EL DECÁLOGO

Luis Javier Garrido
La supuesta reforma política de Felipe Calderón, anunciada hace tres meses, que ahora envía en 10 puntos al Poder Legislativo exigiendo se le apruebe al vapor, es un bodrio que entraña gravísimos retrocesos para la vida democrática –en especial con vistas a 2012–, y que no logra ocultar sus pretensiones con su mañosa presentación como un paquete progresista o inocuo.
1. El paquete de 10 modificaciones constitucionales y legales en materia político-electoral, que el gobierno calderonista envió al Senado el 15 de diciembre, y que sería la decimonovena reforma electoral desde que Salinas de Gortari y el PAN pactaron en 1988 la que sería la reforma electoral definitiva, constituye una nueva regresión en materia de instituciones políticas, de partidos y de elecciones, que cancela múltiples derechos a los ciudadanos en aras de consolidar el modelo económico –y político– del neoliberalismo, pues busca establecer en vistas a las elecciones presidenciales de 2012 nuevos candados a los procesos electorales para hacer más difícil la expresión de la voluntad ciudadana.
2. El Decálogo de Calderón, como lo llaman los medios, pretende a) obstaculizar en 2012 la elección de un candidato presidencial que no sea del PRI o del PAN con la llamada segunda vuelta; b) consolidar el poder de la televisión al establecer el referendo y el plebiscito en un marco jurídico que permite impunemente a medios y a grandes empresarios manipular consultas y procesos, c) dar satisfacción al capital trasnacional que reclama desde hace años la relección indefinida como vía para consolidar una clase política estable funcional a sus intereses, d) consolidar un sistema de partidos políticos más restringido, controlado y menos representativo de la ciudadanía; e) hacer casi imposible candidaturas ciudadanas al permitírselas sólo a aquellos respaldados por los grandes poderes económicos, y f) fortalecer el presidencialismo despótico al pretender que se confiera al Ejecutivo preminencia absoluta sobre el Congreso para aprobar leyes a su antojo.
3. Las llamadas reformas políticas o electorales no han tenido nunca la aspiración real de instaurar en México una democracia política, como tampoco es el caso de ésta, elaborada al parecer por la parejita de asesores de Calderón en materia de elecciones, Juan Molinar Horcasitas (titular de la SCT) y Leonardo Valdés Zurita (presidente del IFE). Todas las aprobadas desde 1988 se han limitado a dar al régimen una apariencia de modernidad con el fin de legitimar el ejercicio del poder público por una minoría de mafiosos que se apoderaron del aparato estatal desde 1982 y evitar que éstos pierdan el control de los mecanismos electorales y la posibilidad de seguirle imponiendo a México el modelo neoliberal, que supone el desmantelamiento del régimen surgido de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, en un proceso de reconversión no democrática del Estado, que ha agravado el empobrecimiento del pueblo y ahondado la crisis de ilegitimidad del poder.
4. Las reformas electorales, por ejemplo, han tendido en México de manera sistemática a limitar el sistema de partidos a fin de impedir que sea representativo de las fuerzas políticas y sociales que se manifiestan en el país, y ésta no es la excepción, pues ahora se pretende obstaculizar aún más la existencia de partidos independientes del Estado para favorecer a las fuerzas políticas oficiales con un sistema más restringido y controlado y menos representativo.
5. Las candidaturas ciudadanas, propuestas en los años 80 desde una perspectiva democrática, son viables en un sistema de campañas cortas que no esté fundado en el derroche del dinero, para que no haya un desfase enorme entre éstas y las provenientes de los partidos, pues de lo contrario sólo serían viables –como acontece con la propuesta calderonesca– para candidatos respaldados por los grandes poderes económicos o por recursos oscuros: que puedan gastar cientos de millones de pesos primero para reunir casi un millón de firmas que se les exige y luego para competir contra los partidos financiados por el Estado y respaldados por los medios.
6. La segunda vuelta tiene a su vez sentido en un régimen plural y democrático donde se busca sean electos candidatos respaldados con una mayoría absoluta, asumiéndose que no hay ahí partidos que prevalezcan por sobre los demás por su vinculación con el poder público, como es el caso en México del PAN y el PRI –el llamado PRIAN–, que con ella estarían obligados a aliarse aún más estrechamente. El actual bipartidismo oficial podría vencer las resistencias internas para presentar un candidato común en una onerosa segunda vuelta en 2012, con los panistas apoyando a Peña Nieto para tratar de cerrar el paso a López Obrador.
7. El plebiscito y el referendo son viables, de la misma manera, sólo en un régimen democrático, donde el pueblo puede estar bien informado, lo que no es el caso de México, ya que aquí el poder del duopolio televisivo manipularía a su antojo estos mecanismos de participación ciudadana, como lo hace con las elecciones, y consolidaría de esta manera su poder.
8. La defensa del principio de la no relección suscitó innumerables levantamientos en el siglo XIX, la Revolución Mexicana de 1910 y el asesinato de Obregón en 1928, y por ello el PRI de Carlos A. Madrazo se opuso en 1965 a que se le suprimiera, pero Calderón y la derecha mexicana, yendo contra la Historia, como vulgares provocadores, quieren satisfacer a los organismos financieros internacionales ansiosos de vincular a los integrantes de una clase política mexicana estable a los intereses del capital trasnacional, como acontece en Estados Unidos.
9. El fortalecimiento del presidencialismo despótico es, en fin, una broma de mal gusto de esta contrarreforma que festejan ya Héctor Aguilar Camín, Luis Carlos Ugalde y Jorge G. Castañeda, pues pretende se le confiera una preminencia absoluta al Presidente sobre el Congreso al dársele el privilegio de presentar iniciativas, llamadas preferentes, que de no ser dictaminadas serían consideradas aprobadas y que de dictaminarse en contra podrían ser presentadas vía un referendo promovido (y desde luego manipulado) por las televisoras a la ciudadanía, como de poder modificar las iniciativas vetadas que el Congreso insista en mantener.
10. En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se han producido en México decenas de contrarreformas político-electorales, pero hace falta que el pueblo empuje una: someter al Ejecutivo federal a la legalidad constitucional para impedirle viole las libertades electorales de los mexicanos, pues de lo contrario seguiremos teniendo en Los Pinos mapaches electorales que se sienten reformadores