LA CULPA ES DE LOS MUERTOS

Carlos Monsiváis
07 febrero 2010
cmonsiv@prodigy.net
La matanza de 16 adolescentes y dos adultos en un barrio de Ciudad Juárez en el transcurso de su fiesta, ha sacudido al país, provocando un brote amplísimo de indignación moral ya inusual a propósito de los asesinatos del narcotráfico. Los 21 o 30 victimados diariamente han amortiguado la sensibilidad social, disminuyéndola las más de las veces al orden de los comentarios resignados. Esto no sin excepciones: el asombro genuino ante la matanza de 24 albañiles jóvenes cuyos cuerpos se encontraron por el rumbo de La Marquesa, y las dos incursiones fatídicas en Centros de Rehabilitación Juvenil, también en Ciudad Juárez. Sin embargo, ningún acontecimiento ha alcanzado las resonancias como el de los adolescentes acribillados en la fiesta. No sólo intervienen las sensaciones generalizadas de indefensión, ni el miedo legítimo ante la canallez interminable del “otro Estado”; también ha sido decisivo la compasión en el sentido original de padecer con otros, junto a otros. Esto, por desdicha, no se advierte en las reacciones del poder federal.
El 2 de febrero de 2010, Felipe Calderón fue visionario: “Probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. En ese momento no existían y aún no existen las pruebas de lo afirmado implícitamente por Calderón: los jóvenes participaban en cierta forma en la delincuencia organizada, en donde ocurren esas rivalidades mortíferas. La reacción de don Felipe fue instantánea, y va de acuerdo con la línea del Poder Judicial: si los asesinos son sicarios, los muertos estaban involucrados. Únicamente así se explica el “probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. La madre de una víctima declaró durante el entierro: “A mi hijo lo mataron dos veces. La primera, los asesinos. La segunda, el gobierno de Calderón al declararlo culpable nomás porque se le antojó”.
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Calderón no está solo en su voluntad incriminatoria (por si las dudas). Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a la pregunta “¿Qué mensaje les daría a los familiares de 16 jóvenes masacrados en Ciudad Juárez?”, responde sin ambages: “Lo he dicho y lo reitero, sólo sometiéndose a la ley encontrarán respeto a sus vidas y a sus familias. La lógica de matar para no morir es una lógica que está trayendo destrucción y dolor a la gente”. ¿Qué tiene que ver la contestación del secretario con la pregunta? El mensaje es también de amenaza judicial: si van a tener duelo, si van a sufrir la pérdida, háganlo en medio del más estricto sometimiento a la ley que, el lector infiere, se cuida de que el luto y el sufrimiento íntimo no rebase los límites de lo permitido. Además, Gómez Mont está convencido: es mejor dejarse matar para no traer destrucción y dolor a los demás. ¿Pero cuáles de los familiares están en el trance de “matar para no morir”? ¿Qué información posee el secretario, de seguro de la misma fuente que la de Calderón, que le permite visualizar metralletas en el camino de la pena?
Gómez Mont defiende la primera y la segunda estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado (ya se anunció la tercera). Y desecha de un golpe verbal las protestas de las colectividades, de las comisiones de derechos humanos, de la prensa, de los ciudadanos aislados. “No hay ningún argumento serio que diga que esta vía (las operaciones ordenadas por el Ejecutivo federal) está equivocada. Se avisó a tiempo que esa contención podría generar una reacción, pero decidimos y estamos decididos a romper con una lógica que tenga a las instituciones secuestradas o cooptadas por las organizaciones criminales. Le estamos dando frente y la seguiremos dando frente por nosotros, nuestros compromisos y por respeto a nuestros hijos”.
Las protestas y los documentos adjuntos no le significan nada al secretario: no son argumentos serios que hagan ver que el Ejecutivo federal se equivoca. La sociedad no es seria, el gobierno es serio, solemne, inquebrantable y tenaz, y los fracasos deben atribuírseles a los deudos que no se someten a la ley. Al gobierno nada más le interesa “romper con la lógica” de secuestrar o cooptar a las instituciones. Tres años después, con las instituciones secuestradas o cooptadas pero en mayor escala, tal y como demuestra la cantidad de judiciales detenidos, el gobierno no se dobla, para esa acción tan cobarde ya están las víctimas.
La “lógica” del gobierno federal se traslada a los legisladores panistas, a los que no amedrenta ni la muerte ajena ni la resurrección seguida de la muerte instantánea. En este orden de pensamiento, se mueve el diputado federal del PAN José Francisco Javier Landero Gutiérrez, al molestarse en tribuna por la discusión en torno a las responsabilidades del gobierno federal: “Dieciocho jóvenes a los que les desgraciaron la vida… Y si nos pusiéramos a pensar un poco en qué pensarían estos jóvenes si todavía vivieran sobre este debate creo que les gustaría volverse a morir y les daría muchas veces asco ver pura perorata, puro rollo sin fondo”. De modo que los adolescentes acribillados al oír a Landero y acompañantes, se sentirían mejor en la tumba. Una tesis parapsíquica que da idea de los alcances intelectuales y morales de los defensores de las estrategias gubernamentales.
Para igualarse con los panistas, la procuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez (priísta), se empecina en su postura: si yo no tengo razón, nadie la tiene. Y por eso va tan a fondo como lo permite su capacidad de adivinación: “La matanza de los jóvenes fue realizada por la banda de Los Aztecas o La Línea, que trabaja para el cártel de Juárez, porque creyeron que los muchachos eran miembros de la pandilla rival de Los Artistas Aztecas, al servicio del cártel de Sinaloa… A los sicarios lamentablemente no les importó que en el domicilio al que acudieron había jóvenes que nada tenían que ver con un grupo de pandilla y que quizá había algunos adultos que pudieron estar implicados en pandillas”.
No demando mayor sintaxis de un Poder Judicial apresurado y con las tensiones propias de la época. Pero sí me gustaría formar algún punto de vista luego de estas declaraciones. ¿Debo entender que los sicarios iban y mataban al tanteo porque no disponían, al revés de la Procuraduría de Chihuahua, de un servicio de inteligencia? ¿Me toca aceptar que en el domicilio al que acudieron los jóvenes eran ajenos a la búsqueda pero no a la puntería de los sicarios? ¿Tengo que creer, así nomás, que los sicarios, advirtieran o no que sus enemigos no estaban, decidieran no irse con la conciencia limpia? ¿Qué pruebas tiene la procuradora de la pertenencia a pandillas de los adultos asesinados? Si tiene datos probados, que los muestre, y si no que el Poder Judicial la premie.
En los días siguientes veremos, como en acto de magia, la aparición y la desaparición de los culpables, y la certidumbre: las autoridades no se detendrán hasta aclarar los crímenes, irán a fondo, no habrá quien detenga la acción de la justicia y oraciones similares al san Judas Tadeo de las investigaciones. Además, la negativa de la Secretaría de Gobernación, opuesta a ofrecer disculpas a los ediles michoacanos a los que liberaron por falta de pruebas, es otra exhibición de persistencia: ellos nunca se equivocan, ni siquiera cuando tienen razón.