EN COAHUILA: EL ESTADO AMAGA

Sólo para Iniciados

Por: Arturo Rodríguez García
El Estado amaga

Publicado el: 27-Noviembre-2009
Hace unos días, el fiscal general, Jesús Torres Charles convocó a conferencia de prensa para informar sobre el encuentro de Dixie, la joven estudiante que desapareció por varios días. Su cuerpo fue encontrado y hasta se tenía ya a un presunto responsable.
La reportera Magda Guardiola, cuestionó al Fiscal General sobre otros crímenes no resueltos pero el funcionario se molestó. Por decir lo menos, la acusó de revoltosa o grosera y lanzó un comentario que, en función del contexto, fue una amenaza:“Por eso le pasa a usted lo que le pasa”, dijo.
Días antes, el 30 de octubre, Magda Guardiola, junto con los reporteros Karina López y Víctor Ventura, fueron encañonados por elementos del Grupo Especial de la FGE, cuando cubrían un desencuentro verbal entre dicho grupo y policías municipales.
Por lo tanto, la expresión del Fiscal Torres Charles resulta peligrosa. Con el antecedente de que agentes bajo sus órdenes hubieran encañonado a la reportera, expresar que cuestionar a la autoridad puede desembocar en amago con arma de fuego, es por decir lo menos, un desbordamiento de intolerancia, resabio autoritario de dimensión fascistoide.
El trabajo de los reporteros es de por sí peligroso. Hay que buscar información asumiendo riesgos, confrontar versiones oficiales con versiones de víctimas y testigos, para luego enfrentar demandas por no decir lo que el poderoso quiere; encontrar la verdad de los hechos para plasmar en las páginas de los diarios y los espacios noticiosos en medios electrónicos, la verdad que la sociedad necesita saber.
El trabajo de los reporteros que cubren a conciencia y sin reservas ni excepciones la información policiaca, los lleva a enfrentar a la delincuencia organizada que no desea ver los nombres de sus mandos hechos públicos, sus formas de operación, su involucramiento con las élites del poder. En esas coberturas muchos compañeros de gremio, inclusive en Coahuila, mueren.
Por lo visto, ahora los reporteros deben enfrentar también al Fiscal, en contra de la ley y dejando en la impunidad a quienes al apuntar con sus armas pusieron en peligro la vida de 3 ciudadanos, que además ejercían un derecho garantizado por el estado, justifica ese tipo de acciones en la más absurda de las causas que se le pueden imputar a alguien para decir que pueden matarlo: por grosera.
El Fiscal General, titular de la instancia cuya naturaleza consiste en “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, va absolutamente contra todo aquello para lo que fue creada la FGE y el estado mismo.
Lo anterior, si partimos de la idea, aceptada en general y establecida así por las leyes, incluso la de la propia FGE, de que el primer derecho que tiene un ciudadano es a la vida, a la integridad física. Su trabajo es proteger ese derecho no ponerlo en riesgo.
Una sociedad democrática debe proteger las libertades, y la libertad de expresión es sin lugar a dudas indispensable para mantener esa democracia. Libertad de expresión y derecho a la información forman un binomio cuadrado perfecto que por su trascendencia para cualquier estado (en la acepción amplia del vocablo), se tutela por las leyes, como garantía, dogma inalienable de funcionamiento estatal. Por lo tanto, el ejercicio del periodismo resulta vital para la democracia que, a su vez, es factor determinante para la supervivencia y desarrollo del estado.
No se trata de un asunto aislado ni de un exabrupto momentáneo de un funcionario atribulado por los cuestionamientos a su ineficacia. El mismo 30 de octubre, otros reporteros fueron replegados a empujones por policías, cuando cubrían las incidencias por el accidente de un helicóptero.
Apenas esta semana, Miguel Reyna fue encañonado por elementos de la policía de la FGE, cuando intentaba cubrir un asalto bancario. El maltrato verbal con un R-15 en el rostro intimida a cualquiera. Miguel se identificó y su identificación fue retenida, por lo que ahora, este grupo de encapuchados tiene la posibilidad de ubicarlo en su domicilio junto con su familia.Esta es la clase de riesgos que ahora el gremio enfrenta.
En La Laguna, un reportero ha caído y los grupos delictivos han amenazado las instalaciones de medios de comunicación hasta con mantas. Algunos hemos sufrido agresiones de delincuentes, sin que Torres Charles y sus colaboradores ofrezcan alguna clase de resultado en las denuncias.
A diferencia de otros estados del país, aquí ni siquiera hay organismos ciudadanos que se preocupen por la integridad de los periodistas.
Compañeros y amigos, en circunstancias menos riesgosas que las enfrentadas por varios compañeros coahuilenses, han sido colocados en el extranjero, donde radican en el anonimato, en espera de que pase el peligro y puedan regresar a la normalidad de sus vidas, si es que después de un exilio forzado por el peligro de la profesión, puede ser superado.
Los activistas de derechos humanos dicen que las agresiones o amenazas deben hacerse públicas, especialmente cuando vienen del poder formal. Por lo visto, hay que decirlo en Coahuila, porque los casos aumentan hasta convertir los amagos a reporteros desde la FGE y los cuerpos de policía en un sistema continuo y generalizado de control a la libertad, de intimidación y acoso.
Acaso alguien le explique al Fiscal General, que una libreta y una grabadora no son letales ni representan peligro para quien está armado con .45 o R-15, hombres tan valientes, cuando como criminales andan en bola y embozados.