Hernández
martes, 7 de septiembre de 2010
PEÑA NIETO, CANDIDATO DE LA CORRUPCIÓN
MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.
No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.
El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.
Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.
Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.
Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.
Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.
Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.
Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.
Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.
Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.
Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.
El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.
Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.
La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…
Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…
Apuntes
Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…
PARA LOS PRIANISTAS LA CORRUPCIÓN ES LEGAR
Pemex: legal, la privatización del erario
La administración de Juan José Suárez Coppel en Petróleos Mexicanos (Pemex) considera legal la privatización del dinero público. En esa lógica, miles de millones de pesos son tratados como capital privado y resguardados en cuentas bancarias particulares, radicadas en México y en el extranjero. Ello, a pesar de que su origen es la venta del petróleo.
Se trata de los recursos que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente de las 10 conocidas como Grupo PMI. Estas últimas, dedicadas a comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– el crudo y sus derivados en los mercados internacionales.
No obstante que se trata de la venta de bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.
Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de la paraestatal durante una reunión sostenida con representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.
De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.
“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.
Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.
En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, según la paraestatal, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.
Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación.
Más de 800 mil MDP “privados”
En el caso de las 25 empresas privadas de Pemex, la defraudación a la hacienda pública sería incalculable. Las compañías fueron constituidas a fines de la década de 1980 y principios de 1990. Desde entonces, son manejadas al margen de la ley, señala la Auditoría Superior.
Tan sólo en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, PMI Norteamérica, SA de CV, habría amasado un “patrimonio privado” superior a los 800 mil millones de pesos, monto que es seis veces el costo de la Refinería Bicentenario, que Pemex construirá en Tula, Hidalgo, y que asciende a 129 mil millones de pesos.
Triangulación de recursos
Además de privatizar el dinero público, PMI Norteamérica estaría involucrada en triangulación de recursos a cinco filiales del Grupo PMI, que no son sus accionistas. También, en la inversión de capital en la refinería Deer Park, que –a nombre de Pemex– posee en sociedad con la trasnacional Shell.
Y es que la compañía instrumental ha transferido recursos multimillonarios a PMI Trading, PMI Holdings North America, Deer Park y PMI Services North America en calidad de “inversiones en el extranjero” y “préstamos”, revela el reporte de la ASF.
El negocio de Shell
Las filiales privadas de Pemex no son las únicas que ganan. También, la trasnacional Shell, por medio de Deer Park Refining Limited Partnership. La sociedad permite a la trasnacional adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993 entre Shell y la filial privada de Pemex.
Contrario a ello, la copropiedad no parece tan benéfica para PMI Norteamérica. En 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con la operación de Deer Park.
Pemex, la única que no gana
Las pérdidas que la refinería trasladó a las finanzas de PMI Norteamérica casi sumaron lo mismo que las ganancias. En los “ingresos por dividendos” derivados de su participación en Deer Park, la filial registró 2 mil 923 millones 216 mil pesos.
De ese dinero, Petróleos Mexicanos no vio ni un peso. Mientras que, el 26 de septiembre de 2008, PMI Norteamérica pagó dividendos a sus dos accionistas –25 millones 727 mil pesos a PMI Holdings, BV, y 10 millones 162 mil pesos a PMI Holdings Petróleos España, extraídos de su cuenta bancaria en JP Morgan Chase–, a Pemex no le restituyó nada.
Para leer articulo completo AQUI.
Son chingaderas!!! esa es la mafia que hay que atacar
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