DIKTAT ENERGÉTICO

John Saxe-Fernández
¿Qué querés decir cuando afirmás que Carlos Pascual viene por el resto? La pregunta me tomó desprevenido. La formuló un periodista argentino en una corta visita que hice a Brasil: había leído un artículo que publiqué en La Jornada en el que afirmaba que Tony Garza, el embajador de Bush en México, había venido por Pemex y logró una reforma energética que extirpa vitales actividades sustantivas y transforma el ente en un cascarón para el trámite de contratos y que Pascual, su sucesor, venía por el resto.
Me tomó por sorpresa y me asombré al responder: viene tras la electricidad y la Federación. El desasosiego que sentí permanece, en especial cuando se leen noticias sobre el recrudecimiento de la violencia en el país y en la frontera norte gestada en torno a la militarización de la cruzada antinarco; la presencia de campos de adiestramiento de ejércitos privados de Estados Unidos (tipo SyColeman o Blackwater –ahora Xe–) en las cercanías de San Diego, California, y de las visitas de Pascual a esa frontera promocionando operaciones policial-militares conjuntas en los respectivos territorios. Todo, mientras Calderón da golpes al sindicalismo y al estratégico sector petroeléctrico nacional.
El paquete de reformas estructurales impulsadas por medio de empréstitos condicionados del Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, al promover esquemas de outsourcing a favor de contratistas nacionales y extranjeros, socavaban el control público nacional de los vastos complejos económico-territoriales, rurales, urbanos y suburbanos involucrados en la operación diaria de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). El dominio de la nación sobre ese sector es vital para la soberanía y la integridad de la Federación.
Por más de 27 años Estados Unidos ha impulsado desde Los Pinos y la Secretaría de Hacienda lineamientos en materia económica que, según J. Stiglitz (ex economista principal del Banco Mundial) desembocan en descalabros como el de diciembre de 1994. Son calamidades que debilitan al Estado nacional e impulsan intereses oligárquico-imperiales. Así lo indica Sarahí Ángeles en un estudio sobre los diseños privatizadores de la industria eléctrica en México (J. Saxe-Fernández, coordinador, La energía en México: situación y alternativas UNAM/Ceiich 2009). Recuerda que en el memorando de políticas económicas y financieras anexo a la carta de intención enviada al FMI en junio de 1999 por Zedillo, se estipula que el gobierno mexicano “…se encuentra en la fase final de su programa de privatización, que incluye servicios de infraestructura, previamente en poder del Estado: puertos, aeropuertos, ferrocarriles, satélites, electricidad y la distribución de gas natural” (p.288).
La resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a este diseño obstaculiza un proceso que incluye la liquidación de LFC y el desmembramiento de la CFE, para abrirle espacios a empresas de Estados Unidos y Canadá, favorecidas en el capítulo 11 del TLCAN.
Por ahora se envía a la calle a más de 40 mil familias para, según el Diktat del BM: “crear corporaciones de generación múltiple de energía a lo largo de las líneas geográficas o por tipo de planta… Establecer una o más corporaciones de transmisión para que sean las propietarias del sistema de transmisión de alto voltaje… establecer corporaciones de distribución, para que sean propietarias de los sistemas de distribución en cada área para manejar los precios de menudeo de la energía… corporatizar Luz y Fuerza del Centro como una compañía de distribución, transfiriendo las plantas generativas a una nueva Compañía de Generación, decidir el grado de participación privada de estas nuevas corporaciones, el cual puede ser desde cero a cien por ciento, con la mira de incrementar con el tiempo la participación privada… Transferir la responsabilidad reguladora de tarifas de la SHCP a la Comisión Reguladora de Energía para todas las entidades que participen en el sector de la energía”.
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