

Notimex
Publicado: 14/10/2010 14:51
México, DF. Un total de 19 senadores del PRD y PT conformaron el bloque de “Izquierda Unitaria” que apoyará desde la Cámara alta la propuesta política del Movimiento Nacional por la Transformación de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Al proyecto se sumaron 14 de los 25 senadores que integran la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como toda la fracción del Partido del Trabajo (PT), conformada por cinco legisladores encabezados por Ricardo Monreal.
El senador Pablo Gómez, uno de los integrantes del bloque, aclaró que los perredistas del grupo, seguirán perteneciendo a la bancadas de su partido, conservando cargos y funciones dentro de la misma.
Gómez precisó que el bloque se creó para promover una amplia fuerza progresista alternativa a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), así como “al continuismo de la política que ha dominado hasta ahora”.
Adelantó que los senadores de Izquierda Unitaria apoyarán las denuncias sobre el dominio político de la oligarquía y buscará reducir las cargas impositivas a las clases populares y los sectores medios de la sociedad.
Precisó que también demandarán que los grandes grupos oligárquicos paguen los impuestos y derechos debidos, que se acaben los regímenes de excepción, además de implantar una política de austeridad para reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos.
De igual manera, Gómez adelantó que tratarán de abrir la radio y la televisión a nuevos concesionarios, impulsarán la implementación de la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación de mandato.
Entre los senadores del PRD que integran el bloque, además de Gómez están Arturo Herviz, Arturo Núñez, Yeidckol Polevnsky, María Rojo, Carlos Sotelo, Tomás Torres y Jesús Garibay, entre otros.
Salinas no perdió la oportunidad para pontificar sobre la alternancia y la democratización del país, llevando agua para su molino. “Si la alternancia es la prueba de la democracia… bienvenida para el 2012”, afirmó en un claro mensaje anticipado de campaña a favor de su partido y, por supuesto, de su principal candidato, Enrique Peña Nieto.
Salinas también utilizó el foro para autoelogiarse, sin que nadie lo increpara por la evidente manipulación de las fechas, de los procesos políticos y del contexto político de alta crispación y ruptura que dejó al abandonar Los Pinos.
Según Salinas, “el acuerdo político hizo posible la fundación del IFE hace 20 años”, durante su gobierno. Gracias a la reforma electoral de 1990, afirmó, en los comicios presidenciales de 1994 “no hubo disputas poselectorales”.
Convenientemente, Salinas no mencionó que aquellas elecciones presidenciales estuvieron teñidas por el asesinato político de Luis Donaldo Colosio, por la irrupción del EZLN, por un clima de ruptura en el seno del PRI y de miedo en amplias capas de la población, y por una parcialidad evidente del Instituto, cuya autonomía plena no se logró sino hasta dos años después, en 1996.
En realidad, la primera prueba de fuego del IFE como organismo independiente de los tentáculos del poder presidencial fue durante los comicios federales de 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas triunfó como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal y el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados.
El cinismo de Salinas lo llevó a homenajear a su exadversario, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien lo persiguió y aisló durante todo su sexenio. ¿Acaso ya se olvidaron los más de 300 militantes perredistas asesinados? Conmovido, Salinas también deseó que su socio y amigo, el panista Diego Fernández de Cevallos, retorne a la vida normal, después de su prolongada y sospechosa desaparición.
El afán pontificador de Salinas está presente en sus más recientes apariciones públicas. Su presencia en el Palacio Nacional, el pasado 15 de septiembre, acaparó la atención de los festejos del Bicentenario. Fue su retorno en medio de fuegos artificiales, 16 años después de haber abandonado el poder presidencial, lo que llamó la atención de los comentaristas políticos.
Salinas pontificó sobre la necesidad de la “unidad política” y recordó que en 1942 el expresidente Manuel Ávila Camacho, en plena Segunda Guerra Mundial, convocó a sus antecesores para dar la imagen de una clase política que enfrentaba cohesionada las adversidades.
Fue entrevistado por Canal Once, en plena cadena nacional de los festejos del 15 de septiembre. Dio declaraciones a la prensa. Saludó a todos los artistas y hasta la exmiss Universo, Lupita Jones, que se le acercaron en Palacio Nacional como si fuera una especie de fantasma revivido.
La referencia histórica de Salinas no fue casual. Él mismo prepara un libro donde quiere presentarse como “factor de unidad”. Lo paradójico es que será durante el gobierno de Felipe Calderón, el segundo mandatario panista, cuando el verdadero grito de Salinas podrá concretarse: ser el factor decisivo en la sucesión presidencial de 2012.
Salinas no sólo quiere ser el político priista vivo más poderoso y representativo de su partido. Su rehabilitación busca que lo identifiquen como el más eficaz, el más temido, el más exitoso y, ¿por qué no?, el más querido. El auténtico modernizador del país.
Para los priistas conocedores de la historia del régimen, la “normalización” de la figura pública de Carlos Salinas significa convertirlo en una especie de Plutarco Elías Calles, el “Jefe Máximo”, que retorna del exilio. Lázaro Cárdenas expulsó a Calles del país en 1934 para que su propio gobierno pudiera sobrevivir, e inauguró la larga etapa del presidencialismo mexicano, la “monarquía sexenal”, como la definió el historiador Daniel Cosío Villegas.
Sin embargo, Zedillo no fue Cárdenas ni Fox se convirtió en el fundador de un nuevo régimen, y Salinas retornó desde principios de 2003 a la escena pública, en pleno gobierno “del cambio”.
Conocedor de lo que significa la débil legitimidad, ha aprovechado los espacios de poder vacíos durante el gobierno de Felipe Calderón para llenarlos y convertirse en el gran broker.
Lo más patético es que el IFE, una institución cuyas glorias máximas se alcanzaron durante la alternancia de 2000, haya prestado el foro, el escenario y su aniversario, para que Salinas se apropiara de los festejos con un claro mensaje de campaña anticipada para el 2012.
En ese enorme conjunto de seres humanos que se debaten entre la precariedad, la honesta medianía y la sobrevivencia, se destaca un grupo, creciente y decidido, que ha hecho consciente su situación y destino. Surgen en todos los rincones de la patria, cavilan con premura aunque sea en solitario. Atisban con ahínco cualquier indicio que les ayude a expandir su conciencia. Se unen a grupos de discusión y lectura, ayudan a sus congéneres menos favorecidos a canalizar sus reclamos y desesperación. Forman la base orgánica de un cambio de ruta, de gestión que se organiza desde debajo de la sociedad. Desafortunadamente, también es fácil encontrar individuos que por escalar, por salir de su atolladero y romper sus limitantes, están dispuestos a todo. El cinismo para aceptar dádivas o hacer negocios sin solicitar explicaciones, sin conocer orígenes, les lleva, a otros tantos, a incidir en conductas que bordean o, de plano, se introducen en las áreas delictivas. El miedo al retroceso en la apropiación de un cacho de respetabilidad motiva a otros a preferir la continuidad de lo conocido, aunque les cause un malestar insoportable.
El arrellanarse con el entorno sin meditar en las causas, en los orígenes, en los pormenores de las angustiantes condiciones de la actualidad nacional es práctica bastante extendida. Todo un conjunto de la población, ése que se sitúa en ingresos que bordean la pobreza pero que todavía esperan ascender, se hacen o son, en verdad, sordos, reacios, impermeables a las prédicas efectivas de que una vida mejor es factible. La resignación está bien sembrada en la memoria orgánica de amplias capas de esa población y, no sin dolor, caminan hacia su propio sacrificio. Es por eso que la derecha, con su engañosa retórica del bien común, de la decencia, del bien decir, de la fe o la condición inalterable, heredada, les hace caer en sus hipócritas redes. Pero también los captan aquellos que ofrecen un cambio sin contenidos ni concreción real, sin rendición de cuentas. Son, en efecto, derechosos que se disfrazan de progresistas, de agentes de la modernidad y ensayan un número ya bien probado. Van por la marchanta de los votos en subasta, por la piñata de las bicicletas, los mil pesos con cámara de celular, por las promesas firmadas ante notario.
Pero las terribles condiciones de deterioro de las mayorías nacionales, esas que ingresan al presupuesto familiar menos de 9 mil pesos, 80 por ciento del total, han logrado formar, en su centro, un sólido conjunto núcleo de rebeldes. Son hombres y mujeres que han comprendido, con desconocida e inusitada profundidad, que su apretujada condición no es producto del destino ni obedece a un designio inapelable, sino que se origina en la aplicación de un modelo expoliador. Un modelo diseñado por encargo para beneficiar a unos cuantos de dentro y de afuera. Un modelo que, en México, se ha aplicado a rajatabla y con un condimento bien sazonado de corrupción que lo ha hecho injusto e inoperante. Y esos rebeldes están actuando a manera de reactivos sobre los demás que los rodean. Son guías, modelan la opinión (no se habla aquí de ésos que peroramos en los medios) entre sus semejantes con el mero ejemplo, por su sola presencia, por sus alegatos cotidianos entre y con sus iguales. Son, al mismo tiempo, sembradores del descontento consciente. Son los que llevan consigo el ánimo de la transformación, de la búsqueda de un futuro cierto y reparador de injusticias. Son los que quieren ver renacer a su patria. A los que les disgusta, hasta su misma raíz de ser humano, ver cómo se consumen, cómo se desperdician vidas por millares, por millones sin que alguien o algo detenga la sangría.
Es por eso que hoy ha llegado el momento de las definiciones. No más continuidad, no más expoliación irracional de bienes y personas. Hay que detener la concentración de la riqueza en unas cuantas, groseras, ambiciosas y autoritarias manos. Finiquitar el abuso, la apropiación indebida de los bienes públicos por los traficantes del poder. La sucesión presidencial ya desatada presenta, como nunca en el México del pasado medio siglo, la oportunidad de dar cauce creativo a la inconformidad. Hay necesidad imperiosa de ensayar un cambio de modos de vivir y gozar. Desterrar el conformismo suicida. La sucesión presidencial se decidirá entre estas dos posturas: el cambio efectivo y la continuidad del modelo que pastorea, con celo inigualable, la plutocracia local. Y esas dos posturas también se enfrentarán en el estado de México. La derecha panista está disuelta, no será rival de cuidado. El PRI, con todos los respaldos del sistema imperante, adicionado del uso mafioso, indebido del aparato público, irá por abrir la ruta a su producto dorado (Peña Nieto). En el otro lado se formará una coalición liderada por AMLO que le opondrá firme resistencia desde abajo. El triunfo, que se tiene a la vista, se afianzará con la decisión tajante, firme, abierta, de los que forman filas en la izquierda. Una alianza concordante, cimentada sobre la disposición de los mexiquenses de liberarse del yugo que imponen las apariencias llevadas a forma de gobierno. El pueblo, bien organizado, consciente y decidido, a pesar de muchas limitaciones hará la hombrada, la mujerada, de ganarle, con limpieza, al sistema, continuista y tramposo, que modeló su criatura.
No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.
El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.
Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.
Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.
Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.
Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.
Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.
Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.
Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.
Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.
Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.
El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.
Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.
La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…
Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…
Apuntes
Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…
La administración de Juan José Suárez Coppel en Petróleos Mexicanos (Pemex) considera legal la privatización del dinero público. En esa lógica, miles de millones de pesos son tratados como capital privado y resguardados en cuentas bancarias particulares, radicadas en México y en el extranjero. Ello, a pesar de que su origen es la venta del petróleo.
Se trata de los recursos que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente de las 10 conocidas como Grupo PMI. Estas últimas, dedicadas a comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– el crudo y sus derivados en los mercados internacionales.
No obstante que se trata de la venta de bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.
Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de la paraestatal durante una reunión sostenida con representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.
De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.
“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.
Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.
En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, según la paraestatal, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.
Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación.

En el caso de las 25 empresas privadas de Pemex, la defraudación a la hacienda pública sería incalculable. Las compañías fueron constituidas a fines de la década de 1980 y principios de 1990. Desde entonces, son manejadas al margen de la ley, señala la Auditoría Superior.
Tan sólo en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, PMI Norteamérica, SA de CV, habría amasado un “patrimonio privado” superior a los 800 mil millones de pesos, monto que es seis veces el costo de la Refinería Bicentenario, que Pemex construirá en Tula, Hidalgo, y que asciende a 129 mil millones de pesos.
Además de privatizar el dinero público, PMI Norteamérica estaría involucrada en triangulación de recursos a cinco filiales del Grupo PMI, que no son sus accionistas. También, en la inversión de capital en la refinería Deer Park, que –a nombre de Pemex– posee en sociedad con la trasnacional Shell.
Y es que la compañía instrumental ha transferido recursos multimillonarios a PMI Trading, PMI Holdings North America, Deer Park y PMI Services North America en calidad de “inversiones en el extranjero” y “préstamos”, revela el reporte de la ASF.
Las filiales privadas de Pemex no son las únicas que ganan. También, la trasnacional Shell, por medio de Deer Park Refining Limited Partnership. La sociedad permite a la trasnacional adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993 entre Shell y la filial privada de Pemex.
Contrario a ello, la copropiedad no parece tan benéfica para PMI Norteamérica. En 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con la operación de Deer Park.
Las pérdidas que la refinería trasladó a las finanzas de PMI Norteamérica casi sumaron lo mismo que las ganancias. En los “ingresos por dividendos” derivados de su participación en Deer Park, la filial registró 2 mil 923 millones 216 mil pesos.
De ese dinero, Petróleos Mexicanos no vio ni un peso. Mientras que, el 26 de septiembre de 2008, PMI Norteamérica pagó dividendos a sus dos accionistas –25 millones 727 mil pesos a PMI Holdings, BV, y 10 millones 162 mil pesos a PMI Holdings Petróleos España, extraídos de su cuenta bancaria en JP Morgan Chase–, a Pemex no le restituyó nada.
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Son chingaderas!!! esa es la mafia que hay que atacar