México: Partidos políticos

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Hablando de reforma política, el tema de los partidos es insoslayable. El diagnóstico dice que la ciudadanía, en general, siente que no está representada por ninguno de los partidos actualmente registrados y en operación.
Esto no es totalmente cierto. El sector conservador de la población guarda un alto grado de identificación con el PAN y sus posturas políticas y administrativas; es indulgente ante sus errores asumiéndolos como resultante de los obstáculos que impone la oposición en las cámaras. No obstante hay un cierto abanico de alternativas que no encuentran fácil cabida en el partido: los hay que lo quisieran más definitivamente empresarial, mas no católico y viceversa; los hay que quisieran una política conservadora, pero nacionalista y los que prefirieran ser anexados a los Estados Unidos; los hay que anteponen el privilegio de la democracia y los que preferirían un estado autoritario y hasta dictatorial. Pero, en todo caso, predomina el temor al cambio, lo que los aglutina con mayor facilidad.
También el PRI aglutina a una parte del sector conservador de la sociedad, los nacidos y formados en la fase productiva de la Revolución Mexicana son proclives a la conservación de aquel estado de cosas en que había permeabilidad social ascendente; que se rebelaron en el año 2000 en rechazo a las políticas neoliberales de Salinas y Zedillo, pero que se arrepintieron después de los aún peores gobiernos de Fox y de Calderón y, muchos de ellos, regresaron al redil priísta. En la mayoría de los estados, el PRI conserva su base clientelar de sindicatos, agrupaciones campesinas y de los no asalariados urbanos (comerciantes, transportistas, profesionistas, etc.) y su estructura electoral territorial. Aunque todos los partidos tienden a presentarse al centro del espectro político, el PRI ha sabido capitalizar el tradicional repudio a la derecha confesional y el temor a las aventuras de la izquierda, en las que finca su fortaleza electoral.
Por su parte, el sector progresista de la sociedad, que se manifiesta insatisfecho con el estado de cosas imperante y que aspira a la transformación de la realidad, no fácilmente se encuadra en algún partido político. La reforma electoral de 1976 abrió el espacio para la organización de la izquierda, comenzando por la autorización del registro del PCM. A la distancia de doce años, el sector progresista aglutinado en torno a la candidatura de Cuauhtemoc Cárdenas en el Frente Nacional Democrático, obligó al régimen a manipular los resultados de la elección e imponer a Salinas. A partir de entonces, el régimen emprendió una brutal ofensiva contra el recién formado Partido de la Revolución Democrática, la que incluyó desde la denostación a cargo de las voces y plumas de los medios masivos de comunicación, hasta la persecución y el asesinato de dirigentes y activistas, incluyendo la implantación de la quintacolumna. Sólo la capital se mantuvo fiel al proyecto progresista, al grado de llevar a Cárdenas a ganar la primera elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997, posición que el PRD no ha perdido hasta la fecha, virtud a la integración del movimiento urbano popular en las filas partidistas y de sus líderes en posiciones directivas. En el resto del país, con mínimas excepciones, el desgaste fue mayúsculo y, para poder posicionarse, el PRD tuvo que hacer alianzas, principalmente con priístas que no lograron alguna candidatura anhelada. Fue hasta el proceso electoral del 2006 que pudo la izquierda reposicionarse; a partir del atraco del desafuero contra el Jefe de Gobierno del DF se conformó un amplio frente de partidos y se estructuraron las redes de ciudadanos sin partido que abrazaron el proyecto alternativo de nación propuesto por López Obrador. Ganaron la elección y se registró el fraude. En la campaña se hubo fuertes pugnas entre las redes ciudadanas y las burocracias partidistas que se vieron desplazadas y que, incluso en algunos casos, llegaron a vender su aval al fraude electoral. Terminado el proceso electoral, tales burocracias se han encargado de cobrar cara la factura de la preferencia de AMLO por las redes ciudadanas; el desgaste se profundizó e hizo crisis en el proceso de renovación de la dirección del partido, en la que, no sin la mano negra del régimen a través de la intromisión del tribunal electoral federal, la burocracia de hizo de la dirección y se cerró aún más la participación ciudadana. Por su parte, los otros partidos constitutivos del Frente Amplio Progresista no han rebasado su condición de ser grupos cerrados, no obstante el acompañamiento del Partido del Trabajo a la movilización popular dirigida por AMLO.
Es por esto que en el sector progresista se que se cumple a cabalidad el diagnóstico expresado al inicio del artículo, en el sentido de no encuadrar en ninguno de los partidos existentes. También se cumple tal diagnóstico al aseverar que se trata de la mayoría de la población. El gran vigor de la campaña del FAP en el 2006 sólo se explica a partir de entender que la mayoría progresista de la sociedad se volcó en respaldo del liderazgo de AMLO, rebasando las limitaciones de los partidos. Esta condición está vigente y, aún con la perversa campaña de difamación y desinformación desatada para acabarlo, López Obrador ha visto reforzada su capacidad de convocatoria y podrá repetir la hazaña del 2006, ahora con una mejor organización ciudadana atrás de él.