EN COMPLICIDAD CON AUTORIDADES SE ENJUCIA A DEFENSORES DEL AMBIENTE

Empresas que ven afectadas sus operaciones los acusan de difamación, despojo o invasión
Los casos de Minera San Xavier, en SLP, y granjas Carroll, en Veracruz, los emblemáticos
Angélica Enciso/ II y última
Periódico La Jornada


Sábado 2 de enero de 2010, p. 26
En la lucha por la conservación del medio ambiente, algunos activistas y pobladores en general enfrentan demandas en los tribunales. Empresas que consideran que sus planes se ven afectados y autoridades que las apoyan toman el camino de entablar denuncias judiciales en su contra.
El caso de Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, que explota oro y plata, lleva alrededor de 13 años. En dos ocasiones, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ha retirado los permisos ambientales, a pesar de lo cual continúa en operación. La empresa, al mismo tiempo, ha llevado a los tribunales a varios de los opositores al proyecto.
Ana María Alvarado, ejidataria de Cerro San Pedro, explica en entrevista las diversas demandas que ella y sus compañeros han enfrentado desde que comenzaron a luchar contra la operación de la firma en un área natural protegida.
Recuerda que la primera denuncia fue por difamación, debido a que hicieron un folleto denominado Espejito, espejito, en el que exponían los riesgos de la operación de la planta. Además de Alvarado, la empresa demandó a Mario Martínez, Marcos Rangel, Gilberto Estrada y Angelina Núñez.
Después enfrentaron otro proceso por despojo, luego de haber tomado la casa ejidal de su comunidad. Entablaron la querella ejidatarios de la Zapatilla, quienes se hacían pasar como dueños de las tierras de Cerro San Pedro.
Otra denuncia más en su contra fue abierta ante la Procuraduría General de la República por invasión y daños, por el hecho de haber entrado a una finca del siglo XVII conocida como Los Pocitos. En esta se implicó a Alvarado, Marcos Rangel y Juan Manuel Fausto Franco, este ultimo representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo con los opositores, Minera San Xavier hizo un contrato de arrendamiento de las tierras donde opera con falsos propietarios –los ejidatarios de la Zapatilla–, lo cual ya quedó demostrado en los tribunales agrarios.
Después de una golpiza que recibió en 2006, Enrique Rivera, también activista opositor a la minera, se fue a vivir a Canadá, al considerar que la agresión en su contra se debió a que participó en el movimiento.
En tanto, en Perote, Veracruz, la empresa Granjas Carroll y las autoridades estatales acusaron de difamación y ataque a las vías de comunicación a José Luis Martínez, Margarita Hernández, Berta Crisóstomo, Guadalupe Serrano y Verónica Hernández, habitantes de La Gloria –donde presuntamente se dio el primer caso de influenza humana.
Libertad bajo fianza
En 2006, Verónica Hernández, profesora de telebachillerato, fue acusada de difamación por la empresa productora de cerdos. El delito fue leer un volante en una estación de radio, el cual fue suscrito por diversas comunidades. Después –explica– se le agregó el delito de ataque a las vías de comunicación por un bloqueo carretero el 10 de enero de 2007, en el cual no participó.
Recuerda en entrevista que a pesar de que los testigos que declararon en su contra ya se retractaron, el proceso sigue abierto y cada dos semanas tiene que ir a firmar, ya que permanece en libertad bajo fianza.
En Temascalapa, estado de México, el Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra expresó en un comunicado su temor por la vida de Juan Antonio Medina Austria y de su familia. Explicó que la comunidad ha expresado su rechazo a la permanencia del cementerio nuclear Maquixco, localizado en el kilómetro 18.5 de la carretera Tizayuca-Otumba, y también se ha opuesto al desarrollo de unidades habitacionales.
En un manifiesto dirigido a la población de Temascalapa y pueblos de la región, informaron que el cementerio nuclear confina alrededor de mil 418 metros cúbicos de desechos radiactivos, cuenta con una superficie de entre 18 y 20 hectáreas y está cerca de los pueblos de San Juan Teacalco y Santa María Maquixco, a menos de 75 kilómetros de la ciudad de México
Informaron que entre 1970 y 1989 se depositaron en ese lugar 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60, mineral de uranio, y otras sustancias químicas procedentes de Pachuca y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta foto publicada hoy en La Jornada nos habla del alto grado de conciencia que tienen los pueblos originarios:
PROTESTA MAZAHUA

Integrantes de la comunidad San Idelfonso, en el estado de México, se oponen a que una empresa privada se beneficie con la explotación de los bosques, luego que la Semarnat le otorgó un permiso.