqueológico, la Integridad Territorial, Marítima, del Espacio Aéreo y Radioeléctrico de nuestra Patria, por eso afirmamos, que O SON ELLOS O SOMOS NOSOTROS, ese es el talante de la lucha del SME.
Al lado de ellos, están las fuerzas caducas y reaccionarias del país y del extranjero, la corrupción, la excrecencia, el nepotismo, los negocios sucios labrados subrepticiamente, como solo los delincuentes lo pueden hacer. De parte de nosotros están, quienes amamos a nuestra patria, todos las mujeres y hombres que creamos la riqueza de nuestro país, aquellos que trabajamos arduamente para ganarnos el pan de cada día de manera honesta y con el sudor de nuestra frente, están aquellos que con su ejemplo nos dan espíritu de lucha, fortaleza ideológica, convicción nacionalista y principios de clase: están Hidalgo, Morelos y Juárez; Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa; Ernesto H. Velasco, Francisco Breña Alvirez, Manuel Paulín y Mario Pavón.
Camaradas, este 16 de marzo estallaremos una huelga inédita, con ella defenderemos las conquistas más sagradas del SME y de la clase obrera: LOS DERECHOS A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, A LA ORGANIZACIÓN Y AUTONOMÍA SINDICALES Y A LA HUELGA MISMA. Nuestra fuerza reside en la limpieza de esos derechos inextinguibles e innegociables, pero también en la organización, disciplina y en la más férrea unidad de clase, para poder alcanzar la victoria.
Tenemos que tener claro que la clase dominante aún es fuerte y va a desplegar todo su aparato en contra nuestra, aunque desde luego tiene debilidades evidentes y que el uso adecuado de esas debilidades pueden ayudarnos para construir su propia derrota. Sin embargo, nunca debemos olvidar que el enemigo de clase es infinitamente vil, y por ello mismo, tenemos que construir la fortaleza necesaria para evitar ser golpeados.
En todo caso "la suerte ya está echada", vayamos con la convicción profunda de que tenemos la fuerza de la razón y la razón de nuestra historia obrera. En esta hora y de nueva cuenta, el Sindicato Mexicano de Electricista sabrá cumplir honrosamente su cita con la Historia y con su propia trayectoria, adelante camaradas.
¡¡¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!!!
¡¡¡Viva la clase Obrera!!!
¡¡¡Viva México!!!
Fraternalmente
"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"
México, D. F., a 15 de Marzo de 2010
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
VALIENTES MEXICAN@S, CONSCIENTES DE SU CITA CON LA HISTORIA, GRACIAS !!!
NO ESTAN SOL@S!!!
Salud:
Camaradas, una cita más con la Historia, estamos a punto de cumplir. Durante los 95 años de larga y fructífera existencia como Sindicato Mexicano de Electricistas, en diversos momentos nos hemos encontrado en difíciles y complejas encrucijadas, de todas ellas hemos salido adelante, nunca de manera sencilla ni fácil, pero siempre con dignidad y orgullo.
Este 16 de marzo del 2010, será uno de esos tiempos complicados y complejos, no exentos de dificultades y peligros, pero eso si seguros de que la templanza, la disciplina y la unidad de los Electricistas en Resistencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, nos sacará a flote y con la victoria.
Cumplir citas con la historia no son asuntos que cualquier organización o persona puedan decir, esas tareas solo lo pueden lograr aquellos, que se han templado en la lucha fragorosa con el enemigo de clase, como lo ha sido el SME a lo largo de sus Historia, y los Electricistas en Resistencia, que nos mantenemos en sus filas en los tiempos actuales.
En un país que se cae a pedazos, con una oligarquía neoliberal que ha tomado por asalto, reclutando, corrompiendo, sometiendo y poniendo bajo sus órdenes a todas las instituciones del viejo Estado Mexicano como los son: el Congreso de la Unión, con toda esa caterva de supuestos representantes populares llamados diputados y senadores; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con toda la cohorte de ministros, jueces y magistrados siempre serviles al gran capital; las Fuerzas Armadas y Policiacas, cuyos mandos han "logrado" sus ascensos y medallas, combatiendo, reprimiendo y sometiendo a su propio pueblo; los Partidos Políticos registrados, y todo el conjunto de esa costra putrefacta de políticos, más preocupados en mostrarse funcionales al Dinero, al Poder y a su "futuro" político, que a las angustias y sufrimientos de un empobrecido pueblo trabajador. Contando además, con esa yunta infernal que conforman la Alta Jerarquía de la Iglesia y los Medios de Comunicación, quienes mancomunadamente contribuyen a establecer un complejo sistema de control y dominación sobre la clase obrera y el pueblo, para evitar que se organice y luche.
Prácticamente nadie se ha salvado de sus garras, solo un puñado de electricistas, mineros, maestros, indígenas y una que otra organización social. Pero la rabia y la ira contra la clase dominante y su gobierno corren y se expresan por toda la geografía nacional, desorganizadas y sin canales de expresión, pero ahí están a la espera de que otros, con mayor organización salten a la lucha.
En nuestro caso, hemos recibido una furiosa ofensiva de esa oligarquía decadente y depredadora, desde el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el ilegal despido de los más de 44 mil electricistas hasta la bestial campaña mediática que nos colocó como "un peligro para México", pasando por las trampas legaloides del "poder judicial" para negarnos nuestros más elementales derechos constitucionales, legales y contractuales.
De un plumazo, Calderón y Lozano pretenden legalizar la extinción de LyFC y la desaparición del Contrato Colectivo de trabajo del SME, estos señores de horca y cuchillo imitando al dictador Porfirio Díaz intentan conculcar nuestros derechos dejándonos en la más absoluta indefensión. Ellos han venido por su revancha histórica, quieren cobrar la derrota de sus abuelos ideológicos y políticos castigando a los trabajadores de
Cananea y del SME, quienes con nuestras huelgas (1906 y 1916), movilizaciones y luchas hemos aportado las conquistas más importantes para el movimiento obrero de nuestra patria.
Ellos, pretenden concluir con la tarea comenzada por ese ejemplo de traición a la patria que es Carlos Salinas de Gortari, de entregar el Patrimonio Nacional al gran capital nacional y extranjero. Nosotros, estamos empeñados en defender y retornar esa Soberanía a sus verdaderos depositarios, la clase trabajadora y el pueblo. Ese es el verdadero conflicto, es la manifestación contundente de la lucha de clases que hoy existe en México.
Por eso, hoy no solo se trata de defender a LyFC y a nuestro empleo, además de trata de defender la Propiedad Colectiva y Social de todos los mexicanos, de defender la Soberanía Nacional sobre la Electricidad, el Petróleo, el Agua, la Educación Pública, la Seguridad Social, el Patrimonio Cultural y Arqueológico, la Integridad Territorial, Marítima, del Espacio Aéreo y Radioeléctrico de nuestra Patria, por eso afirmamos, que O SON ELLOS O SOMOS NOSOTROS, ese es el talante de la lucha del SME.
Al lado de ellos, están las fuerzas caducas y reaccionarias del país y del extranjero, la corrupción, la excrecencia, el nepotismo, los negocios sucios labrados subrepticiamente, como solo los delincuentes lo pueden hacer. De parte de nosotros están, quienes amamos a nuestra patria, todos las mujeres y hombres que creamos la riqueza de nuestro país, aquellos que trabajamos arduamente para ganarnos el pan de cada día de manera honesta y con el sudor de nuestra frente, están aquellos que con su ejemplo nos dan espíritu de lucha, fortaleza ideológica, convicción nacionalista y principios de clase: están Hidalgo, Morelos y Juárez; Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa; Ernesto H. Velasco, Francisco Breña Alvirez, Manuel Paulín y Mario Pavón.
Camaradas, este 16 de marzo estallaremos una huelga inédita, con ella defenderemos las conquistas más sagradas del SME y de la clase obrera: LOS DERECHOS A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, A LA ORGANIZACIÓN Y AUTONOMÍA SINDICALES Y A LA HUELGA MISMA. Nuestra fuerza reside en la limpieza de esos derechos inextinguibles e innegociables, pero también en la organización, disciplina y en la más férrea unidad de clase, para poder alcanzar la victoria.
Tenemos que tener claro que la clase dominante aún es fuerte y va a desplegar todo su aparato en contra nuestra, aunque desde luego tiene debilidades evidentes y que el uso adecuado de esas debilidades pueden ayudarnos para construir su propia derrota. Sin embargo, nunca debemos olvidar que el enemigo de clase es infinitamente vil, y por ello mismo, tenemos que construir la fortaleza necesaria para evitar ser golpeados.
En todo caso "la suerte ya está echada", vayamos con la convicción profunda de que tenemos la fuerza de la razón y la razón de nuestra historia obrera. En esta hora y de nueva cuenta, el Sindicato Mexicano de Electricista sabrá cumplir honrosamente su cita con la Historia y con su propia trayectoria, adelante camaradas.
¡¡¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!!!
¡¡¡Viva la clase Obrera!!!
¡¡¡Viva México!!!
Fraternalmente
"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"
México, D. F., a 15 de Marzo de 2010
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
VALIENTES MEXICAN@S, CONSCIENTES DE SU CITA CON LA HISTORIA, GRACIAS !!!
NO ESTAN SOL@S!!!
CALDERÓN, SOMETIDO A SALINAS
Álvaro Delgado
MEXICO, DF, 15 de marzo (apro).- El 3 de agosto del año pasado, un mes después de las elecciones, se escribió en este espacio: “Entre impotentes y resignados, los propios panistas asumen que, en menos de tres años, el gobierno de Felipe Calderón está exhausto, rendido, agonizante y aceptan que, después de la catástrofe electoral del 5 de julio, la capitulación menos costosa es ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque lo contrario implica una ignominiosa caída en medio de un país que él ha destazado.
“Por eso reaparece, exultante, Carlos Salinas. Para asumir el control. No sólo del PRI, que ya lo tiene, pese a los pataleos de Beatriz Paredes. También la conducción real del PAN.
“Salinas es ya el administrador del poder en México. Y el gran elector en ambos partidos: En el PRI, Enrique Peña Nieto, al que ya se le cree escriturada la Presidencia de la República, y cualquiera en el PAN, que al fin será sólo comparsa: Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero o, como se perfila, Alonso Lujambio Irazábal, un ‘peñanietito’ cualquiera.
“Las cosas, pues, se van acomodando.
“Y por eso hay que darle la bienvenida a Carlos Salinas, quien públicamente se coloca como el jefe de jefes del entramado de intereses al que Calderón no sólo ya no es funcional, sino estorboso.
“Después de aisladas apariciones, para ir dejando atrás el exilio al que lo obligó el repudio popular --que no ha amainado--, Salinas irrumpe para salvar el resto del sexenio de Calderón, que será ‘presidente’ sólo formalmente y para efectos de desahogar, legalmente, la agenda legislativa que orquestará el nuevo gerente de las elites.
“¿Qué agenda? Por supuesto una que no será en beneficio de la mayoría de los mexicanos, sino del grupo depredador que está instalado en el poder desde 1982 y del que Salinas ha sido, desde entonces, personaje central, particularmente después del fraude de 1988 y el cogobierno que estableció con el PAN para ‘legitimarse en el ejercicio del poder’.
“Por eso no hay que perder de vista los puntos comunes de las agendas del PRI y del PAN, particularmente la del segundo, en especial la que tiene que ver con el sector energético cuyo esquema privatizador fue, en general, vencido el año pasado (2008), pero que en el siguiente o los siguientes periodos legislativos se pretende volver a impulsar para beneficiar a los magnates que encumbró el salinismo.
(…) Por supuesto que la agenda de Salinas no se limita a seguir depredando los recursos de la nación, sino también a poner remedio a algo que tiene enfurecidas a las elites por la torpeza de Calderón: La carnicería entre las bandas del crimen organizado y los cuerpos policíacos, que ya toca también al Ejército. Y no porque a los magnates les interesen las violaciones a los derechos humanos que comete la tropa, a menudo contra la población más vulnerable, sino porque le minan sus ganancias las extorsiones y los secuestros.
“Salinas ofrece administrar también, como lo hizo en su sexenio, el crimen organizado para que opere con acotamientos y sin causar matazones, secuestros, extorsiones y balaceras de manera indiscriminada, así como en el Estado de México de Peña Nieto. Al fin que, para él, política y crimen son sinónimos.
“¿A quiénes identifica Salinas como obstáculos para ese afán desnacionalizador? Evidentemente no a los serviles priistas ni a sus cómplices del PAN, sino a quienes frenaron, en el terreno de las ideas, la primera intentona --el año pasado (2008)--, en el debate convocado por la Cámara de Senadores, y con la movilización popular.
“¿Y por qué reaparece Salinas justamente en Oaxaca, cuyo gobierno de Ulises Ruiz no escatimó atenciones? La maniobra no puede ser más nítida: Fue a identificar a su oponente político real, de gira por los municipios gobernados por usos y costumbres: Andrés Manuel López Obrador.
“Guste o no, esa es la real disputa…”
Siete meses después, ratifico lo que escribí, con el añadido de que se suma al elenco de prospectos presidenciales del PAN el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, y sobre todo el impúdico trueque PRI-PAN para aumentar los impuestos a cambio de que el PAN franquee el paso a Peña Nieto, del que hay inclusive constancia documental.
Es decir, la influencia de Salinas en los dos partidos y los dos gobiernos es inequívoca: Apoderado y asesor principalísimo de Peña Nieto, que también incluye al tío de éste Alfredo del Mazo, ha contado para sus arreglos en el PAN con Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, cuyos contubernios vienen desde hace casi un cuarto de siglo.
Gómez Mont, cuya renuncia al PAN fue una pantomima que sus amanuenses tratan de dar rango de honorable, firmó como “testigo de honor” el pacto con Peña Nieto, el 30 de octubre, dos meses después del cuarto informe de gobierno de éste, en cuya ceremonia diseñada para la televisión participó, como “invitado de honor”, nada menos que Fernández de Cevallos.
Poco después de la falsa renuncia de Gómez Mont al PAN y antes de conocer a detalles el contubernio para franquearle el paso a Peña Nieto, un amigo de Fernández de Cevallos, Juan José Rodríguez Prats, le dijo al reportero: “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
--De plano.
--De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo puede ir!
Contó que, después de que supo que asistió al cuarto informe de Peña Nieto, habló por última vez con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’.”
--¿Qué le respondió?
--Nada. Se quedó callado.
Apuntes
El truene de dedos de Barak Obama a Calderón por el triple asesinato del sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede lograr lo que no ha sido posible con el asesinato impune de miles de mexicanos, entre ellos muchos inocentes, como los jóvenes que ese sujeto calificó de pandilleros y los defensores de los derechos humanos. Calderón sabe que pierde la confianza de los gringos. En esto tampoco pudo…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MEXICO, DF, 15 de marzo (apro).- El 3 de agosto del año pasado, un mes después de las elecciones, se escribió en este espacio: “Entre impotentes y resignados, los propios panistas asumen que, en menos de tres años, el gobierno de Felipe Calderón está exhausto, rendido, agonizante y aceptan que, después de la catástrofe electoral del 5 de julio, la capitulación menos costosa es ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque lo contrario implica una ignominiosa caída en medio de un país que él ha destazado.
“Por eso reaparece, exultante, Carlos Salinas. Para asumir el control. No sólo del PRI, que ya lo tiene, pese a los pataleos de Beatriz Paredes. También la conducción real del PAN.
“Salinas es ya el administrador del poder en México. Y el gran elector en ambos partidos: En el PRI, Enrique Peña Nieto, al que ya se le cree escriturada la Presidencia de la República, y cualquiera en el PAN, que al fin será sólo comparsa: Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero o, como se perfila, Alonso Lujambio Irazábal, un ‘peñanietito’ cualquiera.
“Las cosas, pues, se van acomodando.
“Y por eso hay que darle la bienvenida a Carlos Salinas, quien públicamente se coloca como el jefe de jefes del entramado de intereses al que Calderón no sólo ya no es funcional, sino estorboso.
“Después de aisladas apariciones, para ir dejando atrás el exilio al que lo obligó el repudio popular --que no ha amainado--, Salinas irrumpe para salvar el resto del sexenio de Calderón, que será ‘presidente’ sólo formalmente y para efectos de desahogar, legalmente, la agenda legislativa que orquestará el nuevo gerente de las elites.
“¿Qué agenda? Por supuesto una que no será en beneficio de la mayoría de los mexicanos, sino del grupo depredador que está instalado en el poder desde 1982 y del que Salinas ha sido, desde entonces, personaje central, particularmente después del fraude de 1988 y el cogobierno que estableció con el PAN para ‘legitimarse en el ejercicio del poder’.
“Por eso no hay que perder de vista los puntos comunes de las agendas del PRI y del PAN, particularmente la del segundo, en especial la que tiene que ver con el sector energético cuyo esquema privatizador fue, en general, vencido el año pasado (2008), pero que en el siguiente o los siguientes periodos legislativos se pretende volver a impulsar para beneficiar a los magnates que encumbró el salinismo.
(…) Por supuesto que la agenda de Salinas no se limita a seguir depredando los recursos de la nación, sino también a poner remedio a algo que tiene enfurecidas a las elites por la torpeza de Calderón: La carnicería entre las bandas del crimen organizado y los cuerpos policíacos, que ya toca también al Ejército. Y no porque a los magnates les interesen las violaciones a los derechos humanos que comete la tropa, a menudo contra la población más vulnerable, sino porque le minan sus ganancias las extorsiones y los secuestros.
“Salinas ofrece administrar también, como lo hizo en su sexenio, el crimen organizado para que opere con acotamientos y sin causar matazones, secuestros, extorsiones y balaceras de manera indiscriminada, así como en el Estado de México de Peña Nieto. Al fin que, para él, política y crimen son sinónimos.
“¿A quiénes identifica Salinas como obstáculos para ese afán desnacionalizador? Evidentemente no a los serviles priistas ni a sus cómplices del PAN, sino a quienes frenaron, en el terreno de las ideas, la primera intentona --el año pasado (2008)--, en el debate convocado por la Cámara de Senadores, y con la movilización popular.
“¿Y por qué reaparece Salinas justamente en Oaxaca, cuyo gobierno de Ulises Ruiz no escatimó atenciones? La maniobra no puede ser más nítida: Fue a identificar a su oponente político real, de gira por los municipios gobernados por usos y costumbres: Andrés Manuel López Obrador.
“Guste o no, esa es la real disputa…”
Siete meses después, ratifico lo que escribí, con el añadido de que se suma al elenco de prospectos presidenciales del PAN el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, y sobre todo el impúdico trueque PRI-PAN para aumentar los impuestos a cambio de que el PAN franquee el paso a Peña Nieto, del que hay inclusive constancia documental.
Es decir, la influencia de Salinas en los dos partidos y los dos gobiernos es inequívoca: Apoderado y asesor principalísimo de Peña Nieto, que también incluye al tío de éste Alfredo del Mazo, ha contado para sus arreglos en el PAN con Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, cuyos contubernios vienen desde hace casi un cuarto de siglo.
Gómez Mont, cuya renuncia al PAN fue una pantomima que sus amanuenses tratan de dar rango de honorable, firmó como “testigo de honor” el pacto con Peña Nieto, el 30 de octubre, dos meses después del cuarto informe de gobierno de éste, en cuya ceremonia diseñada para la televisión participó, como “invitado de honor”, nada menos que Fernández de Cevallos.
Poco después de la falsa renuncia de Gómez Mont al PAN y antes de conocer a detalles el contubernio para franquearle el paso a Peña Nieto, un amigo de Fernández de Cevallos, Juan José Rodríguez Prats, le dijo al reportero: “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
--De plano.
--De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo puede ir!
Contó que, después de que supo que asistió al cuarto informe de Peña Nieto, habló por última vez con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’.”
--¿Qué le respondió?
--Nada. Se quedó callado.
Apuntes
El truene de dedos de Barak Obama a Calderón por el triple asesinato del sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede lograr lo que no ha sido posible con el asesinato impune de miles de mexicanos, entre ellos muchos inocentes, como los jóvenes que ese sujeto calificó de pandilleros y los defensores de los derechos humanos. Calderón sabe que pierde la confianza de los gringos. En esto tampoco pudo…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
INDUSTRIA ELÉCTRICA: DEL MODELO REAGANEANO-THATCHERIANO-PINOCHETISTA AL SÍNDROME ENRON
Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra [a los trabajadores] y la única manera de hacerlo era atacando los puntos vulnerables, las centrales eléctricas, los depósitos de carbón y de coque, los suministros… Deseábamos paralizar la economía de la nación. Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior [los trabajadores], mucho más peligroso, difícil de batir y nocivo para la libertad
Margaret Thatcher
Marcos Chávez M.
El desastre en que se ha convertido el abastecimiento eléctrico en el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos –que afecta a 400 colonias, aproximadamente, de la zona metropolitana, directamente a más de 360 mil usuarios con un pésimo servicio, e indirectamente a más 400 mil con el suministro de agua, además de provocar pérdidas del orden de 100 millones de pesos a las empresas, hasta el momento– no es un simple accidente. Esa situación formaba parte del cálculo político de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, Genaro García, Javier Lozano, Georgina Kessel y Alfredo Elías Ayub, entre otros involucrados, desde el momento en que planearon y decidieron el brutal asalto policiaco-militar en contra a de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 10 de octubre, con el objeto de destruir a la paraestatal y al Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME), aumentar las tarifas del energético y reducir o eliminar los subsidios a la población, los cuales ya se transfieren a los empresarios que, como buitres, devoran los despojos que les arrojaron, y a los nuevos que llegarán al festín o que ampliarán su participación en el mismo.
Es un deliberado precio “colateral”, económico y sociopolítico, necesario e inevitable, que conscientemente aceptaron asumir los líderes referidos del proyecto neoliberal de nación, dentro del proceso de devastación del Estado, cuando resolvieron allanar el terreno de esa manera para acelerar el desmantelamiento y la reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, y las telecomunicaciones asociadas a la última. Desde luego que esas infamias pudieron sortearse o atenuarse, pero ello implicaba una estrategia diferente, normalmente empleada en las democracias formales: la reorganización a fondo de la empresa para tratar de subsanar sus deficiencias, a través de una mejor planeación y manejo administrativo, una dirección profesional, responsable, sometida a una supervisión rigurosa y la evaluación interna y externa de sus resultados (la Secretaría y Comisión de Energía, el Congreso, representantes de la sociedad), lo que hubiera implicado el despido y la sancionar de sus últimos funcionarios, el cambio en la política de precios y subsidios; la demostración seria de su inviabilidad operativa y financiera para justificar el imperativo de fusionarla con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desaparecerla o crear otra; el consenso social; negociar con los trabajadores, respetar sus derechos laborales y constitucionales y ofrecerles opciones laborales; respetar las leyes primarias y secundarias y apegarse a los procedimientos e instancias (el Congreso), jurídicamente establecidos, si la decisión era desaparecerla o integrarla a la CFE; evaluar la pertinencia de la reprivatización luego del fracaso de todas las experiencias mundiales, entre ellas las emblemáticas inglesa, estadunidense y chilena, cuyo rescate resultó más oneroso que los ingresos redituados por su venta; diseñar un programa que anticipara esos problemas y los enfrentara satisfactoriamente, lo que hubiera implicado reforzar la CFE o crear una nueva sólida financiera y operativamente, con un periodo de transición y una ruta crítica, en un plazo razonable.
Para nadie es un secreto el premeditado estrangulamiento financiero de la CFE –al igual que LFC y demás empresas estatales– que explica, en gran medida, el deterioro de su eficiencia y su descrédito público –estimulado por el gobierno–, proceso reforzado por la voracidad de los impresentables líderes de su sindicato corporativo que, con la venia oficial, y la depredación a que es sometida por los empresarios nacionales y extranjeros, le venden sus gravosos, turbios e inconstitucionales servicios –obras y fluido–. Su deplorable estado, al que se le añadió súbitamente la carga de trabajo de LFC, sin la ampliación de su presupuesto y de su plantilla de empleados, garantizaba la crisis energética que padece el centro del país. Pero el primer objetivo de Calderón y sus rudos no era evitar el síndrome Enron, sino reventar a LFC y al SME. El colapso forzado ofrecería la coartada intencional esperada para la segunda meta: reprivatizar y ampliar la presencia empresarial en el servicio. Ese oscuro interés particular fue ocultado con la fachada de la “seguridad nacional”.
¿Qué razones existen para esperar una acción distinta a la asumida, que Calderón se apegaría a las leyes si, como un “moderno” Atila, siempre las ha violado impunemente, con la infame complicidad de quienes han convertido en una zahúrda a los poderes Legislativo y Judicial y que legitimaron la villanía al largarse despectivamente de vacaciones en lugar de enfrentar las tropelías, como legalmente les correspondía, y sufrir una insultante amnesia de los problemas cuando regresaron? ¿Si cometieron una vileza en contra de más de 40 mil trabajadores electricistas y arteramente han sacrificado a millones de mexicanos con su política antisocial, por qué esperar que no se ensañaran con las más de 20 millones de personas que habitan en las entidades citadas y dependían del servicio de LFC, en especial en contra los capitalinos que han derrotado a Calderón y su clerical partido, que se han convertido en un fastidioso valladar contra su neoliberalismo y su rabioso mandato teocrático?
La crisis eléctrica, diabólicamente o no planeada, constituye una venganza ejemplar que se magnifica ante la ausencia de normas, mecanismos legales e institucionales que permitan a los usuarios defender sus derechos ante los abusos y los daños ocasionados por el gobierno y los empresarios. Los que existen son simples celestinas o se suman en contra de ellos, como ocurre con los “representantes populares”. Quién y cómo compensará los perjuicios cometidos en contra de los usuarios: la reducción y parálisis de la producción, el atraso en la entrega de pedidos o la atención de los servicios, el deterioro de los equipos, las pérdidas pecuniarias, la afectación de los aparatos, alimentos y otros productos o la falta de agua en los hogares.
¿Acaso esperan que traten de hacer justicia por sus propios? Si la violencia policiaco-militar se ha convertido en un escándalo mundial, ante la indiferencia calderonista, ¿qué más da otra represión?
Al cuantificar Estefano Conde (CFE) que el servicio podría tardar 18-20 meses en normalizarse, está ponderando la magnitud del ultraje cometido. La forma en que han sido contratados los trabajadores de las firmas que sustituyeron a LFC –salarios por 4-6 mil pesos mensuales, menores a los pagados a los empleados despedidos, sin prestaciones sociales y ocupados temporales– envía otros mensajes: no les afecta la ilegalidad del proceso; fomentar la división y el conflicto de clase, entre los nuevos empleados, cuyas necesidades les obliga a aceptar una deplorable ocupación para subsistir, los que fueron ilegalmente arrojados a la calle y que defienden sus intereses y los de la nación y que ven a aquellos como saboteadores, y los usuarios descontentos que los cusan de la crisis, sin ver que el responsable está en los Pinos; la incitación y el solapamiento de Calderón a la violación de las leyes del trabajo, la regla con que buscan medir, “flexibilizar” e inmolar a todos los asalariados con la contrarreforma laboral que impulsa con su consistorio, empresarios y congresistas, para favorecer la acumulación capitalista.
Para lograr sus propósitos, Calderón no inventó nada, sólo empleó los bárbaros métodos conocidos: las pezuñas para pisotear la legalidad y el puño de hierro para aplastar a quien se interponga; la sanguinaria ferocidad empleada en los tres laboratorios donde la derecha radical diseñó el bacilo de la peste neoliberal y que luego diseminó a escala mundial para justificar la fingida superioridad del mercado sobre el Estado: imponer la terapia de la liberalización, la privatización, la desregulación y embestir a los trabajadores. Con las bayonetas y del brazo de los Chicago boys, Augusto Pinochet pudo aplastar a los opositores y vender corruptamente cuantas empresas públicas quiso, entre ellas a Endesa, responsable de la industria eléctrica (generación y distribución), e “inventar” el “capitalismo popular”, la venta de acciones a los trabajadores, como se pretender hacer con Petróleos Mexicanos. Al final, todo quedó suciamente en manos de los “hijos de Pinochet” y los españoles (Edasa-España). Margaret Thatcher privatizó Electricity Distribution (1990) y Electricy Generation (1991). Para asegurar las ventas, aplastó a los trabajadores, destacándose la histórica arremetida en contra de los 240 mil mineros que en 1984 iniciaron una ola de huelgas. Miles de ellos fueron despedidos y golpeados; varios, encarcelados. En 1986, Ronald Reagan quiso vender las cinco empresas “administradoras” de energía eléctrica, pero el Congreso lo impidió. Pero la desregulación de la producción y distribución eléctrica provocó la crisis de California y otros estados (2000-2001), que develó la picardía de las empresas, entre ellas Enron: los altos precios, la especulación en el servicio, la defectuosa infraestructura y las fabulosas ganancias, que costaron millones de dólares a los estados y los contribuyentes.
El fracaso de la privatización y la desregulación eléctrica en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia (Sharon Beder, Energía y Poder. La lucha por el control de la electricidad en el mundo. FCE, México, 2005), Chile, Argentina y otros países, se resume en varios en varios puntos: la sustitución de los monopolios públicos por los privados, extranjerizados, sin competencia, que manipulan el mercado y subordinan el intereses nacional al particular, y que se crearon en turbias ventas, donde convergieron los oscuros intereses de los funcionarios estatales y los empresarios beneficiados; el privilegio a la máxima ganancia sobre la tecnología, la infraestructura y la cobertura, concentrada en las zonas densamente pobladas, descuidando al resto de la población; los altos costos operativos, convertidos en altos precios para los pequeños consumidores, afectados adicionalmente por la reducción o eliminación de los subsidios, y bajas tarifas para las empresas y las personas de altos ingreso; peores servicios y mayores abusos a los indefensos usuarios; los reiterados apagones y el desabasto que han obligado a racionar el consumo. Los grandes apagones de California, Nueva York-Sureste de Canadá, Buenos Aires, México, Italia, Europa y Australia son algunos ejemplos; una mala regulación, el solapamiento o la debilidad oficial para fiscalizar, controlar y garantizar que las productoras y distribuidoras se apeguen a la ley y las políticas energética de largo plazo ante el poder adquirido; la corrupción, evasión de impuestos, trato “privilegiado”, protección otorgada por el gobierno y la clase política, prácticas fraudulentas y manipulación contable o salidas de capitales que han caracterizado a las operaciones de las empresas; la pérdida y la precarización del empleo (inestabilidad, recorte de salarios y prestaciones, subcontratación, arbitrariedades laborales); la quiebra de algunas empresas cuyo costo para rescatarlas resultó mayor que el recibido por su venta y que se convirtieron en deuda pública que pagan los contribuyentes; la pérdida de la soberanía energética y el riesgo que implica para la seguridad nacional la entrega de la industria a los monopolios privados.
Margaret Thatcher
Marcos Chávez M.
El desastre en que se ha convertido el abastecimiento eléctrico en el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos –que afecta a 400 colonias, aproximadamente, de la zona metropolitana, directamente a más de 360 mil usuarios con un pésimo servicio, e indirectamente a más 400 mil con el suministro de agua, además de provocar pérdidas del orden de 100 millones de pesos a las empresas, hasta el momento– no es un simple accidente. Esa situación formaba parte del cálculo político de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, Genaro García, Javier Lozano, Georgina Kessel y Alfredo Elías Ayub, entre otros involucrados, desde el momento en que planearon y decidieron el brutal asalto policiaco-militar en contra a de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 10 de octubre, con el objeto de destruir a la paraestatal y al Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME), aumentar las tarifas del energético y reducir o eliminar los subsidios a la población, los cuales ya se transfieren a los empresarios que, como buitres, devoran los despojos que les arrojaron, y a los nuevos que llegarán al festín o que ampliarán su participación en el mismo.
Es un deliberado precio “colateral”, económico y sociopolítico, necesario e inevitable, que conscientemente aceptaron asumir los líderes referidos del proyecto neoliberal de nación, dentro del proceso de devastación del Estado, cuando resolvieron allanar el terreno de esa manera para acelerar el desmantelamiento y la reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, y las telecomunicaciones asociadas a la última. Desde luego que esas infamias pudieron sortearse o atenuarse, pero ello implicaba una estrategia diferente, normalmente empleada en las democracias formales: la reorganización a fondo de la empresa para tratar de subsanar sus deficiencias, a través de una mejor planeación y manejo administrativo, una dirección profesional, responsable, sometida a una supervisión rigurosa y la evaluación interna y externa de sus resultados (la Secretaría y Comisión de Energía, el Congreso, representantes de la sociedad), lo que hubiera implicado el despido y la sancionar de sus últimos funcionarios, el cambio en la política de precios y subsidios; la demostración seria de su inviabilidad operativa y financiera para justificar el imperativo de fusionarla con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desaparecerla o crear otra; el consenso social; negociar con los trabajadores, respetar sus derechos laborales y constitucionales y ofrecerles opciones laborales; respetar las leyes primarias y secundarias y apegarse a los procedimientos e instancias (el Congreso), jurídicamente establecidos, si la decisión era desaparecerla o integrarla a la CFE; evaluar la pertinencia de la reprivatización luego del fracaso de todas las experiencias mundiales, entre ellas las emblemáticas inglesa, estadunidense y chilena, cuyo rescate resultó más oneroso que los ingresos redituados por su venta; diseñar un programa que anticipara esos problemas y los enfrentara satisfactoriamente, lo que hubiera implicado reforzar la CFE o crear una nueva sólida financiera y operativamente, con un periodo de transición y una ruta crítica, en un plazo razonable.
Para nadie es un secreto el premeditado estrangulamiento financiero de la CFE –al igual que LFC y demás empresas estatales– que explica, en gran medida, el deterioro de su eficiencia y su descrédito público –estimulado por el gobierno–, proceso reforzado por la voracidad de los impresentables líderes de su sindicato corporativo que, con la venia oficial, y la depredación a que es sometida por los empresarios nacionales y extranjeros, le venden sus gravosos, turbios e inconstitucionales servicios –obras y fluido–. Su deplorable estado, al que se le añadió súbitamente la carga de trabajo de LFC, sin la ampliación de su presupuesto y de su plantilla de empleados, garantizaba la crisis energética que padece el centro del país. Pero el primer objetivo de Calderón y sus rudos no era evitar el síndrome Enron, sino reventar a LFC y al SME. El colapso forzado ofrecería la coartada intencional esperada para la segunda meta: reprivatizar y ampliar la presencia empresarial en el servicio. Ese oscuro interés particular fue ocultado con la fachada de la “seguridad nacional”.
¿Qué razones existen para esperar una acción distinta a la asumida, que Calderón se apegaría a las leyes si, como un “moderno” Atila, siempre las ha violado impunemente, con la infame complicidad de quienes han convertido en una zahúrda a los poderes Legislativo y Judicial y que legitimaron la villanía al largarse despectivamente de vacaciones en lugar de enfrentar las tropelías, como legalmente les correspondía, y sufrir una insultante amnesia de los problemas cuando regresaron? ¿Si cometieron una vileza en contra de más de 40 mil trabajadores electricistas y arteramente han sacrificado a millones de mexicanos con su política antisocial, por qué esperar que no se ensañaran con las más de 20 millones de personas que habitan en las entidades citadas y dependían del servicio de LFC, en especial en contra los capitalinos que han derrotado a Calderón y su clerical partido, que se han convertido en un fastidioso valladar contra su neoliberalismo y su rabioso mandato teocrático?
La crisis eléctrica, diabólicamente o no planeada, constituye una venganza ejemplar que se magnifica ante la ausencia de normas, mecanismos legales e institucionales que permitan a los usuarios defender sus derechos ante los abusos y los daños ocasionados por el gobierno y los empresarios. Los que existen son simples celestinas o se suman en contra de ellos, como ocurre con los “representantes populares”. Quién y cómo compensará los perjuicios cometidos en contra de los usuarios: la reducción y parálisis de la producción, el atraso en la entrega de pedidos o la atención de los servicios, el deterioro de los equipos, las pérdidas pecuniarias, la afectación de los aparatos, alimentos y otros productos o la falta de agua en los hogares.
¿Acaso esperan que traten de hacer justicia por sus propios? Si la violencia policiaco-militar se ha convertido en un escándalo mundial, ante la indiferencia calderonista, ¿qué más da otra represión?
Al cuantificar Estefano Conde (CFE) que el servicio podría tardar 18-20 meses en normalizarse, está ponderando la magnitud del ultraje cometido. La forma en que han sido contratados los trabajadores de las firmas que sustituyeron a LFC –salarios por 4-6 mil pesos mensuales, menores a los pagados a los empleados despedidos, sin prestaciones sociales y ocupados temporales– envía otros mensajes: no les afecta la ilegalidad del proceso; fomentar la división y el conflicto de clase, entre los nuevos empleados, cuyas necesidades les obliga a aceptar una deplorable ocupación para subsistir, los que fueron ilegalmente arrojados a la calle y que defienden sus intereses y los de la nación y que ven a aquellos como saboteadores, y los usuarios descontentos que los cusan de la crisis, sin ver que el responsable está en los Pinos; la incitación y el solapamiento de Calderón a la violación de las leyes del trabajo, la regla con que buscan medir, “flexibilizar” e inmolar a todos los asalariados con la contrarreforma laboral que impulsa con su consistorio, empresarios y congresistas, para favorecer la acumulación capitalista.
Para lograr sus propósitos, Calderón no inventó nada, sólo empleó los bárbaros métodos conocidos: las pezuñas para pisotear la legalidad y el puño de hierro para aplastar a quien se interponga; la sanguinaria ferocidad empleada en los tres laboratorios donde la derecha radical diseñó el bacilo de la peste neoliberal y que luego diseminó a escala mundial para justificar la fingida superioridad del mercado sobre el Estado: imponer la terapia de la liberalización, la privatización, la desregulación y embestir a los trabajadores. Con las bayonetas y del brazo de los Chicago boys, Augusto Pinochet pudo aplastar a los opositores y vender corruptamente cuantas empresas públicas quiso, entre ellas a Endesa, responsable de la industria eléctrica (generación y distribución), e “inventar” el “capitalismo popular”, la venta de acciones a los trabajadores, como se pretender hacer con Petróleos Mexicanos. Al final, todo quedó suciamente en manos de los “hijos de Pinochet” y los españoles (Edasa-España). Margaret Thatcher privatizó Electricity Distribution (1990) y Electricy Generation (1991). Para asegurar las ventas, aplastó a los trabajadores, destacándose la histórica arremetida en contra de los 240 mil mineros que en 1984 iniciaron una ola de huelgas. Miles de ellos fueron despedidos y golpeados; varios, encarcelados. En 1986, Ronald Reagan quiso vender las cinco empresas “administradoras” de energía eléctrica, pero el Congreso lo impidió. Pero la desregulación de la producción y distribución eléctrica provocó la crisis de California y otros estados (2000-2001), que develó la picardía de las empresas, entre ellas Enron: los altos precios, la especulación en el servicio, la defectuosa infraestructura y las fabulosas ganancias, que costaron millones de dólares a los estados y los contribuyentes.
El fracaso de la privatización y la desregulación eléctrica en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia (Sharon Beder, Energía y Poder. La lucha por el control de la electricidad en el mundo. FCE, México, 2005), Chile, Argentina y otros países, se resume en varios en varios puntos: la sustitución de los monopolios públicos por los privados, extranjerizados, sin competencia, que manipulan el mercado y subordinan el intereses nacional al particular, y que se crearon en turbias ventas, donde convergieron los oscuros intereses de los funcionarios estatales y los empresarios beneficiados; el privilegio a la máxima ganancia sobre la tecnología, la infraestructura y la cobertura, concentrada en las zonas densamente pobladas, descuidando al resto de la población; los altos costos operativos, convertidos en altos precios para los pequeños consumidores, afectados adicionalmente por la reducción o eliminación de los subsidios, y bajas tarifas para las empresas y las personas de altos ingreso; peores servicios y mayores abusos a los indefensos usuarios; los reiterados apagones y el desabasto que han obligado a racionar el consumo. Los grandes apagones de California, Nueva York-Sureste de Canadá, Buenos Aires, México, Italia, Europa y Australia son algunos ejemplos; una mala regulación, el solapamiento o la debilidad oficial para fiscalizar, controlar y garantizar que las productoras y distribuidoras se apeguen a la ley y las políticas energética de largo plazo ante el poder adquirido; la corrupción, evasión de impuestos, trato “privilegiado”, protección otorgada por el gobierno y la clase política, prácticas fraudulentas y manipulación contable o salidas de capitales que han caracterizado a las operaciones de las empresas; la pérdida y la precarización del empleo (inestabilidad, recorte de salarios y prestaciones, subcontratación, arbitrariedades laborales); la quiebra de algunas empresas cuyo costo para rescatarlas resultó mayor que el recibido por su venta y que se convirtieron en deuda pública que pagan los contribuyentes; la pérdida de la soberanía energética y el riesgo que implica para la seguridad nacional la entrega de la industria a los monopolios privados.
EL PARO CÍVICO SE REALIZARÁ EN 25 ENTIDADES E IMPLICARÁ A UNAS 100 MIL PERSONAS: SME
Esperan contar con el apoyo de trabajadores de al menos cuatro países del continente
Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 15 de marzo de 2010
En el paro cívico nacional a realizarse el próximo 16 de marzo participarán, además del Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), gremios de la Unión Nacional de Trabajadores, como los tranviarios, secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, federaciones estatales de trabajadores al servicio de los estados y municipios, y trabajadores del sector salud de varias entidades.
El arranque de las acciones será la toma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Distrito Federal, informó Martín Esparza, dirigente del SME. Además de realizar movilizaciones en varios estados, los trabajadores electricistas colocarán las banderas rojinegras en los centros de trabajo.
Esparza indicó que también están confirmados los trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, gremios de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas y de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros.
Dijo que en la toma de la STPS participarán no sólo trabajadores del SME, sino también de varias organizaciones sindicales, las cuales han sido afectadas por la política antilaboral de este régimen. Estimó que el paro de actividades y las marchas se darán al menos en 25 estados, e implicarán a más de 100 mil trabajadores.
Esparza responsabilizó al gobierno federal de los actos de violencia que pudieran presentarse contra los electricistas, ya que, alertó, no se descartan órdenes para reprimir a quienes hagan uso de su derecho de huelga.
Sin especificar, sostuvo también que el próximo 16 de marzo los trabajadores harán varias visitas a televisoras y medios de comunicación. Dijo que, obviamente, a raíz de que se aceleraron los preparativos para el paro cívico, han surgido amenazas de que se procederá penalmente contra los líderes del sindicato.
En esta misma tónica, aseguró, se inscriben los señalamientos de que hay denuncias de instituciones crediticias contra miembros del comité ejecutivo. Puntualizó que estas acusaciones de Bansefi de supuesta falsificación de firmas para cobrar los 20 millones de pesos de cuotas sindicales son parte de la misma campaña de persecución contra los trabajadores y las dirigencias de este sindicato.
Planteó que en países como Brasil, Uruguay, Venezuela, Argentina y otros se acompañará el paro cívico de México, y que gremios sindicales de esas naciones se manifestarán las afueras de las respectivas embajadas mexicanas. Esto no va a parar. La movilización de los electricistas no tendrá fin hasta que se nos regrese el trabajo, concluyó.
Patricia Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 15 de marzo de 2010
En el paro cívico nacional a realizarse el próximo 16 de marzo participarán, además del Frente Sindical Mexicano, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), gremios de la Unión Nacional de Trabajadores, como los tranviarios, secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, federaciones estatales de trabajadores al servicio de los estados y municipios, y trabajadores del sector salud de varias entidades.
El arranque de las acciones será la toma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Distrito Federal, informó Martín Esparza, dirigente del SME. Además de realizar movilizaciones en varios estados, los trabajadores electricistas colocarán las banderas rojinegras en los centros de trabajo.
Esparza indicó que también están confirmados los trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, gremios de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas y de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros.
Dijo que en la toma de la STPS participarán no sólo trabajadores del SME, sino también de varias organizaciones sindicales, las cuales han sido afectadas por la política antilaboral de este régimen. Estimó que el paro de actividades y las marchas se darán al menos en 25 estados, e implicarán a más de 100 mil trabajadores.
Esparza responsabilizó al gobierno federal de los actos de violencia que pudieran presentarse contra los electricistas, ya que, alertó, no se descartan órdenes para reprimir a quienes hagan uso de su derecho de huelga.
Sin especificar, sostuvo también que el próximo 16 de marzo los trabajadores harán varias visitas a televisoras y medios de comunicación. Dijo que, obviamente, a raíz de que se aceleraron los preparativos para el paro cívico, han surgido amenazas de que se procederá penalmente contra los líderes del sindicato.
En esta misma tónica, aseguró, se inscriben los señalamientos de que hay denuncias de instituciones crediticias contra miembros del comité ejecutivo. Puntualizó que estas acusaciones de Bansefi de supuesta falsificación de firmas para cobrar los 20 millones de pesos de cuotas sindicales son parte de la misma campaña de persecución contra los trabajadores y las dirigencias de este sindicato.
Planteó que en países como Brasil, Uruguay, Venezuela, Argentina y otros se acompañará el paro cívico de México, y que gremios sindicales de esas naciones se manifestarán las afueras de las respectivas embajadas mexicanas. Esto no va a parar. La movilización de los electricistas no tendrá fin hasta que se nos regrese el trabajo, concluyó.
INJERENCIAS POR VENIR
EDITORIALLa ejecución de tres empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, dos de ellos con nacionalidad del país vecino, lleva el problema de la violencia que azota al país a una nueva dimensión, por cuanto multiplicará las presiones y acciones intervencionistas de Washington en México. Basta con ponderar el tono inusual del comunicado que la Casa Blanca emitió al respecto (el presidente Barack Obama está profundamente entristecido e indignado por la noticia, y en colaboración con las autoridades mexicanas, trabaremos incansablemente para llevar a los asesinos ante la justicia, son dos de las frases del documento) para vislumbrar la clase de acciones que prepara el gobierno estadunidense. El punto de referencia histórico ineludible es el homicidio, en 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la oficina de control de narcóticos de Estados Unidos, la DEA: en los meses siguientes, varios ciudadanos mexicanos fueron secuestrados por órdenes de Washington e ilegalmente llevados al país vecino y juzgados allí, y las autoridades nacionales hubieron de enfrentar, durante años, una campaña de abierta hostilidad por las estadunidenses.
En el cuarto de siglo transcurrido desde entonces, las instituciones del país han experimentado un proceso de merma y descomposición que hoy alcanza niveles alarmantes y que las ha llevado a grados exasperantes de inoperancia. El estado de derecho y el control territorial del gobierno se han esfumado en extensas regiones del país y la estrategia oficial de seguridad pública y combate al narcotráfico ha rendido, a lo que puede verse con base en los elementos de juicio disponibles, resultados opuestos a los pregonados: la violencia que la versión oficial asocia a la delincuencia organizada se cobra decenas de vidas día tras día –más de 17 mil en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa– y el poder de fuego, de cooptación y de operación de los grupos criminales ha puesto a la población en una situación de zozobra y desamparo como no la habían vivido nunca los mexicanos actuales.
La reacción del Ejecutivo federal al triple asesinato ocurrido ayer en la ensangrentada localidad fronteriza es, por otra parte, doblemente deplorable e inoportuna.
De entrada, las expresiones de consternación y condolencia por la muerte de los estadunidenses serían en sí mismas encomiables, de no ser porque no se han tenido palabras semejantes para los incontables mexicanos inocentes masacrados en el curso de esta guerra confusa y turbia; no las hubo, en el momento oportuno, para los estudiantes asesinados el pasado 30 de enero en Ciudad Juárez, hecho que colmó el vaso de la exasperación social, y no las ha habido, tampoco, para las víctimas de las masacres subsecuentes, tanto en esa ciudad como en Coahuila, Sinaloa, Durango y Guerrero. Significativamente, de la cincuentena de bajas mortales que constituyen el saldo de este fin de semana, sólo tres –los empleados del consulado estadunidense en Ciudad Juárez– merecieron la simpatía presidencial, pese a que entre los muertos hay personas tan ajenas a los asuntos delictivos como la mujer de Acapulco que viajaba en un taxi y recibió una bala en la cabeza en el fuego cruzado entre sicarios en el bulevar Vicente Guerrero.
Por otra parte, la promesa formulada a Washington por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que las autoridades mexicanas trabajarán con determinación para esclarecer las condiciones en que tuvieron lugar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, resulta, por decir lo menos, poco creíble, simplemente porque en Ciudad Juárez, como en otros puntos del país, no hay –no ha habido en mucho tiempo– autoridades capaces de realizar tal tarea.
RAYUELA
Está claro que a las vecinas
autoridades norteñas únicamente
les indignan sus muertos. Los
demás... son lo de menos.
ASIMETRÍAS
Fausto Fernández Ponte
15 marzo 2010
ffponte@gmail.com
Ciudadanos primero, Políticos Después
“Hay que reconocer que los ciudadanos están insatisfechos de nosotros, los políticos”.
Felipe Calderón.
I
En inusitado e inédito mea culpa incurrió el Presidente de Facto, el señor Calderón, el jueves pasado, 11 de marzo, en Pueblo Nuevo, Durango, al reconocer que la ciudadanía siente “insatisfacción” acerca de la conducta de los políticos.
La afirmación de don Felipe –a quien millones de sus connacionales consideran un mandatario espurio, por haber surgido de un desaseado y fraudulento proceso electoral en 2006— es acertada. Pero muy tardía. Y simplista en exceso. Superficial, además.
Pero la ciudadanía no está únicamente insatisfecha; ya superó esa fase. Está ya en franco descontento e irritación –ambas emociones tienen correlatos vinculantes-- y decididos a no confiar más en los políticos para superar la peligrosa situación que vive.
Por supuesto, cabría descontar del cúmulo de descontentos e irritados y desconfiados al grueso de ciudadanos cuyo registro de la realidad es discernido con arreglo a percepciones regidas por los agentes del contexto de marginación social.
Cierto. Empero, los marginados también padecen las consecuencias de las conductas y actuaciones aberrantes de los políticos, pero sus prioridades son distintas a partir de que la supervivencia en la jungla societal es más dificil que para los de otros estratos.
II
Don Felipe, pues, acepta una consecuencia del quehacer deficiente, promiscuo, corrupto, egoísta y opaco de los políticos del hogaño, aunque los del antaño también son corresponsables históricamente de la debacle que nos trajeron.
Más la aceptación tardía carece de mérito por la sencilla razón de que fue acompañada de una propuesta para superar el problema enunciado –o reconocido— por don Felipe. A ese problema ha contribuido el propio señor Calderón.
En 2006, el Presidente de Facto y su predecesor, Vicente Fox –un verdadero céfalo de chorlito, ignorante y prejuiciado en extremo— se condujeron de guisa tan facciosa y criminógena que emblematizaron un hito histórico en cuanto a fraudes electorales.
Ello le retira a don Felipe cualesquier visos mínimos de autoridad moral, aunque reconozca públicamente una realidad insoslayable que matizó con “insatisfechos”. El fraude comicial fue la proverbial gota que derramó el vaso. Hartó a la ciudadanía.
Por ello –por ese hartazgo--, la ciudadanía le da la espalda a los políticos, lo cual se confirma tras un exhaustivo análisis de la conducta electoral abstencionista en 2009. La mayoría de los votantes se quedó en su casa ese domingo 2 de julio. III
No son, señálese, los escándalos de pactos escritos para traicionar a los mexicanos y los pleitos patieriles entre panistas y priístas los que “inatisfacen” al ciudadano, aunque esos desencuentros revelen acuerdos para dañar deliberadamente al pueblo.
Lo que “insatisface” verdaderamente a los ciudadanos no es solo que éstos conozcan a quienes lo han traicionado y continúan treaicionando y el cinismo del que hacen ala y alarde esos traidores. Así nos aumentaron los impuestos. Acordaron perjudicarnos.
Lo que “insatisface” a la ciudadanía es que los políticos no quieran darse cuenta de que aquella no los quiere, que desconfía de ellos, que está harta de ellos y que, pese a todo eso, no se quieran ir a sus casas. Hasta complotan para reelegirse.
¿Cuál es el significado de ello? ¿Y qué causó esa situación tan lamentable? El señor Calderón es obvio que no lo sabe pues lejos de sentirse responsable de ello se considera a sí mismo “salvador de la humanidad”, según dijo en junio del año anterior.
¿El significado? Una descomposición ya rampante del poder político. Las causas son el ensanchamiento y la hondura del divorcio entre el poder político y la ciudadanía. Hoy, políticos y ciudadanos se ven uno al otro como enemigos mortales. Lo son.
Sin embargo, hay una diferencia. Los políticos necesitan a los ciudadanos, pues éstos son indispensables. Los políticos, en cambio, son dispensables. Por ello, es el momento de empezar a pensar en una nueva progenie de político. Ciudadanos políticos.
ffponte@gmail.com
15 marzo 2010
ffponte@gmail.com
Ciudadanos primero, Políticos Después
“Hay que reconocer que los ciudadanos están insatisfechos de nosotros, los políticos”.
Felipe Calderón.
I
En inusitado e inédito mea culpa incurrió el Presidente de Facto, el señor Calderón, el jueves pasado, 11 de marzo, en Pueblo Nuevo, Durango, al reconocer que la ciudadanía siente “insatisfacción” acerca de la conducta de los políticos.
La afirmación de don Felipe –a quien millones de sus connacionales consideran un mandatario espurio, por haber surgido de un desaseado y fraudulento proceso electoral en 2006— es acertada. Pero muy tardía. Y simplista en exceso. Superficial, además.
Pero la ciudadanía no está únicamente insatisfecha; ya superó esa fase. Está ya en franco descontento e irritación –ambas emociones tienen correlatos vinculantes-- y decididos a no confiar más en los políticos para superar la peligrosa situación que vive.
Por supuesto, cabría descontar del cúmulo de descontentos e irritados y desconfiados al grueso de ciudadanos cuyo registro de la realidad es discernido con arreglo a percepciones regidas por los agentes del contexto de marginación social.
Cierto. Empero, los marginados también padecen las consecuencias de las conductas y actuaciones aberrantes de los políticos, pero sus prioridades son distintas a partir de que la supervivencia en la jungla societal es más dificil que para los de otros estratos.
II
Don Felipe, pues, acepta una consecuencia del quehacer deficiente, promiscuo, corrupto, egoísta y opaco de los políticos del hogaño, aunque los del antaño también son corresponsables históricamente de la debacle que nos trajeron.
Más la aceptación tardía carece de mérito por la sencilla razón de que fue acompañada de una propuesta para superar el problema enunciado –o reconocido— por don Felipe. A ese problema ha contribuido el propio señor Calderón.
En 2006, el Presidente de Facto y su predecesor, Vicente Fox –un verdadero céfalo de chorlito, ignorante y prejuiciado en extremo— se condujeron de guisa tan facciosa y criminógena que emblematizaron un hito histórico en cuanto a fraudes electorales.
Ello le retira a don Felipe cualesquier visos mínimos de autoridad moral, aunque reconozca públicamente una realidad insoslayable que matizó con “insatisfechos”. El fraude comicial fue la proverbial gota que derramó el vaso. Hartó a la ciudadanía.
Por ello –por ese hartazgo--, la ciudadanía le da la espalda a los políticos, lo cual se confirma tras un exhaustivo análisis de la conducta electoral abstencionista en 2009. La mayoría de los votantes se quedó en su casa ese domingo 2 de julio. III
No son, señálese, los escándalos de pactos escritos para traicionar a los mexicanos y los pleitos patieriles entre panistas y priístas los que “inatisfacen” al ciudadano, aunque esos desencuentros revelen acuerdos para dañar deliberadamente al pueblo.
Lo que “insatisface” verdaderamente a los ciudadanos no es solo que éstos conozcan a quienes lo han traicionado y continúan treaicionando y el cinismo del que hacen ala y alarde esos traidores. Así nos aumentaron los impuestos. Acordaron perjudicarnos.
Lo que “insatisface” a la ciudadanía es que los políticos no quieran darse cuenta de que aquella no los quiere, que desconfía de ellos, que está harta de ellos y que, pese a todo eso, no se quieran ir a sus casas. Hasta complotan para reelegirse.
¿Cuál es el significado de ello? ¿Y qué causó esa situación tan lamentable? El señor Calderón es obvio que no lo sabe pues lejos de sentirse responsable de ello se considera a sí mismo “salvador de la humanidad”, según dijo en junio del año anterior.
¿El significado? Una descomposición ya rampante del poder político. Las causas son el ensanchamiento y la hondura del divorcio entre el poder político y la ciudadanía. Hoy, políticos y ciudadanos se ven uno al otro como enemigos mortales. Lo son.
Sin embargo, hay una diferencia. Los políticos necesitan a los ciudadanos, pues éstos son indispensables. Los políticos, en cambio, son dispensables. Por ello, es el momento de empezar a pensar en una nueva progenie de político. Ciudadanos políticos.
ffponte@gmail.com
MÉXICO SA
Carlos Fernández-Vega
Calderón y su base estadística
Desempleo: 49% de la PEA
"Ya casi"; uno de cada dos
15 marzo 2010
cfvmx@yahoo.com.mx
Las vueltas que da la vida. Hoy, ni de lejos, dice ni defiende lo mismo que 18 años atrás (de hecho utiliza las mismas justificaciones de los ex presidentes priístas que tanto criticó como "opositor" al régimen), pero si se aplica la medición propuesta por Felipe Calderón desde la tribuna de la Cámara de Diputados (5 de noviembre de 1992: ver México SA del pasado jueves), entonces él tendría que reconocer públicamente, como en aquel entonces lo hizo, que a estas alturas México no sólo ocupa uno de los primeros lugares internacionales en lo que a desempleo se refiere, sino que en este renglón la situación (social, económica y política) es verdaderamente explosiva, por mucho que el alegre cuan lamentable secretario del Trabajo, el pianista Javier Lozano Alarcón, asegure que "ya estamos a punto de recuperar todo lo perdido" (las plazas formales canceladas por la crisis).
Aquel 5 de noviembre de 1992 el actual inquilino de Los Pinos advirtió: “hoy se nos dice que el desempleo en México es de 2.9 por ciento, y sigue siendo la cifra ridícula e inverosímil. Cuando en economías más desarrolladas (…) las tasas de desempleo alcanzan 7 por ciento y, para no ir más lejos, cuando el propio (gobierno) en sus publicaciones señala un desempleo abierto de 14 por ciento, la tasa de 2.9 por ciento es, repito, ridícula. ¿Por qué? Porque no considera el desempleo en el sector rural; porque sólo se limita a muestreos en las principales zonas urbanas del país; porque considera como trabajador a quien trabaja sin remuneración; considera como empleado a quien trabaja a la semana por lo menos una hora; porque considera como empleado a quien tiene la certeza o la creencia de conseguir empleo en un mes. Aparte, esta cifra del 2.9 por ciento no considera el subempleo… Al iniciar la actual administración uno de cada ocho trabajadores estaba en el sector informal; tres años después uno de cada cuatro está en el sector informal. Otras cifras como esta del desempleo se manipulan al gusto de la autoridad y producen no sólo desinformación en la opinión pública, de suyo grave, sino incertidumbre económica… hay cierre de empresas, baja de producción y en todos los rubros de la industria (…) se refleja este año una reducción de la planta laboral; esto es, más despidos y más costo social”. Eso decía y defendía.
Pues bien, si se toman sus exigencias estadísticas y se integran en un solo renglón, el del desempleo, entonces debería reconocer que hoy, 18 años después de aquella perorata y con él sentado en Los Pinos, la situación laboral es verdaderamente dramática, porque muy lejos está México de reportar una tasa de desempleo de 5.87 por ciento, como oficialmente reconoce el Inegi al cierre de enero pasado. En efecto, si se incorporan todos los elementos citados por el diputado Calderón en noviembre de 1992, entonces el 49 por ciento de los mexicanos en edad y condición de laborar están totalmente fuera del mercado de trabajo, es decir, en el desempleo.
Lo anterior, porque es de suponer que la argumentación por él utilizada 18 años atrás en la tribuna de San Lázaro es igual de válida ahora que ya no es de oposición y mucho menos feroz crítico del sistema, de tal suerte que más allá del fatuo discurso de la "recuperación" de las plazas canceladas por la crisis, el hecho atroz, contundente y escalofriante es que uno de cada dos mexicanos en edad y condición de laborar está en el desempleo, de acuerdo con la mecánica de medición defendida por el ahora inquilino de Los Pinos.
De acuerdo con la información oficial (Inegi), poco más de 47 millones de mexicanos dan cuerpo a la población económicamente activa; si se suman los renglones laborales citados por Calderón aquel 5 de noviembre de 1992, entonces 23 millones están en el desempleo (49 por ciento de la PEA), es decir, un monto más de ocho tantos superior al reconocido por lo que algunos llaman gobierno calderonista.
La tasa oficial de desempleo (5.87 por ciento, igual de ridícula e inverosímil que la de 1992) equivale, en números cerrados, a 2.8 millones de mexicanos; la de subempleo (9.3 por ciento) a 4.4 millones; la de trabajadores en el sector informal (27 por ciento) a 12.6 millones, y la de trabajadores que no reciben ingresos (6.8 por ciento, que se refiere a aquellos parientes que laboran en una empresa familiar) a 3.2 millones. Resultado: 23 millones de desempleados, 49 por ciento de la población económicamente activa, o si se prefiere uno de cada dos paisanos se encuentra en tan delicada circunstancia, sin considerar a los poco más de 10 millones de "emprendedores" (eufemismo por changarreros foxistas). Entonces, el recuento, a toda luces, está por demás alejado del balance que, con todo y ataque hepático, reconoce el "presidente del empleo", no sin antes justificar que "es una de las tasas más bajas" para países con economías similares a la nacional.
En aquel noviembre de 1992 Felipe Calderón criticaba ferozmente que "al iniciar la actual administración (la de Carlos Salinas de Gortari) uno de cada ocho trabajadores estaba en el sector informal; tres años después uno de cada cuatro estaba en el sector informal. Otras cifras, como esta del desempleo, se manipulan al gusto de la autoridad y producen no sólo desinformación en la opinión pública, de suyo grave, sino incertidumbre económica".
Pues bien, para beneplácito del otrora crítico feroz, a estas alturas el número de empleos –por llamarle de alguna forma– en el sector informal de la economía nacional resulta ligeramente superior a los registrados por el IMSS en el sector formal, de tal suerte que en este renglón la relación sería de uno de cada dos mexicanos. Así es: de uno de cada ocho en 1988 a uno de cada dos en 2010, un sostenido avance (aunque en sentido contrario) en 18 años y con el mismo que cuestionaba la medición laboral en el país ahora instalado en Los Pinos, desde donde descaradamente "se manipulan al gusto de la autoridad" las cifras del desempleo.
Las rebanadas del pastel
Mientras el tal Jelipe arrancó por enésima ocasión su campaña electoral, por mucho que esté en su cuarto año de estancia en Los Pinos, Javier Lozano Alarcón, el pobre Lozanito, es feliz con su política de corte y confección para acomodar el calendario, ajustar cifras y decir, sin sonrojarse, que "estamos a punto, en tan sólo dos meses, de recuperar todo lo perdido en el peor año, en la peor caída del PIB en la historia moderna de México".
cfvmexico_sa@hotmail.com •
mexicosa@infinitum.com.mx
Calderón y su base estadística
Desempleo: 49% de la PEA
"Ya casi"; uno de cada dos
15 marzo 2010
cfvmx@yahoo.com.mx
Las vueltas que da la vida. Hoy, ni de lejos, dice ni defiende lo mismo que 18 años atrás (de hecho utiliza las mismas justificaciones de los ex presidentes priístas que tanto criticó como "opositor" al régimen), pero si se aplica la medición propuesta por Felipe Calderón desde la tribuna de la Cámara de Diputados (5 de noviembre de 1992: ver México SA del pasado jueves), entonces él tendría que reconocer públicamente, como en aquel entonces lo hizo, que a estas alturas México no sólo ocupa uno de los primeros lugares internacionales en lo que a desempleo se refiere, sino que en este renglón la situación (social, económica y política) es verdaderamente explosiva, por mucho que el alegre cuan lamentable secretario del Trabajo, el pianista Javier Lozano Alarcón, asegure que "ya estamos a punto de recuperar todo lo perdido" (las plazas formales canceladas por la crisis).
Aquel 5 de noviembre de 1992 el actual inquilino de Los Pinos advirtió: “hoy se nos dice que el desempleo en México es de 2.9 por ciento, y sigue siendo la cifra ridícula e inverosímil. Cuando en economías más desarrolladas (…) las tasas de desempleo alcanzan 7 por ciento y, para no ir más lejos, cuando el propio (gobierno) en sus publicaciones señala un desempleo abierto de 14 por ciento, la tasa de 2.9 por ciento es, repito, ridícula. ¿Por qué? Porque no considera el desempleo en el sector rural; porque sólo se limita a muestreos en las principales zonas urbanas del país; porque considera como trabajador a quien trabaja sin remuneración; considera como empleado a quien trabaja a la semana por lo menos una hora; porque considera como empleado a quien tiene la certeza o la creencia de conseguir empleo en un mes. Aparte, esta cifra del 2.9 por ciento no considera el subempleo… Al iniciar la actual administración uno de cada ocho trabajadores estaba en el sector informal; tres años después uno de cada cuatro está en el sector informal. Otras cifras como esta del desempleo se manipulan al gusto de la autoridad y producen no sólo desinformación en la opinión pública, de suyo grave, sino incertidumbre económica… hay cierre de empresas, baja de producción y en todos los rubros de la industria (…) se refleja este año una reducción de la planta laboral; esto es, más despidos y más costo social”. Eso decía y defendía.
Pues bien, si se toman sus exigencias estadísticas y se integran en un solo renglón, el del desempleo, entonces debería reconocer que hoy, 18 años después de aquella perorata y con él sentado en Los Pinos, la situación laboral es verdaderamente dramática, porque muy lejos está México de reportar una tasa de desempleo de 5.87 por ciento, como oficialmente reconoce el Inegi al cierre de enero pasado. En efecto, si se incorporan todos los elementos citados por el diputado Calderón en noviembre de 1992, entonces el 49 por ciento de los mexicanos en edad y condición de laborar están totalmente fuera del mercado de trabajo, es decir, en el desempleo.
Lo anterior, porque es de suponer que la argumentación por él utilizada 18 años atrás en la tribuna de San Lázaro es igual de válida ahora que ya no es de oposición y mucho menos feroz crítico del sistema, de tal suerte que más allá del fatuo discurso de la "recuperación" de las plazas canceladas por la crisis, el hecho atroz, contundente y escalofriante es que uno de cada dos mexicanos en edad y condición de laborar está en el desempleo, de acuerdo con la mecánica de medición defendida por el ahora inquilino de Los Pinos.
De acuerdo con la información oficial (Inegi), poco más de 47 millones de mexicanos dan cuerpo a la población económicamente activa; si se suman los renglones laborales citados por Calderón aquel 5 de noviembre de 1992, entonces 23 millones están en el desempleo (49 por ciento de la PEA), es decir, un monto más de ocho tantos superior al reconocido por lo que algunos llaman gobierno calderonista.
La tasa oficial de desempleo (5.87 por ciento, igual de ridícula e inverosímil que la de 1992) equivale, en números cerrados, a 2.8 millones de mexicanos; la de subempleo (9.3 por ciento) a 4.4 millones; la de trabajadores en el sector informal (27 por ciento) a 12.6 millones, y la de trabajadores que no reciben ingresos (6.8 por ciento, que se refiere a aquellos parientes que laboran en una empresa familiar) a 3.2 millones. Resultado: 23 millones de desempleados, 49 por ciento de la población económicamente activa, o si se prefiere uno de cada dos paisanos se encuentra en tan delicada circunstancia, sin considerar a los poco más de 10 millones de "emprendedores" (eufemismo por changarreros foxistas). Entonces, el recuento, a toda luces, está por demás alejado del balance que, con todo y ataque hepático, reconoce el "presidente del empleo", no sin antes justificar que "es una de las tasas más bajas" para países con economías similares a la nacional.
En aquel noviembre de 1992 Felipe Calderón criticaba ferozmente que "al iniciar la actual administración (la de Carlos Salinas de Gortari) uno de cada ocho trabajadores estaba en el sector informal; tres años después uno de cada cuatro estaba en el sector informal. Otras cifras, como esta del desempleo, se manipulan al gusto de la autoridad y producen no sólo desinformación en la opinión pública, de suyo grave, sino incertidumbre económica".
Pues bien, para beneplácito del otrora crítico feroz, a estas alturas el número de empleos –por llamarle de alguna forma– en el sector informal de la economía nacional resulta ligeramente superior a los registrados por el IMSS en el sector formal, de tal suerte que en este renglón la relación sería de uno de cada dos mexicanos. Así es: de uno de cada ocho en 1988 a uno de cada dos en 2010, un sostenido avance (aunque en sentido contrario) en 18 años y con el mismo que cuestionaba la medición laboral en el país ahora instalado en Los Pinos, desde donde descaradamente "se manipulan al gusto de la autoridad" las cifras del desempleo.
Las rebanadas del pastel
Mientras el tal Jelipe arrancó por enésima ocasión su campaña electoral, por mucho que esté en su cuarto año de estancia en Los Pinos, Javier Lozano Alarcón, el pobre Lozanito, es feliz con su política de corte y confección para acomodar el calendario, ajustar cifras y decir, sin sonrojarse, que "estamos a punto, en tan sólo dos meses, de recuperar todo lo perdido en el peor año, en la peor caída del PIB en la historia moderna de México".
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CIUDAD JUÁREZ, EPICENTRO BILATERAL
Marcela Gómez Zalce
15 marzo 2010
gomezalce@aol.com
• Los aplausos y la guerrita
• La frontera y el descontrol…
La elocuencia, mi estimado, es la pintura del pensamiento. Delicado inicio de semana para el (des)gobierno de Felipe Calderón. Su barco de gran calado naufraga (eso sí, con emoción ante la escandalosa adversidad) en la arena política gracias a ese atractivo talento para deshonrar los acuerdos, pactar, haiga sido como haiga sido, orillando a su PANdilla a una maravillosa lucha contra las lacras tricolores de Sor Beatriz en el Coliseo San Lázaro, donde finalmente cayeron las máscaras legislativas aplastando el gel de Peña Nieto ante el asombrado respetable que disfrutó las secuelas de la vertiginosa descomposición política que hizo clímax aquel aciago 2006, y que culminó con la muy atinada idea de legitimar la pequeña y deslucida figura presidencial declarando una irreflexiva guerra a la organizada delincuencia y que está a punto de convertirse en el Irak de Calderón.
El original suceso del fin de semana, my friend, donde fueron ejecutados dos funcionarios del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, ha detonado un conflicto bilateral latente que hace crisis ante los nulos resultados de este (des)gobierno que se hunde en el ánimo estadunidense, sumándose a la lista de agraviados de diversos sectores que están un poquito hasta la madre… del desmadre que reina en la arena de seguridad y que demuestra, pese a desgastados discursos, un estado fallido al borde de un original caos develando el estrepitoso fracaso de lo que ha sido esa estrategia detrás de la aventurera guerrita que hoy arroja mas de 18,500 muertos.
Ciudad Juárez, donde Felipe y su caterva de disfuncionales inútiles han dedicado pirotecnia mediática, bulliciosas giras y aparatosos operativos atiborrando la plaza de elementos militares y federales es botón del desastre… pero de Los Pinos.
Ciudad Juárez, donde no hay más ley que la impunidad y la corrupción, es hoy el vergonzoso ejemplo del Vive México de la PANdilla en el poder (del no poder). La ciudad abandonada a su suerte que saltó a las primeras planas internacionales por la ola de violencia ejemplificada con la ejecución de 16 jóvenes etiquetados desde Japón por Felipe como pandilleros y cuyas madres aún claman por justicia, fue epicentro bilateral de un episodio cuya forma dijo todo del fondo: el gobierno de Obama emitió un inusual comunicado condenando el asesinato de sus ciudadanos norteamericanos.
Y como ya va siendo costumbre (y sello) de los inútiles que rodean al inquilino de Los Pinos, la secretaria (con minúsculas) Patricia Espinosa, de Relaciones Exteriores, tardó en reaccionar en medio de una divertida movilización del aparato de inteligencia mexicano que se pasmó ante el temerario desafío del inédito suceso que coloca en la lista de targets… no sólo a ciudadanos estadunidenses, sino a funcionarios del departamento de Seguridad Interna… que desarrollaban (análisis) interesantes travesuras en territorio nacional.
Los primeros informes que circularon como pólvora en espléndidos pasillos, my friend, era que los ejecutados estaban bajo la sombra del ICE y que conocían sugestiva información que pondría en jaque, digamos, a más de uno. Por eso se entiende el tono de la desgastada (y bastante frívola) diplomática respuesta del (des)gobierno acerca de reiterar el compromiso para que, caiga quien caiga, se dará con los responsables al tiempo que recibía una cascada de zapes, llamadas telefónicas y alertas demostrando la evidente molestia de la Casa Blanca con esta PANdilla que no da una.
Sobre todo cuando Ciudad Juárez ha sido emblema de atención federal. Atiborrada de planes, estrategias, promesas, maniobras, propósitos e intentos de Felipe & his dumb squad para poner orden en el desorden, sin contar con la desfiladera de elementos de todos los colores, rangos y cargos, sigue fuera de control…
Y siempre, mi estimado, ha existido tolerancia para estar fuera de control. Esto es hasta el sábado pasado. Ahí donde pese a iniciativa Mérida whatever, coordinación bilateral y extradiciones fast track, la organizada delincuencia y sus socios le subieron el perfil a la guerrita…
Sí, my friend, a la guerrita tan aplaudida que con esto abre la puerta para más supervisión, más injerencia, más intervención, más intrusión, más controles y más libertad. Libertad para el gobierno norteamericano de hacer… cualquier cosa justificando su seguridad nacional.
Chingón.
gomezalce@aol.com
15 marzo 2010
gomezalce@aol.com
• Los aplausos y la guerrita
• La frontera y el descontrol…
La elocuencia, mi estimado, es la pintura del pensamiento. Delicado inicio de semana para el (des)gobierno de Felipe Calderón. Su barco de gran calado naufraga (eso sí, con emoción ante la escandalosa adversidad) en la arena política gracias a ese atractivo talento para deshonrar los acuerdos, pactar, haiga sido como haiga sido, orillando a su PANdilla a una maravillosa lucha contra las lacras tricolores de Sor Beatriz en el Coliseo San Lázaro, donde finalmente cayeron las máscaras legislativas aplastando el gel de Peña Nieto ante el asombrado respetable que disfrutó las secuelas de la vertiginosa descomposición política que hizo clímax aquel aciago 2006, y que culminó con la muy atinada idea de legitimar la pequeña y deslucida figura presidencial declarando una irreflexiva guerra a la organizada delincuencia y que está a punto de convertirse en el Irak de Calderón.
El original suceso del fin de semana, my friend, donde fueron ejecutados dos funcionarios del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, ha detonado un conflicto bilateral latente que hace crisis ante los nulos resultados de este (des)gobierno que se hunde en el ánimo estadunidense, sumándose a la lista de agraviados de diversos sectores que están un poquito hasta la madre… del desmadre que reina en la arena de seguridad y que demuestra, pese a desgastados discursos, un estado fallido al borde de un original caos develando el estrepitoso fracaso de lo que ha sido esa estrategia detrás de la aventurera guerrita que hoy arroja mas de 18,500 muertos.
Ciudad Juárez, donde Felipe y su caterva de disfuncionales inútiles han dedicado pirotecnia mediática, bulliciosas giras y aparatosos operativos atiborrando la plaza de elementos militares y federales es botón del desastre… pero de Los Pinos.
Ciudad Juárez, donde no hay más ley que la impunidad y la corrupción, es hoy el vergonzoso ejemplo del Vive México de la PANdilla en el poder (del no poder). La ciudad abandonada a su suerte que saltó a las primeras planas internacionales por la ola de violencia ejemplificada con la ejecución de 16 jóvenes etiquetados desde Japón por Felipe como pandilleros y cuyas madres aún claman por justicia, fue epicentro bilateral de un episodio cuya forma dijo todo del fondo: el gobierno de Obama emitió un inusual comunicado condenando el asesinato de sus ciudadanos norteamericanos.
Y como ya va siendo costumbre (y sello) de los inútiles que rodean al inquilino de Los Pinos, la secretaria (con minúsculas) Patricia Espinosa, de Relaciones Exteriores, tardó en reaccionar en medio de una divertida movilización del aparato de inteligencia mexicano que se pasmó ante el temerario desafío del inédito suceso que coloca en la lista de targets… no sólo a ciudadanos estadunidenses, sino a funcionarios del departamento de Seguridad Interna… que desarrollaban (análisis) interesantes travesuras en territorio nacional.
Los primeros informes que circularon como pólvora en espléndidos pasillos, my friend, era que los ejecutados estaban bajo la sombra del ICE y que conocían sugestiva información que pondría en jaque, digamos, a más de uno. Por eso se entiende el tono de la desgastada (y bastante frívola) diplomática respuesta del (des)gobierno acerca de reiterar el compromiso para que, caiga quien caiga, se dará con los responsables al tiempo que recibía una cascada de zapes, llamadas telefónicas y alertas demostrando la evidente molestia de la Casa Blanca con esta PANdilla que no da una.
Sobre todo cuando Ciudad Juárez ha sido emblema de atención federal. Atiborrada de planes, estrategias, promesas, maniobras, propósitos e intentos de Felipe & his dumb squad para poner orden en el desorden, sin contar con la desfiladera de elementos de todos los colores, rangos y cargos, sigue fuera de control…
Y siempre, mi estimado, ha existido tolerancia para estar fuera de control. Esto es hasta el sábado pasado. Ahí donde pese a iniciativa Mérida whatever, coordinación bilateral y extradiciones fast track, la organizada delincuencia y sus socios le subieron el perfil a la guerrita…
Sí, my friend, a la guerrita tan aplaudida que con esto abre la puerta para más supervisión, más injerencia, más intervención, más intrusión, más controles y más libertad. Libertad para el gobierno norteamericano de hacer… cualquier cosa justificando su seguridad nacional.
Chingón.
gomezalce@aol.com
A EMPRESARIOS PANISTAS, CONTRATOS POR 37 MIL MDP
Autor: Érika Ramírez
Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón benefician a empresarios afiliados al Partido Acción Nacional con más de 37 mil 600 millones de pesos mediante nueve Proyectos de Prestación de Servicios licitados en las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes. Los esquemas de negocios implican una deuda pública a pagar en más de 20 años. La fiscalización de la Cuenta Pública 2008 revela incumplimientos de los empresarios en los contratos; además, censura que la deuda millonaria no fuera consultada ni aprobada por el Congreso de la Unión, como lo ordena la Constitución
El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.
Hospitales “especiales”
Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país. En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la ley
Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón benefician a empresarios afiliados al Partido Acción Nacional con más de 37 mil 600 millones de pesos mediante nueve Proyectos de Prestación de Servicios licitados en las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes. Los esquemas de negocios implican una deuda pública a pagar en más de 20 años. La fiscalización de la Cuenta Pública 2008 revela incumplimientos de los empresarios en los contratos; además, censura que la deuda millonaria no fuera consultada ni aprobada por el Congreso de la Unión, como lo ordena la ConstituciónEl gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.
Hospitales “especiales”Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país. En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la leyAdemás de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
PPS, “pilar” del sector salud: Ssa
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
Empresas beneficiarias con contratos PPS
Proyecto
Dependencia
Contratista
Licitación
Monto (pesos)
Vigencia del contrato
HRAE Bajío
Salud
Acciona
000120004-001-05,
7,748,559,000 (según la ASF)
HRAE de Cd. Victoria y Unidades de Apoyo
Salud
Infraestructura Hospitalaria del Noreste
00012003-009-06
4,108,622,500
(según la ASF)
11 de julio de 2032
HRAE de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo
Salud
Constructora y
Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade
00012003-001-08
6,624,000,000
Plazo 25 años
PPS Río Verde-Cd. Valles
SCT
Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, ICA y Controladora de Operaciones e
Infraestructura
00009076-005-06
3,418,000,000
20 años
PPS Nueva Italia-Apatzingán
SCT
1,782,000,000
20 años a partir de febrero de 2008
PPS Nuevo Necaxa-Ávila Camacho
SCT
Controladora de Operaciones e
Infraestructura, ICA y FCC Construcción
00009076-003-06
6,307,000,000
20 años
PPS Querétaro - Irapuato
SCT
ICA y Controladora de Operaciones e
Infraestructura
00009076-001-
06
3,628,000,000
21 de junio de 2006, por un plazo de 20 años
(21 de junio de 2026)
PPS Irapuato - La Piedad
SCT
Ingenieros Civiles y Asociados
(Licitación 00009004-012-06, el 14 de
septiembre de 2006)
(contrato SCT-PPS-01-05/24)
1,771,000,000
20 años a partir del 12 de septiembre 2005
PPS Mitla-Entronque Tehuantepec
SCT
Licitación pendiente
PPS Tapachula- Talismán
SCT
Azvi y Concesiones Intercontinentales
00009076-002-06
2,296,000
20 años
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
SEP
Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí
00011001-021- 06
Total aproximado (según datos de la SHCP)
37,683,181,500
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
Empresas beneficiarias con contratos PPS
Proyecto
Dependencia
Contratista
Licitación
Monto (pesos)
Vigencia del contrato
HRAE Bajío
Salud
Acciona
000120004-001-05,
7,748,559,000 (según la ASF)
HRAE de Cd. Victoria y Unidades de Apoyo
Salud
Infraestructura Hospitalaria del Noreste
00012003-009-06
4,108,622,500
(según la ASF)
11 de julio de 2032
HRAE de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo
Salud
Constructora y
Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade
00012003-001-08
6,624,000,000
Plazo 25 años
PPS Río Verde-Cd. Valles
SCT
Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, ICA y Controladora de Operaciones e
Infraestructura
00009076-005-06
3,418,000,000
20 años
PPS Nueva Italia-Apatzingán
SCT
1,782,000,000
20 años a partir de febrero de 2008
PPS Nuevo Necaxa-Ávila Camacho
SCT
Controladora de Operaciones e
Infraestructura, ICA y FCC Construcción
00009076-003-06
6,307,000,000
20 años
PPS Querétaro - Irapuato
SCT
ICA y Controladora de Operaciones e
Infraestructura
00009076-001-
06
3,628,000,000
21 de junio de 2006, por un plazo de 20 años
(21 de junio de 2026)
PPS Irapuato - La Piedad
SCT
Ingenieros Civiles y Asociados
(Licitación 00009004-012-06, el 14 de
septiembre de 2006)
(contrato SCT-PPS-01-05/24)
1,771,000,000
20 años a partir del 12 de septiembre 2005
PPS Mitla-Entronque Tehuantepec
SCT
Licitación pendiente
PPS Tapachula- Talismán
SCT
Azvi y Concesiones Intercontinentales
00009076-002-06
2,296,000
20 años
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
SEP
Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí
00011001-021- 06
Total aproximado (según datos de la SHCP)
37,683,181,500
PLAN MÉXICO 2030: "ACOTAR" CRIMEN ORGANIZADO, NO EXTERMINARLO
Autor: Nancy FloresEl plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión
Nancy Flores / Segunda parte
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.
Los objetivos del plan
Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.
Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.
Estado de facto
Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.
Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.
La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.
Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.
Limitar al Congreso, uno de los fines
El especialista en seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, observa que, en materia de seguridad, la única iniciativa visible en el documento “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” es la de la ley para crear la policía nacional.
Advierte que la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es contradictoria con los documentos integrados al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. “Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia”.
Actualmente, explica, la Constitución establece que es el Congreso el encargado de definir una situación de emergencia nacional y suspender las garantías individuales. “Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución”.
Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, “lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada”.
Respecto de los tiempos, agrega: “Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte”.
No obstante, indica que “el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada”. El problema, dice, implica una política de fondo, integral, y una reforma de todo el aparato de seguridad.
Respecto de la prevención del delito por medio de la inteligencia coordinada, Sierra opina que, en años recientes, “el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar”.
El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia.
Jorge Luis Sierra estima que “el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda que el presidente siente aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo”. (NF)
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