Caos y miedo en Monterrey tras asesinatos en el Tec

Periódico La JornadaDomingo 28 de marzo de 2010, p. 2

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada

Durante sus tres fundaciones, Monterrey resistió la batalla de los indígenas, los embates de la Inquisición y la rebelión de los nativos, pero nunca antes en su historia reciente había vivido una guerra irregular urbana como la de los últimos días.
Nuevo León fue uno de los estados menos afectados por la Independencia, y tampoco la Revolución pudo con la Sultana del Norte, consolidada como capital industrial de México. Su historia de guerra de guerrillas, sin embargo, es importante y se centra en la endémica desigualdad social y el aumento vertiginoso de la oligarquía al ritmo del crecimiento de la extrema pobreza.
¿Está pagando Monterrey finalmente su factura de desigualdad? Los acontecimientos de las últimas semanas han generado miedo entre la población: más de 30 bloqueos vehiculares del crimen organizado sitiaron la ciudad, las balaceras en las calles de la entidad dejaron varios cadáveres de civiles, mientras el Ejército escondía identificaciones de jóvenes asesinados y la Marina enfrentaba la sospecha de ejecuciones extrajudiciales contra narcomenudistas…
Es el caos, aunque para algunos es una anarquía que revela ingobernabilidad: “Nos encontramos en una guerra irregular. Es el colapso total de las instituciones de Nuevo León. Todo se esta cayendo como si fuera un castillo de barajas”, dice el analista político Javier Livas.
El gobernador, “rebasado”
Monterrey ha sido escenario de manifestaciones ciudadanas, pero la más controvertida es la marcha organizada por el gobernador Rodrigo Medina con el lema: “Si no marchas, apoyas al narco”. En cambio, los estudiantes agrupados exigen al mandatario estatal que en lugar de marchar, se marche y dimita, ya que ha demostrado haber quedado rebasado por la situación:
“Medina es el principal responsable de la seguridad en el estado y convoca a manifestarse contra él mismo. Estamos viviendo en la ingobernabilidad. El gobierno de Medina nos ha demostrado que no sabe qué hacer, no tiene estrategias. Agacha la cabeza y rechaza el diálogo con la ciudadanía”, dice David Pulido, estudiante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y portavoz del movimiento Propuesta Nuevo León.
Las circunstancias que han rodeado el asesinato de dos estudiantes del Tec –en la entrada del recinto educativo– han dado un vuelco a la vida cotidiana de la ciudad por la vulnerabilidad que representa tocar un segmento de la población que hasta ahora parecía al margen. El miedo se ha apoderado de la ciudadanía. Por la noche, las calles, restaurantes y antros de la ciudad están semivacíos. El servicio a domicilio de comida y otros productos se ha disparado y las recomendaciones a la población para resguardarse en caso de balaceras son transmitidas por los medios de comunicación electrónicos.
“Monterrey ha estado dormida mucho tiempo. La sociedad y el gobierno habían considerado el narcotráfico como algo periférico. Debimos asumir mucho antes nuestra ciudadanía y la indignación, sobre todo por la muerte de los dos estudiantes del Tec. La reacción que estamos viendo tiene que ver con el asesinato de estos dos chavos porque son del Tec, porque eso movilizó a una clase social: la empresarial, que no está acostumbrada a protestar, ni a involucrarse en esta guerra de baja intensidad. Hay una descomposición del tejido social en la ciudad y estas muertes han detonado que reaccionemos”, comenta Pulido.
De manera inédita, el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tec publicó un manifiesto para exigir respeto a las garantías individuales en la llamada “guerra contra el narcotráfico” y justicia por los dos estudiantes asesinados: “Reclamamos una investigación justa y transparente de los hechos de parte de todas las instituciones involucradas, y convocamos a la comunidad estudiantil y académica a defender los derechos ciudadanos fundamentales”.
Las voces críticas contra el rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, consideran principalmente “tibia y condescendiente” con las autoridades su reacción ante el cúmulo de irregularidades que rodearon la muerte de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo. Son muchas las preguntas que el rector no ha contestado, señala Pulido: “Nada está claro aún. ¿Qué ocurrió verdaderamente en esa balacera? ¿Por qué las autoridades se llevaron los videos? ¿Por qué el Ejército se llevó las identificaciones de nuestros dos compañeros? ¿Por qué les sembraron armas? ¿Por qué estaban golpeados?”.

Las sospechas
La actuación del Ejército y la Marina en la actual crisis de seguridad que vive Nuevo León también ha sido seriamente cuestionada por organismos de derechos humanos.
El asesinato extrajudicial de un presunto narcomenudista detenido la semana pasada en Santa Catarina por elementos de la Marina junto con otra persona también acusada de narcotráfico, ha levantado sospechas sobre el modus operandi de las fuerzas armadas en cuestión de derechos humanos. El caso salió a la luz pública porque ambos detenidos fueron fotografiados por la prensa al momento de su captura. Posteriormente, el cadáver del primero de ellos fue encontrado en un terreno baldío.
“Los militares están asesinando. No se vale que maten indiscriminadamente a la gente. Queremos saber si el Ejército tiene permiso para matar, porque pareciera que traen una orden directa de ejecutar y después ni averiguan. Cuando dicen que son delincuentes nadie los mueve, y les siembran armas para justificar el asesinato”, dice Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización que emitió un comunicado para exigir fin a esos crímenes.
Según Morales, lo ocurrido con los dos estudiantes asesinados en el Tec es un ejemplo claro de la forma de actuar de las fuerzas armadas, particularmente porque los militares se justifican de manera inmediata señalando a los muertos como delincuentes, sicarios o narcos.
“Nos estamos tragando la idea de que toda la gente a la que matan los militares es delincuente, y eso pretendieron hacernos creer con los alumnos del Tec, a quienes en un principio señalaron como sicarios y les sembraron armas, pero como eran de una clase social especial, pues no les salió bien el montaje”, dice Morales.
La reacción del Ejército fue inmediata. Para defenderse de las acusaciones publicó en los medios de comunicación un desplegado asegurando que los militares no asesinan: “Sí son asesinos, señores militares. Y tienen que ser juzgados como tales porque están matando gente. Si son delincuentes o no, deberían ser juzgados. Para eso existen los tribunales. Todos tenemos derecho a un juicio justo. Hay sumisión del gobernador Rodrigo Medina, quien está rebasado por la situación, y, por otra parte, hay gente que aún sigue considerando que el Ejército es la salvación. Y no lo es.”

“Guardias blancas”
Monterrey, la mejor economía de México, actualmente es escenario de un fenómeno de paramilitarismo alentado por el empresariado y la clase social más próspera, que para protegerse ha decidido crear las llamadas “guardias blancas”, hombres armados que actúan fuera del marco legal.
Fomentar el paramilitarismo es uno de los riesgos, señala Javier Livas, pero insiste en la falta de alternativas: “Las condiciones están dadas para que cada quien se provea su propia seguridad, lo que trae mayor propagación de la anarquía. En la ausencia de gobierno, cada quien se cuida a sí mismo como puede. ¿Qué otra posibilidad nos queda?”.
Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es el “grupo rudo” de paramilitares que resguardan la seguridad del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández. El equipo de una docena de hombres es pagado por los empresarios y está fuera del marco de la ley, según han denunciado.
“El Ejército trae su propia agenda y hace unos días actuó sin que Mauricio se enterara. Descubrió la verdadera estrategia del alcalde con su policía secreta y exhibió a estos rudos como parte del cártel de los Beltrán Leyva. Todos los dichos de Mauricio se revierten y lo hacen ver muy mal. Los escoltas deberían estar regulados, pero no sé si lo están haciendo”, insiste Livas.
Para la filósofa Rosaura Barahona, con esta crisis de seguridad se está pasando a Monterrey la factura de la desigualdad social: “La ciudad siempre ha sido muy autoritaria. Durante tanto tiempo hemos ignorado a los pobres, a los carentes de oportunidades, que tampoco les hemos dejado otra salida”.
Barahona señala que en una ciudad donde la Independencia, la Revolución y el movimiento obrero pasaron de puntillas, las claves de la crisis actual de seguridad hay que mirarlas desde la perspectiva histórica: “el movimiento obrero siempre estuvo controlado por el PRI y por las componendas de los dueños de las industrias. Hubo brotes independientes de los obreros, pero siempre bajo el control férreo del empresariado”.
Estratégicamente, en el organigrama de los cárteles de la droga Monterrey había sido un lugar de pasada, un puente a Estados Unidos y un refugio para las familias de los narcos, debido a su buen nivel de vida y excelentes universidades, pero eso se acabó. Incluso, dejó de ser la gran urbe industrial, ya que las grandes empresas regiomontanas han sido vendidas en los últimos años: “Monterrey se tiene que reinventar. Nos lo está diciendo la actual crisis de seguridad. La fama y la solidez que tenía como gran urbe industrial se acabó. Actualmente es sólo una urbe especulativa donde se venden las empresas al mejor postor y donde la desigualdad social es extrema”.