sábado, 19 de diciembre de 2009

REPRESOR VUELVE A LA PGR; ROBLEDO ENCABEZARA LA PFM

La redacción
MÉXICO D.F., 17 de diciembre (apro).- A partir de enero entrante, se incorporará a la Procuraduría General de la República (PGR) el vicealmirante de la Armada, Wilfrido Robledo Madrid, uno de los principales implicados en el operativo represor de San Salvador Atenco.
Robledo Madrid se hará cargo de la Policía Federal Ministerial (PFM), en sustitución de Nicandra Castro Escarpulli, según confirmó hoy el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.
En un desayuno-conferencia con los reporteros de la “fuente”, el funcionario explicó que la llegada del exjefe de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE) tiene como propósito mejorar y consolidar la coordinación operativa con las secretarías de Marina y de Seguridad Pública federal.
Formado en los órganos de Seguridad e Inteligencia del Estado mexicano, Robledo Madrid fue el “cerebro” del operativo represor en San Salvador Atenco, en mayo de 2006. En esa ocasión, policías que participaron en el operativo recuerdan que, en medio de una reunión para decidir si se iban por el diálogo o usaban la fuerza pública para poner orden en San Salvador Atenco, el futuro jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR soltó un manotazo en el escritorio y advirtió: “O me dejan hacer el operativo o, de lo contrario, renuncio ahorita”.
Respetado y odiado, acreditado y desdeñado, es un experto en labores de contrainteligencia que inició su carrera en la Secretaría de la Marina.
Es quizás uno de los ejemplos más representativos de los “hombres de Estado” con formación militar que migraron al mando de la seguridad pública en el país.
De acuerdo a su hoja de servicio, Robledo Madrid tiene el grado de vicealmirante C.G.P.H. (del Cuerpo General Piloto Helicopterista), ingresó al servicio activo en la Armada de México como cadete de la Heroica Escuela Naval el 8 de enero de 1964 y fue ascendido como guardiamarina del cuerpo general milicia permanente el 1 de agosto de 1969.
En 1970, luego de salir de la Escuela Naval, ingresó al Estado Mayor Presidencial (EMP) como ayudante militar del presidente Luis Echeverría.
Coincidió en ese ámbito con Roberto Miranda Sánchez -posteriormente general brigadier DEM que se convertiría en el jefe del EMP de Ernesto Zedillo- y con uno de sus contemporáneos en la Armada de México, el vicealmirante José Luis Figueroa, quien posteriormente sería una pieza clave en el EMP, en la Dirección de Contrainteligencia del Cisen y como comisionado de la PFP, hasta que la crisis por el linchamiento de dos agentes federales en Tláhuac lo obligó a dejar el cargo.
En 1982, con el inicio del gobierno de Enrique González Pedrero en Tabasco, Wilfrido fue nombrado director de Seguridad Pública del estado. Durante su gestión, se documentaron abusos y una creciente presencia de operaciones del narcotráfico en la entidad-
Uno de los agentes bajo el mando de Robledo era Alcides Ramón Magaña El Metro, quien se convertiría en uno de los principales operadores del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, en Quintana Roo (estado natal de Robledo). En el medio policiaco corría la broma: “Entre Cancún y Villahermosa sólo hay un Metro”.
El principal colaborador de Robledo en la policía tabasqueña era el teniente coronel Pedro Salazar Padilla, a partir de cuyo nombramiento “se incrementa el tráfico de estupefacientes y mercancías ilegales, siendo la puerta de entrada los municipios de Huimanguillo (con cinco pistas clandestinas), Comalcalco (dos pistas), entre otros.
Además, la droga procedente de Colombia era bajada en el aeropuerto de Villahermosa, para lo cual, en coordinación con agentes federales, le brindaban protección los del grupo especial coordinado por José Luis Vallejo Trejo”, establece el documento, en información confirmada por políticos tabasqueños.
Robledo logró establecer comunicación con la clase política tabasqueña de la mano de su primo Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo actualmente preso en La Palma por sus vínculos con el cártel de Juárez y uno de los “extraditables” que reclama Estados Unidos (Proceso 1283, 1345 y 1534).
Por ejemplo, con Roberto Madrazo Pintado, el candidato presidencial de la Alianza por México, estableció una alianza. “Aprovechó la nominación de Madrazo como candidato a la gubernatura. Wilfrido Robledo se entrevista con él a fin de establecer un convenio de colaboración, en el cual, a cambio de información política, Roberto Madrazo se compromete a proteger al grupo de Wilfrido Robledo”, apunta el reporte de inteligencia.
La información era para la campaña, pero también para “la protección en la gubernatura; además serviría para apoyar el proyecto de Madrazo de llegar a la Presidencia de la República en el año 2000”.
Esa información le permitió a “Roberto Madrazo permanecer en la gubernatura, pese a haber existido una negociación con el PRD para su caída, tras ser ventilados (...) los montos de recursos que había ocupado en su campaña”.
El nombre de Wilfrido Robledo aparecía en una lista de funcionarios mexicanos “que no deberían ocupar cargos jerárquicos en un régimen nuevo y honesto”, elaborada por la embajada de Estados Unidos en México, publicó el portal del Centro de Medios Independientes el 10 de mayo, aludiendo a una nota del periódico The New York Times (11 de julio de 1977).

Mano dura

El Cisen fue el siguiente organismo en el que se desempeñó, primero como director de Servicios Técnicos y luego en Contrainteligencia -que luego se convirtió en la Dirección de Protección, “el brazo operativo del Cisen”- Robledo encabezó el poco conocido Grupo Antiterrorista (GAT). Esa área se encargaba de llevar a cabo las investigaciones criminales y de realizar algunos operativos contra el crimen organizado.
Por ejemplo, el expediente del homicidio del cardenal Juan José Posadas Ocampo refiere que, en pleno enfrentamiento armado en el aeropuerto de Guadalajara, dos agentes del Cisen videograbaron el hecho.
Después, los agentes aseguraron que estaban ahí porque viajarían a Puerto Vallarta, la misma ciudad adonde iría el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán-.
Cuando el Cisen era encabezado por Tello Peón y Wilfrido Robledo era director de Protección. Desde ese puesto, el 9 de febrero de 1995, Robledo encabezó un operativo en Cacalomacán, Estado de México, para detener a ocho presuntos zapatistas, que fueron torturados. Estos casos fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la organización no gubernamental estadunidense Human Rights Watch, tal como lo consignó la columna Se dice que… del periódico mexiquense Cambio (10 mayo 2006).
Desde su posición en el Cisen, Wilfrido Robledo participó en la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), que se formalizó el 4 de julio de 1999.
Robledo se llevó a 600 elementos de Protección del Cisen para integrar la Coordinación de Inteligencia de la PFP. Muchos de quienes provenían del GAT, en la PFP formaron la Unidad de Coordinación Interinstitucional de Policías Federales del Grupo Antiterrorista (UCIDGAT).

Resurgimiento

Al inicio del gobierno de Vicente Fox, Robledo se confrontó con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, primero “por la oficina” y luego por una presunta filtración del primero en el sentido de que el nuevo titular era investigado por Estados Unidos. El 30 de diciembre de 2000, Robledo renunció.
Gertz Manero, y paralelamente la Secretaría de la Contraloría (Secodam), formularon denuncias por la adquisición irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos para esta compra. En total, el perjuicio a la institución ascendía a 5.7 millones de pesos o casi 350 mil dólares.
El secretario de la Marina, Marco Antonio Peyrot González, cobijó a Wilfrido. Además, por sus oficios de especialista en inteligencia fue contratado como asesor en materia de seguridad para el Grupo Carso, del magnate Carlos Slim.
Con todo, el gobierno de Fox no pudo hacer nada en contra de Robledo. Desde la propia Procuraduría General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha protegió al vicealmirante y a otro de los acusados por el caso, Genaro García Luna, a quien Macedo mantuvo un tiempo como titular de la Agencia Federal de Investigación.
En abril de 2002, la entonces Secodam inhabilitó hasta por 12 años a Robledo y 18 de sus colaboradores; les impuso una multa de 2.7 millones de pesos. Aún inhabilitado, el jefe policiaco fue designado por el gobernador Enrique Peña Nieto como titular de Seguridad Pública del Estado e incluso llegó a justificar su contratación con el argumento de que la inhabilitación era sólo en el “ámbito federal”.
Con el argumento de que “no hay elementos”, la Secretaría de la Función Pública canceló la inhabilitación de Robledo. Sin embargo, el pasado martes 9 la PGR solicitó a un juez de dos a 12 años de prisión contra el poderoso jefe de la Agencia de Seguridad mexiquense por “uso indebido de atribuciones y facultades”, por aquel caso.
Asimismo, desde su llegada al Estado de México entró en una confrontación con el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, por el control de la seguridad pública de la entidad.
Sin embargo, con el beneplácito del gobernador -a quien entonces también presentó su renuncia-, Robledo consiguió crear la Agencia de Seguridad del Estado, que violenta la ley porque se arroga facultades de investigación pertenecientes a la autoridad ministerial. Incluso, busca presupuestos del ramo de procuraduría y de reclusorios.
Entre el equipo que llegó con el jefe policiaco, dicen, está su hijo Marco Antonio Robledo Luna, director de Enlace e Inteligencia Interinstitucional. También hay mandos que estaban inhabilitados, como el capitán Vicente Pérez, hoy director de Finanzas de la Policía Auxiliar, y el almirante Nemesio Portillo, director de Inspección y Suspensión de la Policía Estatal.
Antes del choque en Atenco, policías del Estado de México denunciaron que Wilfredo hacía negocio aparte de su encargo: “rentar armas a los comandantes: un revólver viejo, mil pesos; una Norinko, 2 mil, y una Glock, a 3 mil pesos”; la creación de una empresa para venderle los tres o cuatro uniformes necesarios a cada uno de los 19 mil elementos de la corporación; también los radios Matra los van a vender en 26 mil pesos a cada comandante”, explicaron las fuentes.

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