Este jueves el gobierno mexicano mostró más claramente que nunca su carácter de enemigo de las y los trabajadores del país; mientras en la Cámara de Diputados representantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaban una iniciativa de reforma laboral abiertamente favorable a los patrones, en la calle fuerzas policíacas reprimían de manera brutal a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se mantenían en plantón pacífico en defensa de sus derechos laborales.
En la propuesta de reforma laboral, que se materializa después de múltiples amagos, los legisladores del PAN pretenden hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, en realidad se avanza hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical. Igualmente se da carta de naturalización a las arbitrariedades de las autoridades laborales del país que, en complicidad con los empresarios, dejan en estado de indefensión a las y los trabajadores.
La iniciativa panista, a tono con las posiciones emitidas repetidamente por la Secretaría del Trabajo, promueve el trabajo por temporada y por "capacitación inicial", así como el pago por horas; se contravienen así las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social. Sin embozo alguno se promueve una flexibilización salvaje encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones.
Con la misma intencionalidad se pretende incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se pretende prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos.
Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora.
En otro orden de ideas, la propuesta pretende orientarse también a la transparencia en la conducción de las organizaciones sindicales. Al respecto y si bien el problema de la corrupción en estas agrupaciones se presenta en multitud de casos, la experiencia en cuanto a las políticas oficiales indica que las consecuencias serían el bloqueo y las trabas a las organizaciones democráticas e independientes, mientras que según lo demuestran los hechos, las grandes organizaciones corporativas, que es donde se centra la opacidad y la corrupción, no serán tocadas en la medida en que sigan siendo aliadas privilegiadas del gobierno.
Aunque es preciso un estudio a fondo de la iniciativa, su contenido principal refleja la tendencia recurrente del gobierno mexicano, en especial de la Secretaría del Trabajo, de actuar como voceros de los empresarios. La señal que ha lanzado es obvia: el ataque a todo lo que signifique organización y lucha de las y los trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por la vía legal, con una reforma regresiva o en las calles mediante la represión física.
Llamamos a todas y todos los trabajadores, a sus organizaciones, a la sociedad civil en su conjunto a unirse contra este nueva ofensiva, cada vez más brutal con los derechos de millones de mexicanos; llamamos a la solidaridad de todos con el SME; sólo con la unidad de todas y todos podremos parar el autoritarismo del gobierno calderonista.
URGEN FIRMAS DE APOYO PARA REPUDIAR LA REPRESIÓN A :
"cilas prensa" cilas.prensa@yahoo.com.mx
Declaración de la Senadora Rosario Ibarra contra la represión al SME
Hemos recibido un llamado urgente de los heroicos trabajadores del SME que están enfrentando no solo la criminal politica gubernamental, sino también la soberbia e intolerancia de un régimen que no acepta ceñir sus actos al mandato constitucional y solo confirma su carácter de espurio.
El día de hoy jueves 18 de marzo, la PFP desalojó 3 campamentos del SME ubicado en Cables Vertiz del centro, Centro de Distribución Cerro Gordo en Ecatepec, Estado de México y en Indios Verdes, encontrándose detenidos hasta el momento los trabajadores electricistas José Sapién, Angel Téllez, Raúl Villaseñor y José Luis Valdez, así como Alejandro Pérez López, quien fue golpeado por la PF en Cerro Gordo y fue trasladado a la Clinica 26 y en tanto que en Toluca, Juan Ceballos fue herido de bala por la PFP. Nos han informado que a las 14:20 horas un trabajador continúa ilegalmente detenido desde hace dos horas en Distribución Cerro Gordo (Via Morelos y Calle Industrias en Ecatepec). La PFP se niega a entregarlo, a pesar de los golpes que tiene.
Esta acción represiva es a todas luces una acción coordinada desde las oficinas presidenciales, ya que el operativo se ha realizado de manera simultánea, lo que muestra el talante represivo y autoritario de un gobierno que no escuchó las cientos de miles de voces que se expresaron el 16 de marzo en las calles y plazas, frente a los más de 300 centros de producción y distribución de energía de Luz y Fuerza, y ahora golpea y encarcela a quienes han recurrido legalmente a colocar las banderas de huelga, amparos y recursos juridicos ante todas las autoridades e instancias internacionales.
Si el gobierno pretende meter a la carcel a todos los trabajadores que luchan por sus derechos, estará dando un paso más en el autoritarismo dictatorial que ha sido rechazado por la mayoría del pueblo mexicano, por lo que denunciamos esta acción y sumamos nuestra voz de protesta por esta acción represiva.
Por la inmediata libertad de todos los trabajadores electricistas detenidos!
Atentamente Rosario Ibarra Senadora de la República
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