Redacción/Notimex | 26 de August, 2010 - 14:24
jueves, 26 de agosto de 2010
EN SALTILLO MARCHA-PROTESTA
¡¡¡Volvamos a ser humanos!!!
Este próximo sabado vamos todos a acompañar a Don Raúl Vera y al padre Pedro Pantoja en la marcha protesta por la masacre de 72 seres humanos.
El punto de partida es en La Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila a las 5pm para finalizar en Catedral - Plaza de Armas.
¡¡¡No perdamos nuestra capacidad de asombro!!!
Corre la voz, tenemos que ser muchos
HORROR CONTRA MIGRANTES
Miguel Ángel Granados Chapa
El fenómeno es complejo, pero no podemos decir que desconocido. Algunas de sus manifestaciones han sido explicadas por Jorge Bustamante, que además de conocedor de las migraciones a Estados Unidos en su carácter de académico, lo enfrenta desde su papel como relator especial de la ONU en esta materia. Además de centenares de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, una de las zonas frágiles del entramado institucional al que concierne este problema, en junio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un Informe especial sobre los casos de secuestros en contra de migrantes. Y apenas hace cinco semanas, el 16 de julio, el Estado mexicano rindió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano
Hace apenas cinco semanas, el 16 de julio, el gobierno mexicano debió explicarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA respecto de su impasibilidad ante la migración golpeada por todos
Las 72 personas cuyos cadáveres fueron localizados anteayer cerca de San Fernando, Tamaulipas, eran migrantes indocumentados, secuestrados por una banda delincuencial que quiso extorsionarlos y ante la inutilidad de su exigencia los asesinó. Esos seres humanos padecieron la pena extrema entre las muchas que sufren en su tránsito desde Centroamérica a Estados Unidos, que es su meta. Pobres entre los pobres en sus países pobres, se convierten en México en los más vulnerables entre los vulnerables. Toda circunstancia trabaja en su contra, y su desprotección es casi absoluta, pues las autoridades migratorias, obligadas a respetar sus derechos como personas, son, en el mejor de los casos, desidiosas en el cumplimiento de ese deber y, en el peor, parte de los mecanismos de hostigamiento a los infortunados que intentan cruzar el territorio mexicano, del Suchiate al Bravo. El colmo de los colmos es que a menudo personas, grupos y aun instituciones que pretenden auxiliar a los involuntarios viajeros en desgracia son criminalizados y considerados como cómplices de la trata de personas
México -su gobierno, su sociedad- vive una bipolaridad atroz ante este fenómeno. Somos al mismo tiempo un país expulsor de su propia gente y el espacio donde los que vienen de otras partes pretenden, como los nuestros, llegar más allá de la frontera, y actuamos en sentidos contrarios según la perspectiva. Nos hiere y escandaliza la conducta de las instituciones norteamericanas, y de no pocos sectores de su sociedad, que agreden a los mexicanos que se internan en territorio norteamericano sin cumplir los requisitos de ley. La reciente reacción ante la ley antimigratoria de Arizona, vigente en general, salvo en sus porciones más ofensivas, que están sujetas a proceso judicial, sintetizó una de las caras de nuestra conducta ante el maltrato a los migrantes ilegales. Pero un maltrato semejante, y aun peor, se asesta en México a los centroamericanos y sudamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Además de todo, en nuestro suelo sufren los embates de la delincuencia organizada, que secuestran y extorsionan, a veces en complicidad con agentes gubernamentales, cuando no son éstos, directamente, quienes practican esos delitos en su contra.a CNDH preparó su informe del año pasado con el propósito de "difundir la preocupante frecuencia con la que los migrantes de origen extranjero afirman haber sido víctimas de secuestro... que en la inmensa mayoría de los casos permanece impune". También se propuso "alertar sobre la tendencia creciente de secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades responsables de prevenirlo e investigarlo", así como "impulsar una actuación inmediata, integral y coordinada de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia para evitar que los integrantes de este grupo vulnerable sigan siendo víctimas de secuestro". El informe tuvo, igualmente, como objetivo "proteger los derechos humanos de los migrantes... mediante la promoción de su acceso efectivo a la justicia y la protección... que está obligado a garantizarles el Estado mexicano" y "sensibilizar a las autoridades y a la sociedad de la gravedad, frecuencia y crueldad con que se llevan a cabo los secuestros de migrantes, para alentar la denuncia ciudadana y activar la acción gubernamental en contra de este delito". Este reporte de la CNDH no satisfizo al gobierno federal, según lo expresó en su propio informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como respuesta a lo dicho en la audiencia pública sobre la situación de los migrantes en tránsito en México, efectuada en marzo pasado. Con un lenguaje ambiguo, el gobierno de México dijo a aquel órgano de la OEA que "comparte plenamente la preocupación por la problemática del secuestro de personas migrantes y la necesidad de atenderla con urgencia... Sin embargo, no avala ni comparte las cifras de la CNDH debido a que se desprenden de una metodología cuyo propósito no es el de medir el fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento". El sádico asesinato de 72 personas migrantes, que no pudieron ser extorsionadas porque no tenían nada con qué pagar, coloca al gobierno mexicano -y a las autoridades locales- más allá de la coartada numérica en que también en esta materia se escuda. La brutalidad de los homicidios nos coloca a todos en entredicho. No hay una complicidad generalizada ante el hecho en particular, pero no podemos nadie condonarnos la indiferencia que en términos sustantivos mantenemos ante esa suerte de genocidio que es el maltrato a los migrantes venidos del sur.
cajón de Sastre
¿Cómo se identifica a un indocumentado? ¿Cómo se sabe quién es quien carece de papeles y se propone, entre otros fines, completar en la tierra que es su meta, Estados Unidos, su anhelo de vivir una vida que en su lugar de origen se le niega, incluida la conciencia de sí mismo? Supongo que no será fácil para los diplomáticos de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, de donde se presume partieron los migrantes asesinados en Tamaulipas, dar fe de que sus connacionales cuentan entre las víctimas de esa atroz matanza que al menos por el factor internacional que conlleva debe ser objeto de una indagación exhaustiva, la primera que ponga en claro cómo se privó de la vida a gente que sólo está de paso por México y padece en su trayecto no sólo toda clase de vejaciones y zozobras sino inclusive la muerte.
miguelangel@granadoschapa.com
El fenómeno es complejo, pero no podemos decir que desconocido. Algunas de sus manifestaciones han sido explicadas por Jorge Bustamante, que además de conocedor de las migraciones a Estados Unidos en su carácter de académico, lo enfrenta desde su papel como relator especial de la ONU en esta materia. Además de centenares de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, una de las zonas frágiles del entramado institucional al que concierne este problema, en junio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un Informe especial sobre los casos de secuestros en contra de migrantes. Y apenas hace cinco semanas, el 16 de julio, el Estado mexicano rindió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano
Hace apenas cinco semanas, el 16 de julio, el gobierno mexicano debió explicarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA respecto de su impasibilidad ante la migración golpeada por todos
Las 72 personas cuyos cadáveres fueron localizados anteayer cerca de San Fernando, Tamaulipas, eran migrantes indocumentados, secuestrados por una banda delincuencial que quiso extorsionarlos y ante la inutilidad de su exigencia los asesinó. Esos seres humanos padecieron la pena extrema entre las muchas que sufren en su tránsito desde Centroamérica a Estados Unidos, que es su meta. Pobres entre los pobres en sus países pobres, se convierten en México en los más vulnerables entre los vulnerables. Toda circunstancia trabaja en su contra, y su desprotección es casi absoluta, pues las autoridades migratorias, obligadas a respetar sus derechos como personas, son, en el mejor de los casos, desidiosas en el cumplimiento de ese deber y, en el peor, parte de los mecanismos de hostigamiento a los infortunados que intentan cruzar el territorio mexicano, del Suchiate al Bravo. El colmo de los colmos es que a menudo personas, grupos y aun instituciones que pretenden auxiliar a los involuntarios viajeros en desgracia son criminalizados y considerados como cómplices de la trata de personas
México -su gobierno, su sociedad- vive una bipolaridad atroz ante este fenómeno. Somos al mismo tiempo un país expulsor de su propia gente y el espacio donde los que vienen de otras partes pretenden, como los nuestros, llegar más allá de la frontera, y actuamos en sentidos contrarios según la perspectiva. Nos hiere y escandaliza la conducta de las instituciones norteamericanas, y de no pocos sectores de su sociedad, que agreden a los mexicanos que se internan en territorio norteamericano sin cumplir los requisitos de ley. La reciente reacción ante la ley antimigratoria de Arizona, vigente en general, salvo en sus porciones más ofensivas, que están sujetas a proceso judicial, sintetizó una de las caras de nuestra conducta ante el maltrato a los migrantes ilegales. Pero un maltrato semejante, y aun peor, se asesta en México a los centroamericanos y sudamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Además de todo, en nuestro suelo sufren los embates de la delincuencia organizada, que secuestran y extorsionan, a veces en complicidad con agentes gubernamentales, cuando no son éstos, directamente, quienes practican esos delitos en su contra.a CNDH preparó su informe del año pasado con el propósito de "difundir la preocupante frecuencia con la que los migrantes de origen extranjero afirman haber sido víctimas de secuestro... que en la inmensa mayoría de los casos permanece impune". También se propuso "alertar sobre la tendencia creciente de secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades responsables de prevenirlo e investigarlo", así como "impulsar una actuación inmediata, integral y coordinada de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia para evitar que los integrantes de este grupo vulnerable sigan siendo víctimas de secuestro". El informe tuvo, igualmente, como objetivo "proteger los derechos humanos de los migrantes... mediante la promoción de su acceso efectivo a la justicia y la protección... que está obligado a garantizarles el Estado mexicano" y "sensibilizar a las autoridades y a la sociedad de la gravedad, frecuencia y crueldad con que se llevan a cabo los secuestros de migrantes, para alentar la denuncia ciudadana y activar la acción gubernamental en contra de este delito". Este reporte de la CNDH no satisfizo al gobierno federal, según lo expresó en su propio informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como respuesta a lo dicho en la audiencia pública sobre la situación de los migrantes en tránsito en México, efectuada en marzo pasado. Con un lenguaje ambiguo, el gobierno de México dijo a aquel órgano de la OEA que "comparte plenamente la preocupación por la problemática del secuestro de personas migrantes y la necesidad de atenderla con urgencia... Sin embargo, no avala ni comparte las cifras de la CNDH debido a que se desprenden de una metodología cuyo propósito no es el de medir el fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento". El sádico asesinato de 72 personas migrantes, que no pudieron ser extorsionadas porque no tenían nada con qué pagar, coloca al gobierno mexicano -y a las autoridades locales- más allá de la coartada numérica en que también en esta materia se escuda. La brutalidad de los homicidios nos coloca a todos en entredicho. No hay una complicidad generalizada ante el hecho en particular, pero no podemos nadie condonarnos la indiferencia que en términos sustantivos mantenemos ante esa suerte de genocidio que es el maltrato a los migrantes venidos del sur.
cajón de Sastre
¿Cómo se identifica a un indocumentado? ¿Cómo se sabe quién es quien carece de papeles y se propone, entre otros fines, completar en la tierra que es su meta, Estados Unidos, su anhelo de vivir una vida que en su lugar de origen se le niega, incluida la conciencia de sí mismo? Supongo que no será fácil para los diplomáticos de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, de donde se presume partieron los migrantes asesinados en Tamaulipas, dar fe de que sus connacionales cuentan entre las víctimas de esa atroz matanza que al menos por el factor internacional que conlleva debe ser objeto de una indagación exhaustiva, la primera que ponga en claro cómo se privó de la vida a gente que sólo está de paso por México y padece en su trayecto no sólo toda clase de vejaciones y zozobras sino inclusive la muerte.
miguelangel@granadoschapa.com
¿POR QUÉ CONTINÚA EXISTIENDO LA IGLESIA-PODER?
Leonardo Boff, teólogo
Voy a abordar un tema incómodo, pero ineludible: ¿cómo puede la institución-Iglesia, tal como la he descrito en un artículo previo, con características autoritarias, absolutistas y excluyentes, perpetuarse en la historia? La ideología dominante responde: «sólo porque es divina». En realidad, este ejercicio de poder no tiene nada de divino. Es exactamente lo que Jesús no quería. Él quería la hierodulia (servicio sagrado) y no la hierarquia (poder sagrado). Pero ésta última se impuso a través de los tiempos.
Las instituciones autoritarias suelen tener una misma lógica de autorreproducción. Con la Iglesia-institución no es diferente. En primer lugar, ella se juzga la única verdadera y retira el título de «iglesia» a todas las demás. Luego crea un marco riguroso: un pensamiento único, una única dogmática, un único catecismo, un único derecho canónico, una única forma de liturgia. No se tolera la crítica ni la creatividad, consideradas negativas o denunciadas como creadoras de una Iglesia paralela o de otro magisterio.
En segundo lugar, se usa la violencia simbólica del control, de la represión y del castigo, frecuentemente a costa de los derechos humanos. Fácilmente el cuestionado es marginado, se le niega el derecho de predicar, de escribir y de actuar en la comunidad. El entonces cardenal. Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante su mandato castigó a más de cien teólogos. Con esta misma lógica, los pecados y crímenes de los sacerdotes pedófilos u otros delitos, como los financieros, se mantienen ocultos para no perjudicar el buen nombre de la Iglesia, sin el menor sentido de justicia hacia las víctimas inocentes.
En tercer lugar, se mitifican y casi se idolatran las autoridades eclesiásticas, principalmente el Papa, que es el «dulce Cristo en la Tierra». Pienso para mí mismo: ¿qué dulce Cristo sería el Papa Sergio (904), asesino de sus dos predecesores, o el Papa Juan XII (955), elegido a la edad de 20 años, adúltero y muerto por el marido traicionado, o peor, el Papa Benedicto IX (1033), elegido con 15 años de edad, uno de los más criminales e indignos de la historia del papado, que llegó a vender la dignidad papal por 1000 liras de plata?
En cuarto lugar, se canonizan figuras cuyas virtudes se encuadran en el sistema, como la obediencia ciega, la continua exaltación de las autoridades y el «sentir con la Iglesia (jerarquía)», muy al estilo fascista según el cual «el jefe (Duce, o Führer) siempre tiene razón».
En quinto lugar, hay personas y cristianos de naturaleza autoritaria que aprecian por encima de todo el orden, la ley y el principio de autoridad en detrimento de la lógica compleja de la vida que tiene sorpresas y exige tolerancia y adaptaciones. Ellos secundan este tipo de Iglesia, así como los regímenes políticos autoritarios y dictatoriales. Es más, hay una estrecha afinidad entre los regímenes dictatoriales y la Iglesia-poder, tal como se ha podido ver con los dictadores Franco, Salazar, Mussolini, Pinochet y otros. Los sacerdotes conservadores fácilmente son hechos obispos, y los obispos fidelísimos a Roma son promovidos, fomentando el servilismo. Este bloque histórico-social-religioso cristalizó, garantizando la continuidad de este tipo de Iglesia.
En sexto lugar, la Iglesia-poder conoce el valor de los ritos y símbolos, pues refuerzan la identidad conservadora, pero cuida menos sus contenidos, con tal que se mantengan inalterables y sean estrictamente observados.
En razón de esta rigidez dogmática y canónica, la Iglesia-institución no es vivida como hogar espiritual. Muchos emigran. Dicen sí al cristianismo y no a la Iglesia-poder con la cual no se identifican. Se dan cuenta de las distorsiones hechas a la herencia de Jesús que predicó la libertad y exaltó el amor incondicional.
No obstante estas patologías, tenemos figuras como el Papa Juan XXIII, dom Helder Câmara, don Pedro Casaldáliga, don Luiz Flávio Cappio y otros, que no reproducen el estilo autoritario, ni se presentan como autoridades eclesiásticas sino como pastores en medio del Pueblo de Dios. Pero a pesar de estas contradicciones, hay un mérito que es importante reconocer: este tipo autoritario de Iglesia nunca ha dejado de trasmitir los evangelios, aunque sea negándolos en la práctica, permitiéndonos así el acceso al mensaje revolucionario del Nazareno. Ella predica la liberación, pero generalmente son otros los que liberan.
MASACRE EN TAMAULIPAS, SÍNTOMA DEL FRACASO DE CALDERÓN: AMNISTÍA INTERNACIONAL
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 
26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.
“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.
En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.
AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.
La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.
Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.
Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.
Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.
Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.
En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.
Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.
Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.
Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.
10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.
Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".
Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Condena de organizaciones internacionales
En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.
En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.
“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.
Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.
Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.
“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.
“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.
Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.
Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)COLUMNA SEMANAL DE AMY GOODMAN, PRESENTADORA DE DEMOCRACY NOW!
Huevos podridos y nuestra democracia rota
Publicado el 26 de agosto de 2010
Por Amy Goodman
¿En qué se relacionan 500 millones de huevos y la democracia? El masivo retiro del mercado de huevos infectados con salmonelosis, el retiro más grande en la historia de Estados Unidos, nos permite ver el poder que las grandes corporaciones tienen, no sólo sobre nuestra salud, sino también sobre nuestro gobierno.
Aunque son muchas las marcas que han sido retiradas del mercado, todas pueden rastrearse hasta llegar a sólo dos granjas de producción de huevos. Cada vez más, la provisión de alimentos está en manos de compañías cada vez más grandes que ejercen un enorme poder sobre nuestro proceso político. Así como pasa con la industria alimenticia, sucede también con las petroleras y los bancos: corporaciones gigantescas (algunas con presupuestos más grandes que el de la mayoría de los países) están controlando nuestra salud, nuestro medioambiente, nuestra economía y, cada vez más, nuestras elecciones.
El brote de salmonelosis es sólo el episodio más reciente de una serie de episodios que muestran a una industria alimenticia desenfrenada. Patty Lovera, sub-directora del grupo por la seguridad alimentaria Food & Water Watch, me dijo: “Históricamente, siempre ha habido resistencia por parte de la industria a todo tipo de norma de seguridad alimentaria, ya sea dictada por el Congreso o por otros organismos gubernamentales. Existen grandes asociaciones comerciales para cada sector proveedor de nuestros alimentos, desde los grandes productores agroindustriales hasta las tiendas de comestibles.”
Los huevos contaminados con salmonelosis provenían de sólo dos granjas factoría, Hillandale Farms y Wright County Egg, ambas de Iowa. Detrás de este brote está el emporio del huevo de Austin “Jack” DeCoster. DeCoster es propietario de Wright County Egg y también de Quality Egg, proveedora de pollos y de alimentos para pollos de las dos granjas de Iowa. Patty Lovera afirma que: “DeCoster es un nombre que se escucha mucho cuando uno empieza a hablar con conocedores de la industria del huevo o con personas que provienen de los estados de Iowa, Ohio o de los otros estados en que DeCoster opera. Por eso creemos que DeCoster es el claro ejemplo de lo que sucede cuando tenemos este tipo de concentración y producción a gran escala. No se trata sólo de seguridad alimentaria o sólo de daño ambiental o del trato que reciben los trabajadores. Cuando estamos frente a este tipo de producción masiva, responsable de tantos de nuestros alimentos, se trata de un paquete completo de efectos colaterales negativos.”
La agencia de noticias Associated Press brindó un resumen de las violaciones a las normas sanitarias, de seguridad y laborales presentes en las operaciones de DeCoster con huevos y cerdos en varios estados. En 1997, la empresa DeCoster Egg Farms acordó pagar una multa de dos millones de dólares luego de que el entonces Ministro de Trabajo Robert Reich calificara su granja de “tan peligrosa y opresora como cualquier empresa maquildora.” En 2002, la compañía de DeCoster pagó un millón y medio de dólares para llegar a un acuerdo en referencia a una demanda legal presentada por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades Laborales en representación de mujeres mexicanas que informaron haber sido sometidas a acoso sexual, incluso violación, abusos y represalias por parte de sus supervisores. Este verano, otra compañía vinculada a DeCoster pagó ciento veinticinco mil dólares al Estado de Maine por acusaciones de trato cruel contra los animales.
A pesar de todo esto, DeCoster ha prosperado en el negocio de huevos y cerdos, lo que lo pone a la altura de otras grandes corporaciones, como BP y los grandes bancos. El derrame de petróleo de BP, el más grande en la historia de este país, estuvo precedido por una larga lista de hechos criminales y graves violaciones a las normas que datan de varios años, una de las más conocidas: la gran explosión de la refinería de la ciudad de Texas que cobró la vida a quince personas en el año 2005. Si BP fuera una persona, habría ido a prisión hace mucho tiempo.
La industria financiera es otro delincuente crónico. Poco tiempo después del mayor desastre financiero mundial desde la Gran Depresión, bancos como Goldman Sachs, llenos de dinero tras el masivo rescate financiero gubernamental, interfirieron en el proceso legislativo que intentaba controlarlos.
El resultado: un nuevo y ampliamente ineficaz organismo gubernamental de protección al consumidor, además de una implacable oposición a la designación, para la dirección de este organismo, de la defensora de los derechos del consumidor Elizabeth Warren, quien supervisaría a los bancos tanto como el nuevo organismo se lo permitiera. Este es el motivo por el cual se oponen a su designación los banqueros, entre ellos, Timothy Geithner y Larry Summers, a quienes el Presidente Obama nombró como Secretario del Tesoro y Asesor Económico, respectivamente.
Se permite a las corporaciones internacionales operar prácticamente sin supervisión ni regulación. Se permite que el dinero de las grandes empresas ejerza influencia sobre las elecciones, y por ende, sobre la conducta de nuestros representantes. Luego de la decisión de la Corte Suprema en el caso presentado por el grupo de derecha Citizens United, que permitirá donaciones corporativas ilimitadas a las campañas, el problema va de mal en peor. Para ser electos y mantenerse en el poder, los políticos deberán satisfacer más y más a sus donantes empresariales. Se podría decir que el zorro vigila al gallinero (y a los huevos podridos que hay en él). Sin embargo, hay esperanza. Existe un creciente movimiento para reformar la constitución de Estados Unidos, para quitar a las corporaciones el estatus legal de “persona jurídica”, concepto por el cual las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas normales.
Esto haría que las corporaciones estuvieran sujetas a la misma supervisión que existió durante los primeros cien años de la historia de Estados Unidos. Pero para que las personas sean las únicas con derecho a la participación política será necesario un verdadero movimiento de base, dado que el Congreso y el gobierno de Obama parecen no ser capaces de implementar ni siquiera los cambios más básicos. Como dice el refrán: “si quieres hacer un omelet, tienes que romper algunos huevos”.
EMBAJADORES Y AMLO CONDENAN EL ASESINATO DE 72 MIGRANTES
Embajadores de 24 países de América Latina y el Caribe manifestaron su tristeza e indignación y pidieron que se investigue hasta las últimas consecuencias el asesinato de los 72 migrantes hallados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.
Jorge Mansilla, embajador de Bolivia en México, informó que durante una reunión realizada esta mañana, los embajadores del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe, (Grulac) , coincidieron en que la violencia está generalizada 'y lamentamos mucho que se llegue a estos extremos'.
En entrevista, refirió que los representantes diplomáticos de los 24 países manifestaron su confianza de que el gobierno de México reaccione y se llegue al extremo frente a este asesinado ominoso.
'Esto no puede pasar, no puede ocurrir más', dijo el representante diplomático quien no descartó que bolivianos estén entre las víctimas 'no sabemos si hay, pero nunca se sabe'.
Refirió que no cabe duda que cualquier hombre que tenga dignidad, un mínimo de solidaridad, caridad cristiana y de respeto al género humano 'tiene que indignarse con esto (...) los compañeros latinoamericanos y centroamericanos asesinados no quisieron ingresar a la red de corrupción y crímenes del narcotráfico'.
Comentó que la reacción de todos los embajadores 'fue de tristeza, indignación' y pidieron que se investigue hasta las últimas consecuencias este 'ominoso crimen, confiamos en la respuesta del gobierno de México'.
El diplomático adelantó que los embajadores de los países de Brasil, Ecuador, Guatemala y Salvador integrarán una comisión particular 'obviamente secundados por todos los embajadores, la indignación es de todos'.
Mansilla comentó que en la reunión del Grulac estuvo presente el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador porque 'cada mes invitamos a una personalidad política, social o cultural y esta vez a Bolivia le tocó invitar a López Obrador'.
Mencionó que el ex candidato presidencial se sumó a la indignación y tristeza de los representantes diplomáticos en México por el asesinato de los 72 indocumentados a manos del crimen organizado."BIENVENIDO PRESIDENTE", DE DICEN A AMLO EN LA UNAM
En medio de Goyas y aplausos fue recibido López Obrador en la Facultad de Economía, donde acudió este jueves a presentar su libro “La mafia que se adueñó de México… y el 2012”. El político comparó el pensamiento material de los políticos con el comercial que dicta “¿Y la Cheyenne apá?”, lo cual, dijo, debe ser superado por el amor y los valores, en una nueva República.
TORTURA A MIGRANTES DATA DE 2006; AL AÑO, 20 MIL CASOS
rEVISTA PROCESO
La Redacción
México, D.F., 26 de agosto (apro).- El gobierno federal sabía por lo menos desde 2006 de cómo organizaciones criminales extorsionaban a migrantes centroamericanos.
La Redacción
México, D.F., 26 de agosto (apro).- El gobierno federal sabía por lo menos desde 2006 de cómo organizaciones criminales extorsionaban a migrantes centroamericanos.
Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante en Saltillo, recriminó al gobierno federal: “Que no me vengan a contar que les duele mucho, no es cierto eso (…) Hace un año fuimos a Washington y denunciamos esto, este es nuestro coraje y nuestra tristeza.
“No queremos una disculpa ni una palabra de consolación, sino una reacción de Estado, ¿hasta cuándo se va a frenar toda esta tragedia humanitaria?”.
Esa fue la reacción del defensor de derechos humanos ante las condolencias del presidente Felipe Calderón por el homicidio de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas a manos de “Los Zetas”. A juicio del mandatario, esta barbarie se cometió como consecuencia del combate de su administración al crimen organizado. Los sicarios, dijo, se han visto obligados a cometer estos actos como una forma de obtener recursos.
Mauricio Farah, exvisitador de la CNDH, también desmintió al gobierno. Entrevistado por Carmen Aristegui en MVS Noticias refutó:
“Desde el 2006 se conocían de los abusos”.
Farah calcula que hasta 20 mil centroamericanos son secuestrados en México anualmente.
Acusó a las autoridades de estar corrompidas con los criminales, pues es imposible pensar que miles de migrantes pasen por todo el país sin que nadie se percate:
“Estamos hablando de la complicidad de varias autoridades a lo largo del recorrido, no puede pasar desapercibido por las autoridades, lo que pasa es que están coludidas”.
El sabado en Saltillo habrá una marcha en protesta, mas tarde informaremos a que hora y donde será el punto de partida.
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