En febrero próximo quedará listo el peritaje sobre el siniestro, realizado por la empresa Mc Mullen, dijo Patricia Duarte, vocera del Movimiento por la Justicia 5 de Junio.
Notimex
Publicado: 19/01/2010 11:45
Hermosillo, Son. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) emitirá en julio próximo los resultados de su investigación sobre el incendio de la guardería ABC, que dejó 49 niños muertos, el 5 de junio pasado.
La vocera del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, Patricia Duarte, declaró que también les fue informado que en febrero próximo quedará listo el peritaje sobre el siniestro, realizado por la empresa estadunidense Mc Mullen.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla se reunieron anoche en esta ciudad con padres de los niños fallecidos para comunicarles los avances de la indagatoria.
Se informó que la Comisión Especial de la SCJN terminará sus investigaciones el mes próximo, pero no dará a conocer sus conclusiones hasta que agote el proceso de resolución, en julio, dijo.
Reconoció que el dictamen carece de poder para determinar una sentencia contra los responsables del incendio, ocurrido en la colonia Y Griega, el cual también dejó 69 niños heridos.
"Pero sí servirá para que los abogados de los padres cuenten con elementos para fundamentar su demanda penal contra los dueños de la guardería y los responsables por la tragedia", expresó la vocera.
También es importante el dictamen para convencer al juez del caso de que modifique la tipificación de homicidio culposo a doloso, lo que evitará que los culpables salgan libres bajo fianza, puntualizó.
Anunció que los padres de las víctimas organizan otra marcha para el próximo 5 de febrero, a ocho meses de la tragedia, que se llamará "Marcha por el Respeto a la Constitución".
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martes, 19 de enero de 2010
domingo, 27 de diciembre de 2009
Ni un detenido ya, por muertes en la guardería ABC
Esta semana excarcelaron a dos personas implicadas; 21 enfrentarán procesos en libertad
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 21
Hermosillo, Son., 26 de diciembre. Con la excarcelación bajo fianza –el pasado viernes– de Irma Crescencia Díaz, ex coordinadora de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, ya no hay detenidos ni presos como parte del proceso federal por las múltiples acciones y omisiones puestas al descubierto tras el incendio del pasado 5 de junio, que costó la vida de 49 niños y lesionó a decenas.
Antes de ella, la noche del miércoles también fue liberado Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal de Hermosillo al momento de la tragedia, quien sólo estuvo encarcelado cinco días luego de perder efecto el amparo que solicitó en junio; y junto a ellos dos, otras 21 personas estarán sujetas a proceso, sin privación de la libertad, además de los cinco dueños de la Guardería ABC que hasta la fecha han eludido la pena corporal.
Crescencia Díaz estuvo presa poco más de seis meses y es quien “más sufrió”, dado el prolongado encierro, pero salió libre tras el pago de fianza de más de 2.4 millones de pesos que se cubrió con un edificio propiedad de la familia, dado que ella no contaba con recursos económicos ni podía sufragar la cantidad de amparos que otros acusados obtuvieron, comentó Alberto Arellano, uno de sus allegados.
Sin embargo, según los padres de las víctimas integrados al Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia, el proceso federal debe replantearse y la acción punitiva alcanzar a los dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a los funcionarios federales y del anterior gobierno priísta sonorense de Eduardo Bours Castelo que resultan responsables.
“El homicidio imprudencial debe reclasificarse como doloso para que los acusados no logren la libertad bajo fianza; y los cinco socios de la guardería, Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Pavlovich, Gildardo Urquidez Serrano y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, no pueden ser eximidos de culpa”, señalan los padres de las víctimas.
No obstante, y aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) informó en agosto que había emitido una ficha roja para la búsqueda internacional y detención de los cinco socios, ellos aparecían en fiestas de alta sociedad en Hermosillo y enfrentarán amparados el inocuo proceso judicial, denunció Julio César Márquez, uno de los voceros del movimiento.
En su más reciente comunicado, el Movimiento 5 de Junio dijo el pasado 11 de diciembre que los padres de las víctimas reiteran su interés en dialogar con el presidente Calderón, a quien intentaron contactar al menos ocho veces, una de ellas por conducto del gobernador panista Guillermo Padrés Elías y otra durante su visita a Puerto Peñasco en noviembre, pero siempre sin éxito.
Los agraviados quieren plantear a Calderón que en el proceso judicial también se persiga el presunto tráfico de influencias y la corrupción que permitieron a los dueños habilitar un bodegón como guardería y operar sin las medidas de seguridad adecuadas, pese a los documentos donde constan las llamadas de atención sobre los riesgos en caso de incendio.
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 21
Hermosillo, Son., 26 de diciembre. Con la excarcelación bajo fianza –el pasado viernes– de Irma Crescencia Díaz, ex coordinadora de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, ya no hay detenidos ni presos como parte del proceso federal por las múltiples acciones y omisiones puestas al descubierto tras el incendio del pasado 5 de junio, que costó la vida de 49 niños y lesionó a decenas.
Antes de ella, la noche del miércoles también fue liberado Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal de Hermosillo al momento de la tragedia, quien sólo estuvo encarcelado cinco días luego de perder efecto el amparo que solicitó en junio; y junto a ellos dos, otras 21 personas estarán sujetas a proceso, sin privación de la libertad, además de los cinco dueños de la Guardería ABC que hasta la fecha han eludido la pena corporal.
Crescencia Díaz estuvo presa poco más de seis meses y es quien “más sufrió”, dado el prolongado encierro, pero salió libre tras el pago de fianza de más de 2.4 millones de pesos que se cubrió con un edificio propiedad de la familia, dado que ella no contaba con recursos económicos ni podía sufragar la cantidad de amparos que otros acusados obtuvieron, comentó Alberto Arellano, uno de sus allegados.
Sin embargo, según los padres de las víctimas integrados al Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia, el proceso federal debe replantearse y la acción punitiva alcanzar a los dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a los funcionarios federales y del anterior gobierno priísta sonorense de Eduardo Bours Castelo que resultan responsables.
“El homicidio imprudencial debe reclasificarse como doloso para que los acusados no logren la libertad bajo fianza; y los cinco socios de la guardería, Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Pavlovich, Gildardo Urquidez Serrano y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, no pueden ser eximidos de culpa”, señalan los padres de las víctimas.
No obstante, y aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) informó en agosto que había emitido una ficha roja para la búsqueda internacional y detención de los cinco socios, ellos aparecían en fiestas de alta sociedad en Hermosillo y enfrentarán amparados el inocuo proceso judicial, denunció Julio César Márquez, uno de los voceros del movimiento.
En su más reciente comunicado, el Movimiento 5 de Junio dijo el pasado 11 de diciembre que los padres de las víctimas reiteran su interés en dialogar con el presidente Calderón, a quien intentaron contactar al menos ocho veces, una de ellas por conducto del gobernador panista Guillermo Padrés Elías y otra durante su visita a Puerto Peñasco en noviembre, pero siempre sin éxito.
Los agraviados quieren plantear a Calderón que en el proceso judicial también se persiga el presunto tráfico de influencias y la corrupción que permitieron a los dueños habilitar un bodegón como guardería y operar sin las medidas de seguridad adecuadas, pese a los documentos donde constan las llamadas de atención sobre los riesgos en caso de incendio.
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