José Gil OlmosDespués de la huelga de la mina de Cananea en 2007,
el Grupo México de Germán Larrea intentó cerrar el
Hospital del Ronquillo, que hacía llevadera la vida de
los mineros jubilados. El entonces gobernador Eduardo
Bours ofreció a los empresarios apoyar al nosocomio
con 100 millones de pesos, de los cuales entregó
30 millones de inmediato. Ahora el hospital está
en decadencia y los 70 millones restantes no se ven
ahí ni en las cuentas públicas de Sonora. En cambio,
Bours creó la fundación Volemos Juntos, una plataforma
política en la que presuntamente “invirtió” el
dinero escamoteado.
Alejandro López López es un
viejo minero con dos operaciones
en el corazón y silicosis
en los pulmones a consecuencia
de años de trabajo
en la Minera Cananea. Orgulloso,
dice que los 2 mil trabajadores
retirados hicieron mucho por la
empresa y la comunidad, y por eso no entiende
por qué ahora no se respetan sus derechos
de ser atendido como se merece en
el hospital del Ronquillo, el único que hay
en la zona donde está Cananea.
En el último año han muerto 58 mineros
jubilados, muchos de ellos enfermos
por el polvo de la silica que infesta la mina
y se mete a los pulmones. Don Alejandro,
como otros miembros de la Asociación de
Mineros Retirados de la Sección 65, sospecha
que la desatención contribuyó a la
muerte de sus compañeros.
–No somos doctores, pero antes teníamos
servicios de calidad. Sin asegurar nada,
creemos que la gente que ha fallecido
en parte se debe a que no tenemos medicamentos
oportunamente o que son genéricos
y de baja calidad. Además, no tenemos
la atención que teníamos antes –señala el
entrevistado, quien es secretario de una de
las dos asociaciones de mineros retirados
de Cananea.
Angustiado por la falta de servicios de
salud de calidad, no entiende por qué el
Hospital del Ronquillo no funciona, si el
exgobernador de Sonora, Eduardo Bours,
firmó un convenio con la Minera Cananea
para hacerse cargo de los gastos con un
fondo de 100 millones de pesos.
El viejo minero cree que dicho convenio
sólo fue verbal. Lo que no sabe es que
sólo se utilizaron 30 millones para mantener
temporalmente el hospital y los 70 millones
de pesos restantes fueron destinados
a la campaña del candidato del PRI al
gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio
de garantizar el servicio de salud de
los mineros retirados.
Sin embargo, con la derrota del candidato
de Bours dichos acuerdos fueron olvidados
y los fondos públicos fueron a parar a
la fundación Volemos Juntos, dirigida por
el actual diputado federal Ernesto de Lucas
Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos
a presidencias municipales y diputaciones
locales en las elecciones de 2012 para
conservar sus espacios de poder.
Manuel López, exsecretario particular
del diputado Ernesto de Lucas, señala que
desde la campaña del año pasado para elegir
a gobernador, diputados locales y presientes
municipales se enteró de los trabajos
de la fundación Volemos Juntos, que en
apariencia se creó para ayudar a la gente.
“Tengo entendido que comenzaron a
trabajar a finales de las pasadas elecciones
y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo,
supuestamente para apoyar a los
ciudadanos. La intención, en realidad, es
apoyar la campaña de 2012, y los recursos
creo que vienen prácticamente de los fondos
del Hospital del Ronquillo”, sostiene
el empresario.
Manuel López dejó de trabajar con Ernesto
de Lucas cuando terminó su campaña
para diputado federal. Hoy se dedica a
sus negocios, alejado de la política.
Por su parte, De Lucas Hopkins, actual
diputado federal por el tercer distrito,
con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge
como brazo político de Eduardo Bours
desde que éste asumió la gubernatura. A
los 20 años, De Lucas fue designado secretario
de Seguridad Pública del estado.
Para ello, Bours cambió la Constitución
sonorense, que en su artículo 21 señalaba
que debía tener más de 35 años de edad al
momento de su designación.
Al cabo de sólo cinco meses fue relevado
por su incompetencia, pues fracasó
en el intento de hacer de la frontera con
Estados Unidos una línea segura, para lo
cual contrató por 924 mil 100 dólares a la
empresa estadunidense J&D International
Consulting Services LLC, con oficinas en
Houston, Texas.
El fiasco no lo alejó del gobernador
Bours, quien lo nombró presidente estatal
del PRI a finales de 2006. En 2008, De
Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas
de Alfonso Elías Serrano, a la postre
candidato a la gubernatura de Sonora,
quien perdió con el panista Guillermo Padrés
tras el escándalo de los niños muertos
en la guardería ABC.
Hombre de todas las confianzas de
Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins
está a cargo del proyecto político del
exgobernador, la fundación Volemos Juntos,
en la cual trabajan cuatro coordinadores
con un salario de 45 mil pesos mensuales.
Según Manuel López, exsecretario particular
de Ernesto de Lucas, la fundación
forma parte del proyecto político de Bours
para las elecciones federales de 2012.
Señala que la supuesta ayuda del gobierno
del estado al Hospital del Ronquillo
fue una pantalla política y un engaño a los
derechohabientes de Cananea, ya que los
100 millones de pesos de subsidios estatales
nunca se destinaron a mantenerlo, pues
70 millones fueron a parar a la fundación
Volemos Juntos, un esquema similar a la
fundación Vamos México, creada por Marta
Sahagún como plataforma para lanzar su
candidatura presidencial en 2006.
Estado y empresa contra los jubilados
La huelga en la Minera Cananea estalló
el último día de julio de 2007. A los 10
meses, el consejo de administración del
grupo empresarial que preside Guillermo
Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo
para presionar a los mineros sindicalizados,
estuvieran retirados o en activo.
Luego suspendió el servicio de agua potable
y gas natural que se surtía en Cananea
desde hace 70 años.
Los mineros consideraban al Hospital
del Ronquillo como un logro sindical para
la protección de sus familias, pues ahí recibían
servicios completos y, cuando éstos
no eran suficientes, subrogaban los gastos
en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad
Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad
de México. Diez mil de los 30 mil habitantes
eran derechohabientes.
En mayo de 2008, cuando los dueños
de la compañía minera decidieron cerrar el
hospital, se opusieron a ello los trabajadores
e incluso el gobierno del estado, por lo cual
los directivos de la empresa se reunieron varias
veces con los trabajadores y Bours en
el Palacio de Gobierno.
de Cananea.
Angustiado por la falta de servicios de
salud de calidad, no entiende por qué el
Hospital del Ronquillo no funciona, si el
exgobernador de Sonora, Eduardo Bours,
firmó un convenio con la Minera Cananea
para hacerse cargo de los gastos con un
fondo de 100 millones de pesos.
El viejo minero cree que dicho convenio
sólo fue verbal. Lo que no sabe es que
sólo se utilizaron 30 millones para mantener
temporalmente el hospital y los 70 millones
de pesos restantes fueron destinados
a la campaña del candidato del PRI al
gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio
de garantizar el servicio de salud de
los mineros retirados.
Sin embargo, con la derrota del candidato
de Bours dichos acuerdos fueron olvidados
y los fondos públicos fueron a parar a
la fundación Volemos Juntos, dirigida por
el actual diputado federal Ernesto de Lucas
Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos
a presidencias municipales y diputaciones
locales en las elecciones de 2012 para
conservar sus espacios de poder.
Manuel López, exsecretario particular
del diputado Ernesto de Lucas, señala que
desde la campaña del año pasado para elegir
a gobernador, diputados locales y presientes
municipales se enteró de los trabajos
de la fundación Volemos Juntos, que en
apariencia se creó para ayudar a la gente.
“Tengo entendido que comenzaron a
trabajar a finales de las pasadas elecciones
y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo,
supuestamente para apoyar a los
ciudadanos. La intención, en realidad, es
apoyar la campaña de 2012, y los recursos
creo que vienen prácticamente de los fondos
del Hospital del Ronquillo”, sostiene
el empresario.
Manuel López dejó de trabajar con Ernesto
de Lucas cuando terminó su campaña
para diputado federal. Hoy se dedica a
sus negocios, alejado de la política.
Por su parte, De Lucas Hopkins, actual
diputado federal por el tercer distrito,
con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge
como brazo político de Eduardo Bours
desde que éste asumió la gubernatura. A
los 20 años, De Lucas fue designado secretario
de Seguridad Pública del estado.
Para ello, Bours cambió la Constitución
sonorense, que en su artículo 21 señalaba
que debía tener más de 35 años de edad al
momento de su designación.
Al cabo de sólo cinco meses fue relevado
por su incompetencia, pues fracasó
en el intento de hacer de la frontera con
Estados Unidos una línea segura, para lo
cual contrató por 924 mil 100 dólares a la
empresa estadunidense J&D International
Consulting Services LLC, con oficinas en
Houston, Texas.
El fiasco no lo alejó del gobernador
Bours, quien lo nombró presidente estatal
del PRI a finales de 2006. En 2008, De
Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas
de Alfonso Elías Serrano, a la postre
candidato a la gubernatura de Sonora,
quien perdió con el panista Guillermo Padrés
tras el escándalo de los niños muertos
en la guardería ABC.
Hombre de todas las confianzas de
Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins
está a cargo del proyecto político del
exgobernador, la fundación Volemos Juntos,
en la cual trabajan cuatro coordinadores
con un salario de 45 mil pesos mensuales.
Según Manuel López, exsecretario particular
de Ernesto de Lucas, la fundación
forma parte del proyecto político de Bours
para las elecciones federales de 2012.
Señala que la supuesta ayuda del gobierno
del estado al Hospital del Ronquillo
fue una pantalla política y un engaño a los
derechohabientes de Cananea, ya que los
100 millones de pesos de subsidios estatales
nunca se destinaron a mantenerlo, pues
70 millones fueron a parar a la fundación
Volemos Juntos, un esquema similar a la
fundación Vamos México, creada por Marta
Sahagún como plataforma para lanzar su
candidatura presidencial en 2006.
Estado y empresa contra los jubilados
La huelga en la Minera Cananea estalló
el último día de julio de 2007. A los 10
meses, el consejo de administración del
grupo empresarial que preside Guillermo
Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo
para presionar a los mineros sindicalizados,
estuvieran retirados o en activo.
Luego suspendió el servicio de agua potable
y gas natural que se surtía en Cananea
desde hace 70 años.
Los mineros consideraban al Hospital
del Ronquillo como un logro sindical para
la protección de sus familias, pues ahí recibían
servicios completos y, cuando éstos
no eran suficientes, subrogaban los gastos
en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad
Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad
de México. Diez mil de los 30 mil habitantes
eran derechohabientes.
En mayo de 2008, cuando los dueños
de la compañía minera decidieron cerrar el
hospital, se opusieron a ello los trabajadores
e incluso el gobierno del estado, por lo cual
los directivos de la empresa se reunieron varias
veces con los trabajadores y Bours en
el Palacio de Gobierno.
Isaac López, gerente de la mina, Xavier
García de Quevedo, director general
del Grupo México, y Juan Rebolledo, el
director jurídico, alegaron que el costo por
mantener el hospital era de 10 millones de
pesos mensuales. Por su parte, el gobernador
advirtió sobre el riesgo de un estallido
social en Cananea.
Entonces se negoció que el gobierno
del estado se haría cargo del mantenimiento,
la operación, los servicios y el funcionamiento
del hospital, asumiendo la responsabilidad
que hasta entonces tenía el
Grupo México.
El 18 de mayo, el secretario de salud
del estado, Raymundo López, declaró que
el gobernador se comprometía con los mineros
y sus familias a darles una atención
médica oportuna y de calidad. Pero todo
quedó en promesas.
A partir de entonces comenzó la falta
de suministro en medicamentos, la sustitución
de los patentados por genéricos y el
abandono de las instalaciones.
Lo que relata Alejandro López López,
dirigente de la Asociación de Mineros Retirados
de la Sección 65, que junto con la
Asociación de Mineros Retirados representan
a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno
de Bours rompió su compromiso,
pues se dejó de suministrar recursos económicos
para atender enfermedades como silicosis
y diabetes, así como para los males
del corazón, que suelen afectar a los mineros
porque se exponen durante años a sustancias
nocivas en la extracción del carbón.
El viejo minero duda que
Bours haya firmado un convenio
con la compañía.
–Creo que no existe nada
de eso. Hemos insistido en
que nos den una copia del arreglo
que hizo el gobernador anterior,
Eduardo Bours, pero no
nos han dado nada. Más bien,
entre nosotros campea la idea
de que nunca se firmó un documento
donde el gobierno adquiriera
un compromiso con la
empresa. Creemos que todo se
hizo de forma verbal.
Por este motivo, los mineros
sindicalizados pidieron
una audiencia con el actual gobernador,
Guillermo Padrés,
pero hasta el momento no han
tenido respuesta.
–Queremos tener un acercamiento
con representantes de
la empresa y con el gobernador,
porque en Cananea no tenemos
con quién acudir. Creemos que
a través del gobernador podemos
acercarnos a la empresa y
hacerle ver que no deben involucrarnos,
porque no tenemos
nada que ver con la huelga.
Antes de que estallara el paro, los mineros
retirados tenían compromisos contractuales
con la empresa, entre ellos el
derecho a la cobertura de salud.
–Nosotros no tenemos la culpa, no se
nos debe castigar de esta manera. Nosotros
ya aportamos lo que teníamos que
aportar para el engrandecimiento y beneficio
de la comunidad. Sin embargo, ahora
nos tienen marginados, relegados de una
manera inmisericorde.
Alejandro López tiene 67 años. Se escucha
cansado y desesperado: “Queremos que
nos atiendan a los viejos y que el gobierno
del estado dirija su mirada hacia nosotros,
que nos apoye en la reunión con la empresa
(para que) podamos decirles por qué peleamos
nuestros derechos”.
Precisa que él nunca ha escuchado
de la existencia de la
fundación Volemos Juntos y
tampoco conocía el dato de que
ahí han parado 70 de los cien
millones que Bours programó
para ayudarlos pero que ahora
no aparecen en las cuentas públicas
de su gobierno.
Dicha fundación opera casi
clandestinamente. Tanto,
que Manuel López, el exsecretario
particular del diputado
Ernesto de Lucas Hopkins,
no recuerda cuándo empezó a
funcionar.
“No sé como nació, pero
sí sé que es una fundación con
García de Quevedo, director general
del Grupo México, y Juan Rebolledo, el
director jurídico, alegaron que el costo por
mantener el hospital era de 10 millones de
pesos mensuales. Por su parte, el gobernador
advirtió sobre el riesgo de un estallido
social en Cananea.
Entonces se negoció que el gobierno
del estado se haría cargo del mantenimiento,
la operación, los servicios y el funcionamiento
del hospital, asumiendo la responsabilidad
que hasta entonces tenía el
Grupo México.
El 18 de mayo, el secretario de salud
del estado, Raymundo López, declaró que
el gobernador se comprometía con los mineros
y sus familias a darles una atención
médica oportuna y de calidad. Pero todo
quedó en promesas.
A partir de entonces comenzó la falta
de suministro en medicamentos, la sustitución
de los patentados por genéricos y el
abandono de las instalaciones.
Lo que relata Alejandro López López,
dirigente de la Asociación de Mineros Retirados
de la Sección 65, que junto con la
Asociación de Mineros Retirados representan
a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno
de Bours rompió su compromiso,
pues se dejó de suministrar recursos económicos
para atender enfermedades como silicosis
y diabetes, así como para los males
del corazón, que suelen afectar a los mineros
porque se exponen durante años a sustancias
nocivas en la extracción del carbón.
El viejo minero duda que
Bours haya firmado un convenio
con la compañía.
–Creo que no existe nada
de eso. Hemos insistido en
que nos den una copia del arreglo
que hizo el gobernador anterior,
Eduardo Bours, pero no
nos han dado nada. Más bien,
entre nosotros campea la idea
de que nunca se firmó un documento
donde el gobierno adquiriera
un compromiso con la
empresa. Creemos que todo se
hizo de forma verbal.
Por este motivo, los mineros
sindicalizados pidieron
una audiencia con el actual gobernador,
Guillermo Padrés,
pero hasta el momento no han
tenido respuesta.
–Queremos tener un acercamiento
con representantes de
la empresa y con el gobernador,
porque en Cananea no tenemos
con quién acudir. Creemos que
a través del gobernador podemos
acercarnos a la empresa y
hacerle ver que no deben involucrarnos,
porque no tenemos
nada que ver con la huelga.
Antes de que estallara el paro, los mineros
retirados tenían compromisos contractuales
con la empresa, entre ellos el
derecho a la cobertura de salud.
–Nosotros no tenemos la culpa, no se
nos debe castigar de esta manera. Nosotros
ya aportamos lo que teníamos que
aportar para el engrandecimiento y beneficio
de la comunidad. Sin embargo, ahora
nos tienen marginados, relegados de una
manera inmisericorde.
Alejandro López tiene 67 años. Se escucha
cansado y desesperado: “Queremos que
nos atiendan a los viejos y que el gobierno
del estado dirija su mirada hacia nosotros,
que nos apoye en la reunión con la empresa
(para que) podamos decirles por qué peleamos
nuestros derechos”.
Precisa que él nunca ha escuchado
de la existencia de la
fundación Volemos Juntos y
tampoco conocía el dato de que
ahí han parado 70 de los cien
millones que Bours programó
para ayudarlos pero que ahora
no aparecen en las cuentas públicas
de su gobierno.
Dicha fundación opera casi
clandestinamente. Tanto,
que Manuel López, el exsecretario
particular del diputado
Ernesto de Lucas Hopkins,
no recuerda cuándo empezó a
funcionar.
“No sé como nació, pero
sí sé que es una fundación con
intenciones políticas y que los fondos vienen
prácticamente de lo que estaba destinado
al hospital”, señala en entrevista.
De acuerdo con información extraoficial,
Bours acordó con la empresa que su
gobierno desembolsaría esos 100 millones
de pesos, de los cuales daría de manera
inmediata 30 millones y los restantes
los destinaría realmente a su proyecto
político.
Cuando su candidato, Alfonso Elías,
perdió la elección, Bours tuvo que crear la
fundación Volemos Juntos y poner al frente
a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins,
quien habría negociado en la Ciudad de
México con el director jurídico de la Minera
Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los
30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron
en las cuentas oficiales.
Esto se suma a las irregularidades financieras
descubiertas por la nueva administración
de Sonora. Desde octubre de
2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó
que se habían encontraron diversas
irregularidades en las finanzas estatales.
En febrero pasado, el contralor Carlos
Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación
amplia, se estableció que algunos
funcionarios de Bours participaron
en una presunta malversación de fondos
públicos al cobrar por lo menos 20 cheques
expedidos por la tesorería estatal, en
diversos bancos, por un total de 190 millones
de pesos.
Tapia informó que al concluir la administración
de Bours se detectó un faltante
de mil 600 millones de pesos en cuentas
bancarias gubernamentales, así como pagos
pendientes a decenas de proveedores,
lo que llevó a Padrés a declarar la entidad
en “emergencia financiera” el 5 de octubre
de 2009.
Esto sin tomar en cuenta otros faltantes,
como los 100 millones que Bours le otorgó
a la Ford Motor Company mediante incentivos
no fiscales y convenios “confidenciales”,
los cuales, por supuesto, tampoco aparecen
en las cuentas públicas.
prácticamente de lo que estaba destinado
al hospital”, señala en entrevista.
De acuerdo con información extraoficial,
Bours acordó con la empresa que su
gobierno desembolsaría esos 100 millones
de pesos, de los cuales daría de manera
inmediata 30 millones y los restantes
los destinaría realmente a su proyecto
político.
Cuando su candidato, Alfonso Elías,
perdió la elección, Bours tuvo que crear la
fundación Volemos Juntos y poner al frente
a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins,
quien habría negociado en la Ciudad de
México con el director jurídico de la Minera
Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los
30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron
en las cuentas oficiales.
Esto se suma a las irregularidades financieras
descubiertas por la nueva administración
de Sonora. Desde octubre de
2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó
que se habían encontraron diversas
irregularidades en las finanzas estatales.
En febrero pasado, el contralor Carlos
Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación
amplia, se estableció que algunos
funcionarios de Bours participaron
en una presunta malversación de fondos
públicos al cobrar por lo menos 20 cheques
expedidos por la tesorería estatal, en
diversos bancos, por un total de 190 millones
de pesos.
Tapia informó que al concluir la administración
de Bours se detectó un faltante
de mil 600 millones de pesos en cuentas
bancarias gubernamentales, así como pagos
pendientes a decenas de proveedores,
lo que llevó a Padrés a declarar la entidad
en “emergencia financiera” el 5 de octubre
de 2009.
Esto sin tomar en cuenta otros faltantes,
como los 100 millones que Bours le otorgó
a la Ford Motor Company mediante incentivos
no fiscales y convenios “confidenciales”,
los cuales, por supuesto, tampoco aparecen
en las cuentas públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario