A EMPRESARIOS PANISTAS, CONTRATOS POR 37 MIL MDP

Autor: Érika Ramírez

Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón benefician a empresarios afiliados al Partido Acción Nacional con más de 37 mil 600 millones de pesos mediante nueve Proyectos de Prestación de Servicios licitados en las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes. Los esquemas de negocios implican una deuda pública a pagar en más de 20 años. La fiscalización de la Cuenta Pública 2008 revela incumplimientos de los empresarios en los contratos; además, censura que la deuda millonaria no fuera consultada ni aprobada por el Congreso de la Unión, como lo ordena la Constitución
El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.

Hospitales “especiales”
Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país. En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la ley
Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.

PPS, “pilar” del sector salud: Ssa
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
Empresas beneficiarias con contratos PPS
Proyecto
Dependencia
Contratista
Licitación
Monto (pesos)
Vigencia del contrato
HRAE Bajío
Salud
Acciona
000120004-001-05,
7,748,559,000 (según la ASF)
HRAE de Cd. Victoria y Unidades de Apoyo
Salud
Infraestructura Hospitalaria del Noreste
00012003-009-06
4,108,622,500
(según la ASF)
11 de julio de 2032
HRAE de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo
Salud
Constructora y
Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade
00012003-001-08
6,624,000,000
Plazo 25 años
PPS Río Verde-Cd. Valles
SCT
Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, ICA y Controladora de Operaciones e
Infraestructura
00009076-005-06
3,418,000,000
20 años
PPS Nueva Italia-Apatzingán
SCT
1,782,000,000
20 años a partir de febrero de 2008
PPS Nuevo Necaxa-Ávila Camacho
SCT
Controladora de Operaciones e
Infraestructura, ICA y FCC Construcción
00009076-003-06
6,307,000,000
20 años
PPS Querétaro - Irapuato
SCT
ICA y Controladora de Operaciones e
Infraestructura
00009076-001-
06
3,628,000,000
21 de junio de 2006, por un plazo de 20 años
(21 de junio de 2026)
PPS Irapuato - La Piedad
SCT
Ingenieros Civiles y Asociados
(Licitación 00009004-012-06, el 14 de
septiembre de 2006)
(contrato SCT-PPS-01-05/24)
1,771,000,000
20 años a partir del 12 de septiembre 2005
PPS Mitla-Entronque Tehuantepec
SCT
Licitación pendiente
PPS Tapachula- Talismán
SCT
Azvi y Concesiones Intercontinentales
00009076-002-06
2,296,000
20 años
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
SEP
Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí
00011001-021- 06
Total aproximado (según datos de la SHCP)
37,683,181,500

PLAN MÉXICO 2030: "ACOTAR" CRIMEN ORGANIZADO, NO EXTERMINARLO

Autor: Nancy Flores
El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión
Nancy Flores / Segunda parte
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”. Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.
Los objetivos del plan Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.
Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.
Estado de factoElaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.
Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.
La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.
Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.
Limitar al Congreso, uno de los fines
El especialista en seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, observa que, en materia de seguridad, la única iniciativa visible en el documento “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” es la de la ley para crear la policía nacional.
Advierte que la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es contradictoria con los documentos integrados al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. “Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia”.
Actualmente, explica, la Constitución establece que es el Congreso el encargado de definir una situación de emergencia nacional y suspender las garantías individuales. “Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución”.
Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, “lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada”.
Respecto de los tiempos, agrega: “Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte”.
No obstante, indica que “el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada”. El problema, dice, implica una política de fondo, integral, y una reforma de todo el aparato de seguridad.
Respecto de la prevención del delito por medio de la inteligencia coordinada, Sierra opina que, en años recientes, “el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar”.
El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia.
Jorge Luis Sierra estima que “el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda que el presidente siente aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo”. (NF)

PLAN MÉXICO 2030: DESMANTELAR LA SEGURIDAD SOCIAL

Autor: Nancy Flores
14 Marzo 2010
Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México
Nancy Flores / Cuarta parte
El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.
De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.

Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.

Ataque a la educación pública
En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.
Salud, sólo para ricos
En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.Sindicatos, golpe inminente
La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”. “TLC artístico”
En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Los autores del plan
• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal
• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México
Fuente: Contralínea 173, 14 de marzo de 2010

16 DE MARZO HUELGA POLITICA NACIONAL!!!

Este martes 16 de marzo se realizará la Huelga Nacional en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas y las luchas y resistencias que se están realizando en el país. Les hacemos extensiva la convocatoria a organizarse y formar en tu ciudad, barrio, colonia, centro de estudios, centros de trabajo sus Comités de Huelga para participar de la mejor forma, unidos y organizados por los siguientes objetivos y demandas:

En defensa de la economía popular:

* Reducción de impuestos y precios

* Aumento salarial de emergencia

Por los derechos laborales:

*Solución a las demandas del SME, de Cananea, UNT y la CNTE

*Respeto a la autonomía sindical

*Contra la Reforma Laboral de Lozano

Por los derechos Sociales:

*Incremento del presupuesto para la educación, la ciencia y la cultura

*No a la privatización del petroleo, el agua, los minerales y la electricidad

*Solución a los afectados ambientales

Por la soberanía alimentaria:

*Programa emergente para asegurar la soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo.

*Respeto a la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas

Contra la impunidad y la militarización:

*Juicio político a Calderón

*Por el regreso de los militares a sus cuarteles

*Libertad a los presos políticos.
Todos por los derechos de todos

IMPARTIRÁN 160 CURSOS EN MÉXICO COMO PARTE DE LA INICIATIVA MÉRIDA

Se tiene previsto impartir 5 distintos módulos en los 32 estados del país. El objetivo es capacitar a jueces y fiscales, federales y estatales, en la transición de juicios escritos a acusatorios orales.
Notimex Publicado: 14/03/2010 12:51
México, DF. Durante este año se impartirán en México 160 cursos a profesionales de los sectores judicial y policiaco, para capacitarlos en materia de juicios orales, como parte de la Iniciativa Mérida.
De acuerdo con información de la embajada de Estados Unidos en México sobre los avances de ese programa, a lo largo de 2010 se tiene previsto impartir cinco distintos módulos en cada una de las 32 entidades federativas, para completar un total de 160 cursos.
El objetivo de esta capacitación es brindar a jueces y fiscales tanto a nivel federal como estatal, elementos de conocimiento y manejo en la transición de juicios inquisitorios escritos a juicios acusatorios orales.
En forma paralela se impartirá capacitación a policías investigadores y personal judicial "sobre una variedad de temas" y se tiene previsto extender cursos adicionales a estudiantes de Derecho.
La Iniciativa Mérida contempla fondos económicos específicos para, entre otras cosas, que especialistas estadunidenses asistan a México en la reforma al sistema judicial aprobada en 2008.
Aunque no se especifica el número de personas que recibirán los cursos, el objetivo "es proporcionar a la siguiente generación de profesionistas legales las herramientas para manejar más eficazmente el nuevo sistema judicial".
Además de los citados cursos, en el rubro de administración de justicia se prevé brindar capacitación en temas como resolución alternativa de disputas tanto para el personal judicial como para miembros de organizaciones no gubernamentales.
El entrenamiento considera a personal involucrado con los procesos de extradición, con el objetivo de hacer eficiente la petición de prófugos mexicanos que están en Estados Unidos.
También "ya se han desarrollado cursos en San Luis Potosí para investigadores de la Policía Federal en materia de juicios orales, para enseñarles cómo testificar en éstos y cómo reaccionar al rendir testimonio".
ya se metieron hasta la cocina...y es mi casa!!!

Matan a tres personas vinculadas al consulado de EU en Juárez; indigna a Obama violencia en México
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON, 14 de marzo (apro).- El presidente Barack Obama condenó los asesinatos ocurridos este sábado en Ciudad Juárez, de tres personas vinculadas al Consulado General estadunidense en esa ciudad fronteriza, y se declaró indignado por la tragedia que es el resultado de la violencia que priva en casi todo el territorio mexicano.
“El presidente siente muchísimo y está indignado ante las noticias de los brutales asesinatos de tres personas vinculadas al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, incluidos una empleada estadunidense, su esposo, también ciudadano estadunidense, y el esposo de una empleada de ciudadanía mexicana”, señaló este domingo por medio de un comunicado de prensa Mike Hammer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
La indignación y condena de Obama por el asesinato de los estadunidenses en una de las entidades más violentas de México, provocó una reacción inmediata del gobierno de Felipe Calderón, el que canalizando las posibles repercusiones del incidente prometió a Washington que hará todo lo posible por encontrar y castigar a los responsables lo antes posible.
“Sobre la base de nuestra sólida cooperación bilateral, las agencias de la ley mexicana trabajarán cercanamente con sus contrapartes de Estados Unidos para buscar y atrapar a aquellos responsables de estos asesinatos, y con ello aplicar la justicia”, proclama la reacción por escrito que emitió la embajada de México en la capital estadunidense.
A diferencia de lo que ocurre dentro del gobierno de Calderón cuando se trata del constante asesinato de ciudadanos mexicanos en Ciudad Juárez, o en cualquier otro punto del país donde priva la violencia criminal y la relacionada al trasiego de las drogas, la representación diplomática mexicana en Estados Unidos condenó instantáneamente el asesinato de las tres personas vinculadas al Consulado General en la ciudad fronteriza.
“La embajada condena este acto abominable”, subraya el comunicado de la embajada de México.
La Casa Blanca apuntó que Obama además de ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas del incidente del sábado, se comprometió a trabajar “en colaboración con las autoridades mexicanas a trabajar incansablemente para llevar a los asesinos ante la justicia”.
Frente a la innegable situación de violencia que enfrentan los mexicanos como consecuencia en parte de la incontenible demanda de drogas por parte de la sociedad estadunidense, la Casa Blanca matizó un poco su reacción al caso del asesinato de las tres personas vinculadas al Consulado General en Ciudad Juárez.
“El presidente comparte la indignación del pueblo mexicano ante los asesinatos de miles de personas en Ciudad Juárez y en otros lugares de México.
“Continuaremos trabajando con el presidente de México Felipe Calderón y su gobierno para acabar con el poder de las organizaciones del narcotráfico que operan en México y que con demasiada frecuencia atacan y matan a personas inocentes”, remata la declaración por escrito de Hammer.
Ambos gobiernos también se comprometen a seguir cooperando en la lucha frontal contra el crimen organizado, sobre todo para garantizar la estabilidad y seguridad de las comunidades que viven a lo largo y ancho de la frontera común.
Los hechos
Si bien el gobierno federal de Estados Unidos se reservó en todo momento las identidades de las víctimas, información difundida ayer por el sitio electrónico del periódico El Diario de Juárez agrega que se trata de la empleada consular Lesley A. Enríquez y de su esposo Arthur H. Redelf -ambos residentes de El Paso, y asesinados por un comando a la altura de la alcaldía de Juárez, justo en la línea divisoria internacional- y de Jorge Alberto Salcido Ceniceros, de 37 años, esposo de otra funcionaria de la sede consular.
La Procuraduría General de Justicia del Estado también ha mantenido en total reserva la identidad de las tres víctimas así como también los calibres de las armas utilizadas. Desde el sábado, la dependencia sólo informó que la pareja –Enríquez y Redelf- fueron acribillados a las dos de la tarde en la intersección de las calles Francisco Villa y Norzagaray, justo entre los dos puentes internacionales de la zona centro.
El reporte agrega que la pareja viajaba en una camioneta blanca Toyota de reciente modelo con placas de Texas. La información de El Diario agrega que en el vehículo iba también una bebé que fue localizada ilesa por la policía municipal que llegó a la escena del crimen.
“Los testigos narraron que personas armadas seguían a la Toyota desde la calle 5 de Mayo y Malecón y les realizaron varios disparos. El hombre y la mujer resultaron mortalmente heridos y fue a la altura de la avenida Francisco Villa donde el chofer murió y el vehículo invadió el carril contrario para luego estrellarse contra un auto Grand Am color rojo y un Pointer blanco”, dice la edición de hoy domingo de El Diario.
La tercera persona, el espeso de la empleada mexicana, habría fallecido casi de manera simultánea pero en un ataque distinto, registrado en la avenida Insurgentes y Artículo 39, kilómetros al oriente del lugar del doble homicidio. Si bien en Ciudad Juárez han sido asesinadas decenas de personas de ciudadanía estadunidense en los dos últimos años, los del sábado son los primeros ataques contra personal del gobierno federal de ese país.

LARREA -BOURS: UN ENGAÑO MÁS

José Gil Olmos
Después de la huelga de la mina de Cananea en 2007,
el Grupo México de Germán Larrea intentó cerrar el
Hospital del Ronquillo, que hacía llevadera la vida de
los mineros jubilados. El entonces gobernador Eduardo
Bours ofreció a los empresarios apoyar al nosocomio
con 100 millones de pesos, de los cuales entregó
30 millones de inmediato. Ahora el hospital está
en decadencia y los 70 millones restantes no se ven
ahí ni en las cuentas públicas de Sonora. En cambio,
Bours creó la fundación Volemos Juntos, una plataforma
política en la que presuntamente “invirtió” el
dinero escamoteado.
Alejandro López López es un
viejo minero con dos operaciones
en el corazón y silicosis
en los pulmones a consecuencia
de años de trabajo
en la Minera Cananea. Orgulloso,
dice que los 2 mil trabajadores
retirados hicieron mucho por la
empresa y la comunidad, y por eso no entiende
por qué ahora no se respetan sus derechos
de ser atendido como se merece en
el hospital del Ronquillo, el único que hay
en la zona donde está Cananea.
En el último año han muerto 58 mineros
jubilados, muchos de ellos enfermos
por el polvo de la silica que infesta la mina
y se mete a los pulmones. Don Alejandro,
como otros miembros de la Asociación de
Mineros Retirados de la Sección 65, sospecha
que la desatención contribuyó a la
muerte de sus compañeros.
–No somos doctores, pero antes teníamos
servicios de calidad. Sin asegurar nada,
creemos que la gente que ha fallecido
en parte se debe a que no tenemos medicamentos
oportunamente o que son genéricos
y de baja calidad. Además, no tenemos
la atención que teníamos antes –señala el
entrevistado, quien es secretario de una de

las dos asociaciones de mineros retirados
de Cananea.
Angustiado por la falta de servicios de
salud de calidad, no entiende por qué el
Hospital del Ronquillo no funciona, si el
exgobernador de Sonora, Eduardo Bours,
firmó un convenio con la Minera Cananea
para hacerse cargo de los gastos con un
fondo de 100 millones de pesos.
El viejo minero cree que dicho convenio
sólo fue verbal. Lo que no sabe es que
sólo se utilizaron 30 millones para mantener
temporalmente el hospital y los 70 millones
de pesos restantes fueron destinados
a la campaña del candidato del PRI al
gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio
de garantizar el servicio de salud de
los mineros retirados.
Sin embargo, con la derrota del candidato
de Bours dichos acuerdos fueron olvidados
y los fondos públicos fueron a parar a
la fundación Volemos Juntos, dirigida por
el actual diputado federal Ernesto de Lucas
Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos
a presidencias municipales y diputaciones
locales en las elecciones de 2012 para
conservar sus espacios de poder.
Manuel López, exsecretario particular
del diputado Ernesto de Lucas, señala que
desde la campaña del año pasado para elegir
a gobernador, diputados locales y presientes
municipales se enteró de los trabajos
de la fundación Volemos Juntos, que en
apariencia se creó para ayudar a la gente.
“Tengo entendido que comenzaron a
trabajar a finales de las pasadas elecciones
y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo,
supuestamente para apoyar a los
ciudadanos. La intención, en realidad, es
apoyar la campaña de 2012, y los recursos
creo que vienen prácticamente de los fondos
del Hospital del Ronquillo”, sostiene
el empresario.
Manuel López dejó de trabajar con Ernesto
de Lucas cuando terminó su campaña
para diputado federal. Hoy se dedica a
sus negocios, alejado de la política.
Por su parte, De Lucas Hopkins, actual
diputado federal por el tercer distrito,
con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge
como brazo político de Eduardo Bours
desde que éste asumió la gubernatura. A
los 20 años, De Lucas fue designado secretario
de Seguridad Pública del estado.
Para ello, Bours cambió la Constitución
sonorense, que en su artículo 21 señalaba
que debía tener más de 35 años de edad al
momento de su designación.
Al cabo de sólo cinco meses fue relevado
por su incompetencia, pues fracasó
en el intento de hacer de la frontera con
Estados Unidos una línea segura, para lo
cual contrató por 924 mil 100 dólares a la
empresa estadunidense J&D International
Consulting Services LLC, con oficinas en
Houston, Texas.
El fiasco no lo alejó del gobernador
Bours, quien lo nombró presidente estatal
del PRI a finales de 2006. En 2008, De
Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas
de Alfonso Elías Serrano, a la postre
candidato a la gubernatura de Sonora,
quien perdió con el panista Guillermo Padrés
tras el escándalo de los niños muertos
en la guardería ABC.
Hombre de todas las confianzas de
Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins
está a cargo del proyecto político del
exgobernador, la fundación Volemos Juntos,
en la cual trabajan cuatro coordinadores
con un salario de 45 mil pesos mensuales.
Según Manuel López, exsecretario particular
de Ernesto de Lucas, la fundación
forma parte del proyecto político de Bours
para las elecciones federales de 2012.
Señala que la supuesta ayuda del gobierno
del estado al Hospital del Ronquillo
fue una pantalla política y un engaño a los
derechohabientes de Cananea, ya que los
100 millones de pesos de subsidios estatales
nunca se destinaron a mantenerlo, pues
70 millones fueron a parar a la fundación
Volemos Juntos, un esquema similar a la
fundación Vamos México, creada por Marta
Sahagún como plataforma para lanzar su
candidatura presidencial en 2006.
Estado y empresa contra los jubilados
La huelga en la Minera Cananea estalló
el último día de julio de 2007. A los 10
meses, el consejo de administración del
grupo empresarial que preside Guillermo
Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo
para presionar a los mineros sindicalizados,
estuvieran retirados o en activo.
Luego suspendió el servicio de agua potable
y gas natural que se surtía en Cananea
desde hace 70 años.
Los mineros consideraban al Hospital
del Ronquillo como un logro sindical para
la protección de sus familias, pues ahí recibían
servicios completos y, cuando éstos
no eran suficientes, subrogaban los gastos
en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad
Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad
de México. Diez mil de los 30 mil habitantes
eran derechohabientes.
En mayo de 2008, cuando los dueños
de la compañía minera decidieron cerrar el
hospital, se opusieron a ello los trabajadores
e incluso el gobierno del estado, por lo cual
los directivos de la empresa se reunieron varias
veces con los trabajadores y Bours en
el Palacio de Gobierno.

Isaac López, gerente de la mina, Xavier
García de Quevedo, director general
del Grupo México, y Juan Rebolledo, el
director jurídico, alegaron que el costo por
mantener el hospital era de 10 millones de
pesos mensuales. Por su parte, el gobernador
advirtió sobre el riesgo de un estallido
social en Cananea.
Entonces se negoció que el gobierno
del estado se haría cargo del mantenimiento,
la operación, los servicios y el funcionamiento
del hospital, asumiendo la responsabilidad
que hasta entonces tenía el
Grupo México.
El 18 de mayo, el secretario de salud
del estado, Raymundo López, declaró que
el gobernador se comprometía con los mineros
y sus familias a darles una atención
médica oportuna y de calidad. Pero todo
quedó en promesas.
A partir de entonces comenzó la falta
de suministro en medicamentos, la sustitución
de los patentados por genéricos y el
abandono de las instalaciones.
Lo que relata Alejandro López López,
dirigente de la Asociación de Mineros Retirados
de la Sección 65, que junto con la
Asociación de Mineros Retirados representan
a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno
de Bours rompió su compromiso,
pues se dejó de suministrar recursos económicos
para atender enfermedades como silicosis
y diabetes, así como para los males
del corazón, que suelen afectar a los mineros
porque se exponen durante años a sustancias
nocivas en la extracción del carbón.
El viejo minero duda que
Bours haya firmado un convenio
con la compañía.
–Creo que no existe nada
de eso. Hemos insistido en
que nos den una copia del arreglo
que hizo el gobernador anterior,
Eduardo Bours, pero no
nos han dado nada. Más bien,
entre nosotros campea la idea
de que nunca se firmó un documento
donde el gobierno adquiriera
un compromiso con la
empresa. Creemos que todo se
hizo de forma verbal.
Por este motivo, los mineros
sindicalizados pidieron
una audiencia con el actual gobernador,
Guillermo Padrés,
pero hasta el momento no han
tenido respuesta.
–Queremos tener un acercamiento
con representantes de
la empresa y con el gobernador,
porque en Cananea no tenemos
con quién acudir. Creemos que
a través del gobernador podemos
acercarnos a la empresa y
hacerle ver que no deben involucrarnos,
porque no tenemos
nada que ver con la huelga.
Antes de que estallara el paro, los mineros
retirados tenían compromisos contractuales
con la empresa, entre ellos el
derecho a la cobertura de salud.
–Nosotros no tenemos la culpa, no se
nos debe castigar de esta manera. Nosotros
ya aportamos lo que teníamos que
aportar para el engrandecimiento y beneficio
de la comunidad. Sin embargo, ahora
nos tienen marginados, relegados de una
manera inmisericorde.
Alejandro López tiene 67 años. Se escucha
cansado y desesperado: “Queremos que
nos atiendan a los viejos y que el gobierno
del estado dirija su mirada hacia nosotros,
que nos apoye en la reunión con la empresa
(para que) podamos decirles por qué peleamos
nuestros derechos”.
Precisa que él nunca ha escuchado
de la existencia de la
fundación Volemos Juntos y
tampoco conocía el dato de que
ahí han parado 70 de los cien
millones que Bours programó
para ayudarlos pero que ahora
no aparecen en las cuentas públicas
de su gobierno.
Dicha fundación opera casi
clandestinamente. Tanto,
que Manuel López, el exsecretario
particular del diputado
Ernesto de Lucas Hopkins,
no recuerda cuándo empezó a
funcionar.
“No sé como nació, pero
sí sé que es una fundación con

intenciones políticas y que los fondos vienen
prácticamente de lo que estaba destinado
al hospital”, señala en entrevista.
De acuerdo con información extraoficial,
Bours acordó con la empresa que su
gobierno desembolsaría esos 100 millones
de pesos, de los cuales daría de manera
inmediata 30 millones y los restantes
los destinaría realmente a su proyecto
político.
Cuando su candidato, Alfonso Elías,
perdió la elección, Bours tuvo que crear la
fundación Volemos Juntos y poner al frente
a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins,
quien habría negociado en la Ciudad de
México con el director jurídico de la Minera
Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los
30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron
en las cuentas oficiales.
Esto se suma a las irregularidades financieras
descubiertas por la nueva administración
de Sonora. Desde octubre de
2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó
que se habían encontraron diversas
irregularidades en las finanzas estatales.
En febrero pasado, el contralor Carlos
Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación
amplia, se estableció que algunos
funcionarios de Bours participaron
en una presunta malversación de fondos
públicos al cobrar por lo menos 20 cheques
expedidos por la tesorería estatal, en
diversos bancos, por un total de 190 millones
de pesos.
Tapia informó que al concluir la administración
de Bours se detectó un faltante
de mil 600 millones de pesos en cuentas
bancarias gubernamentales, así como pagos
pendientes a decenas de proveedores,
lo que llevó a Padrés a declarar la entidad
en “emergencia financiera” el 5 de octubre
de 2009.
Esto sin tomar en cuenta otros faltantes,
como los 100 millones que Bours le otorgó
a la Ford Motor Company mediante incentivos
no fiscales y convenios “confidenciales”,
los cuales, por supuesto, tampoco aparecen
en las cuentas públicas.

FACISTAS, ACCIONES DE CALDERÓN CONTRA TRABAJADORES: SINDICATORS

Creíamos que había estado de derecho, dicen líderes de varios países Posible baño de sangre el día 16, cuando coloquen banderas rojinegras en LFC
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Líderes de centrales sindicales de Brasil, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela e India, entre otras naciones, afirmaron que se creía que en México había estado de derecho y respeto de las leyes, pero el actual gobierno de Felipe Calderón está tomando acciones de tipo fascista contra los obreros del país, y ha emprendido cacería de organizaciones democráticas, como sólo se ve en algunas dictaduras.
En un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el presidente de la Federación Sindical Mundial (que afilia gremios de América Latina, Europa, Asia y África), Valentín Pacho, señaló que la ocupación militar de los centros de trabajo de los electricistas “son acciones de facto de un gobierno que se dice democrático”; incluso, alertó sobre una posible represión y baño de sangre contra estos trabajadores, cuando el próximo 16 de marzo coloquen banderas de huelga en las unidades de Luz y Fuerza del Centro e impidan el acceso a las instalaciones.
Los dirigentes se manifestaron extrañados por las acciones del gobierno mexicano contra los trabajadores del país. Señalaron que el 16 de marzo se manifestarán en las embajadas de México en sus naciones realizarán acciones de difusión de la problemática laboral en México y, sobre todo, afirmaron que van a apoyar en todos los terrenos a los electricistas.
Frasan Nandi, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Energía, de India, señaló en el SME: venimos desde el otro lado del mundo a plantear que en varias naciones se ha constituido un movimiento de protesta por el modo en que en México se están violando los derechos laborales. Es criticable –dijo– sobre todo la ocupación militar de centros de trabajo, por lo que se dará toda la solidaridad a los trabajadores del SME. Apuntó que la organización a su cargo ya envió una carta de protesta a Felipe Calderón.
Manuel Mera, de la Asociación Internacional del Derecho a la Energía (DAE), dijo que para los gremios de todo el mundo está claro que el conflicto del SME no es sólo un problema laboral, sino que tiene fundamento en intereses económicos de las trasnacionales de la energía, que están detrás del mismo. Lo que se está decidiendo es la privatización de lleno de un sector estratégico, y para acallar la protesta sindical se tomaron acciones fascistas.
Indicó que sí hay riesgo de que el 16 de marzo ocurran hechos de represión ante las acciones de huelga que van a emprender los electricistas en las instalaciones de LFC, por lo que advirtió: la sangre no va solucionar los problemas del sector eléctrico mexicano, señor Calderón. Usted decide.
En el recinto donde se realizó el foro –repleto de electricistas– también habló el dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Brasil, Aldemir Caetano, quien planteó que entre los sindicalistas de su país hay preocupación, pero más indignación por las acciones del gobierno mexicano contra gremios como el de los electricistas, por lo que el próximo 16 de marzo van protestar frente a la embajada de México en su país.
En el mismo tono, Leonardo Batalla, de la Asociación de Trabajadores Banqueros de Uruguay, y Rodolfo López, de la Federación de Trabajadores de Argentina, señalaron que el uso de fuerzas militares para dejar sin trabajo a 44 mil mexicanos no tiene más que un dejo: facista, inadmisible por ser México un país de tradición democrática.
Asimismo, el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego de Puerto Rico, Ricardo Santos, planteó que la acción tomada por la administración de Felipe Calderón no sólo afectó al SME, sino a los trabajadores de todo el mundo, ya que es un ejemplo de cómo los intereses de las grandes empresas pasan por encima de los gobiernos.
Por la Federación Eléctrica de Venezuela, Carlos López dijo que las 42 organizaciones sindicales que integran esta central apoyan totalmente a los electricistas mexicanos.

LAS PROPIEDADES OCULTAS DE CALDERÓN

Daniel Lizárraga
MÉXICO, D.F., 14 de marzo (Proceso).- Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…
Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.
Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.
Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.
Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.
Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.
Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.
Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra “L”.
La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.
No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.
Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1741 de la revista Proceso, ya en circulación.

EDITORIAL

Año 8, número 3287
Sábado 13, marzo del año 2010
Tira la piedra…
Mientras el maltrecho César Nava reconoce ante los senadores que cometió un error al haber confiado en semejantes personajes y que eso no volverá a suceder nunca más (como si con eso fuera suficiente)
Al tiempo que de nueva cuenta reta a Enrique Peña y a Beatriz Paredes a pasar la prueba del polígrafo para saber quien miente. Pudiendo decir que por la actitud de todos los implicados en este vergonzoso asunto, se nota que los que lo chamaquearon fueron los experimentados priístas.
Todo este show, tratando por supuesto de desviar la atención del fondo del asunto, que sin duda es el acto delictivo de las alianzas y contra-alianzas en las que intervinieron los Gobiernos Federal y Estatal, y los propios Partidos Políticos.
Y desde luego de la podredumbre que es y ha sido la política y su sobada Democracia de acuerdos y pactos por debajo de la mesa, donde todos han quedado aún más que enlodados ante los ojos de la sociedad.
Por lo que poco es lo que hay que hacer o decir cuando el cinismo aparece de forma tan oprobiosamente tramoyista (válgase la expresión)
Las recientes declaraciones de Don Felipe Calderón haciendo un llamado a la clase política a la que prácticamente “regañó” por la imagen que se daba a los ciudadanos (y al mundo) “Debemos re-dignificar la política”, dijo.
Prácticamente tirando la piedra y escondiendo la mano, pues la vox pópuli dice que él es responsable de todo este caos. Pocos son los que creen que no estuvo enterado de todo, y desde un principio.
Si no es que fue quien lo maquinó. Porque quien lo haya planeado denota a todas luces que no es muy inteligente. Y cabe decir que lleva todo su sello personal.
Pero el resultado ha sido una auténtica bomba de tiempo que no se va a acabar con un borrón y cuenta nueva.
Gran daño le hicieron a la pseudo Democracia, pero puede servir para que muchos abran los ojos.

EL LAVADERO

Porfirio Muñoz Ledo
13 marzo 2010
bitarep@gmail.com
Como escandalosa parodia de un antiguo refrán, ahora la ropa sucia se lava en la Cámara de Diputados. En súbito reventar de vísceras, legisladores sometidos a un silencio complaciente —que habían venido difiriendo el debate político— exhibieron el sesgo patibulario de la clase dirigente y la insondable crisis de legitimidad que sufre el país.
Hube de exigir con energía que cese la degradación pública. No pude menos que recordar el espléndido relato, “Radiografía de un instante”, que narra la intentona del coronel Tejero en las Cortes españolas y sugerir que estamos realizando el sueño de los poderes fácticos: el desprestigio absoluto de la representación política y parecemos empeñarnos en cancelar la vía electoral.
La prolija y desbordada discusión será recogida por la historia. Entre confesiones a medias y mentiras completas emergió una gran verdad, hasta hoy celosamente resguardada: que por supuestas razones de “estabilidad” y evidentes conveniencias mutuas, el PRI y el PAN se coludieron en 2006 para convalidar elecciones fraudulentas y “sentar en la silla” a quien no había ganado en las urnas.
La devolución del favor recibido en 1988 nos ha colocado de nuevo al margen de la ley. Mal podríamos demandar la vigencia del estado de derecho si el poder público se ha erigido mediante violación constitucional. Por elemental congruencia deberíamos sacar las conclusiones de lo revelado: la reparación del daño mediante la derogación, tanto de los impuestos convenidos como la del impuesto en Los Pinos. La restauración también de la compañía de Luz y de la huelga minera.
De pactos y entrevistas secretas está pavimentada la falsificación del sufragio y la decadencia política. No había sin embargo ocurrido que se hicieran por escrito, imitando torpemente la consagración jurídica de las uniones libres. En el caso es infantilismo y —esperemos— autodescalificación electoral. Es también constancia de ilegalidad que debiera ser investigada por la autoridad competente.
Sería menester reconstruir la moral de la nación. En cualquier democracia habría motivos de sobra para que cayera un gobierno. Si aún no se legisla sobre la revocación del mandato están abiertos los caminos del juicio político y de la renuncia por causa de fuerza mayor. La Constitución prevé en esos supuestos la instauración —por mayoría de dos tercios— de un Ejecutivo de unidad nacional. Si los acuerdos y cochupos se tejieron en aras de la gobernabilidad, ésta se ha quebrado por la ruptura de la “pecaminosa” alianza. En la circunstancia, el gobierno carece del oscuro respaldo que le otorgaba vida artificial. Pero si las partes optaran por olvidar la injuria y volver al amasiato, el agravio a los ciudadanos sería mayor. No es posible demandar obediencia desde el descaro y la violación del orden legal.
México no tiene por qué padecer más el desgobierno que lo ha lanzado por la pendiente del precipicio económico, la violencia institucionalizada, la pérdida de la esperanza y la disolución de la identidad nacional. Aplazar el rescate del país hasta el 2012 sería suicida. Nada hace pensar que lo resistiríamos. Asomó además la amenaza expresa de mantener el secuestro de la autoridad y contrariar otra vez la voluntad popular.
La reforma política propuesta ha perecido por descrédito antes de nacer: sus motivaciones verdaderas y ridículos alcances están a la vista. De igual modo, los procedimientos antidemocráticos, cupulares y tramposos por los que sería adoptada. Resultaría un engendro —fruto de la violación— aún más deforme que el bebé de Rosemary.
La cita es hoy: en 2010. La digna celebración que aguardan nuestros festejos centenarios. A despecho de los dirigentes que lo han engañado, el Congreso —en tanto depósito último de una legitimidad vulnerada— debiera recuperar su tarea histórica: ejercer los atributos de la soberanía y desencadenar un proceso constituyente para la salvación de la República.
Diputado federal (PT)

MÉXICO SA

Carlos Fernández-Vega
SAT: asalto a la nación
No sólo en 2007
Arrepentidos
13 marzo 2010
cfvmx@yahoo.com.mx
Nadie sabe por qué, aunque todos sospechan la razón, pero en 2007 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, se le ocurrió la brillante idea de cancelar créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos a un compacto grupo de empresas (personas morales) y otros contribuyentes (personas físicas). Tal indignación y revuelo causó la magnanimidad de la autoridad legalmente encargada de recaudar los impuestos en el país, que el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a esa institución publicar montos y nombres de los beneficiados, y con base en qué el gobierno calderonista lo autorizó.
El SAT intentó defenderse de la siguiente manera: en 2007 no se cobraron esos créditos fiscales (los cerca de 74 mil millones de pesos), porque en ese entonces el costo de recuperarlos "era muy alto", al tiempo que negó la posibilidad de divulgar los nombres y montos de los beneficiados, porque violaría el secreto fiscal, secrecía celosamente respetada para quienes no pagaron los impuestos. Por lo anterior, el IFAI ordenó abrir ese expediente fiscal y hacerlo público, decisión que ha sido calificada de "hecho sin precedentes". Bien por el Instituto, pero lo que sí tiene precedentes, y costosísimos, es la añeja práctica de la Secretaría de Hacienda de, por un lado, otorgar créditos fiscales de forma holgada, y, por el otro, cancelarlos a discreción.
Pues bien, de 2002 (con Fox en Los Pinos) a 2009 (con Calderón en el mismo sitio) el número de créditos fiscales se incrementó 167 por ciento, al pasar de 973 mil 679 a un millón 619 mil 551; en igual lapso el importe pasó de 281 mil 381.3 millones de pesos a 479 mil 308.8 millones, un aumento superior a 70 por ciento; en el primero de los años citados el monto de créditos fiscales incobrables fue cercano a 93 mil millones, y de casi 107 mil millones (15 por ciento de avance), y lo mejor del caso es que de esta última cartera el SAT sólo recuperó, en promedio, dos centavos de cada peso.
Entonces, 2007 no fue la excepción, es decir, el año en el que el costo de recuperación de créditos fiscales resultó (versión SAT) "muy alto", sino que, por la información citada líneas arriba (toda ella de la propia Secretaría de Hacienda), confirmó la regla. De hecho, año tras año la Auditoría Superior de la Federación documenta esta espeluznante práctica de la autoridad fiscal, a grado tal que, advierte, de 2003 a 2008 "el importe de créditos fiscales recuperados registró una tasa media de crecimiento anual negativa de 0.6 por ciento, lo que muestra una tendencia del SAT de recuperar cada vez menores montos de créditos fiscales".
Para no ir más lejos, ese mismo año (2007) la propia Auditoría Superior de la Federación (entonces a cargo de Arturo González de Aragón) denunció que en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 2005 se logró documentar que 0.04 por ciento de los deudores de créditos fiscales concentraron el 48.3 por ciento del adeudo total por ese concepto, y que la mayoría del débito resultaba “irrecuperable o está en litigio… De lo anterior se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. No obstante, "se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que en 2005 obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT". Entre los beneficiarios aparecían bancos, televisoras, ingenios azucareros, constructoras, cuatro clubes de futbol, dos empresas de transporte, un partido político, empresas de entretenimiento y comunicaciones, y una compañía editorial.
¿Qué hizo la autoridad fiscal para enmendar tan espeluznante situación? Apenas dos semanas después de la denuncia de la ASF y de encender los focos rojos por la creciente evasión y elusión fiscales, el gobierno calderonista publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la "condonación total o parcial de los créditos fiscales", que a 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos, algo así como 7 por ciento del producto interno bruto de entonces.
Excelente la decisión del IFAI, la cual es necesario apoyar y defender, pero hay que subrayar que la condonación de créditos fiscales en 2007 no fue una decisión casual y mucho menos excepcional del SAT. Por el contrario, año tras año procede de igual forma, y normalmente los beneficiarios son los mismos, lo que significa un verdadero asalto a la nación, mientras el gobierno y los partidos políticos no dejan de exprimir a los contribuyentes cautivos, con o sin acuerdos, pactos o alianzas en los oscurito, como Calderón, Gómez Mont, Nava, Paredes y uno que otro perredista comprenderán.
En la revisión de la cuenta de la hacienda pública federal 2008, de reciente divulgación, la ASF ofrece las siguientes pinceladas sobre el tema (se respeta redacción): “con el análisis de la información proporcionada por el SAT, en relación con el número y monto de créditos fiscales, para cada un de los años del periodo 2003-2008, así como de los importes recuperados, se identificó que en el periodo el monto de los créditos fiscales, en términos constantes a precios de 2008, registró una tasa media de crecimiento anual de 4.8 por ciento, al pasar de 367 mil 567.3 millones de pesos en 2003 a 463 mil 890.9 millones en 2008 (y a 479 mil 308.8 millones en 2009)… Para 2008 la cartera de créditos fiscales se integró con un millón 356 mil 157 créditos, por un monto total de 463 mil 890.9 millones de pesos, de los cuales en ese año se recuperó un monto de 8 mil 944.2 millones de pesos, que significó 1.9 por ciento del total de créditos fiscales y 0.5 puntos porcentuales menos que el porcentaje de recuperación de 2007, lo que evidencia que para 2008 disminuyó la eficiencia del SAT en el cobro de créditos fiscales… Se concluye que en 2008, la recuperación de créditos fiscales, de 8 mil 944.2 millones de pesos fue menor en 33 por ciento a lo recuperado en 2007, por lo que disminuyó la eficiencia del SAT en el cobro de créditos fiscales, en incumplimiento del objetivo estratégico (de) disminuir la evasión, la informalidad y la elusión…”
Las rebanadas del pastel
Pero no os preocupéis, mexicanos pagadores, que los prianistas y sus patiños "ya se arrepintieron".
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