MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).- Con el argumento del combate a la delincuencia organizada, el gobierno de Felipe Calderón hizo de los cateos, arraigos e intervenciones telefónicas una práctica común con el aval del Poder Judicial.
En el primer año de la puesta en marcha de los juzgados especializados para este tipo de acciones, el Poder Judicial concedió al gobierno de Calderón, en promedio, 12 órdenes al día para que las fuerzas federales realizaran, sobre todo, cateos en domicilios particulares.
De acuerdo con el informe anual de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal le hizo al Poder Judicial cuatro mil 40 solicitudes en los siete juzgados especializados que empezaron a operar en enero de este año.
En su tercer informe anual, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que el Poder Judicial concedió “más del 90%” de esas solicitudes, de las cuales tres mil 457 fueron peticiones de cateos, 556 arraigos, 26 intervenciones de comunicaciones y una autorización para requerir información a compañías telefónicas.De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es el encargado de hacer este tipo de solicitudes.
Los juzgados, creados como resultado de la reforma penal de 2007, operan las 24 horas los 365 días del año y tienen jurisdicción en todo el país para conceder las órdenes en cuestión de horas.Según Ortiz Magagoitia, las órdenes concedidas por esos jueces “salvaguardan los derechos y libertades constitucionales de todos los mexicanos”.
“La tecnología permite que las peticiones se envíen electrónicamente de forma segura, reduciendo los riesgos de fuga de información”, señaló el presidente de la Corte ante el propio Calderón, quien ha centrado su gobierno en la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
Ortiz Mayagoitia indicó también que 66% de un total de 55 mil 823 de los procesos penales federales consignados durante este año tuvieron que ver con la delincuencia organizada. En relación con los inculpados, precisó que 35% fueron por delitos contra la salud; 26%, Por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 5%, por otros de delincuencia organizada.Además de Calderón, al informe de Ortiz Mayagoitia –quien en 2010 culminará su presidencia en el máximo tribunal del país– acudió el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Tras el informe, el Poder Judicial de la Federación entró en su segundo receso vacacional del año.
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